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Presidenta Jeanine y elecciones

Presidenta Jeanine y elecciones

Rafael Puente*

viernes, 26 de junio de 2020

La parlamentaria Jeanine Añez se encontró de pronto con que tras las mal calculadas renuncias de las autoridades parlamentarias del MAS tenía que asumir la Presidencia del Estado con la única atribución de convocar a elecciones, teniendo como antecedente el “fraude” electoral de octubre del año pasado, que dio pie a una intensa y violenta movilización social, hecho que muchos consideraron un “golpe” de Estado. Y aquí cabe una primera observación: no tiene mucho sentido seguir discutiendo si eso fue o no un “golpe” (que en todo caso sería un tipo excepcional de golpe, ya que no tendría nada en común con los muchos golpes de Estado que sí hemos padecido), dado que el auténtico golpe lo había dado el propio Evo Morales, cuando decidió hacer caso omiso del referéndum del 21 de febrero y declararse con derecho a candidatear nuevamente. Eso sí es un auténtico golpe de Estado.

Consecuente con todos esos elementos, lo primero que hizo la nueva Presidenta transitoria fue anunciar una convocatoria a elecciones. Pero inmediatamente cometió su primer error anunciando su propia candidatura a la Presidencia, decisión que le viene complicando la vida (y que cada vez tiene menos perspectivas). Y la mayor complicación fue la llegada de la pandemia del coronavirus con todas sus complicaciones, no sólo las que se derivan de un sistema de salud sumamente deficiente (otra insuficiencia de los gobiernos de Evo), sino a la necesidad de decretar un estado de excepción, que apuntaba a reducir al mínimo el contacto personal, pero que a la vez paralizaba actividades productivas, educativas, comerciales o de transporte.

Una paralización así en una sociedad como la nuestra, en que la mayor parte de la población trabaja por cuenta propia y se dedica sobre todo al comercio, el transporte y la pequeña producción, resultaba poco tolerable; y cuando se normalizó relativamente la vida, el coronavirus fue el gran beneficiado.

¿Y las elecciones, cuya organización era la responsabilidad fundamental de la Presidenta interina? En principio se despreocupó de ellas (lo que ya dio lugar a diferentes interpretaciones), pero la exigencia de las organizaciones políticas más fuertes (como el MAS y Comunidad Ciudadana) la han llevado nomás a aceptar la convocatoria a elecciones para el próximo septiembre. Sin embargo, en las últimas semanas la pandemia se hace más intensa y mucha gente se pregunta si llevar a la población a votar no equivale a llevarla a contagiarse del virus. Y, por otra parte, se comenta que si llega a haber elecciones antes de haber superado la pandemia, el porcentaje de abstención será grande y de hecho beneficiará al MAS, cuyos seguidores están más dispuestos que otros a jugarse la salud por su candidato o candidata…

Y ahí viene el dilema: ¿elecciones sí o no? Por una parte, está claro que la Presidenta interina no puede prolongarse en el cargo indefinidamente (como indefinido está el fin de la pandemia), y por otra parte se puede intentar unas elecciones con procedimientos cautelosos que no faciliten el contagio. ¿Que esa situación favorece más a unas candidaturas que a otras? Ni modo, peor sería que a los males de la pandemia se sume una cadena de conflictos políticos cuyas consecuencias son imprevisibles.

Y la cosa se complica en un país como el nuestro, donde votar es una obligación, cuyo incumplimiento está legalmente sancionado. Sumando pros y contras, se puede sacar la conclusión de que las elecciones son inevitables y no se pueden prorrogar más allá de septiembre, con la participación o no de toda la ciudadanía, por la sencilla razón de que mientras tanto el país se está acercando a la ingobernabilidad. Y ustedes, amables lectores y lectoras, ¿qué piensan?

*Es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (Cueca) de Cochabamba.

 

Constantes en la democracia boliviana

Constantes en la democracia boliviana

Erick R. Torrico Villanueva*

lunes,15 de junio de 2020

A casi 38 años de su restablecimiento, la democracia boliviana presenta como constantes principales su pervivencia y falta de consolidación. En ese cuadro, las elecciones generales que se tiene pendientes para este 2020 marcarán su devenir al menos en el mediano plazo.

Pese a estar amenazado en sus inicios por las sombras del militarismo y en los últimos años por las pulsiones autoritarias de ciertos civiles, así como afectado en su trayecto por crecientes pugnas de intereses político-económicos, el régimen democrático consiguió subsistir desde octubre de 1982, pero en distintas ocasiones vio interrumpido o distorsionado su afianzamiento institucional.

Tras superar variados obstáculos y afrontar siquiera tres grandes crisis (la hiperinflacionaria en 1985, la de deslegitimación política en 2003-2005 y la de violación constitucional en 2016-2019), lo que se ha mantenido es el procedimiento formal y legalista de recambio gubernamental, que la mayoría poblacional todavía asume como camino aceptable para tal fin.

Ello ha generado una sensación de cierta estabilidad política, favorecida por la prosecución no reconocida de los lineamientos básicos en la gestión económica heredados del programa neoliberal de ajuste, aunque no haya la misma impresión en el ámbito social, que alimenta la permanente protesta social y arrastra viejos e irresueltos problemas, como ha vuelto a evidenciarse en estos meses de pandemia.

Se podría decir que, en términos gruesos, la gente en Bolivia sigue legitimando los principios y el método de la democracia, sin que termine de encarnar sus valores (libertades, derechos, ley, justicia, pluralismo, participación, transparencia, etc.) y sin que el sistema político como tal se hubiese democratizado.

De 1982 a la actualidad el país ha tenido 13 gobiernos con 10 presidentes, 9 de ellos varones y una mujer; 3 fueron de La Paz, 3 de Cochabamba y 1 de Tarija, Oruro, Santa Cruz y Beni. Uno de ellos (Gonzalo Sánchez) estuvo al mando dos veces y otro (Evo Morales) en tres ocasiones; ambos tuvieron en común que no llegaron a concluir sus períodos finales como producto de rebeliones sociales (2003 y 2019) que se les pusieron al frente.

Considerando esos dos casos, más los de Hernán Siles y Hugo Banzer (que renunciaron a un año de sus respectivos períodos, uno para evitar el regreso de los uniformados y el otro a causa de una enfermedad terminal),  el del gobierno sucesorio de Jorge Quiroga (que reemplazó a Banzer) y los de los gobiernos transitorios de Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez y Jeanine Áñez, hubo solamente cuatro gobernantes que completaron sus mandatos: Víctor Paz (1985-89), Jaime Paz (1989-93), Gonzalo Sánchez (1993-97) y Evo Morales (2006-09 y 2010-14).

Si desde el principio se hubieran cumplido los tiempos constitucionales, desde el retorno democrático Bolivia debiera haber tenido sólo nueve gobiernos hasta el momento, pero no todo marchó regularmente. Los períodos de cuatro gobiernos fueron recortados en medio de agudas crisis políticas (Siles en 1985, Sánchez en 2003, Mesa en 2005 y Morales en 2019) y hubo 4 procesos de sucesión: Quiroga a Banzer (2001), Mesa a Sánchez (2003), Rodríguez a Mesa (2005) y Áñez a Morales (2019). De los 13 gobiernos de la actual etapa democrática, cuatro carecieron de mayoría parlamentaria –Siles, Mesa, Rodríguez y Áñez–, sin que lo contrario probara ser garantía de una gestión estable. En todo caso, sí se verificó que los acuerdos pre o poselectorales, con organizaciones políticas o sociales, así como las prácticas de cooptación (en el caso de Morales), casi siempre rindieron frutos para los gobernantes (menos en el caso de Siles, desestabilizado desde dentro por parte de sus aliados) y fueron redituables para sus socios, más o menos, dependiendo de quién se tratara.

Entre las más destacadas irregularidades políticas registradas a lo largo del proceso democrático (la corrupción económica corresponde a otra categoría de las anomalías del sistema), se puede señalar la inconstitucional habilitación de la candidatura del entonces vicepresidente Jaime Paz en 1985, la sui géneris ruptura del vicepresidente Mesa con el presidente Sánchez en 2003 que le permitió sucederle, la abierta presión que impidió a los presidentes de las cámaras parlamentarias suceder a Mesa en 2005 y obligó al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, a asumir el gobierno, la reiterada vulneración de la Constitución en 2009, 2014 y 2019 para forzar las candidaturas continuas de Morales y la fallida estratagema de la renuncia premeditada a la cadena de sucesión constitucional por los inmediatos colaboradores de Morales en los órganos ejecutivo y legislativo en noviembre de 2019.

Es posible advertir, por tanto, que la vida boliviana en democracia, vista políticamente, ha estado atravesada de circunstancias que, no obstante llevar al país al borde del abismo en diferentes oportunidades, llegaron a ser reconducidas incluso en el último minuto.

Ante este panorama, es necesario tener claro que, si bien el sistema democrático subsiste, se requiere desarrollar y perfeccionar sus mecanismos institucionales, así como fomentar y potenciar la cultura democrática ciudadana.

La crisis poselectoral de octubre-noviembre de 2019 y sus secuelas están mostrando, una vez más, los graves riesgos que se ciernen sobre el régimen de libertades todavía vigente. Urge que la democracia, además de pervivir formalmente, se fortalezca como sentido común y realización concreta. Por eso, debiera tenerse presente que los comicios próximos no servirán apenas para elegir a un nuevo gobierno. 

*Especialista en Comunicación y análisis político

Twitter: @etorricov

Publicado en Agencia de Noticias Fides (ANF) el 15 de junio de 2020

Estado laico y Corpus Christi

Estado laico y Corpus Christi

Rafael Puente

viernes, 12 de junio de 2020 · 00:11

Llama la atención que en un Estado laico (como debiera ser todo Estado) se siga celebrando, en calidad de feriado nacional, la fiesta del Corpus. Nos imaginamos que ningún funcionario estatal, empezando por la Presidenta en ejercicio (con sus afanes religiosos), estaría en condiciones de explicarnos en qué consiste esta fiesta religiosa; y el hecho de que sea tan respetada nos viene a confirmar el carácter profundamente superficial y formalista de nuestras festividades religiosas y de nuestra supuesta fe cristiana…

Parece que allá en el siglo XII, un sacerdote católico, en plena celebración de la Eucaristía, nada menos que en el momento de la consagración, fue atacado por inmensas dudas de fe (sintiendo muy dudoso eso de que el pan y el vino se estuvieran convirtiendo en el cuerpo y sangre de Cristo). Y cuenta la tradición que, como respuesta divina a sus dudas, en ese momento el cáliz (que contenía vino para la consagración) empezó a rebalsar sangre (se supone que sangre de Cristo), y que el sacerdote en cuestión recuperó la fe… 

Como anécdota puede ser interesante, para quien quiera creerla, pero desde un punto de vista teológico es un disparate. Por lo que sabemos, la verdadera fiesta cristiana en la que se recuerda y venera el cuerpo de Cristo es el Jueves Santo (lo que no quita que se trata de una celebración para aquellos que comparten esa fe, que no deja de ser un asunto privado).

¿Realmente se justifica que esos hechos —tan antiguos como dudosos— vengan a ser recordados como fiesta religiosa oficial de la Iglesia Católica? No lo parece, pero la Iglesia como institución sabrá lo que cree, y lo que pretende hacer creer a sus fieles. Pero que el Estado (que por principio debe ser independiente de toda creencia, a la vez que respetar todas las creencias) mantenga la importancia del Corpus Christi, al extremo de declararlo feriado nacional, es difícil de entender. Y, sin embargo, acabamos de celebrar ese feriado estatal que no tiene justificación.

La actual Presidenta, tan cristiana ella, debiera ser la primera en cuestionar ese feriado (que es concretamente una tradición católica). Pero así nomás estamos, manteniendo celebraciones de las que no tenemos conciencia clara y cuyo origen y contenido son profundamente cuestionables. ¿Qué porcentaje de la población que ayer estaba celebrando ese feriado tiene ideas claras respecto de su origen y contenido? Por supuesto todo el mundo es libre de celebrar lo que crea conveniente, pero de ahí a que el Estado se pronuncie sobre esas expresiones privadas de fe, hay un abismo.

Pero además de la incoherencia de parte del Estado, lo que todo esto está expresando es la superficialidad de la supuesta “fe cristiana” que se supone profesa la mayoría de nuestra población; claro que ése es su problema. Lo que no se justifica es que ese tipo de creencias, por muy respetable que sea, se convierta y mantenga como feriado nacional, válido para católicos, evangelistas, ateos y portadores de otras creencias. 

En el fondo, lo que probablemente pasa es que a nadie le viene mal un feriado, por consiguiente lo celebramos sin molestarnos en saber si tiene sentido.

¿O qué piensan ustedes, queridos lectores y lectoras?

*Es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

(Publicado en el periódico Pagina Siete el 12 de junio de 2020)

Al fondo a la derecha

Al fondo a la derecha

Alfonso Gumucio Dagron*

sábado, 13 de junio de 2020

¿Qué pasará con la cultura después de la pandemia? me preguntó Bernardo Monasterios en una entrevista virtual de la Carrera de Artes de la Universidad Mayor de San Andrés. 

El confinamiento indispensable para bloquear al coronavirus ha anulado los eventos públicos: el cine, las artes escénicas, las manifestaciones de culinaria o folklore. La sociedad tendrá que reinventar la manera de consumir manifestaciones culturales y no habrá vuelta atrás. Si no aprendemos esa lección quedaremos expuestos. En nuestro país la cultura está al fondo a la derecha, como el baño (también ideológicamente). Y huele mal.

En las últimas décadas ha habido más ayuda del Estado y de instituciones internacionales para el cine. Cuando comencé, o antes, cuando empezaron Ruiz, Sanjinés o Eguino, no existía apoyo, salvo excepcional, como la televisión italiana que permitió a Sanjinés realizar “El coraje del pueblo”. 

Ahora apoyan tanto el gobierno central como las alcaldías, y además fondos concursables internacionales como Ibermedia, DocTV, Al Jazeera, y otros recursos para cineastas jóvenes y sobre todo hábiles para obtenerlos: desarrollo de la idea, escritura del guion, pre producción, producción, postproducción, difusión, etc.  Si sumamos, un cineasta sin experiencia puede conseguir antes de comenzar su primera obra más de 100 mil dólares y vivir de ello. Antes era impensable. 

Las políticas de Estado son parte de la solución y del problema porque la cultura es lo primero que sufre en tiempos de crisis y de la “nueva normalidad”. La eliminación del ministerio de Culturas en Bolivia es un botón de muestra, como la del Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) en Ecuador. Participé como jurado internacional del ICCA en una categoría que distribuía recursos a fondo perdido, para cineastas con proyectos de ficción, documental, guion, etc. En total, una bolsa de dos millones de dólares de la que algunos proyectos buenos y otros mediocres se beneficiaban cada año.

La cultura no solo depende del Estado nodriza, sino de los propios hacedores del oficio. En Bolivia se creó el mejor cine en las décadas de 1960 y 1970 cuando no había un centavo de apoyo, solo la creatividad y el esfuerzo de los cineastas. La creatividad no se decreta. 

Los escritores hemos trabajado siempre sin apoyo. Otros países tienen becas que otorga el Estado o las universidades, pero también las propias editoriales que subsidian mensualmente a escritores en Europa o Estados Unidos para que se dediquen exclusivamente a escribir. En Bolivia no nos pagan ni los artículos de prensa que publicamos cada semana. Para los escritores, para los fotógrafos, para los pintores y para la gente de teatro la situación va a ser “igual de peor” después del COVID-19.

La forma de consumo tendrá que cambiar en los eventos públicos: cine, teatro, danza, exposiciones. De hecho, ya ha cambiado. ¿Quién ha multiplicado su negocio en esta época de cuarentena? Disney y Netflix muestran un desarrollo exponencial porque la gente consume más cine en sus casas. Kindle y Kobo, que ofrecen libros digitales, han ganado más que las editoriales de papel. El sector editorial también tiene que reinventarse. No hay vuelta a lo mismo, eso se acabó. 

Otro factor nos afecta: nadie es profeta en su tierra. Creadores que son ninguneados o maltratados en sus países, obtienen reconocimiento en otros. Eso pasó con los autores del “boom” de la literatura latinoamericana: su vida en Barcelona o París les ofreció la oportunidad que no tenían en Perú, Argentina o Guatemala. Lo mismo sucedió con los cineastas mexicanos González Iñarritu, Cuarón y Guillermo del Toro, que han adquirido notoriedad mundial desde que trabajan en Hollywood. Claro que tienen talento, pero han escapado a los celos, la envidia y las rencillas provincianas. 

Algunos gobiernos apoyan industrias culturales que ahora denominan “economía naranja”, una iniciativa de Colombia que ha creado un vice-ministerio especializado. Pero esas políticas públicas no impulsan por igual a todos los sectores del ámbito cultural y favorecen sobre todo a la industria cinematográfica y editorial, que son las que más ganancias generan. En ese diseño hay un criterio de oferta y demanda que determina la sobrevivencia. 

Un problema adicional es la no separación entre Estado y gobierno, con sus implicaciones políticas. En Europa las políticas culturales se aplican sin mirar quién apoya al gobierno de turno. En América Latina, y sobre todo en Bolivia, hay favoritismo hacia los cortesanos y lambiscones, y eso se ha visto claramente en los 14 años de Evo Morales. 

Creo que el apoyo del Estado no define la creatividad y el futuro de las artes.  Tienen además responsabilidad la empresa privada y las universidades, y los propios creadores para ser también creativos a la hora de plantear soluciones que vayan más allá de extender la mano para recibir ayuda como si fuera limosna. 

@AlfonsoGumucio  

*Es escritor y cineasta.

(Publicado en el periódico Pagina Siete el 13 de junio de 2020)

Y dale con los transgénicos

Y dale con los transgénicos

Rafael Puente*

viernes, 5 de junio de 2020 · 00:10

Hace 15 años que se empezó a permitir en Bolivia los cultivos transgénicos. La idea original fue de Sánchez de Lozada, a quien la Madre Tierra nunca le importó nada. Pero los gobiernos siguientes siguieron avanzando en esa línea, incluido el de Evo Morales (pese a su novedosa afirmación de que “los derechos de la Madre Tierra son más importantes que los derechos humanos”, una brillante formulación totalmente vacía de contenido”).

La primera autorización fue para la soya, un cultivo sabidamente rentable y exportable. ¿La ventaja? La principal, el posible uso del famoso Glifosato, un herbicida muy eficiente que con menos gastos facilita el cultivo de la soya y lo hace más rentable, pero por supuesto a costa de la Madre Tierra. Y como en Bolivia sigue habiendo mucha selva virgen y en general abundancia de territorio (per cápita), pareciera no importar que cada año se vaya perdiendo tierra cultivable por el uso de transgénicos. Y como se pudo comprobar su rentabilidad, se abrió paso al cultivo transgénico de otros productos exportables (desde el algodón y el maíz hasta la caña de azúcar y el arroz).

Desgraciadamente, el actual gobierno, que debiera limitarse a preparar y organizar elecciones generales (su única función como gobierno transitorio), se está metiendo en todo lo que no debe, desde la introducción de la Biblia en Palacio de Gobierno, hasta el manejo arbitrario de los aviones de la Fuerza Aérea. Pero el peor de sus errores —ambientalmente no sólo sería un error sino un delito— es la multiplicación de productos transgénicos. 

Y la indiscutible rentabilidad financiera de los cultivos transgénicos (que por supuesto beneficia a unos pocos, como los socios de la Cámara Agropecuaria del Oriente) nos va a dejar en relativamente poco tiempo sin tierra cultivable, desgracia que todavía no se nota por la alegría con que el actual gobierno (como antes el de Evo Morales) autoriza el desmonte y cultivo de cada vez más porciones de selva virgen.

Podemos afirmar que se trata de un crimen que en un plazo más o menos corto nos va a dejar sin tierras cultivables y va a causar cada vez más desastres ambientales. ¿Y nuestro país, inicialmente bendecido por su variedad de condiciones climáticas y la posibilidad de practicar todos los cultivos imaginables? El país a la CAO no le importa, y a la mayor parte de la empresa privada tampoco. Lo que resulta difícil de creer es que tampoco les importe a sus sucesivos gobiernos.

Parece que quisiéramos aprender de Brasil, cuyo presidente Bolsonaro nunca tuvo ni siquiera conocimiento de lo que significa el cultivo de transgénicos. En el fondo prefieren no saber nada, y sólo piensan en rentabilidad a corto plazo, por supuesto a cambio de destruir la Madre Tierra.

¿Y habrá alguna de las actuales candidaturas que garantice supresión de cultivos transgénicos? No lo parece. Ni la sociedad civil ni el Estado parecen encontrarse preocupados. Y cuando todos nos demos cuenta de que los transgénicos son a la larga más perjudiciales que el coronavirus, probablemente será tarde. ¡Ojalá me equivoque!

*Es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (Cueca) de Cochabamba.

(Publicado en el periódico Página Siete el 5 de junio de 2020)

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