El próximo gobierno debe hacer una auditoria integral para encontrar a los responsables de la crisis multidimensional

Editorial Aquí 350

Bolivia atraviesa una de las etapas más complejas y dolorosas de este primer cuarto de siglo. Las promesas de inclusión, estabilidad y justicia social que despertaron la esperanza se han diluido entre el desgaste político, la corrupción, la sistemática desinstitucionalización y la pérdida de rumbo nacional. Dos décadas de poder casi ininterrumpido del Movimiento al Socialismo (MAS) dejaron una herencia que hoy se traduce en una crisis múltiple: económica, política, social, ambiental, judicial, educativa y moral. Es tiempo de mirar con crítica y honestidad lo ocurrido, romper el silencio y exigir una verdadera rendición de cuentas.

Durante veinte años, el país fue testigo de una concentración progresiva del poder con rasgos autoritarios. El llamado “proceso de cambio” construyó un sistema que debilitó la independencia de los poderes del Estado, cooptó al Órgano Judicial, al Electoral y manipuló al Legislativo cuya mayoría legislativa fue la que legalizó los mandatos autoritarios del órgano Ejecutivo. La justicia se convirtió en un arma política, la persecución a opositores y voces críticas se hizo rutinaria, y los derechos humanos fueron relativizados. Lo que se presentó como revolución social terminó siendo una maquinaria de control político a nombre de los denominados “movimientos sociales”.

A esta degradación institucional se sumó el despilfarro económico. Los años de bonanza acumulados gracias a los altos precios del gas y las materias primas, no se tradujeron en desarrollo sostenible, diversificación productiva ni industrialización real. Se gastó sin planificación, se endeudó al país sin transparencia y se multiplicaron las negociaciones ocultas. Mientras los recursos públicos financiaban proyectos faraónicos y empresas estatales deficitarias, el sistema de salud colapsó, la educación perdió su calidad y las desigualdades sociales se profundizaron. Hoy Bolivia paga las consecuencias de una economía dependiente, con escasas reservas, una creciente deuda externa y un futuro incierto. La situación económica actual desmiente el repetido eslogan del entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas, hoy Presidente, que ante los muchos cuestionamientos a las políticas masistas de despilfarro y mal manejo del erario nacional, éste las descalificaba afirmando que “la economía boliviana estaba blindada”.

La crisis ambiental constituye otro capítulo oscuro. Millones de hectáreas fueron arrasadas por incendios que el Estado no supo o no quiso controlar. Las políticas de ampliación de la frontera agrícola otorgadas como prebenda política a sectores agroindustriales, destruirán ecosistemas, afectarán las reservas naturales y atentarán contra la biodiversidad. La explotación ilegal del oro, además de no dejar ingresos para el país, está degradando dramáticamente el medio ambiente. El extractivismo sin límites se impuso sobre el equilibrio ambiental en la Amazonía, el Chaco y las tierras bajas. Este daño irreparable a largo plazo compromete el bienestar de generaciones enteras.

En el ámbito social, el análisis se refleja en el desencanto ciudadano. La educación, lejos de ser un instrumento de liberación, fue reducida a propaganda y adoctrinamiento ideológico. Se descuidó la formación crítica, la investigación y la innovación. Los establecimientos educativos volvieron al molde de la educación bancaria y repetitiva, separando la teoría de la práctica. El sistema de salud continúa marcado por la desatención y la desesperación; continúan las largas filas de pacientes que requieren atención, salas de emergencia colapsadas, falta de equipamiento, carencia de medicamentos, etc. La promesa de “vivir bien” terminó convertida en una consigna vacía para las grandes mayorías, cumplida solo para quienes detentan el poder, incluida la familia presidencial.

Frente a este panorama, Bolivia necesita una auditoría económica, moral y política. El próximo gobierno, sin importar su tendencia, tiene el deber de investigar los 20 años de gestión del MAS, de identificar a los responsables del despilfarro, la corrupción y las decisiones que hundieron al país: los impostores que se hicieron pasar por socialistas deben ser investigados. No se trata de revancha, sino de justicia histórica. El país no puede construir futuro sin revisar su pasado reciente, sin esclarecer negociaciones ocultas, casos de violación a los derechos humanos y la entrega irresponsable de los recursos naturales, ahora a transnacionales rusas y chinas. La impunidad solo garantizará que los errores se repitan.

Es urgente reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones. Bolivia necesita un nuevo pacto ético y democrático que devuelva la independencia a los órganos de poder del Estado, restablezca el equilibrio y ponga fin a la cultura del sometimiento político. Se requiere una justicia imparcial, un Estado transparente y un liderazgo que no tema rendir cuentas y transparentarlas. El país debe salir de la anomia social y del relato de una revolución que traicionó sus principios.

Creemos firmemente que el cambio verdadero solo será posible si la sociedad asume su rol fiscalizador. No basta con reemplazar gobernantes: hay que transformar las estructuras que permitieron el abuso, el silencio y la impunidad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de exigir transparencia, defender la libertad de expresión, exigir el cumplimiento de sus derechos y no permitir que el poder sea patrimonio de unos pocos.

Bolivia merece reencontrarse consigo misma. Debe sanar sus heridas, pero también aprender de ellas. El país tiene nuevamente la oportunidad de salir del laberinto de su crisis multidimensional, de rehacer su camino sobre la base de la verdad, la justicia y la memoria. Investigar el pasado no es mirar atrás: es preparar el terreno para un futuro sin miedo, sin sometimiento y con esperanza de un país mejor para todo el pueblo boliviano.