La fatídica hiperrepresentación política

Erick Torrico R. Villanueva*

Fuente: ANF

22 de septiembre de 2025

La representación en la democracia consiste en que alguien (un político) tome el lugar de otra persona (un ciudadano) y actúe en su nombre, como su delegado, en la conducción del gobierno y la consideración de los asuntos de interés público.

Como es sabido, los representantes son elegidos por la vía del voto y su participación en los espacios de decisión es generalmente proporcional al volumen del apoyo que reciben en las urnas.

De esa forma, la democracia representativa se estructura en función del conjunto de representantes electos que se espera sean expresivos de los intereses, las necesidades, los derechos y las propuestas de los diferentes sectores de una sociedad, lo cual garantiza el pluralismo.

Un elemento fundamental que completa la figura de esa representación es la del mandato, es decir, el contrato implícito por el cual el representante (mandatario) se convierte en apoderado de quien le eligió (mandante) para que cumpla una determinada tarea en un lapso específico, estando aquél obligado a rendir cuentas e inclusive a fenecer en su gestión cuando así le pueda ser requerido por quien le otorgó el mandato.

Hasta ahí, en el plano ideal, todo tendría que desenvolverse sin inconvenientes. La vida real democrática, sin embargo, suele ser diferente.

Por ejemplo, sucede que el representante se desvincula por completo de su representado y en vez de fungir como mandatario (el que debe cumplir un mandato) lo hace como mandamás (el que se cree dueño de la autoridad). O también ocurre que el representante pretende ir mucho más allá de los límites de lo que le fue encomendado o, en otro extremo, se arroga no solamente la representación de un grupo o sector sino de todo el colectivo social. Es en este último punto donde aparece el fenómeno de la hiperrepresentación.

¿Qué quiere decir esto? Que un individuo, siempre con ayuda de otros cuantos que le adulan y solapan a cambio de ciertos beneficios, asume para sí la representación de una población en su conjunto, lo que sienta las bases para la probable conformación de un “Estado total” en el que la sociedad queda subsumida en la omnipresente figura estatal y donde el gobernante copa todos los espacios de poder.

Que la representación de todos sea entregada arbitrariamente a un solo representante o, a la inversa, que un único sujeto se erija –o pretenda hacerlo– como representante exclusivo de una comunidad es, a todas luces, una usurpación y una tajante negación de la democracia. En una situación así, este régimen deja de ser lo que era para dar lugar a otro de índole tiránica que, a partir de ese momento, se ocupará centralmente de querer asegurar su reproducción continua en el aparato del poder.

Aunque es de lamentar, este proceso de degeneración política ha sido frecuente en la historia mundial contemporánea, con encarnaciones tanto de “derecha” como de “izquierda”, y hoy mismo presenta lacerantes manifestaciones en América Latina.

Los casos de Nicaragua y Venezuela, en particular, son ejemplos descollantes de esta desfiguración que alimenta esquemas gubernamentales autoritarios y, hasta donde los datos lo muestran, empobrecedores de las masas populares que, irónicamente, son las que las burocracias oficialistas dicen representar.

Hace dieciocho años y medio que Nicaragua está sometida a un sistema que se sostiene en la acomodación y vulneración de las leyes, el control irregular de todos los poderes, la persecución, el exilio, el encarcelamiento, la proscripción y el asesinato de los opositores (con masacres incluidas), la censura, la represión, la reelección continua y la manipulación electoral. Su lema principal, “el pueblo presidente”, sugiere engañosamente que su gobernante “es” el pueblo (hiperrepresentación) y que “el pueblo” es quien gobierna. Esto es también traducido en la versión que dice “todos somos presidentes”.

El mismo patrón es aplicado, ya por más de un cuarto de siglo, en Venezuela. Su ilegal e ilegítimo gobierno actual enfrenta en estos días una fuerte presión estadounidense que apunta a su gobernante como jefe de una organización calificada de “narcoterrorista” y por cuya captura ofrece una millonaria recompensa. La reacción defensiva remite otra vez a la hiperrepresentación, pues identifica a “la república” o “la patria” con la figura del fraudulento presidente que alteró a vista de todos los resultados de las elecciones nacionales de julio de 2024. Ahí ni en ninguna otra parte un gobernante es ni será la síntesis de un país.

Bolivia se libró parcialmente de una amenaza semejante cuando el modelo hiperrepresentativo del llamado Movimiento al Socialismo hizo agua durante las elecciones generales de octubre de 2019. Años antes, el oficialismo había asegurado que “en Bolivia gobierna la sociedad” y que “todos somos presidentes”, a tiempo de endiosar al caudillo (“es como Cristo resucitado”) que renunció aquel año tras hacerse evidente el doble fraude cometido por su gobierno (la habilitación inconstitucional de su candidatura y la modificación de los resultados finales de la votación).

Ese hiperrepresentante fabricado a lo largo de dos décadas fue reemplazado para los nuevos comicios de 2020 por otro (sub)representante que terminó desconociéndolo y sacándolo del juego electoral. Pero tras las elecciones de agosto pasado parece estar emergiendo otra vez el riesgo de la hiperrepresentación: un candidato vicepresidencial inesperado, que solo vocifera en su camino a la segunda vuelta, acaba de declarar que “si alguien le ataca, ataca al pueblo”.

Según la Ley del Régimen Electoral de 2010, Bolivia conoce y practica tres tipos de democracia: la directa y participativa, la representativa y la comunitaria. Los hechos mostraron que algo de existencia tuvo y tiene la segunda, en tanto las otras suenan más a retórica. Pero, además, esos mismos hechos pusieron en evidencia que, en la práctica, desde 2005 se quiso forjar una “democracia hiperrepresentativa”, causante de la calamidad presente de la nación.

Será conveniente evaluar esos fatídicos antecedentes antes de sufragar el próximo 19 de octubre.

*El autor es especialista en comunicación y análisis político y vicepresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz