Salud para todos, hacia una “nueva” economía y la crisis política que urge superar

Editorial de Aquí 324

Salud para todos, hacia una “nueva” economía y la crisis política que urge superar

1.

En este momento de la coyuntura electoral, desde esta publicación virtual nos animamos a sugerir la adopción de medidas destinadas a continuar la campaña para vencer al coronavirus.

Los buenos resultados de esta campaña anticoronavirus (nacionales, regionales y locales) deben aplicarse con los aportes de médicos, enfermeras y pacientes.

Brigadas de profesionales de la salud asisten a contaminados con el virus mortal en varios lugares. En Beni, enfermos con coronavirus se han curado con remedios caseros, con tratamientos de brigadistas voluntarios y en los hospitales.

En Potosí, según autoridades de la capital departamental, la mitad de los que se curaron de coronavirus tomaron remedios caseros y otros fármacos, como dióxido de cloro, aunque médicos aseguran que este último no es un remedio o que no hay certeza científica de que aquél sea remedio.

En San José de Chiquitos (Santa Cruz), de acuerdo con la información de su Alcalde, los infectados con el coronavirus se han curado con dióxido de cloro.

La asociación de alcaldías, con dinero propio, compró el antiviral Avifavir, elaborado en Rusia para combatir al llamado enemigo invisible, cuyas mutaciones al parecer se siguen manifestando, por ejemplo, en Trinidad-Beni. Allí y en otros sitios podrían ocurrir recaídas en vez de rebrotes del virus letal, así como se teme que se produzcan ambas: recaídas y rebrotes.

La vacuna anticoronavirus que se espera en el mundo, en Bolivia tiene que ser aplicada apenas sea posible, pero ahora es urgente que se la adquiera del lugar en el que haya oferta, sin las demoras frecuentes en compras de remedios por el gobierno transitorio.

Hospitales, ambientes para aislar sospechosos, ropa de bioseguridad para el personal médico y trabajadores en salud deben ser ampliados, mejor dotados, pagados regularmente, e incrementados los sueldos y salarios y los seguros de vida.

A la campaña antipandemia seguirá sumándose el aporte igualmente decisivo de la inmensa mayoría de las y los bolivianos con la aplicación de las medidas de bioseguridad (uso de barbijo, lavado de manos, distancia física), así como fue decisiva la cuarentena sostenida también por casi todos los compatriotas, cuya eficacia pocos ponen en duda, como fueron pocos los que dijeron que el coronavirus es una gripe fuerte, un invento del imperio o que no existe.

El 10 por ciento del presupuesto nacional para salud debe ser destinado, efectivamente, mediante una ley, la que los masistas no quieren aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que tienen dos tercios de sus integrantes.

Salud para todos, como servicio público y gratuito, debe ser un “sueño realizado” y no la “pesadilla” que es ahora y antes de la pandemia.

2.

En el área social y sin dilaciones debe materializarse la jubilación con rentas calculadas según la totalidad de los sueldos y salarios.

Todos los asalariados deben jubilarse en Bolivia como los militares.

Las rentas de los jubilados actualmente se pagan como si la esperanza de vida de los bolivianos fuera de 110 años. La sugerencia es que esas rentas se establezcan según la esperanza de vida estimada oficialmente en nuestro país. Así, los ahorros individuales serían mejor distribuidos (devueltos), de modo que sean mayores las rentas de los jubilados que merecen esos ingresos sin que le cueste nada al Tesoro General de Bolivia.

3.

Es necesaria una nueva reforma educativa que recoja los contenidos positivos de la que se aplica según la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez.

La nueva reforma de la escuela boliviana debe ser discutida y aprobada por gobernantes, profesores, padres de familia y estudiantes.

La educación virtual y/o a distancia, la autonomía de la escuela pública, la escuela-trabajo y/o la unidad de la teoría con la práctica, la escuela para la vida y otras propuestas pedagógicas serían estudiadas, complementadas, asimiladas o desestimadas, por ejemplo, en un congreso pedagógico.

4.

Urge administrar la crisis de la economía boliviana que es una de las consecuencias de la pandemia, pero que tiene sus orígenes en el último tiempo del gobierno de Morales, derrotado por el alzamiento popular del año pasado.

Préstamos y donaciones cuyo monto debe calcularse según las necesidades y las posibilidades, para aplicarse como una inyección, como dice el candidato de Comunidad Ciudadana (CC) para reactivar la economía y para preservar los puestos de trabajo y conseguir el funcionamiento de la economía con los cambios posibles y necesarios en las condiciones de la crisis actual, la que en mucho es única en Bolivia y en el mundo.

De acuerdo con la Constitución, en nuestro país coexisten la propiedad pública, privada, cooperativa y comunitaria.

La propiedad pública, por su contenido social, tendría que predominar en el período pospandemia. Sin embargo, para coronar ese objetivo deben desarrollarse políticas públicas que apunten en esa dirección. En ese caso, los intereses de la mayoría de los bolivianos deben sobreponerse respecto de los intereses privados.

No se sugiere sacrificar los intereses de los empresarios privados, pero tampoco debe admitirse el crecimiento de las empresas privadas en detrimento del sector estatal o social de la economía o bien común, al decir de otros sectores como afirman los obispos católicos.

Debe buscarse una “nueva economía”, como propone el economista Alberto Bonadona Cossío.

Este planteamiento es un sentido común que se tendría que recoger porque la actual crisis económica, en tanto única en su género y por su alcance universal, muestra aprovechable una propuesta de economistas, anterior a la pandemia, los que sugieren que el capitalismo, para seguir su desarrollo, debe cambiar las fuentes de energía procedente del petróleo por la energía eléctrica.

El hierro del Mutún debe extraerse para producir acero; el litio debe industrializarse, es decir, deben elaborarse baterías para el mercado en condiciones que favorezcan a Bolivia, con capitales extranjeros y la tecnología de la que Bolivia carece.

Ahora está más claro que el gas natural no debe ser vendido para que ganen diez veces los compradores, como Brasil, con sólo extraer los recursos que contiene ese energético.

No debe suceder que los cooperativistas empresarios mineros sean los agentes de la privatización de los recursos mineros del país. Esta afirmación es demostrable por la concesión a cooperativistas empresarios mineros, de la mitad de las colas y desmontes de Catavi y Siglo XX, reservas estatales de minerales de estaño que fueron favorecidas por el entonces presidente Morales.

Tampoco debe ocurrir como en la Empresa Minera San Cristóbal, en la que todo es ganar, ganar y ganar (por capitalistas extranjeros), como dijo el Gerente de la empresa Sumitomo (japonesa y dueña de San Cristóbal) cuando visitó Bolivia y conversó con el entonces presidente Evo Morales, cuyo gobierno les dio facilidades propias del neoliberalismo.

5.

Bolivia tiene los suelos aptos para reproducir quinua y quinua real a una escala similar y/o mayor que Perú.

El destino de Bolivia no debe ser convertirse en el primer país que siembre semillas de trigo transgénico en el mundo.

Las semillas de maíz que se producen en todos los pisos ecológicos del país no deben ser desplazados y menos sustituidos por maíz transgénico, como ya está sucediendo en Santa Cruz por la permisividad del anterior gobierno y la autorización del actual.

Además, hace horas que los gobernantes interinos, en contra de la Constitución y mediante un decreto supremo, autorizaron la siembra de maíz transgénico, cultivos que tuvieron lugar durante el último gobierno de Morales (valga la reiteración), ocasión en la que indígenas guaraníes dijeron que iban a ocultar su maíz orgánico para que no se contamine.

Otra muestra de agricultura orgánica son los cultivos, la producción y la industrialización del cacao en Alto Beni (La Paz), lugar en el que no se queman árboles ni siquiera para convertirlos en abono.

La reposición del bosque y de la fauna de la Chiquitania, consumidos por el fuego el año pasado, es una prioridad, así como es otra prioridad la preservación de bosques como los del TIPNIS, Madidi, Bosque de chimanes, Pilón Lajas, Amboró, El Pantanal y otros.

6.

Es probable que las elecciones no resuelvan la actual crisis política.

Los masistas al parecer están empeñados en recapturar el poder político con elecciones o mediante acciones como la proclamada “guerra civil” u otro accionar de los movimientos sociales obedientes al expresidente Morales.

Los últimos días, voceros del MAS declararon que se organiza un fraude electoral para evitar la supuesta victoria de los candidatos Arce y Choquehuanca, que se busca una postergación de las elecciones y que se trama un golpe de Estado.

En ese mismo curso, los masistas desconocerían el resultado de las elecciones del 18 de octubre si fuese adverso al binomio Arce-Choquehuanca, y sobre la base de esa posible mentira impulsarían las acciones de fuerza más diversas por la recaptura del poder político.

Ese sería el esquema político-electoral masista, pero la realidad que viene inexorable promete ser distinta y contraria al masismo, que en el último tiempo se ha movido a sus anchas en el campo político boliviano ante un comportamiento sobre todo defensivo de otros actores de la política boliviana.

El Estado y el pueblo boliviano deben sostener y desarrollar relaciones diplomáticas con todos los Estados y pueblos del mundo, especialmente con los latinoamericanos y caribeños.

En suma, debe seguir la campaña para vencer al coronavirus en tierras bolivianas como una fase de la batalla universal antipandemia; otra prioridad es administrar y remontar la crisis económica que lacera en todo el mundo; y la crisis política boliviana, si no es resuelta con las elecciones, riesgo que se advierte, no debe quedar como un fenómeno sociopolítico sin freno y sin actores que se empeñen en resolverla.

La Presidenta interina favorece a los grandes empresarios

Editorial de Aquí 323

La Presidenta interina favorece a los grandes empresarios

La Presidenta interina y los gobernantes actuales favorecen a los grandes empresarios, especialmente cruceños y benianos, con medidas económicas, cargos en el gobierno y con la mantención de las normas llamadas incendiarias, que son una herencia del régimen de 14 años.

Nos referimos al decreto supremo que dispone abreviar los trámites para los cultivos en Santa Cruz de semillas transgénicas de soya, maíz, caña de azúcar, trigo y algodón.

Organizaciones que defienden la agricultura orgánica o ancestral y del medio ambiente han presentado una demanda de Acción Popular para que un tribunal competente anule aquel DS porque, entre otras cosas, es anticonstitucional y porque lesionan los intereses legales y legítimos de los agricultores pequeños y medianos, es decir, de la mayoría de los trabajadores del agro.

Los empresarios grandes, especialmente los agrupados en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), defienden el DS firmado por Jeanine Áñez Chávez y sus ministros con el argumento, entre otros, de que las semillas transgénicas —ellos hablan de la biotecnología aplicable en la agricultura—acrecentarán la producción de granos para el consumo interno y para la exportación.

Los últimos días, los propietarios del transporte pesado que lleva carga a los puertos chilenos preferentemente están en emergencia y aseguran que defienden y defenderán el DS que busca acelerar los cultivos de las semillas transgénicas o genéticamente modificadas.

Apenas salió ese DS, el candidato a la Vicepresidencia de Comunidad Ciudadana señaló que esa norma es inconstitucional porque la Ley Fundamental determina que la importación, comercialización y cultivo de transgénicos en Bolivia debe ser autorizada mediante una ley.

Además, se debe rememorar que la Constitución Política aprobada por los constituyentes disponía la prohibición de los cultivos, importación y comercialización de semillas genéticamente modificadas en nuestro país.

Cabe añadir que los que esperan enriquecerse con el llamado agronegocio afirman que los productos transgénicos no hacen daño a la salud y que esos cultivos tampoco dañan al suelo. Otros anotan que cuando consumimos carne de gallina consumimos transgénicos porque los animales son alimentados con maíz importado que contiene organismos genéticamente modificados.

Los que objetan tales cultivos dicen, y estamos de acuerdo, que para cada cultivo de transgénicos se deben comprar las semillas a precios muy caros y con ganancias millonarias de pocas empresas que producen las semillas transgénicas.

Para asegurar los frutos, los agricultores deben utilizar defoliantes que degradan la tierra labrantía.

Indígenas guaraníes, tras el anuncio de que el entonces gobierno de Morales se comprometió a estudiar el cultivo de maíz transgénico, avisaron que iban a guardar el maíz que ellos siembran para evitar el “contagio” de la semilla transgénica de aquel cereal. Éste es el principal grano que producen los guaraníes en el chaco (cruceño, chuquisaqueño y tarijeño),

Ahora se conoce mejor que durante el gobierno derrotado por un alzamiento popular se autorizó el cultivo de soya transgénica y que sin autorización formal, en ese tiempo, se cultivaban semillas transgénicas de maíz y algodón.

Sobre el agronegocio es necesario un apunte adicional: la soya que producen los colonizadores de San Julián y Cuatro Cañadas, también transgénica, es comercializada por los agroindustriales grandes de Santa Cruz, que son los que más ganan. Los colonizadores de San Julián y Cuatro Cañadas no tienen acceso directo al mercado internacional, según voceros de ese grupo de colonizadores, que están entre los agricultores con ingresos de sobrevivencia y no así con agricultores medios y prósperos y aliados del MAS. Pobladores de aquellas dos localidades cruceñas han bloqueado el camino Santa Cruz-Trinidad y, por tanto, están entre los corresponsables de la retención de oxígeno que ha causado que al menos 40 bolivianos murieran y además provocaron una parte de las pérdidas económicas.

Agradezcan o no, el anterior gobierno ayudó a la producción de la materia prima para la elaboración de biocombustible, sin considerar que los granos o los productos agropecuarios antes que nada deben asegurar la alimentación de los bolivianos.

Fidel Castro, tras del anuncio de la producción de biocombustible en la región latinoamericana y caribeña, dijo no se debía sacrificar los alimentos para la gente por los biocombustibles. El que el entonces gobernante autoritario no escuchara respecto del biocombustible a su aliado de la Mayor de las Antillas es muy demostrativo de que en esa materia, para Morales, fue políticamente preferible aceptar un acuerdo con empresarios antes que defender la soberanía alimentaria de la que parloteaban.

Áñez ha celebrado hace unos días la producción de biocombustible como señal de acuerdo pleno de los actuales gobernantes con los agroindustriales.

Se sabe que para producir más granos y otros para la elaboración de biocombustible se requieren más tierras, y para conseguir este factor de producción agrícola recurren al desbosque y a la quema, la que con frecuencia provoca incendios.

Ahora está más claro por qué los gobernantes interinos mantienen los denominados decretos supremos incendiaros que firmó Evo Morales en alianza con empresarios, algunos de los que se animaron a defender al exPresidente cuando ardía la Chiquitania y éste se negaba y se negó a declarar desastre nacional para que llegue a Bolivia la ayuda internacional y de la ONU para apagar el fuego que acabó con más de cinco millones de hectáreas de bosque seco y la vida de muchos animales.

Branco Marinkovic, ex Presidente del Comité Pro Santa Cruz y dueño de una industria de aceite comestible, que se apropió de laguna Corazón, cuyos dueños eran (en realidad seguimos siendo) los bolivianos, es ahora ministro de Planificación. Áñez ha incorporado al grupo de ministros a un representante orgánico de los grupos económicos cruceños, que son los que mandan en la región.

La mirada de los gobernantes hacia el exterior tiene como objetivo principal el desarrollo de relaciones (las mejores a su alcance) con los gobernantes de Estados Unidos. En esa dirección estuvo y está el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, para lo que utilizaron un pretexto: la supuesta intervención de un posible combatiente de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FAR-EP) en un enfrentamiento ocurrido en Montero en octubre-noviembre del año pasado durante el alzamiento del pueblo contra el gobierno autoritario. Otro pretexto fue una aparente intromisión de los cubanos en ocasión del alzamiento, denominado golpe de Estado por los masistas y por su jefe.

Los gobernantes actuales buscan representar como el que más a los grupos sociales dominantes de Bolivia y especialmente de Santa Cruz y el Beni, y a esos grupos económicos sirven abiertamente.

Dicho sea a vuelapluma que el candidato Luis Fernando Camacho parece que perdió la pulseta frente a la Presidenta y candidata, quien parece recibir el respaldo político de los empresarios menos fachos, en tanto que Camacho (facho se le dice en ámbitos políticos) al parecer cuenta con el apoyo de los dirigentes cívicos y otros de la misma laya que dijeron que iban a desbloquear porque no quisieron hacer eso los gobernantes con la fuerza de militares y policías.

Desde el pueblo debemos ver con ojos abiertos y escuchar sin sorderas fingidas la esencia del comportamiento de los gobernantes. Así leeremos la realidad sin equivocarnos y constataremos que los grupos económicos dominantes de Santa Cruz, Beni y Bolivia tienen en los gobernantes actuales sus seguros servidores.

Si leemos bien la realidad descrita en esta nota desde el puesto de los explotados y oprimidos (el verdadero pueblo) podremos mermar, mermar y mermar el apoyo electoral a la Presidenta y candidata.