La nueva "política a distancia"
Erick R. Torrico Villanueva
13 de julio de 2020
El proceso electoral que se tiene pendiente tras la anulación de los comicios nacionales de octubre de 2019 por fraude trae a Bolivia una manifestación reforzada de la “política a distancia”, la tele-política (del griego tele = “a distancia”), que será potenciada esta vez por la separación que implican las redes digitales y la actual pandemia.
Este fenómeno se conoció ya en la década de 1980 gracias a la intensificación del uso de los medios de difusión masiva, en particular de la TV, por parte de candidatos y gobernantes en los cinco continentes. Desde entonces, el marketing electoral, el marketing político y la campaña permanente sólo han ido en consolidación.
La forma actual de la propaganda política, heredera de la bélica, surgió a mediados del siglo XX. Antes, lo común era recurrir a panfletos, carteles, notas en prensa, emisiones de radio y hasta al cine para distribuir ideas o promocionar a sus líderes, pero el peso mayor del accionar político radicaba en el contacto directo, traducido en el apretón de manos y la concentración de masas.
Recién en 1952 empresas de publicidad en los Estados Unidos de Norteamérica asumieron la tarea de organizar los discursos y presentaciones de las candidaturas, diseñar los primeros spots de TV y cuñas radiofónicas y perfilar su estructuración estratégica para persuadir a los votantes “a distancia” para ganar una elección. Los memorables debates televisados entre John Kennedy y Richard Nixon completaron esta modalidad en 1960.
En Bolivia, el ingreso oficial del marketing electoral ocurrió en 1985 con las campañas del amenazador anuncio “Banzer vuelve”, de la Acción Democrática Nacionalista, y la no menos preocupante promesa “Para que el cambio sea total”, del Movimiento Nacionalista Revolucionario.
A partir de entonces, salvo el rechazo a la propaganda mediática de Evo Morales en las elecciones nacionales de 2002 (por carencia de fondos) y el marcado retorno a la política de contacto directo que hubo en las municipales de 2004, todos los procesos comiciales en el país se caracterizaron por un profuso y millonario despliegue de recursos comunicacionales planificados. Contradictoriamente, Morales tuvo más tarde los gastos más dispendiosos de la historia en propaganda, no sólo electoral, sino de campaña permanente, al destinar un promedio de 100 millones de dólares anuales del erario nacional para tal cometido.
Por su parte, los principales medios masivos –sobre todo los televisivos–, además de captar significativos ingresos por esas circunstancias, desde finales de los años noventa siguieron una trayectoria que les llevó de narrar la política a ser su escenario, para luego pasar a protagonistas de hechos políticos, proveedores de actores políticos y, al final, a víctimas del poder político. Esta última condición empezó a cambiar cuando algunas redes privadas de TV rompieron su silencio al transmitir en directo los cabildos ciudadanos de rechazo al fraude electoral en 2019.
Así, para 2020 se tiene una larga experiencia de tele-política, que desplazó la política de la “plaza pública” a la “platea”, la convirtió en “espectáculo”, vació sus contenidos programáticos, sustituyó a los viejos líderes y estadistas por “personajes producidos”, como también redujo a la ciudadanía a “consumidora”.
Para el politólogo Giovanni Sartori, en sentido amplio, esto es efecto de que el homo sapiens, racional y de la palabra, se transformó en homo videns, de la sensación y la imagen. Y para Al Gore, político estadounidense y experto en Comunicación, las emociones forman hoy la opinión pública —la de los votantes, por ende— y la ciudadanía bien informada no hace más la democracia porque la TV “atacó a la razón” y la venció.
A ello se agregan las consecuencias de la casi omnipresencia que posee el dispositivo canalizador de imágenes, la pantalla, que en criterio del comunicólogo Humberto Marcos impulsa la desaparición de las fronteras entre lo real y lo imaginario, la ilusión de un “nosotros vacío” en el espacio público y un ansia de los individuos por “ver” y “ser visibles”. Y ese mundo de pantallas, donde la gente vídeo-vive (Sartori), obviamente trastorna la naturaleza misma de la política, sus modos de realización y la participación ciudadana.
La telemática, la telefonía celular, la TV satelital, la “Galaxia Internet” y el boom de las redes sociales virtuales acrecentaron tal reinado de la imagen y el ecran: hay pantallas en las calles, los domicilios, el trabajo, la educación, el transporte, el entretenimiento, el comercio, el gobierno, etc., y los “nativos digitales” parecen venir con una pegada al cuerpo. Las pantallas subyugaron a la gente.
Estos nuevos medios complejizan la tele-política y compiten con los tradicionales (prensa, radio y TV), pero también los complementan. La pandemia ha forzado interacciones entre ambos y es evidente que los viejos medios llevan las de triunfar en materia informativa. No sólo que los contenidos de las redes sociales digitales son poco confiables, fragmentarios, fugaces y trivializados, sino que para merecer la atención ciudadana formal deben ser recuperados, procesados y difundidos por algún medio convencional.
Ahí radica un nuevo gran poder potencial para los periódicos y las emisoras de radio y TV, que en la nueva “política a distancia” debieran rescatar su protagonismo y peculiaridad profesionales.
El proceso electoral de 2020 será, pues, un laboratorio interesante en esta materia, ya que transcurrirá sobre todo en los mass-media y las redes digitales, con el “distanciamiento físico y social” como plus.
Por eso, los medios noticiosos pueden ser fundamentales en esta etapa. Sería funesto que las opciones de los tele-ciudadanos, inundados por memes, clips y fake news, fueran apenas una política distante y dar clic o no hacerlo.
*Especialista en Comunicación y análisis político
Twitter: @etorricov
(Publicado en ANF el 13 de julio de 2020)
Evo y salud
viernes, 10 de julio de 2020
La pandemia del coronavirus es una desgracia mundial (que empezó asolando a Europa, y ahora se concentra en América), y por supuesto, el expresidente Evo no tiene nada que ver con esa crisis. Pero ante la desfachatez con que sale haciendo declaraciones desde Buenos Aires (a pesar de su calidad de refugiado, y con la aquiescencia del Presidente argentino, que no se entera de lo que es un refugiado político), habría que preguntarle qué hizo él como presidente, no con respecto al coronavirus, sino con respecto a la capacidad del Estado boliviano para responder a esa pandemia o a cualquier otra.
Nadie puede negar que la economía de Bolivia nunca estuvo al nivel que sí tuvo durante el gobierno de Evo, en parte por una favorable coyuntura económica internacional, pero sin lugar a dudas también por la excelente visión con que Evo marcó nuestra economía durante su gobierno y de manera especial durante su primer gobierno. No olvidemos que nacionalizó (o re-nacionalizó) la mayor parte de las empresas públicas (con excepción de la PIL) y en parte por la habilidad y consecuencia con que manejó nuestra economía. Hasta aquí el diagnóstico positivo es innegable, y quienes lo niegan están mostrando muy poca serenidad política. Cierto que a partir de su segundo gobierno mostró que se le había subido el poder a la cabeza, confirmando el principio de que “el poder genera daño cerebral”.
Pero la crisis mundial generada por el Covid nos está mostrando otra debilidad, ¡incluso de su primer gobierno!, y es el manejo de la salud pública. En sus 14 años de gobierno, lo único que hizo Evo por la salud pública fue construir unos cuantos hospitales, grandes y caros, digamos espectaculares, pero que se reducían al tema infraestructura. No había el equipamiento necesario, ni la contratación del personal médico adecuado. Es decir pura propaganda. Se construyó y equipó más estadios que hospitales, y si bien es cierto que la práctica de cualquier deporte es positiva para la salud (como él argumenta), también es cierto que no es suficiente, y ahora esa insuficiencia ha salido dolorosamente a luz con la llegada de la actual pandemia.
Cada día tenemos más muertes por el Covid, y cada día resulta más evidente que nuestro sistema de salud no tiene ninguna capacidad para responder a esa pandemia. Los pocos hospitales con que contamos están todos repletos, cada día hay más personas contagiadas que no pueden ser atendidas, hasta el extremo de que muchas han muerto en la calle, o se encuentran tiradas en el piso de esos pocos hospitales. Y para responder a esta desgracia los estadios no sirven…
En la antigua Bolivia de economía mendicante es comprensible que estuviéramos condenados a sucumbir ante semejante pandemia, pero en la nueva Bolivia, que durante el gobierno de Evo dejó de ser mendicante, y que se vanagloria de sus logros económicos (pensemos por ejemplo en la estabilidad económica y monetaria de que hasta ahora hemos disfrutado) resulta inadmisible que haya enfermos en los suelos y en las calles. Y eso sólo puede calificarse de incapacidad presupuestaria (y técnica-profesional) por parte de un Ministerio de Salud que siempre fue la cenicienta del gabinete…
Por supuesto, a nuestra actual Presidenta (más allá de sus limitaciones profesionales y políticas); no podemos pedirle que invente soluciones, y menos aún cuando la economía ha dejado de ser saludable —y peor si pensamos en la creciente e innecesaria deuda externa—, no podemos pedirle que invente soluciones. Ella ha heredado la conducción de un Estado que nunca se tomó en serio el tema de la salud. Nuestros médicos y enfermeras son los primeros en arriesgar su propia salud, y la pandemia no deja de crecer diariamente, con graves consecuencias en todos los niveles (incluida la práctica del deporte, ¿para qué sus estadios, expresidente Evo?).
Mientras tanto, Evo vive tranquilo y seguro (y acumulando riqueza). Cuando tiene problemas viaja a Cuba (él, que nunca se había acordado de equipar los hospitales cubanos en Bolivia) y se da el lujo de sentirse víctima de un golpe, cuando el auténtico golpe fue el que dio él cuando desconoció el resultado del famoso 21-F).
Y ahora ¿quién podrá defendernos?
*Miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (Cueca) de Cochabamba.
(Publicado en el periódico Página Siete el 10 de julio de 2020)
El lado positivo de la cultura social boliviana
viernes, 3 de julio de 2020
En una anterior columna comentábamos el lado oscuro de nuestra cultura nacional, consistente en la facilidad con que pueden enfrentarse diferentes organizaciones sociales y en la facilidad con que se puede marginar e incluso ofender a determinados grupos (cosa que ha quedado tristemente a la vista en las circunstancias de la actual pandemia).
Pero no debemos perder de vista el otro lado —positivo— de esa característica, y es la clara tendencia cultural a organizarse, a expresarse y a movilizarse. Nadie podría afirmar que nuestra sociedad es pasiva, ni que tienda al individualismo. Es todo lo contrario, la tendencia dominante es a la organización, y la mayor parte de nuestras organizaciones sociales han nacido de las bases y no desde arriba.
Es lo que muestra nuestra historia desde antes de la Independencia; es lo que explica los desencuentros con los ejércitos auxiliares que vinieron de la Argentina, y lo que explica la aparición de las republiquetas antes de que llegaran los ejércitos de Bolívar y Sucre. Y lo que modernamente explicará, por ejemplo, la conformación y la capacidad de la COB.
En este país nuestro, la mayor parte de la población se encuentra organizada, la organización es parte de nuestra cultura (al margen de los errores o inconsecuencias que pueda mostrar esa organización). Así se explica el papel que siempre han jugado en nuestra historia las organizaciones sociales, las diferentes organizaciones de pueblos indígenas (antes de que naciera la Csutcb, con el creativo liderazgo de Genaro Flores, había nada menos que nueve organizaciones campesino-indígenas que pretendían ser nacionales).
Lo que nos cuesta es lograr la unidad de los grupos organizados, pero precisamente esa dificultad nos está mostrando la tendencia a la organización (a partir de las diferentes realidades y problemáticas de nuestros pueblos y de sus diferentes sectores o clases sociales). Y esa es a la vez una de las explicaciones (además de la enorme variedad social y cultural que nos caracteriza) de que nos resulte difícil lograr la unidad de las diferentes organizaciones. Lo que por supuesto tiene consecuencias políticas.
Y ahora lo estamos viviendo: en plena pandemia, y pese a los decretos gubernamentales para que nos mantengamos aislados y “confinados” en nuestros domicilios, la gente se organiza y se moviliza incluso a costa de arriesgar su salud (y la de todos). Por supuesto, esto puede resultar lamentable, pero es que los rasgos culturales tienen siempre y en todas partes consecuencias positivas y consecuencias indeseables. Pero teniendo en cuenta esa dualidad (que simplemente es parte de la realidad), en conjunto no deja de ser satisfactorio pertenecer a una sociedad que no deja de organizarse, y de debatir diferencias, que no adopta posiciones pasivas (y, por tanto, obedientes).
En parte son estos rasgos los que explican nuestra historia, tan diferente de la historia de nuestros países vecinos, una historia llena de encuentros y desencuentros, de contradicciones e inconsecuencias (desgraciadamente también de tremendas pérdidas territoriales), pero llena al mismo tiempo de movilizaciones sociales, de participación social, de fracasos y de triunfos.
Un pueblo así es difícil de gobernar, incluso difícil de entender, pero también difícil de someter, y éste es el valor principal, el que les hace difícil la vida a los partidos políticos, y a la mayor parte de sus dirigentes. Por supuesto, estas características convierten a Bolivia en un país políticamente complicado (algunos dirían que inmanejable), pero a la vez hacen de él un país socialmente activo, capaz de renovarse y de readaptarse a nuevas situaciones, y esperemos que por eso mismo más capaz de superar dificultades, incluida la pandemia que actualmente padecemos, ¿o no lo cree usted?
*Es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (Cueca) de Cochabamba.
(Publicado en el periódico Página Siete el 3 de julio de 2020)
Partió para quedarse
sábado, 11 de julio de 2020
Hay quienes son injustamente olvidados cuando fallecen, pero hay los que parten y se quedan. Los recordamos todo el tiempo, no solo en los aniversarios de natalicio o fallecimiento, los tenemos presentes en la vida cotidiana porque nos han enriquecido en el largo recorrer de la amistad. A esta categoría pertenece Luis Ramiro Beltrán, que partió hace cinco años para quedarse.
Luis Ramiro está presente en las conversaciones de quienes trabajamos en el campo de la comunicación en América Latina, pero también en una red mucho más amplia, donde se tejen sus ideas pioneras con sus picardías de niño y sus actos de nobleza y generosidad.
La “vieja guardia” de gente como Luis Ramiro atravesó la vida armada de valor pero sobre todo de valores y principios de ética, honestidad y solidaridad. Cada vez son menos y cada vez son más los que hacen del más descarado oportunismo su bandera, acomodándose sin escrúpulos no solo en la política, sino también en la academia e incluso en las relaciones sociales más básicas. Aunque la palabra pueda sonar anticuada, Luis Ramiro era un “caballero”. Es decir, un caballero andante como don Quijote, un hombre armado de ideales como coraza. Y ese tipo de caballeros, con o sin Rocinante, dejan su ejemplo de vida: una totalidad que no se fragmenta porque es compacta, hecha de nobles materiales.
Han pasado cinco años desde el 11 de julio en que falleció. Estuvimos con su esposa Nohorita Olaya y con Karina Herrera hasta la noche y lo dejamos en su cama del hospital Arco Iris confiados en que lo veríamos al día siguiente, como todos los días anteriores. Nos despidió con una mirada chiquita que probablemente quería decir muchas cosas y no supimos leerla. Fuimos los últimos en verlo con vida. Esa madrugada Nohorita recibió la llamada que nunca hubiera querido recibir.
Es un privilegio decir que Luis Ramiro me honró con su amistad durante varias décadas, y también fue mi mentor y maestro. Desde su puesto como asesor regional de la Unesco para América Latina, en 1985 apoyó con un primer financiamiento, pequeño pero fértil, al Centro de Integración de Medios de Comunicación Alternativa (CIMCA), una ONG que fundé al regresar del exilio en México. Con un puñado de dólares que nos dio Unesco organizamos en Potosí (donde tenía que ser) el Primer Simposio Internacional sobre las Radios Mineras, del cual salió el primer libro sobre ese tema, que coordiné con Lupe Cajías.
Muchas veces compartimos encuentros académicos para los que se preparaba con un esmero obsesivo compulsivo. Para él, escribir una ponencia magistral de una hora o tres páginas de un prólogo o una presentación de cinco minutos, era un asunto de tanta seriedad que le provocaba úlceras. Perfeccionista, se creía en la obligación de leer toda la bibliografía existente y solía empezar con meses de anticipación. Después de un congreso en La Habana, donde presentó La comunicación antes de Colón, volamos a México para presentar allá en simultáneo su libro y mi Antología de comunicación para el cambio social.
Cuando tuve la oportunidad de hacerlo, como director del Consorcio de Comunicación para el Cambio Social, lo invité a una reunión a puerta cerrada en Bellagio (Italia), a orillas del lago Como, donde durante cinco días alternó con algunos de los más importantes pensadores de la comunicación para el desarrollo del mundo. Fue la culminación de varias reuniones anuales donde además de Luis Ramiro pudimos contar en años diferentes (de 1997 a 2004) con Everett Rogers (su maestro y amigo), Jan Servaes, Daniel Prieto Castillo, Rosa María Alfaro, Robert White, Juan Díaz Bordenave, Colin Fraser, John Downing, Alfred Opubor, por no citar sino algunos especialistas de nivel internacional.
Veinte años más tarde yo transitaba los caminos que él había abierto con sus propuestas pioneras sobre políticas nacionales de comunicación y comunicación horizontal, entre otras. En mis viajes pisaba sus huellas: colegas y estudiantes que lo habían leído en todo el mundo me preguntaban por él con admiración. Cuando yo le anunciaba que regresaba a Bolivia por unos días, me decía: ¿a quién quieres que invite a la casa? Y así podía ver yo a sus amigos que eran también los míos, con quienes celebrábamos todos sus cumpleaños con algarabía.
Su sola presencia era un visto bueno para cualquier actividad académica. Así fue cuando organizamos con algunos colegas el Primer Coloquio de Políticas y Legislación para la Radio Local en América Latina, o cuando en la UMSA impulsamos la Cátedra IPICOM, para traer sin costo para la universidad a colegas internacionales como Manuel Chaparro, Omar Rincón, Paco Sierra, Juan Ramos Martín, Jorge González, entre otros.
Hasta el final de sus días fue un hombre generoso y desprendido. Yo le decía: “Eres una chica fácil”. Porque era incapaz de decir no a los pedidos que recibía de prólogos, presentaciones y ponencias.
@AlfonsoGumucio
*Es escritor y cineasta.
(Publicado en el periódico Página Siete el 11 de julio de 2020)
Programa Nacional de Empleo.
Programa neoliberal a la medida de los empresarios
Masas
El “Programa Nacional del Empleo” aprobado por el gobierno transitorio mediante decreto supremo 4272, es todo un programa gubernamental neoliberal. Sus disposiciones se orientan esencialmente a salvar a las empresas privadas ampliando los mecanismos de apoyo financiero, a imponer la disciplina fiscal a través de la reducción del gasto público, a limitar la participación estatal en el empleo y a la privatización de empresas y proyectos públicos.
En el programa, la generación de empleo a cargo del Estado es la parte menos importante. Se limita, por un lado, a repetir la experiencia del PLANE: creación de empleos eventuales en pequeñas obras a cargo del FPS y financiado con hasta 100 millones de bolivianos en obras de rehabilitación de infraestructura de salud, educación, agua y otras realizadas por los municipios y gobernaciones. Por otro lado, los municipios y gobernaciones que actualmente tienen algún plan de empleo o administren algún servicio de intermediación laboral (las famosas “bolsas de trabajo”), deben reorientarlos hacia sectores productivos o de servicios de las micro, pequeñas y medianas empresas; asimismo, deben priorizar la contratación de mujeres, jóvenes, discapacitados y personas en “riesgo de perder su empleo”.
Contrariamente, el gobierno crea varios fondos para salvar a las empresas privadas endeudadas con los bancos y que son responsables del despido de miles de trabajadores. Primero, crea el fondo FORE de 12.000 millones de bolivianos para que los bancos reprogramen hasta el 50% de cada crédito que las empresas privadas no pueden pagar. Segundo, establece otro: FEGASEC, de 1.100 millones de bolivianos, para garantizar también el 50% de nuevos créditos y títulos de deuda que contraigan las empresas a partir de la fecha. En ambos casos, los recursos que provendrían del Tesoro de la Nación y de préstamos externos, serían administrados por los bancos, que tendrán garantizada la obtención de ganancias por prestar dinero.
Pero el plan de apoyo a los capitalistas va más allá. Se establece la titularización de las carteras de crédito de los bancos; es decir, se permite que, mediante la emisión de títulos de deuda, los bancos obtengan recursos frescos para continuar prestando, transfiriendo los riesgos a los inversionistas de bolsa, entre los que destacan en nuestro país las AFP, que administran los recursos de jubilación.
Para las empresas pequeñas y medianas dispone otro fondo, FA-BDP, para garantizar nuevos créditos, sumándose al programa creado en abril de este año, pero que no ha funcionado hasta el momento.
Asimismo, se establece el FOGAVISS como fondo para garantizar créditos de vivienda social, en base a un fideicomiso de hasta 5.000 millones de bolivianos que estará vigente por 30 años. Los recursos iniciales provendrán de la Agencia Estatal de Vivienda, 500 millones y luego del 70% del aporte patronal de vivienda. En ambos casos serán los bancos PYME, cooperativas de ahorro y mutuales los que administrarán los recursos que provienen del salario diferido de los trabajadores.
El plan gubernamental incluye otras medidas sectoriales, como la inmediata disposición de créditos para las cooperativas mineras con los saldos del FOMIN. Sin embargo, destaca la “habilitación” de la categoría de semilla certificada B (que no requieren certificación de origen genético) para las campañas agrícolas de este año; medida que coincide con las políticas de apoyo a la agroindustria, mediante la ampliación de la frontera agrícola a título de garantizar la “seguridad alimentaria”.
Repitiendo el discurso del ajuste neoliberal y contradiciendo el mismo nombre del programa, se determina la reducción del gasto corriente que afectará el empleo público. Las entidades del gobierno deben reducir en 15% sus saldos presupuestarios no ejecutados a la fecha, excepto el Magisterio, Salud, FFAA, Policía y empresas públicas. Se debe restringir gastos de pasajes y viáticos. Aunque no se toca el ítem de Servicios Personales, sí se reducirán acefalías y el 20% de personal eventual y de “consultores en línea” que no tengan financiamiento externo.
La cereza en la torta es la intención de privatizar diversas áreas estatales. Primero, se determina que las empresas 100% estatales, deben presentar un Plan de Factibilidad de corto plazo (proyección a marzo 2021) para determinar si son o no sostenibles, plan que no debe contemplar ningún apoyo estatal adicional. Con ese plan, los ministerios cabeza de sector aplicarían medidas de reducción de gastos, optimización de recursos y reestructuración administrativa, lo que constituye una amenaza de cierre de las empresas. Segundo, se promueve la inversión privada mediante “concesiones”, es decir, cesión de la construcción, mantenimiento y operación de obras a las empresas privadas (probablemente caminos); por otro, a través de “alianzas estratégicas” que no son más que contratos de inversión conjunta, al pleno estilo de los joint ventures de la capitalización gonista. Finalmente, se determina que en 90 días se aprobará un cronograma de “conversión” de las empresas públicas al régimen de la Ley de la Empresa Pública, aprobada durante el gobierno de Evo Morales, que permite la incorporación de capitales privados a las Empresas Corporativas, como sucedió con Yacimientos de Litio Boliviano y como se pretendía con COMIBOL.
(Publicado en Masas Extra, periódico del Partido Obrero Revolucionario, el 29 de junio de 2020)