Ofensiva electoral del MAS y respuesta defensiva de políticos

Editorial de Aquí 319

Ofensiva electoral del MAS y respuesta defensiva de políticos

La nueva postergación de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre de este año, decidida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y fundada en la Constitución, ha reactivado acciones políticas y electorales de los masistas, en algunos lugares del país más que en otros.

Dirigentes de movimientos sociales, cooptados por el MAS, con pronunciamientos que incluyen amenazas y ultimátums, han realizado dos marchas: una que culminó en El Alto y otra en Cochabamba. Ambas acciones exigieron que el TSE revise su decisión y mantenga el 6 de septiembre como fecha de los comicios postergados.

La marcha efectuada en El Alto resolvió una huelga general indefinida y bloqueo de caminos para que el TSE revise la postergación de las elecciones.

Allí los marchistas agredieron a periodistas, apedrearon a una ambulancia, destruyeron cámaras de seguridad, jardineras y derribaron postes de conducción eléctrica.

Ante la declaratoria de la huelga, por una resolución que asume como suya la Central Obrera Boliviana (COB), un dirigente de la delegación potosina de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) señaló que verán qué hacer frente a la huelga indefinida determinada; un vocero de la COD-Potosí afirmó que no acatarán dicha huelga porque es política; el principal dirigente de los trabajadores de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) añadió que ese sector no apoyará la huelga de la COB porque es una medida al servicio de los que gobernaron 14 años en el país, y un chofer que aclaró que es de base dijo que ellos necesitan trabajar y que no se sumarán al paro de la COB porque es político. También decidieron no acatar el paro el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype), dos federaciones de Juntas Vecinales (Fejuves) de El Alto; lo mismo hizo saber el Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), un representante de cooperativistas mineros de Huanuni y un dirigente de l Central Única de Artesanos de La Paz y El Alto, hasta el cierre de esta edición.

El Ministro de la Presidencia demandó a Evo Morales, Betty Yañíquez (jefa de los diputados masistas) y Juan Carlos Huarachi (COB), sindicados como autores intelectuales de los destrozos ocasionados por marchistas en El Alto. Inmediatamente Huarachi recibió mensajes de solidaridad de masistas.

La realidad se encargará de mostrar si ese proceso criminal avanza y llega al final que persiguen los demandantes o es de utilidad política de los demandados que se sienten perseguidos políticos.

Luego del encuentro entre vocales del TSE y dirigentes sindicales, el máximo ejecutivo de la COB informó que los sindicalistas entregaron a los miembros del TSE las resoluciones aprobadas en el cabildo abierto de El Alto y que esperan que se los convoque para hablar de la postergación de la consulta electoral y que sigue convocada la huelga y el bloqueo de caminos. Ese dirigente agregó que no está descartado un acuerdo entre el TSE y la COB sobre la postergación de las elecciones.

Los masistas que marcharon en Cochabamba demandaron democracia y definieron como dictadora a la Presidenta interina y señalaron que los gobernantes fracasaron en la campaña antipandemia.

Los masistas buscan que los bolivianos creamos ese discurso, sobre todo que admitamos que ellos son democráticos. Sin embargo, tenemos derecho a dudar de que los masistas postulen una democracia como régimen político del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, al menos del alcance de la democracia planteada por Washington.

Es que la democracia que ejerció el régimen depuesto por el alzamiento popular de noviembre del año pasado fue autoritaria, desconoció la decisión mayoritaria de los bolivianos en el 21F, a pesar de que Morales decía que prefería las urnas a las armas.

Antes de aquellas marchas, voceros masistas dieron 72 horas de plazo para que los vocales del TSE retiren su resolución y ratifiquen el 6 de septiembre como día de realización de los comicios pendientes.

Otros dirigentes del MAS dijeron que impulsarían acciones, como aquellas marchas, para impedir la postergación de la consulta electoral, sin considerar el momento actual de más infectados y de más muertos por coronavirus.

Frente a la emergencia sanitaria, los masistas afirman que todos los días los bolivianos se aglomeran en los bancos para cobrar bonos y que allí también las y los ciudadanos corren el riesgo de contaminarse con el virus mortal, pero que ante esa realidad callan los gobernantes.

Las movilizaciones de los masistas de los últimos días son un accionar político y electoral propio de ellos, son una especie de ensayo que seguramente les cae muy bien a los seguidores del exiliado en Argentina; accionar que tiene los rasgos de una guerra de nervios que provoca la furia de los gobernantes actuales y de otros políticos que sin que ese sea su propósito, alienta a los masistas o éstos se deben sentir temidos, y eso también les sirve a los movilizados.

Además, es probable que los masistas crean que el 6 de septiembre será el mejor momento para que ellos venzan en las elecciones, por eso insisten en que la consulta electoral sea el 6 de septiembre.

En cambio, y para graficar, los gobernantes actuales y otros políticos se comportan como quienes miran el partido de entrenamiento masista.

Para que se entienda mejor la comparación recurrimos a Xabier Azkargorta, quien decía:

Estamos jugando al fútbol (no que vamos a jugar al fútbol). Y cuando le preguntaban sobre el equipo de fútbol rival reiteraba que sus dirigidos y él estaban concentrados en el próximo partido, para el que ellos se entrenaban con mucho empeño y para ganarlo.

Respecto del movimiento actual de los masistas, el ministro Murillo denunció que los exgobernantes quieren “convulsionar” el país, resultado que probablemente pretenden, pero ese punto de llegada podría estar ahora entre sus deseos.

Los masistas no persiguen convulsión del país, según Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero del Chapare, aunque aclaró que obedecerán las decisiones de sus organizaciones naturales, es decir, de los movimientos sociales.

Los masistas, sin cuidar las formas, están movilizados y pasan a la ofensiva política y electoral. Y en sus marchas de los últimos días no se protegieron con barbijo, no guardaron la distancia física entre los asistentes y quizá ni se lavaron las manos. ¿Y qué?, podrían decir esos marchistas, y quizá añadan para sus adentros: el fin justifica los medios.

A riesgo de que algunos consideren tarde, se debería compartir la convocatoria del líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos D. Mesa Gisbert, a un diálogo nacional a políticos, gobernantes, empresarios, sindicalistas y otros para buscar acuerdos sobre la campaña anticoronavirus, respecto de la crisis económica y las elecciones.

Sobre la campaña anticoronavirus, el aporte de la inmensa mayoría de los bolivianos y de los médicos y trabajadores en salud sigue invariable, pero algo más podría hacerse. Sobre la crisis económica, CC propone que los pequeños empresarios, con dinero de los bolivianos, produzcan millones de barbijos de buena calidad, sugerencia para la reactivación económica, o la una aplicación de “una nueva economía”, como propuso un economista y docente de la UMSA. Sobre las elecciones, y en base a criterios científicos, se tendría que mantener como fecha, definitiva o no, el 18 de octubre.

Es probable que los masistas se nieguen a conversar y a concertar. Sin embargo, en un editorial como éste dijimos que un acuerdo como el sugerido sería mejor si incorpora a los masistas, pero que si es necesario ese acuerdo sea sin ellos e incluso que ese pacto se lleve a cabo contra ellos, si esto fuera inevitable.

En cuanto a los gobernantes si éstos enmendaran sus evidentes deficiencias en la campaña anticoronarivus, ese acuerdo sería un avance mucho mayor que la retórica de que ellos se ocupan de la salud y de la vida de los bolivianos y que otros sólo ejercen la política.

Clases por internet, ¿camino al fracaso?

Editorial de Aquí 317                                    

Clases por internet, ¿camino al fracaso?

Profesores, padres de familia, estudiantes, la comunidad educativa, afirman que las clases virtuales o por internet van rumbo al fracaso.

Se refieren a las clases decididas mediante decreto supremo (DS) por los gobernantes interinos de manera unilateral y sin participación de ni consulta a los actores de un proceso educativo normal o prepandemia coronavirus.

En las clases virtuales, según el DS citado, se desarrollarán programas y temas imprescindibles para un período de tiempo reducido.

Han sido entrenados los profesores que conducirán esas clases con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las que emplean las redes sociales.

Son clases no presenciales ni semipresenciales, que se imparten por primera vez en las escuelas y colegios públicos de Bolivia, debido a que son imposibles las clases presenciales, como consecuencia del coronavirus, por lo que a la vez se determinó la suspensión de las clases en primaria, segundaria, universidades e institutos.

A las clases por internet no pueden acceder muchos estudiantes porque carecen de los medios para usar el internet o esos estudiantes no cuentan con internet porque la pobreza de sus hogares les impide comprar ese servicio y quizás, en muchos más casos, esos estudiantes ni siquiera tienen energía eléctrica en sus domicilios. Esas carencias son mayores en el agro y también en provincias, donde además no llega la señal de internet, contrariamente a lo prometido por los gobernantes del MAS cuando se puso en órbita el satélite Tupak Katari cuyo costo llegó a la astronómica suma de 302 millones de dólares.

En la sede del gobierno, en este momento, hay barrios a los que no llega el internet.

En consecuencia, las clases virtuales segregan (separan) a una indeterminada cantidad de estudiantes.

Aquel DS dispone, además, las clases semipresenciales y a distancia. Las clases presenciales se supone que retornarán cuando venzamos al coronavirus.

Los profesores, especialmente de La Paz, aseguran que ellos han presentado un plan de emergencia para las clases presenciales, a desarrollarse el momento en que haya condiciones para emprenderlas.

Los mismos profesores, muchos de los que serán separados de su oficio cotidiano, dicen que ellos volverán a clases presenciales incluso en el tiempo en el que habitualmente se decretan los descansos pedagógicos.

En ese contingente de educadores se anota que las clases por internet lesionan y desconocen principios de la escuela pública, como la gratuidad, universalidad, e incluso el carácter único y democrático de la escuela boliviana.

Asimismo, los educadores paceños ponen el acento en que las clases virtuales impiden la interacción entre profesores y estudiantes, y entre éstos, destinatarios y actores principales de un verdadero proceso educativo

Sin embargo, aquellos profesores no dicen que un maestro enseña y, además, aprende al

mismo tiempo, y así se torna en proceso educativo pleno.

De ello se deduce que las clases por internet no serán integrales: con ellas no se logrará alcanzar a plenitud el proceso enseñanza-aprendizaje y, por otra parte, las evaluaciones bajo esa modalidad no gozarán de credibilidad, en las que puede haber fraude; esto no lleva a afirmar que las clases por internet serán, sobre todo, excluyentes para los empobrecidos.

Se nota que los gobernantes interinos y el Ministro de Educación, especialmente, no toman en cuenta ni anteriores ni actuales experiencias de las clases a distancia, de las semipresenciales y por internet.

Nos referimos a las clases de alfabetización radiales, por Erbol y por radio Santa Cruz, que son ejemplos señeros.

Un profesor recordó, hace días, que durante el gobierno de Alfredo Ovando Candia se emprendió una campaña de alfabetización y que viven profesores que participaron en esa campaña alfabetizadora.

De la campaña de alfabetización emprendida en el gobierno de Evo Morales, con apoyo de cubanos y de venezolanos, algo se podría recoger si se dejaran a un lado los peros políticos e ideológicos.

Sobre las experiencias últimas, los gobernantes deben estar enterados de que profesores rurales distribuyen lecciones entre sus alumnos, para ello viajan a pie o en los medios a su alcance.

En una localidad chuquisaqueña imparten clases por televisión para grupos de estudiantes.

El Concejo Municipal de Potosí aprobó una ley que dispone que el servicio de internet debe ser gratis para los estudiantes de aquella ciudad que ha dato tanto a nuestro país y al mundo.

Las universidades públicas y privadas tienen un camino recorrido en el despliegue de clases virtuales.

Se pasan clases por internet, entre otras, en la UMSA y en la San Francisco Xavier de Sucre.

De la UMSA es posible decir que sólo parcialmente los estudiantes, algo así como la mitad, accede a esas clases.

Algunos docentes de la UMSA no participan de las clases virtuales, pero con seguridad cobran sus sueldos.

Un grupo de trabajo de Naciones Unidas, en La Paz, realizó un muestreo que dio cuenta de que aproximadamente la mitad de los estudiantes bolivianos participan de las clases virtuales y que la mayoría de ellos aprenden poco o nada en ese proceso.

Con una huelga de hambre, sostenida sobre todo por profesores rurales y padres de familia, a la que se suman profesores urbanos, se rechazan las clases virtuales porque se las considera privatizadoras de ese servicio público y exige la renuncia del Ministro de Educación.

Los profesores de La Paz, que han realizado marchas para que se atiendan sus demandas, además de otros puntos exigidos por la huelga de hambre, piden que se dote de servicio de internet gratis a estudiantes y docentes, y que los encargados convoquen a exámenes para el ascenso de categoría de los educadores.

Más de un vocero de esos profesores ha planteado que se estaticen o nacionalicen los servicios privados de internet. Habrá que entender ese castellano como que deben nacionalizarse las empresas que venden servicios de internet en Bolivia. Sea o no serio este planteamiento, tiene importancia registrarlo.

El Ministro de Educación, llamado a decir poco y hacer más, sobre las clases ha dicho: Fue una precipitación la cuarentena decretada en Oruro, de escuelas y colegios, días antes de la cuarentena decidida por los gobernantes interinos.

Ese funcionario público, antes de anunciar las clases por internet, señaló que se reabrirían las escuelas y colegios en junio; luego guardó silencio sobre un asunto destacado como las clases presenciales.

En tercer lugar, ese Ministro anunció que el gobierno dotaría de computadoras a los estudiantes.

En cuarto lugar, ese mismísimo funcionario, sin que se le pregunte, afirmó que para las clases virtuales fueron sacados los contenidos destinados al adoctrinamiento de los estudiantes, de acuerdo al marxismo, incluidos en la reforma educativa de Evo Morales.

El ministro Cárdenas, asimismo, negoció sólo con los propietarios de los colegios privados una rebaja de las pensiones escolares en porcentajes que oscilan entre el 6 y el 28 por ciento por las clases virtuales que se transmiten desde esos colegios particulares, las que ahora están suspendidas por vacaciones de invierno.

Padres de familia de esos colegios particulares rechazan esos rangos de posibles descuentos y dicen que a lo sumo ellos pagarían la mitad de esas pensiones por clases virtuales desarrolladas sin reglamentación, añaden.

Desde los cuatro costados del país se propagan opiniones que apuntan a un punto: será difícil y hasta imposible “salvar” el año escolar 2020.

Sin embargo, los actores del proceso educativo deben buscar una salida a las escuelas y colegios fiscales sin clases porque, además, se trata de un problema único en su género el que se debe resolver.

Desde esta página virtual apuntamos algunos criterios que quizá ayuden a encontrar una forma de “funcionamiento” de las escuelas ahora sin clases presenciales.

Cualquier salida debe asegurar el derecho al estudio de niños, adolescentes y jóvenes, el derecho al trabajo de los profesores, el derecho de los padres de familia a participar de la tarea de coeducación de sus hijos desde la comunidad educativa.

La educación para todos tiene que ser una consigna que no se debe soslayar y que se debe defender y materializar, no obstante la pandemia.

A esta altura del conflicto y a julio del año 2020, se advierte que los gobernantes no tienen la fuerza para imponer las clases virtuales, aprobadas sin consulta y sin participación alguna de los principales actores del proceso enseñanza-aprendizaje.

Los miembros de la comunidad educativa, asimismo, podrán dificultar más aún las clases por internet, pero no conseguirán que sean reemplazadas por las clases habituales de ayer, es decir, las presenciales ya.

Sin perder de vista estas clases, las presenciales, será posible, como parte de un acuerdo, organizar las clases virtuales, con internet, equipos, programas de estudio y temas, profesores y otros, hasta que una vacuna sea utilizada para inmunizar a la humanidad boliviana y a la humanidad universal.

Clases semipresenciales y clases a distancia podrían ser ensayadas apenas sean posibles y podrían impulsarse y ampliarse las clases de profesores rurales que van al reencuentro de sus educandos.

El momento que sea posible, mejor si así se acuerda, se realizarían cursos de verano de recuperación de las clases que no se tendrían este año.

En la gestión 2021 se desarrollarían dos cursos en vez de uno, es una sugerencia que se la hace todavía en voz baja en varios lugares del país.

La situación que detiene el proceso educativo tradicional debe encontrar una salida, con los menores sacrificios, además de los que tuvieron lugar hasta este momento.

Incluso en este tiempo de campaña para vencer al coronavirus, la educación debe ser para todos en Bolivia. Los estudiantes no deben ser afectados con más frustraciones.