Multas del TSE podrían provocar el cierre de medios de comunicación

Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB)

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) expresa su preocupación ante la decisión d Tribunal Supremo Electoral (TSE) de imponer multas a una treintena de medios de comunicación.

Estas sanciones, recomendadas por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) y notificadas tras las elecciones generales del 17 de agosto, alcanzan a medios de distinta trayectoria y naturaleza, incluyendo diarios tradicionales, radios comerciales, católicas, cristianas, educativas y plataformas digitales.

Los motivos señalados por el TSE son dos: la publicación de columnas de opinión que se refirieron al proceso electoral y, en el caso de radios y canales, la omisión de la leyenda “espacio solicitado” en la transmisión de spots y cuñas propagandísticas.

La ANPB alerta que estas multas son absolutamente desproporcionadas y, en algunos casos, equivalen a poner en riesgo el patrimonio total de los medios de comunicación afectados. Ello no solo compromete su estabilidad financiera y continuidad operativa, sino que además amenaza la seguridad laboral de periodistas y trabajadores de la prensa.

Recordamos a las autoridades electorales que la Constitución Política del Estado, la Ley de Imprenta y los tratados internacionales de derechos humanos prohíben la censura previa y consagran la libertad de expresión y de prensa como derechos fundamentales en democracia.

Consideramos contradictorio que los medios que cumplen una labor informativa responsable sean objeto de sanciones por tecnicismos derivados de la normativa electoral, mientras la desinformación se expande en redes sociales sin control ni regulación posible.

La ANPB reitera su compromiso con un sistema plural, independiente y democrático de medios de comunicación, indispensable para el fortalecimiento del Estado de derecho en Bolivia. En ese marco, exhortamos al TSE a revisar estas decisiones y evitar la aplicación de sanciones desproporcionadas que, por su magnitud, no solo comprometen la estabilidad económica de los medios afectados, sino que incluso podrían llevar a su cierre definitivo, con el consecuente impacto en la seguridad laboral de periodistas y trabajadores de la prensa, así como en el derecho a la información de la ciudadanía.

La Paz, 17 de septiembre de 2025