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Bolivia en transición

Bolivia en transición

Erick R. Torrico Villanueva*

sábado, 30 de mayo de 2020

Transitoriedad y transición no significan lo mismo en política. Y esto debieran tenerlo claramente presente los que gobiernan hoy, los que no dejan gobernar, los que aspiran a hacerse del poder y la ciudadanía toda que necesita de un gobierno, ahora y después.

El primer término hace referencia a una situación temporal, que durará un lapso relativamente corto; el otro remite a un cambio de estado, al paso de una condición dada a otra que se anuncia distinta y que puede perdurar.

En ese sentido, tras la renuncia y huida del anterior gobernante en noviembre pasado, se instaló en Bolivia un gobierno transitorio que deberá entregar el mando de la nación al binomio que resulte electo en los venideros comicios que se espera subsanen los resultados fraudulentos de las anuladas votaciones de octubre de 2019.

Este gobierno, producto de la posibilidad de sucesión que dejó el vacío de autoridad provocado por una serie de dimisiones voluntarias, mereció el consentimiento de la ciudadanía y asumió no sólo la misión de convocar a nuevas elecciones generales, sino ante todo la de comenzar a recomponer la institucionalidad democrática. Las circunstancias, políticas primero y sanitarias más tarde, hicieron que su plazo constitucional de 90 días hubiese sido ampliado mediante aprobación de la estructura parlamentaria heredada del antiguo régimen, lo cual, aunque confirma su legalidad, no modifica su carácter transitorio.

Pero a semejanza de lo acontecido con el lapso de transitoriedad que devino tras la crisis del esquema neoliberal en 2005, el tiempo actual coincide con el fin de un ciclo que había dado variadas señales de agotamiento. El denominado “proceso de cambio”, que tomó las riendas del país a inicios de 2006, desfiguró muy pronto su propuesta; ya en 2009 se convirtió en un proyecto de poder tradicional que fue acumulando un rechazo colectivo que se convirtió en resistencia en octubre del año pasado, misma que dio término al autoritarismo prebendal en que desembocó aquella experiencia. El camino de la transición política, entonces, comenzó hace ya largo tiempo y encuentra en 2020 la probabilidad de empezar a concretarse.

En lo que va de su historia contemporánea, Bolivia tuvo varias ocasiones para reestructurarse y hasta consolidarse como nación. Al respecto, cabe citar en especial las etapas de la revolución modernizadora de 1952, la de la reconstitución democrática en 1982 o la del ya mencionado “proceso de cambio” en 2006, oportunidades todas –a su manera– frustradas y frustrantes, pues en ningún caso consiguieron los propósitos de maduración estatal que ofrecieron alcanzar, pese a que no todo lo hecho en ellas deba ser desestimado.

Al margen de los aspectos que pueden ser recuperables de cada uno de esos lapsos, conviene tomar nota de un denominador común que les caracteriza: la ocurrencia previa de una fase de profunda descomposición. La victoria del nacionalismo revolucionario en abril estuvo precedida por el desastre generalizado que supuso la derrota en la guerra contra Paraguay; el retorno a la democracia fue antecedido por la debacle económico-política que hizo insostenible la continuidad de las dictaduras militares, y la improvisada emergencia de un fenómeno híbrido rural-izquierdista a mediados de 2005 resultó anticipada por las crisis que reventaron en la “guerra del agua” (2000), “febrero negro” (2003) y la “guerra del gas” (2003).

De ese modo, en todos los casos señalados, situaciones de diverso grado de calamidad preludiaron tanto el sacudón que sufrieron luego las estructuras del poder y la política como la subsecuente remoción de sus actores protagónicos, movimiento de magnitud que abrió caminos para la reinterpretación de la historia nacional y para la consiguiente intervención colectiva con potencial transformador. Se trató, pues, como diría René Zavaleta, de la apertura de “momentos constitutivos”, es decir, de momentos en que Estado, sociedad y economía reconfiguran sus contenidos y relaciones en términos de organizar una arquitectura diferente con pretensiones de duración relativamente larga.

Lo que vive hoy Bolivia es, así, una nueva coyuntura de ese carácter. Su punto formal de arranque se dio en octubre-noviembre de 2019, pero sus antecedentes tienen más de una década. El complejo y delicado cuadro del presente, en que una inesperada pandemia puso al descubierto la dramática precariedad de los sistemas de salud, el cuentapropismo predominante en la economía, la inmoralidad y el oportunismo instalados en el accionar del campo político, la pobreza que mantuvieron escondida y hasta los deprimentes niveles en que se halla la educación ciudadana, constituye un panorama de gran preocupación y que convoca a respuestas y propuestas de la mayor responsabilidad posible.

Por eso no se debe permitir que la transición que está en proceso vaya a repetir los errores del pasado, del inmediato ni del más remoto. El país necesita de certezas, porque tal vez no le quede mucha historia para volver a fracasar. ¿Estarán los actores políticos, económicos y sociales conscientes de la dimensión de la transición a que se enfrentan? ¿Serán capaces de superar este reto?

*Es especialista en Comunicación y análisis político

Twitter: @etorricov

(Publicado en la Agencia de Noticias Fides el 30 de mayo de 2020)

Xiconhoca

Xiconhoca

Alfonso Gumucio Dagron

sábado, 30 de mayo de 2020

La primera de las cuatro veces que estuve en Mozambique fue en 1976, apenas un año después de la independencia. El país estaba cerrado y aislado, rodeado por Sudáfrica y Rodesia (hoy Zimbabue), Estados neocoloniales en los que reinaba el apartheid, a los que se adelantó la guerrilla del Frelimo, encabezada por el carismático Samora Machel. 

Antes de la independencia en 1975 —que se precipitó por la “Revolución de los Claveles” en Portugal, el Frelimo ya había liberado tres de las 10 provincias de este país que se extiende sobre el océano Índico, frente a Madagascar. A pesar de que Mozambique carecía de infraestructura caminera en aquella época, las vías de tren lo atravesaban paradójicamente de manera perpendicular, para sacar de Rodesia y Malawi las riquezas minerales a los puertos de Beira y Nacala y llevaras a Europa. 

El país recién liberado del colonialismo portugués no sólo tenía enemigos externos, sino también internos: los xiconhoca. La palabra estaba de moda en 1976 para referirse a los traidores, parásitos y enemigos internos incrustados en el aparato del Estado que respondían todavía a los intereses de la administración colonial para realizar sabotajes y poner piedras en el camino de la independencia.

Me vino a la memoria la palabra xiconhoca al leer las noticias sobre el golazo que le metió al exministro de Salud uno de sus propios colaboradores, que anteriormente había servido al régimen del MAS.

 Al margen de lo que decida la justicia y de la presunción de inocencia, es un hecho que el exdirector jurídico del ministerio de Salud, Fernando Valenzuela Billevicz —hijo de un militar muy cercano a Evo Morales, habló durante 16 minutos con la exministra Gabriela Montaño el 19 de mayo, horas antes de ser detenido por el caso del sobreprecio de los respiradores. 

Para curarse en salud (valga la expresión en tiempos de Covid-19), antes de que el hecho fuera revelado, Montaño declaró que “por razones políticas” se iba a tratar de implicarla en la corrupción de los respiradores. 

Un gobierno de transición no puede (ni debe) hacer grandes cambios en la estructura del Estado, pero es muy difícil trabajar con funcionarios que durante 14 años trabajaron para el MAS, a quienes obligaron a afiliarse a ese partido político, a ceder parte de sus salarios, a asistir a manifestaciones para deificar a Evo Morales, a pintar consignas en los muros y empapelar el país con la cara del gran impostor. Muchos funcionarios del Estado son eficientes técnicos y profesionales sin filiación partidaria, pero en niveles de decisión el gobierno tiene derecho a colocar a personas de confianza. 

No quiero ni pensar en la cantidad de burócratas puestos por el MAS que están en permanente contacto con exministros o dirigentes masistas y reciben consignas para hacer que el gobierno “pise el palito”. Los xiconhoca abundan en este gobierno y en el próximo gobierno con seguridad seguirán ejerciendo pequeños y grandes sabotajes, porque su lealtad es con el gobierno que los mantuvo en sus puestos durante más de una década. 

Aunque todo gobierno tiene el derecho de rodearse de gente de confianza, esto es más difícil en un gobierno compuesto por una coalición de fuerzas políticas y de sectores independientes, como es el caso en Bolivia. Los xiconhoca aparecen debajo de las piedras, como alacranes. También están en las calles, en juntas de vecinos, en sindicatos de transportistas, en grupos de gremiales que ocupan ilegalmente las calles de las ciudades y falsifican permisos de circulación. 

Esa es la base social de Evo Morales, quien sin ninguna restricción del gobierno argentino, continúa jalando los hilos de sus títeres en Bolivia para que su gente lance piedras contra las ambulancias que van a salvar vidas, que llenen las calles de El Alto para provocar a la Policía, que insulten a los médicos y enfermeras, o que bloqueen los caminos por donde transitan brigadas de salubristas. Es inhumano y es asquerosamente despiadado. 

La estrategia es clara: impedir que se hagan elecciones porque se saben perdedores. Por un lado, el MAS pide públicamente elecciones cuanto antes a través de sus parlamentarios y de su mediocre candidato presidencial, pero por otra parte circula por debajo consignas para que la gente salga a las calles y el contagio del coronavirus se propague, obligando a reforzar los protocolos de seguridad. En la medida en que haya más contagiados y más muertos y se violen las normas de prevención, el MAS logrará la postergación de las elecciones y el desgaste del gobierno. Ese es su objetivo.

Puede parecer una estrategia perversa, porque pone en la línea de fuego a la población más vulnerable, pero eso al MAS nunca le ha importado. Mientras tanto, los xiconhoca seguirán actuando en la sombra del aparato del Estado, con un juego doble y embozado muy peligroso para el país.

@AlfonsoGumucio es escritor y cineasta.

(Publicado en el periódico Página Siete el 30 de mayo de 2020)

Coronavirus y escolaridad

Coronavirus y escolaridad

Rafael Puente

viernes, 22 de mayo de 2020

Que estos dos meses largos con cuarentena y cese de actividades resultan deprimentes es innegable, y son muchas las familias y las personas que se ven directa y totalmente afectadas. Lo que no tiene sentido es la queja de muchas personas por el cierre de escuelas y colegios, porque “se perjudican los niños y niñas”. Quiero aprovechar el momento para hacer notar que es al revés. Lo único positivo de la cuarentena es precisamente que nuestros niños y niñas se libran de la escuela.

En el mundo entero —con la excepción de Finlandia— las escuelas y colegios lo que hacen es acortar el horizonte mental de nuestra niñez y adolescencia. Niños y adolescentes del mundo entero se ven forzados a dedicar su tiempo y energías al aprendizaje de números y letras, que en la mayor parte de los casos no les sirven ni servirán para nada; se ven obligados a actuar pasivamente, aprendiendo “lecciones” que no les interesan ni les serán útiles, acumulando todos los mismos aprendizajes (como si todos los niños y niñas de la misma edad tuvieran la misma vocación y los mismos apetitos de aprendizaje; todos y todas condenados inevitablemente a malgastar su infancia).

Todo esto en el mundo entero (menos en Finlandia, y parcialmente los demás países escandinavos). Pero en Bolivia a eso se suma la pésima calidad del sistema educativo, que a estas alturas está claro que no tiene arreglo. El otro extremo es la China, donde el nivel educativo es elevado y exigente, pero a cambio de perder la calidad humana de la infancia (se sabe que cada año aumenta en la China la cantidad de suicidios infantiles). Pero el problema de fondo es el mismo: no se respeta en absoluto la libertad de niños, niñas y adolescentes, y se les obliga a desperdiciar esa etapa tan importante de la vida.

En Bolivia tenemos que sufrir además la pésima calidad de nuestras escuelas (con excepción de algunos colegios caros y selectivos), hasta el extremo de que se puede comprobar que el 60% de nuestros bachilleres no saben leer (pese a lo cual la mayor parte logran aprobar el ingreso a la universidad). 

Por supuesto, ahí juega un papel la incapacidad de maestros y maestras, pero no por culpa suya, sino porque así son las normales en que se forman, y así es la mentalidad de este país que se dio el lujo de expulsar a don Simón Rodríguez (maestro de Bolívar y nuestro primer ministro de educación).

Por tanto, lo que debiéramos hacer en las familias es aprovechar esta larga temporada sin escuela para que nuestros niños y niñas aprendan haciendo, aprendan curioseando y preguntando, aprendan a partir de sus propias iniciativas, experiencias y vocaciones; libres de los pupitres, los pizarrones y las tareas que sólo sirven para amargarles la infancia.

En Bolivia tenemos una ley educativa excepcionalmente abierta y positiva. Esa ley lleva el nombre de Avelino Siñani y Elizardo Pérez, los creativos autores de la experiencia educativa de Warisata, que combinaba el aprendizaje escolar con las actividades productivas del campo. Pero en la práctica la Ley no se aplica, nadie se acuerda de Warisata, y nuestro sistema educativo sigue siendo formalista, memorístico a inútil.

Cierto que para muchas familias enviar a los hijos e hijas a la escuela es una forma de librarse de ellos (cosa en muchos casos comprensible), y cierto que muchos padres y madres se sienten poco preparados para esa tarea de educar a sus wawas, probablemente porque se sienten totalmente alejados de esa mentalidad escolar que en su momento les tocó vivir.

Pero ahora viene el confinamiento, y lo podemos aprovechar para dedicarnos precisamente a la educación de nuestros hijos y nietas, educación que no consiste en aprenderse el alfabeto de memoria, sino en vivir la realidad, en reflexionar sobre lo que ocurre y en aprovechar las energías de esa edad para pensar en la vida, para investigar las circunstancias de su pequeña realidad, para combinar quehaceres prácticos con sus expresiones teóricas.

*Es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

Reconciliación y elecciones en tiempos de pandemia

Reconciliación y elecciones en tiempos de pandemia

Pedro Portugal Mollinedo

jueves, 28 de mayo de 2020

Revuelo y objeciones provocó a inicios del mes de mayo la promulgación por la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Eva Copa, de la Ley 1297 para celebrar en un plazo de 90 días elecciones en Bolivia. Las reacciones se enfocaron más en las —supuestas o reales— fallas leguyescas de su texto y de su promulgación, y menos en la necesidad política —o no— de elecciones en Bolivia. 

Hubo también otra objeción: ¡estamos en época de pandemia y primero está la salud! Quienes reclaman elecciones serían insensibles al sufrimiento y la muerte por coronavirus. Empero, las elecciones más que supeditarse a la salud de los electores, determina el tipo de salubridad que recibirán los mismos. 

En ese ambiente confuso y ante el silencio del Tribunal Supremo Electoral, hasta la fecha no sabemos cuándo se efectuarán elecciones generales en Bolivia.

La relación elecciones-pandemia es asunto mundial. El calendario internacional señalaba para el año 2020 celebrar 149 elecciones. La mayoría fueron pospuestas. Sin embargo, en 15 países se desarrollaron 22 comicios: nueve municipales, cinco legislativas, cuatro primarias, tres locales y un referéndum en las fechas inicialmente programadas (marzo y abril). El 20 de mayo se celebraron elecciones presidenciales en Burundi y España acaba de programar para el 12 de julio elecciones regionales en Galicia y Euskadi.

El asunto no es, entonces, si las elecciones son o no saludables respecto al Covid-19. Se trata de si son o no imperiosas por la situación política concreta de cada país. En unos casos, su estabilidad permite posponerlas —así sea indefinidamente—; en otros, no realizarla entraña riesgos políticos mayores. ¿Cuál es la situación en Bolivia?

El actual gobierno se legitimó como “de transición”. El acceso de Janine Añez a la Presidencia se justificó porque el MAS vulneró las reglas de la democracia, al no respetar los resultados de un referendo sobre la reelección de Evo Morales y porque habría cometido fraude en elecciones generales. Por ello, su único “tránsito” es el de la restauración del proceso democrático, mediante una gestión breve, centrada en poner en funcionamiento mecanismos institucionales que aseguren la transparencia del proceso electoral.

La emergencia del Covid-19 aceleró una tendencia. De gobierno temporal, se pasó a gestión indefinida.  De administración restringida, a ejecutar orientaciones económicas y políticas mayores. Se asentaron así las condiciones para el despliegue de las taras constitutivas del poder político en Bolivia: corrupción e ineficiencia. 

La única manera de disipar este malestar es que el gobierno establezca fecha definida para las próximas elecciones y que ese proceso esté enmarcado en un mecanismo de reconciliación.

Es interesante considerar el vínculo religioso del término “reconciliación”. Al referirse a la relación entre Dios y los hombres, resalta la transformación en estos últimos. Se restaura la armonía donde imperaba el conflicto. No me refiero necesariamente a un acuerdo entre oposición y gobierno, o entre las fuerzas dispares del fenómeno “pititas”. Aludo a una reconciliación histórica entre los componentes desajustados con la llegada de los españoles a estas tierras. 

La corrupción, la nimiedad estatal, la informalidad económica, la inexistencia de nación y el conflicto interétnico tienen raíces coloniales. Si se encara sin ambages uno de estos elementos, se emprende la solución del conjunto. Sin embargo, a quienes buscan solo disfrutar del poder les es más conveniente medrar de esos defectos y no solucionarlos. 

Esta reconciliación implica modificar la relación de aparatos políticos con miembros de grupos excluidos. Del indígena funcional al estado de cosas, sumiso, nada influyente en las decisiones, pero exótico, a veces chocarrero y siempre intransigente defensor del amo, se debe transitar al individuo cuya identidad se conjuga con la capacidad contemporánea de entender y administrar el asunto público. De lo contrario, la implosión del inicuo sistema será obra de fuerzas que, en la necesidad de transformación, pueden alejar circunstancialmente toda reconciliación. La historia, en ello, es pródiga en ejemplos.

*Es director de Pukara, autor de ensayos y estudios sobre los pueblos indígenas de Bolivia.

(Publicado en Pagina Siete el 28 de mayo de 2020)

Gobiernos, transgénicos y libertad de prensa

Gobiernos, transgénicos y libertad de prensa

Rafael Puente

viernes, 15 de mayo de 2020

En todas las “democracias” del mundo resulta llamativa la relación que existe entre los diferentes gobiernos y los medios de comunicación. Por supuesto, todos los gobiernos afirman la libertad de prensa como un principio intocable de la democracia; pero, en la práctica aprovechan los recursos económicos del país (ojo, los recursos son del país, no del gobierno) para manipular esa libertad. ¿Cómo lo hacen?

En días pasados se han publicado datos muy significativos sobre cómo el largo gobierno del MAS lograba ese objetivo. ¿Cómo? Muy simple, comprándolos con dinero, y el mecanismo formal para lograr ese objetivo es pagando por publicidad gubernamental. 

Según esos datos (que ojalá fueran falsos), en los pasados años —2017-2019— diferentes instancias de gobierno de Evo Morales le pagaron al periódico La Razón más de 12 millones de bolivianos por publicidad. ¿Es de extrañar que ese medio mostrara con frecuencia la oreja oficialista? Más aún si en el mismo tiempo el gobierno destinó 3,6 millones para el suplemento Extra (también de La Razón), a la vez que destinaba más de cuatro millones a La Estrella del Oriente, 4,5 millones al Periódico de Tarija, y entre 1,2 y 2,4 millones a otros 20 periódicos de bajo tiraje pero que mostraban posiciones oficialistas.

No se puede negar que los mecanismos para esta compra de una buena parte de la prensa son legales (por lo que vendría muy bien la promulgación de una ley o decreto que ponga límites a los gastos de publicidad gubernamental, tanto más cuanto que el presupuesto del Estado es totalmente insuficiente para rubros de mucha mayor importancia, como el rubro salud…). Pero la sociedad civil tiene todo el derecho de conocer esos datos y, por supuesto, el derecho de reclamar.

Sería ilusorio pretender que todos los medios de comunicación sean totalmente independientes, pero sí se puede pedir que los gastos gubernamentales en comunicación, no sólo se reduzcan al mínimo, sino que además respondan proporcionalmente a la capacidad de difusión real de esos medios, y en las actuales circunstancias esos gastos deberían reducirse drásticamente, y limitarse a la información, huyendo de toda propaganda.

Este año 2020 tenemos otro gobierno —transitorio pero inevitablemente alargado por la pandemia del coronavirus— que acaba de promulgar varios decretos (muy concretamente el DS 4231, pero también el 4232) que van encaminados al extremo contrario, a controlar la información y a  la autorización del cultivo cada vez  más incontrolado de productos transgénicos.

Por supuesto, ya los gobiernos de Evo Morales autorizaron, junto al “desmonte” salvaje que produjo interminables incendios (ahí está la Chiquitanía), el cultivo de soya transgénica. Pero el actual gobierno transitorio está resultando todavía más destructivo al pretender penalizar la información relativa a ese tipo de cultivos (transgénicos), que parece se están autorizando a título de “seguridad y soberanía alimentaria”. 

¿Serán conscientes nuestros actuales gobernantes de que los cultivos transgénicos expresan todo lo contrario de soberanía alimentaria? Son claramente favorables para los grandes empresarios agropecuarios, que pueden darse el lujo de dejar sin cultivo las tierras dañadas por los transgénicos y desmontar nuevas tierras cada año, pero hunden la economía de los pequeños productores.

En los hechos cada vez son menos los medios de comunicación confiables, es decir, que no priorizan las ganancias publicitarias y hacen a un lado la información veraz, a cambio de contar ingresos por la vía de la publicidad (ya sea gubernamental o de origen privado). Pero sería importante que la sociedad civil  tuviera en cuenta ese diferente grado de confiabilidad informativa para no dejarse seducir por una información oficialista (y privatista) que resulta engañosa. Y en el momento político que vivimos no deja de haber tribunales de justicia a los cuales acudir para el caso de que alguna instancia de gobierno pretenda obligarles a guardar silencio. ¿O no?

*Es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

(Publicado en el periódico Pagina Siete el viernes 15 de mayo de 2020)

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