cabecera aqui blog

Clases por internet, ¿camino al fracaso?

Editorial de Aquí 317                                    

Clases por internet, ¿camino al fracaso?

Profesores, padres de familia, estudiantes, la comunidad educativa, afirman que las clases virtuales o por internet van rumbo al fracaso.

Se refieren a las clases decididas mediante decreto supremo (DS) por los gobernantes interinos de manera unilateral y sin participación de ni consulta a los actores de un proceso educativo normal o prepandemia coronavirus.

En las clases virtuales, según el DS citado, se desarrollarán programas y temas imprescindibles para un período de tiempo reducido.

Han sido entrenados los profesores que conducirán esas clases con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las que emplean las redes sociales.

Son clases no presenciales ni semipresenciales, que se imparten por primera vez en las escuelas y colegios públicos de Bolivia, debido a que son imposibles las clases presenciales, como consecuencia del coronavirus, por lo que a la vez se determinó la suspensión de las clases en primaria, segundaria, universidades e institutos.

A las clases por internet no pueden acceder muchos estudiantes porque carecen de los medios para usar el internet o esos estudiantes no cuentan con internet porque la pobreza de sus hogares les impide comprar ese servicio y quizás, en muchos más casos, esos estudiantes ni siquiera tienen energía eléctrica en sus domicilios. Esas carencias son mayores en el agro y también en provincias, donde además no llega la señal de internet, contrariamente a lo prometido por los gobernantes del MAS cuando se puso en órbita el satélite Tupak Katari cuyo costo llegó a la astronómica suma de 302 millones de dólares.

En la sede del gobierno, en este momento, hay barrios a los que no llega el internet.

En consecuencia, las clases virtuales segregan (separan) a una indeterminada cantidad de estudiantes.

Aquel DS dispone, además, las clases semipresenciales y a distancia. Las clases presenciales se supone que retornarán cuando venzamos al coronavirus.

Los profesores, especialmente de La Paz, aseguran que ellos han presentado un plan de emergencia para las clases presenciales, a desarrollarse el momento en que haya condiciones para emprenderlas.

Los mismos profesores, muchos de los que serán separados de su oficio cotidiano, dicen que ellos volverán a clases presenciales incluso en el tiempo en el que habitualmente se decretan los descansos pedagógicos.

En ese contingente de educadores se anota que las clases por internet lesionan y desconocen principios de la escuela pública, como la gratuidad, universalidad, e incluso el carácter único y democrático de la escuela boliviana.

Asimismo, los educadores paceños ponen el acento en que las clases virtuales impiden la interacción entre profesores y estudiantes, y entre éstos, destinatarios y actores principales de un verdadero proceso educativo

Sin embargo, aquellos profesores no dicen que un maestro enseña y, además, aprende al

mismo tiempo, y así se torna en proceso educativo pleno.

De ello se deduce que las clases por internet no serán integrales: con ellas no se logrará alcanzar a plenitud el proceso enseñanza-aprendizaje y, por otra parte, las evaluaciones bajo esa modalidad no gozarán de credibilidad, en las que puede haber fraude; esto no lleva a afirmar que las clases por internet serán, sobre todo, excluyentes para los empobrecidos.

Se nota que los gobernantes interinos y el Ministro de Educación, especialmente, no toman en cuenta ni anteriores ni actuales experiencias de las clases a distancia, de las semipresenciales y por internet.

Nos referimos a las clases de alfabetización radiales, por Erbol y por radio Santa Cruz, que son ejemplos señeros.

Un profesor recordó, hace días, que durante el gobierno de Alfredo Ovando Candia se emprendió una campaña de alfabetización y que viven profesores que participaron en esa campaña alfabetizadora.

De la campaña de alfabetización emprendida en el gobierno de Evo Morales, con apoyo de cubanos y de venezolanos, algo se podría recoger si se dejaran a un lado los peros políticos e ideológicos.

Sobre las experiencias últimas, los gobernantes deben estar enterados de que profesores rurales distribuyen lecciones entre sus alumnos, para ello viajan a pie o en los medios a su alcance.

En una localidad chuquisaqueña imparten clases por televisión para grupos de estudiantes.

El Concejo Municipal de Potosí aprobó una ley que dispone que el servicio de internet debe ser gratis para los estudiantes de aquella ciudad que ha dato tanto a nuestro país y al mundo.

Las universidades públicas y privadas tienen un camino recorrido en el despliegue de clases virtuales.

Se pasan clases por internet, entre otras, en la UMSA y en la San Francisco Xavier de Sucre.

De la UMSA es posible decir que sólo parcialmente los estudiantes, algo así como la mitad, accede a esas clases.

Algunos docentes de la UMSA no participan de las clases virtuales, pero con seguridad cobran sus sueldos.

Un grupo de trabajo de Naciones Unidas, en La Paz, realizó un muestreo que dio cuenta de que aproximadamente la mitad de los estudiantes bolivianos participan de las clases virtuales y que la mayoría de ellos aprenden poco o nada en ese proceso.

Con una huelga de hambre, sostenida sobre todo por profesores rurales y padres de familia, a la que se suman profesores urbanos, se rechazan las clases virtuales porque se las considera privatizadoras de ese servicio público y exige la renuncia del Ministro de Educación.

Los profesores de La Paz, que han realizado marchas para que se atiendan sus demandas, además de otros puntos exigidos por la huelga de hambre, piden que se dote de servicio de internet gratis a estudiantes y docentes, y que los encargados convoquen a exámenes para el ascenso de categoría de los educadores.

Más de un vocero de esos profesores ha planteado que se estaticen o nacionalicen los servicios privados de internet. Habrá que entender ese castellano como que deben nacionalizarse las empresas que venden servicios de internet en Bolivia. Sea o no serio este planteamiento, tiene importancia registrarlo.

El Ministro de Educación, llamado a decir poco y hacer más, sobre las clases ha dicho: Fue una precipitación la cuarentena decretada en Oruro, de escuelas y colegios, días antes de la cuarentena decidida por los gobernantes interinos.

Ese funcionario público, antes de anunciar las clases por internet, señaló que se reabrirían las escuelas y colegios en junio; luego guardó silencio sobre un asunto destacado como las clases presenciales.

En tercer lugar, ese Ministro anunció que el gobierno dotaría de computadoras a los estudiantes.

En cuarto lugar, ese mismísimo funcionario, sin que se le pregunte, afirmó que para las clases virtuales fueron sacados los contenidos destinados al adoctrinamiento de los estudiantes, de acuerdo al marxismo, incluidos en la reforma educativa de Evo Morales.

El ministro Cárdenas, asimismo, negoció sólo con los propietarios de los colegios privados una rebaja de las pensiones escolares en porcentajes que oscilan entre el 6 y el 28 por ciento por las clases virtuales que se transmiten desde esos colegios particulares, las que ahora están suspendidas por vacaciones de invierno.

Padres de familia de esos colegios particulares rechazan esos rangos de posibles descuentos y dicen que a lo sumo ellos pagarían la mitad de esas pensiones por clases virtuales desarrolladas sin reglamentación, añaden.

Desde los cuatro costados del país se propagan opiniones que apuntan a un punto: será difícil y hasta imposible “salvar” el año escolar 2020.

Sin embargo, los actores del proceso educativo deben buscar una salida a las escuelas y colegios fiscales sin clases porque, además, se trata de un problema único en su género el que se debe resolver.

Desde esta página virtual apuntamos algunos criterios que quizá ayuden a encontrar una forma de “funcionamiento” de las escuelas ahora sin clases presenciales.

Cualquier salida debe asegurar el derecho al estudio de niños, adolescentes y jóvenes, el derecho al trabajo de los profesores, el derecho de los padres de familia a participar de la tarea de coeducación de sus hijos desde la comunidad educativa.

La educación para todos tiene que ser una consigna que no se debe soslayar y que se debe defender y materializar, no obstante la pandemia.

A esta altura del conflicto y a julio del año 2020, se advierte que los gobernantes no tienen la fuerza para imponer las clases virtuales, aprobadas sin consulta y sin participación alguna de los principales actores del proceso enseñanza-aprendizaje.

Los miembros de la comunidad educativa, asimismo, podrán dificultar más aún las clases por internet, pero no conseguirán que sean reemplazadas por las clases habituales de ayer, es decir, las presenciales ya.

Sin perder de vista estas clases, las presenciales, será posible, como parte de un acuerdo, organizar las clases virtuales, con internet, equipos, programas de estudio y temas, profesores y otros, hasta que una vacuna sea utilizada para inmunizar a la humanidad boliviana y a la humanidad universal.

Clases semipresenciales y clases a distancia podrían ser ensayadas apenas sean posibles y podrían impulsarse y ampliarse las clases de profesores rurales que van al reencuentro de sus educandos.

El momento que sea posible, mejor si así se acuerda, se realizarían cursos de verano de recuperación de las clases que no se tendrían este año.

En la gestión 2021 se desarrollarían dos cursos en vez de uno, es una sugerencia que se la hace todavía en voz baja en varios lugares del país.

La situación que detiene el proceso educativo tradicional debe encontrar una salida, con los menores sacrificios, además de los que tuvieron lugar hasta este momento.

Incluso en este tiempo de campaña para vencer al coronavirus, la educación debe ser para todos en Bolivia. Los estudiantes no deben ser afectados con más frustraciones.

La salud y la vida de la gente, primero; las elecciones, después

Editorial de Aquí 316

La salud y la vida de la gente, primero; las elecciones, después

Las elecciones deben realizarse el 6 de septiembre si en ese momento se advierte que los electores correrían menos riesgos de contagio con coronavirus.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe organizar las próximas elecciones con las medidas de bioseguridad, según protocolos, para evitar una crecida abstención electoral, la que sería un derecho ejercido por los electores, reconocido por el TSE, en avisos que se difunden por medios,

Es decir, no se sancionaría a los que eviten salir de sus casas, el día de los comicios, para autoprotegerse del virus letal.

Sin embargo, una crecida abstención electoral provocaría un entredicho de esas elecciones y de éstas surgiría un gobierno cuya legitimidad sería cuestionable.

Además, una de las obligaciones constitucionales del TSE es garantizar el ejercicio del derecho a elegir (y a ser elegido) en igualdad de condiciones y sin factores que dificulten o impidan la realización de esos derechos. Ningún candidato ha dicho que las elecciones se realicen aquella fecha, a pesar de todo y lo más probable es que ninguno se anime a decir algo similar ni en voz baja.

Un político que ha retornado del exilio, Mario Cossío Cortez, ha sugerido postergar las elecciones hasta marzo del próximo año. Similar pedido han hecho varios ciudadanos al TSE.

Asimismo, los oficialistas mienten cuando dicen que se ocupan de la salud y de la vida de los bolivianos y que no tienen tiempo para la política, no obstante de que ellos ejercen la política cada vez con más sombras y con pocas luces, cada día que emprenden acciones en la campaña anticoronavirus. Campaña que, para los oficialistas actuales, es parte de su quehacer por votos para la Presidenta y candidata.

Los masistas, con un doble discurso y dos prácticas, apuntan a la realización de aquella consulta el 6 de septiembre, en la que ganarían en la primera vuelta, agregan, como parte de su propaganda para reafirmar, en primer lugar, a sus electores que, según ellos, son la tercera parte de los inscritos en los registros electorales del país.

Los gobernantes, además, por intermedio de la Ministra de Salud, proponen que una comisión de científicos proponga la fecha de las elecciones, distinta a la del 6 de septiembre.

Respecto de las elecciones convocadas para aquella fecha, se consideran sugerencias de diálogos y búsquedas de acuerdos para aprobar una nueva postergación de aquéllas, ante la posibilidad de que los contagios y las muertes, por coronavirus, continúen como ocurre en este momento o que la pandemia sea aún más gigantesca.

Candidatos, médicos y dirigentes de organizaciones sociales han sugerido diálogo y acuerdos sobre las elecciones que comentamos,

Carlos D. Mesa Gisbert, líder de Comunidad Ciudadana (CC), propuso a la Presidenta interina, mediante carta, que convoque a un diálogo nacional a políticos, empresarios y trabajadores sobre la pandemia, la crisis económica y las elecciones.

La semana anterior, el actual Ministro de Gobierno declaró, para un medio, que la Presidenta interina iba a convocar al dirigente de la CC para conversar, pero no hubo ni hay tal convocatoria.

Algunos, sin embargo, creyeron que la mandataria Áñez respondería a Mesa, aunque sea con demora.

No obstante, un vocero de Juntos dijo, para un medio de difusión, que el anuncio del Ministro de Gobierno fue una opinión personal.

Los actores políticos, médicos y trabajadores en salud, parlamentarios, gobernantes interinos, gobernantes subnacionales, vocales del TSE, comités cívicos, instancias ciudadanas, dirigentes sindicales, trabajadores del agro, cocaleros de los yungas paceños y del Chapare y otros sectores que se sientan convocados o que se autoconvoquen deben apurar un acuerdo respecto de la realización de las elecciones. Ese acuerdo, imprescindiblemente, debe considerar la opinión de médicos y científicos sobre la previsión que ellos tengan acerca de la evolución de la pandemia en nuestro país.

Con la anticipación constitucional, TSE, los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Presidenta interina, además de aportar en la articulación de aquel consenso (consentimiento), deben facilitar la aprobación de la ley que postergue las elecciones y fije la nueva fecha de realización de aquéllas.

Quizá ese nuevo acuerdo modere el discurso y las acciones de los oficialistas que aseguran que sólo están ocupados en la lucha por la defensa de la salud y de la vida de los bolivianos; así talvez se calmen los masistas que mezclan mentiras con quehaceres violentos, como extensión de un comportamiento político y electoral cotidiano.

Es necesario, asimismo, diálogo y acuerdo respecto de las medidas para enfrentar la crisis económica, consecuencia de la pandemia en Bolivia, una fase de lo que ocurre en el mundo.

Los planes de reactivación económica y en defensa de los puestos de trabajo, aprobados por los gobernantes interinos, tendrían que ser considerados, sobre todo porque aquéllos se muestran como una política económica destinada a ganar votos para la Presidenta y candidata.

El economista Alberto Bonadona Cossío ha dicho que de la actual crisis debía surgir una nueva economía, idea novedosa en tiempos de coronavirus, que podría debatirse entre los trabajadores, y quizá también entre los políticos y otros sectores.

Otro criterio rescatable de aquel profesional es que deben tomarse medidas económicas ya, sugerencia que en un diálogo y probable acuerdo, que sugerimos, podría ser un elemento para el intercambio.

Acerca de la campaña anticoronavirus, ahora tendría que estar más claro para los gobernantes interinos que al comienzo de la emergencia sanitaria, debieron asumir la iniciativa o escuchar la propuesta de Mesa y convocar a un diálogo nacional para la aprobación de tareas a desarrollar dentro de la campaña antipandemia.

Ahora, ante el colapso de varios hospitales públicos y de las cajas de salud, debido a la escasez y falta de personal especializado en terapia intensiva, por la carencia de salas de aislamiento para sospechosos de contaminación con el virus mortal, por la escasez de médicos y de enfermeras por las dolencias de éstos o porque muchos de ellos son eventuales, ante la falta de laboratorios o reactivos, debido a la falta de remedios y al menos frente a dos maneras de tratar a los pacientes con coronavirus —la sugerida por la OMS y la llamada alternativa— y sobre todo respecto del aumento de los infectados y los muertos por coronavirus, todavía hay necesidad y tendría que haber tiempo para que gobernantes interinos, gobiernos subnacionales, médicos y enfermeras, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, entre otros, acuerden tareas anticoronavirus y formas de materializarlas.

Hasta este momento, la Presidenta interina y sus ministros, sin decirlo expresamente, se han negado a compartir actividades en la dirección de la campaña anticoronavirus, quizá porque creen que los réditos políticos y los votos, que sumarían en su favor, no los deben compartir. Sin embargo, los reveses que sufren los gobernantes interinos, en la campaña que encabezan para vencer al coronavirus, tendrán que recogerlos muy a pesar suyo.

No hay caminos, hay que hacerlos al andar (“protocolos”), para seguir tras de salidas convenientes, dentro de la actual situación boliviana, por ello urge conversar y concertar.

Respaldamos la búsqueda de diálogo y acuerdos que tengan en cuenta los intereses de la inmensa mayoría de los bolivianos respecto de las elecciones que deben llevarse a cabo en condiciones que aseguren el ejercicio del derecho al voto y con los menores riesgos de contagio con coronavirus; que al menos se intercambien criterios sobre medidas que realmente reactiven la economía y aseguren los puestos de trabajo y que se definan más tareas para compartirlas en la campaña anticoronavirus.

Prorroguismo de Juntos versus acciones violentas del MAS

Editorial de Aquí 314

Prorroguismo de Juntos versus acciones violentas del MAS

Los juntistas y los masistas, las últimas semanas, ocupan el campo político en una confrontación política y electoral, cada vez más evidente y desde ambos bloques también se difunden mentiras y ambos simulan con frecuencia.

Los juntistas, con la Presidenta-Candidata en el centro del escenario, hacen campaña electoral con recursos públicos, desde que Jeanine Áñez Chávez “aceptó” postular al cargo que ocupa constitucionalmente, es cierto. Postulación aquella que consideramos equivocada, aunque los intereses que está llamada a representar y a defender son mucho más fuertes que las formas decorosas en política.

Dentro de la campaña para vencer al coronavirus, los juntistas desarrollan una campaña electoral todos los días, a pesar de que algunas de esas movidas electoralistas le salen mal a la Presidenta interina, como cuando fracasó al entregar, a varios hospitales, los respiradores no convencionales, que no se utilizan y que fueron comprados con sobreprecio, hasta donde se conoce.

La condecoración de la Policía Boliviana a la Presidenta-Candidata es otra ceremonia para la propaganda electoral en su favor, parecida a las distinciones que masistas y sus amigos conseguían para el Jefazo.

La propaganda sobre los bonos, llamados sociales, que los oficialistas dicen que se pagan gracias a la sensibilidad de Áñez Chávez es, también parte de la propaganda electoral de la inquilina del Palacio Quemado y de la Casa Grande del Pueblo.

Los avisos publicitarios del Ministerio de la Presidencia, se asemejan a la propaganda de Morales, quizá menos caros, realizados sin imaginación, con miras electorales y con una dosis de mentiras.

Todos los días, cada rato, los juntistas avisan y recuerdan que los gobernantes luchan contra el coronavirus y por la salud y la vida de los bolivianos.

Cabe decir que ésa es una obligación ineludible de los gobernantes y un derecho fundamental de los habitantes de esta tierra, por mandato de la Constitución.

Esa gigantesca tarea no la quiso ni la quiere compartir la Presidenta-Candidata, no obstante de que el candidato a la Presidencia del país de la Comunidad Ciudadana (CC) le pidió, a la primera mandataria, que convoque a un diálogo nacional con políticos, empresarios y sindicalistas para concertar tareas para desarrollar dentro de la campaña antipandemia, sobre medidas económicas anticrisis y acerca de las elecciones.

Jeanine Áñez no quiere dividir honores de aquella campaña, honores que están lejos de ocultar los reveses a los gobernantes debido a que aumentan los infectados y los muertos por coronavirus.

Para el balance que tiene que hacerse hay que anotar las fallas de los gobernantes en la campaña anticoronavirus: entregaron y entregan tarde laboratorios, reactivos, ropa de bioseguridad, respiradores y otros equipos médicos imprescindibles; de yapa el dinero para los municipios, destinado para enfrentar la pandemia, llegará como con cuenta gotas a las cajas de las alcaldías, debido a una gestión deficiente de los gobernantes.

Los últimos días, la Presidenta-Candidata se negó a promulgar la ley de convocatoria a elecciones para el 6 de septiembre, alegando que primero está la salud y la vida de los bolivianos y que después están la política y las elecciones.

La renuencia presidencial a la promulgación de aquella ley se agravó porque la Presidenta-Candidata pidió, a la Presidenta del Senado, un informe con apoyo científico que establezca que el 6 de septiembre se contará con las condiciones sanitarias adecuadas para que los electores no sean contaminados con el virus mortal.

Los principales actores políticos han dicho que en primer lugar está la salud y la vida de los bolivianos y que, por tanto, se suspenderían otra vez las elecciones si aumentan las contaminaciones y los decesos ocasionados por la pandemia.

Después de esa maniobra, la Presidenta-Candidata promulgó la ley de convocatoria a las elecciones y declaró que para ello fue presionada por partidos políticos, y candidatos, y no por mandato de la Constitución, como debió ser.

Esa promulgación llega luego de ponerse en evidencia el propósito prorroguista de los gobernantes.

Agregamos dos preguntas: Jeanine Áñez ¿quería que hablen de ella mal o bien, pero que hablen de ella? En eso ¿también quiso parecerse a otros políticos del sistema?

Los gobernantes buscan que los bolivianos creamos que ellos postergan la actividad política   electoral porque están salvando vidas, mientras otros se ocupan de la política y de las elecciones y así muestran que no les importa ni salud ni la vida de los bolivianos.

Los juntistas hacen aquella afirmación a pesar de que son ellos los que aprovechan toda ocasión para ejercer la política y como parte de esta actividad, hacen campaña electoral para conseguir votos para la Presidenta-Candidata que, además, se concede tiempo y espacio para servir a los empresarios, especialmente de Santa Cruz, con un plan para reactivar la agricultura de la región oriental.

Probablemente porque se considera una ventaja para los empresarios cruceños ese anunciado plan, el Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, ha propuesto que los cochabambinos elaboren un plan económico para el departamento del centro de Bolivia.

El servicio de Áñez a los empresarios, con aquel plan para los agroindustriales cruceños se inserta a la aceleración del trámite para el cultivo de semillas transgénicas de soya, caña de azúcar, maíz y algodón, autorizado mediante decreto supremo, instrumento que contradice la Constitución, que ya fue modificada por los masistas y sus aliados, puesto que en la Ley Fundamental, aprobada por los constituyentes, se prohibía la producción, importación y comercialización de transgénicos, y en el texto constitucional en vigencia esas operaciones sobre transgénicos serán posibles en Bolivia por mandato de una ley.

Dirigentes sindicales fabriles informan que los gobernantes nada hacen para evitar que los empresarios rebajen salarios y despidan trabajadores. Tan grave parece esa denuncia que un exdirigente sindical fabril aseguró que si los gobernantes no hacen cumplir la estabilidad laboral, es mejor que acabe el mandato de Áñez, para lo que los fabriles se movilizarían, con los asalariados mineros que amenazaron con un alzamiento si la Presidenta-Candidata no promulga la ley citada de convocatoria a elecciones.

Al parecer, los juntistas no ven ni escuchan que cada vez más bolivianos criticamos las deficiencias de los gobernantes mostradas durante la campaña anticoronavirus, incluidos los denunciados actos de corrupción.

Nosotros creemos que el aporte de la inmensa mayoría de los bolivianos para vencer al coronavirus, junto al rol de los médicos y enfermeras/ros es decisivo, tanto que por eso hay menos infectados y menos muertos por el coronavirus.

Voceros de los ahora oficialistas, como parte de su campaña electoral, afirman que le va bien a la Presidenta Candidata y que los reveses que recibe son de escasa significación. Al mismo tiempo, destacan la valentía de Áñez para tomar decisiones y que Carlos D. Mesa Gisbert, no sabe decidir. Los juntistas, como un componente de su propaganda electoral, dicen que la mayoría de los bolivianos estamos unidos en la campaña contra el coronavirus, con lo que sugieren que la mayoría de los bolivianos estamos unidos con la Presidenta-Candidata.

Sin embargo, según una encuesta la Presidenta-Candidata sería respaldada por menos electores que Arce y Mesa, ese factor posiblemente lleve a los juntistas a intensificar su campaña electoral, pero son los electores los que, como van las cosas, parece que le negarán más apoyo a la candidata de los juntistas.

Los masistas, como parte de su campaña tratan de hacernos creer que ganarán las elecciones en la primera vuelta.

Esa afirmación masista es uno de los mensajes propagandísticos para afirmar a sus electores y para reclutar más votantes que se sumen a la tercera parte de los bolivianos que son el respaldo para el binomio Arce-Choquehuanca.

A ese potencial electoral del MAS, los dirigentes masistas podrían tramar, dijimos antes y reiteramos ahora, una votación fraudulenta, mediante la compra directa e indirecta de votos, con la anotación de más votos que los emitidos para los candidatos masistas allí donde no haya control de otros partidos, con la votación repetida con los carnet de identidad regalados durante los gobiernos de Morales y con el llamado voto comunitario, es decir, con la votación obligada de los campesinos, los que supondrían que así defienden sus votos.

Las acciones violentas de los masistas o las que éstos apoyan o miran con satisfacción, son parte de la campaña electoral de los que gobernaron o apoyaron a Morales-García los últimos 14 años.

Señalamos las acciones violentas de los masistas y de sus amigos ocurridas los últimos días, porque en otro editorial como éste ya opinamos.

—Los masistas y/o sus amigos han hecho explotar antenas con la mentira de que una tecnología más avanzada que la que ahora se utiliza en Bolivia, la “5G”, para las redes sociales, hace daño a la salud de las personas y que incluso transmitiría el coronavirus. Expertos han informado que la tecnología 5G, para internet, no se utiliza en Bolivia.

Otro entendido en cuestiones de seguridad señaló que la actual administración de Estados Unidos difunde que el 5G es dañino a la salud para desacreditarlo porque actualmente se fabrica en China y los empresarios de ese país hacen plata de lo lindo, como dicen los tarijeños. Este dato quizá desconocen los masistas, pues, dudamos de que con sus atentados pretendan perjudicar a la industria china.

Con esas acciones violentas, a las que otros definen como terroristas, los masistas y/o sus amigos pretenden meter miedo, desorganizar, desunir y entregar material para que se hable, aunque sea mal de ellos y de sus amigos y aliados.

Nosotros recogimos información sobre alianzas de cocaleros y narcotraficantes desde que unos y otros invadieron el TIPNIS y se establecieron en el actual Polígono Siete.

Esa invasión de cocaleros y narcotraficantes al TIPNIS, ocurrió después de la primera marcha indígena “Por el territorio y la dignidad”, en 1990.

Viven marchistas indígenas que pueden contar, apoyados en la vivencia que conservan, ese proceso de cambio de parte del TIPNIS a zona cocalera y cocainera, ahora Polígono Siete.

La primera marcha indígena consiguió que mediante un decreto supremo se divida la zona cocalera y cocainera del TIPNIS, con una imaginaria línea roja. Los cocaleros del Chapare y los dirigentes, entre ellos, Juan Evo Morales Ayma, dijeron que respetarían esa demarcación imaginaria.

—El ultraje a periodistas en la localidad de Entre Ríos consiguió intimidar a los trabajadores de medios de difusión, según confesión de los amenazados de muerte.

Ese mensaje intimidatorio se propaga ampliamente.

Esa agresión a los periodistas, además, mostró que en lugares como Entre Ríos, entre otros, mandan los cocaleros. Y sobre la pandemia en el Chapare y sobre la posible o real alianza de los cocaleros con los narcotraficantes, mejor que se conozca nada, como se nota que es el propósito de los chapareños.

Con la acción violenta que afectó y afecta a los periodistas, además, allí se impuso una censura de prensa y algo peor, la autocensura, las medias verdades. Entre Ríos, por horas, fue un escenario en el que se intentó matar a la verdad.

Sobre el mal manejo o manipulación de la noticia señalamos como ejemplo que la televisora estatal de Venezuela difundió, hace días, que murieron seis personas en la puerta de igual número de hospitales, lo que es una verdad a medias, porque aquel medio de difusión no dijo que un ciudadano murió por coronavirus en una calle de Shinahota, en el Chapare, una localidad que otrora fue, y quizá siga siendo, uno de los centros de producción de cocaína.

Callar es lo mismo que mentir, dejó dicho Espinal con letras de fuego.

¿Por qué callar la muerte de aquel compatriota en la chapareña Shinahota?

—Pobladores de Yapacaní, una ciudad intermedia de inmigrantes, hace días, otra vez han obligado a salir de allí a policías, como hace poco. Se trata de uniformados verde olivo no de civiles. Otra vez el mensaje que se difunde, para Bolivia y el mundo, es que aquella población rechazó abusos policiales, los que ningún boliviano sensato aprueba, pero queda también que los yapacaneños se hacen respetar, incluso por los policías.

San Germán, cerca de Yapacaní, es una localidad en la que operan narcotraficantes desde la gestión del gobierno de Morales o desde antes.

¿Qué relación tendrán los envalentonados yapacaneños con los probables narcotraficantes de la vecina población San Germán?

Reiteramos que los masistas y/o sus amigos mienten constantemente, como aconseja un exDirector de la CIA, citamos a ese agente yanqui: Nieguen los cargos de los que sean culpados y atribuyan esos cargos a los mismos que los culparon a ustedes. Eso hacen los masistas con frecuencia

Resulta difícil y hasta imposible afirmar que las acciones violentas de los masistas les concedan más votos para sus candidatos, pero los réditos políticos los cosechan los masistas, hablen mal o bien de ellos.

Apoyados en este texto, sostenemos que los juntistas impulsan, con aciertos y desaciertos, la campaña para vencer al coronavirus, en la que buscan apoyo electoral para la Presidenta-Candidata.

Los masistas, para fortalecer a sus electores y reclutar a otros, despliegan acciones violentas, como ejercicio de la política y para sumar votos para sus candidatos Arce-Choquehuanca.

Sin embargo, esperamos que los electores voten por sus intereses legales y legítimos, como ocurrió en esta patria afectada, también, por el coronavirus, pandemia en medio de la que transita la política y las campañas electorales, las que son actividades inevitables.

Urgencia de un acuerdo político sobre pandemia, crisis económica y elecciones

Editorial de Aquí 315

Urgencia de un acuerdo político sobre pandemia, crisis económica y elecciones

Ante la guerra contra el coronavirus, la crisis económica que se agrava y las elecciones sobre las que hay miradas contrapuestas, es urgente dialogar y acordar entre los actores políticos, gobernantes, candidatos a la Presidencia del país, vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), parlamentarios, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sindicalistas, empresarios, médicos, trabajadores en salud, gobernadores, alcaldes, campesinos, indígenas de las tierras bajas, cocaleros (de Yungas de La Paz y del Chapare), obispos católicos y de otras iglesias cristianas, dirigentes cívicos, delegados de juntas de vecinos, universitarios (docentes y estudiantes), profesores (urbanos y rurales), estudiantes de secundaria, padres de familia, artistas, representantes del Comité de Defensa de la Democracia (CONADE), delegados de Naciones Unidas, Defensora del Pueblo, entre otros, los que deben ser convocados por la Presidenta interina o en su defecto tendrían que autoconvocarse para dialogar y buscar un acuerdo para continuar la campaña anticoronavirus, respecto de las medidas urgentes para enfrentar la crisis económica y para ratificar la fecha de realización de las elecciones o definir una nueva postergación de esa consulta.

La urgencia de ese diálogo nacional no tendría que ponerse en duda y para los que crean que es tarde esa convocatoria, la respuesta es que, aunque demorada, todavía sería a tiempo ese diálogo y el posible acuerdo.

Carlos D. Mesa Gisbert, candidato a la Presidencia de Bolivia, de la Comunidad Ciudadana (CC), en dos ocasiones y mediante una carta, le pidió a la presidenta Jeanine Áñez Chávez que convoque a un diálogo nacional, para considerar los tres temas sugeridos en esta nota editorial de Aquí virtual.

Antes, el exsenador del MAS, Adolfo Mendoza, propuso que la Presidenta interina organice un gabinete para discutir las tareas de la campaña antipandemia.

El diputado Víctor Gutiérrez, también del MAS, aconsejó la “reconciliación nacional”, ante la crisis sanitaria. En esa ocasión, ese parlamentario, incluso habló de una autocrítica que debía hacerse el masismo.

El expresidente Tuto Quiroga también ha dicho que se debe buscar un acuerdo para enfrentar la crisis, en las tres dimensiones, que interpela o debe interpelar a los actores que expresamente citamos en esta sugerencia.

Con el irrefutable argumento de que primero está la salud de los bolivianos, el exministro de Salud, Guillermo Cuentas, ha opinado que se debe propiciar aquel diálogo para establecer acuerdos, cuya iniciativa tendría que haber sido de la mandataria Áñez, pero ella mantiene el silencio frente a este asunto de primerísimo importancia. Además se advierte que los gobernantes creen que ellos se bastan solos en la dirección de la campaña anticoronavirus, respecto de la administración de la crisis económica cada vez más devastadora y de las elecciones respecto de las que las discrepancias sobre la fecha de su realización se acentúan.

Sin embargo, la campaña anticoronavirus requiere de un acuerdo entre los actores señalados para continuar la guerra contra el llamado enemigo invisible: el coronavirus.

Los gobernantes hablan de que los bolivianos estamos unidos para vencer al coronavirus, pero esa unidad si es real, con el diálogo y el acuerdo que se sugiere, se fortalecería y realmente sería de todos o de casi todos los bolivianos, la que ayudaría a seguir la campaña anticoronavirus, con más posibilidades de vencer al virus mortal.

Respecto de las medidas económicas anunciadas podría haber y no haber acuerdos, entre los participantes del diálogo del que se escribe. Eso mismo ayudaría a los gobernantes a enmendar sus errores o a conseguir apoyo a las medidas que aprobaron.

Si el desacuerdo de los asistentes al diálogo nacional fuera mayoritario respecto de la abreviación del trámite para los cultivos de semillas transgénicas de soya, caña de azúcar, maíz, trigo y algodón, los gobernantes tendrían que derogar ese decreto supremo el que, además, se contrapone a la Constitución.

Acerca del plan para la reactivación económica y la preservación del empleo, empresarios han hecho conocer su acuerdo, pero otros no tienen certeza de que, la Asamblea Legislativa Plurinacional, apruebe pronto los créditos como es de rigor. Parte del financiamiento interno, para ejecutar este plan, estuvo y está destinado para la industrialización del gas natural en el chaco tarijeño, dinero reasignado para ejecutar el plan lanzado, mediante decreto supremo, hace horas, pero voceros de esa región chaqueña rechazan, es decir, no aceptan que aquel dinero sea reasignado para financiar un proyecto distinto al de los chaqueños .

Otro tema para el diálogo y posible acuerdo que se adjunta, es el de las clases por internet, las que la mayoría de los profesores y padres de familia rechazan porque de ese servicio y por los medios anotados serían excluidos muchos estudiantes.

El diálogo y la concertación que aquí se sugiere, podría ser una oportunidad para que los gobernantes complementen las medidas dictadas y/o corrijan su desacierto inconcebible en un plan de reactivación económica y de preservación de los empleos señalado.

Sobre la fecha de realización de las elecciones, a pesar de los desencuentros que se conocen y más allá de que los gobernantes aseguran que los masistas buscan desestabilizar e incluso deponer al gobierno interino, ningún dirigente político, ningún vocal del TSE, ha dicho que las elecciones deben realizarse el 6 de septiembre, aunque en ese momento sean más los infectados y más los decesos, por el coronavirus y a riesgo de que haya más infectados por la aglomeración en los recintos electorales.

Al revés, son más las voces de los que sugieren una nueva postergación de las elecciones si la pandemia sigue el curso de los últimos días en el país.

Si se interpreta correctamente el cauce de la pandemia en Bolivia, será posible un acuerdo de los convocados al diálogo propuesto sobre este asunto esencial.

Un aditamento a la sugerencia: especialmente los dirigentes políticos, candidatos, asambleístas y vocales del TSE deben ser consultados acerca del diálogo y del acuerdo propuesto.

Estos actores, en el menor tiempo posible debieran realizar consultas y buscar acuerdos preliminares, en el camino hacia el diálogo nacional, con los que se sientan convocados porque, para un encuentro como el sugerido, nadie tendría que esperar quórum, pues, debe realizarse con los asistentes; esta es otra razón por la que se aconseja conversaciones iniciales o declaraciones de aprobación de los actores, convocados al diálogo, las que ayudarían a que se instale el diálogo y a que se establezcan acuerdos, aunque éstos fueran parciales.

La propuesta es dialogar y acordar tareas para seguir la campaña anticoronavirus, para la administración de la crisis económica y para la realización de las elecciones el 6 de septiembre o en otra fecha y, como yapa, medidas para asegurar la educación para todos.

Los bolivianos que, en este momento, creamos en el diálogo nacional y en el acuerdo sugeridos debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los actores citados dialoguen y acuerden según los intereses de la inmensa mayoría de los bolivianos, los que tendríamos que ganar con el diálogo nacional y el acuerdo propuesto.

Arrecia lucha por el poder político en Bolivia en medio del coronavirus

Editorial de Aquí 213

Arrecia lucha por el poder político en Bolivia en medio del coronavirus

Dentro de la campaña contra el coronavirus en el país, la lucha por el poder político transcurre entre silenciosa y tumultuosa

Nos referimos a la lucha de las principales partidos, frentes y plataformas ciudadanas.

—Los integrantes de Juntos no aparecen con su sigla, pero son los que ejercen la política y realizan campaña electoral todos los días, mientras dicen que están ocupados de la defensa de la salud y de la vida de los bolivianos, que es como presentan la participación suya en la campaña para contener y vencer al coronavirus.

Esa afirmación de los actuales oficialistas tiene lugar ahora que, cada vez más, gobernaciones y alcaldías juegan un rol cada vez más protagónico en aquella campaña contra el virus mortal, incluso con una menor cantidad de dinero que se agota, como se quejan varios de sus voceros, aunque los gobernantes transitorios siguen en el centro del escenario anticoronavirus y, por tanto, son los que siguen como dirigentes de aquella campaña, rol que legal y constitucionalmente deben cumplir so pena de procesos si incumplen esas tareas que, ciertamente, se añadieron al encargo de pacificar el país y de asegurar la realización de nuevas elecciones, después de ser anuladas las del 20 de octubre del año pasado, debido al fraude para beneficiar a Evo Morales y Álvaro García.

Los gobernantes transitorios y, especialmente la Presidenta-Candidata, los últimos días recurren a una especie de simulación: manifestaron su acuerdo para que el primer domingo de septiembre próximo se realicen las elecciones y luego que fue aprobada la ley que convoca a esos comicios, la Presidenta-Candidata, mediante una carta, pregunta a la Presidenta del Senado, si cuenta con un informe epidemiológico que sugiera al menos que los votantes no correrán riesgos cuando asistan a votar. Sólo cuando la Presidenta-Candidata lea ese informe promulgará la ley de convocatoria a las elecciones.

Cuando alguien afirma que la Presidenta-Candidata quiere quedarse más tiempo en el cargo interino, los de Juntos responden que primero hay que atender la salud de los bolivianos y luego debemos ocuparnos de las elecciones, añaden.

Sin embargo, en la última ley de convocatoria a elecciones hay una norma que dispone que si médicos, científicos y organismos como la OMS y la OPS, establecen la inconveniencia de que la consulta electoral boliviana sea en septiembre, deben postergarse otra vez las elecciones.

Por su parte, la Presidenta-Candidata y los gobernantes tratan de hacernos creer que ellos no quieren quedarse en el gobierno más tiempo del que la campaña anticoronavirus consiga contener las infecciones y las muertes: esto es aplanar la curva de la pandemia en nuestro país, tal como explican expertos.

Los gobernantes y los de Juntos advierten que mientras más tiempo encabecen la campaña antipandemia en Bolivia, más posibilidades se abren de que sumen votos en su favor.

No obstante, los gobernantes y los de Juntos no tendrían que olvidar que los desaciertos suyos en esta campaña podrían convertirse en reveses electorales en su contra, es decir, en menos votos para ellos.

Gobernantes interinos y Juntos protagonizan la campaña anticoronavirus, cada día que pasa con más sombras que con luces, pero hasta aquí ellos creen que avanzan positivamente en su lucha por el poder político o por mantenerse en él.

—Los masistas, con sus acciones violentas, sobre todo, están en campaña electoral y simultáneamente ponen en movimiento a una masa de votantes que, según ellos, son la tercera parte de los bolivianos, cifra nada despreciable, pero insuficiente para ganar las elecciones en la primera vuelta, como ellos aspiran.

El ultraje de los masistas y cocaleros a periodistas de Santa Cruz, en la localidad de Entre Ríos (Chapare), buscarían ocultar la realidad de infectados y muertos por el coronavirus, impedir la difusión de posibles evidencias de la producción de coca y quizá pistas del destino real de esta hoja y de la cocaína, y mostrar que allí y en todo el Chapare los que mandan, sin compartir ese poder, son los cocaleros y los masistas.

El accionar de cocaleros y masistas en aquella población chapareña (Entre Ríos), además, sirvió para meter miedo a los periodistas y vaya a saberse a cuántos bolivianos más.

El terrorismo, con frecuencia, consigue atemorizar, desunir, desorganizar… Es probable que los que derribaron una instalación eléctrica, cerca de Kara Kara (Cochabamba) buscaron aquellos objetivos, accionar ocurrido en ocasión del último bloqueo de pobladores al ingreso del botadero municipal de la ciudad del valle. La autoría de ese episodio terrorista se atribuye a militantes del MAS.

En La Asunta (norte de La Paz) cocaleros, acaso masistas, y otros partidarios, no cocaleros, del asilado en Argentina, utilizaron como pretexto la muerte de una persona, quizá con coronavirus, y agredieron a los médicos, a los que se culpa de haber llevado el virus a esa localidad de los Yungas paceños.

Los médicos que trabajan en La Paz han resuelto la salida de La Asunta del personal de salud agredido, hasta que se garantice que los profesionales no serán hostigados en el hospital ni en su residencia.

Esos desmanes de los cocaleros (y quizá masistas) en La Asunta, parece que son un eslabón en la cadena de acciones violentas que desarrollan los masistas con fines intimidatorios; además, una manifestación del quehacer político masista, en este tiempo de coronavirus, para entrenar a sus militantes y amigos y para mostrar que ellos no tienen descanso cuando tratan de reconquistar el poder político en Bolivia,

Los parlamentarios masistas han aprobado una ley que dispone básicamente, prohibir a policías y militares la aprehensión de los que infrinjan las normas de bioseguridad en la campaña contra el coronavirus.

Algunos compatriotas dicen que los parlamentarios masistas, con esa ley, pretenden favorecer a sus partidarios con la impunidad para los que se beneficiaron con el poder político durante 14 años.

Recordamos que con normas o sin ellas es imposible paralizar a los frenéticos que en innumerables casos se movilizan por encargo del MAS, con pago mediante.

Esos grupos de masistas quisieran movilizarse sin que haya restricción legal alguna . Sin embargo, no debe olvidarse que para los que se alzan para acabar con un régimen contrario al pueblo, no necesitan ninguna ley que proteja su accionar político y electoral si fuera el caso.

En cambio, los masistas esperan protección legal para emprender alguna acción por encargo del MAS, lo que muestra los límites del movimiento político con el que los masistas buscan reconquistar el poder.

—Los últimos días, el líder de la Comunidad Ciudadana (CC) ha dicho que los gobernantes esperan prorrogarse en el poder, aunque sea por días más, porque por ese camino, esos gobernantes, creen que acrecentarán el respaldo electoral que ellos suponen que han conquistado.

Asimismo, según el dirigente de la CC, los legisladores, entre los que dos terceras partes son masistas, también pretenden prolongar su poder con miras electorales.

Carlos D. Mesa Gisbert se supone que tiene claro que los gobernantes ejercen la política y hacen campaña electoral sólo preservando la posición que ocupan en la campaña anticoronavirus.

En el cauce del ejercicio de la política por el candidato de la CC a la Presidencia de Bolivia, ante medios de difusión dijo que sería una locura realizar elecciones el 6 de septiembre si crecen los contagios y las muertes por el coronavirus, al extremo de que sería un grave riesgo para los electores concurrir a las mesas de sufragio. En tal situación sería recomendable otra postergación de los comicios, sugirió

El dirigente de la CC ha reiterado la necesidad de que la Presidenta interina convoque a un diálogo con partidos políticos, empresarios y trabajadores para buscar acuerdos sobre la continuación de la campaña antipandemia, como de medidas para enfrentar la crisis económica y las elecciones. Sin embargo, no hubo respuesta a esa propuesta reiterada.

Mesa, por más decente que se presente como actor de la política y de la campaña electoral, también lucha por el poder político.

Debe quedar claro que dentro de la campaña contra la pandemia en Bolivia, nada tienen de apolíticas ni de no electorales las acciones de los actores políticos referidos en esta nota que, por tanto, lo que se disputa, en forma silenciosa y/o violenta es el poder político.

Síguenos a través de:

facebook icontexto inside icon  twitter-logo-enelpc

Publicación Aquí 332

Visitas

23419900
Hoy
Ayer
Esta semana
Este mes
Total
4285
11741
16026
178280
23419900