El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), en un pronunciamiento publicó, señaló que los delitos sexuales contra menores no prescriben en Bolivia y que la ley garantiza el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación; además señala que encubrir estos delitos es una violación directa de los derechos humanos.
En consecuencia, aclara que las declaraciones de su presidenta, Amparo Carvajal, que minimizan la responsabilidad de sacerdotes jesuitas sentenciados por encubrimiento de abusos sexuales (Ramón Alaix y Marcos Recolons en el caso de Alfonso Pedrajas), no representan la postura institucional de la APDHB.
Asimismo, denuncia la situación de Cindy Saral, quien tuvo que exiliarse tras denunciar abusos y encubrimiento, incluyendo un embarazo a los 15 años por el expresidente Evo Morales y amenazas para guardar silencio.