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La Presidenta interina favorece a los grandes empresarios

Editorial de Aquí 323

La Presidenta interina favorece a los grandes empresarios

La Presidenta interina y los gobernantes actuales favorecen a los grandes empresarios, especialmente cruceños y benianos, con medidas económicas, cargos en el gobierno y con la mantención de las normas llamadas incendiarias, que son una herencia del régimen de 14 años.

Nos referimos al decreto supremo que dispone abreviar los trámites para los cultivos en Santa Cruz de semillas transgénicas de soya, maíz, caña de azúcar, trigo y algodón.

Organizaciones que defienden la agricultura orgánica o ancestral y del medio ambiente han presentado una demanda de Acción Popular para que un tribunal competente anule aquel DS porque, entre otras cosas, es anticonstitucional y porque lesionan los intereses legales y legítimos de los agricultores pequeños y medianos, es decir, de la mayoría de los trabajadores del agro.

Los empresarios grandes, especialmente los agrupados en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), defienden el DS firmado por Jeanine Áñez Chávez y sus ministros con el argumento, entre otros, de que las semillas transgénicas —ellos hablan de la biotecnología aplicable en la agricultura—acrecentarán la producción de granos para el consumo interno y para la exportación.

Los últimos días, los propietarios del transporte pesado que lleva carga a los puertos chilenos preferentemente están en emergencia y aseguran que defienden y defenderán el DS que busca acelerar los cultivos de las semillas transgénicas o genéticamente modificadas.

Apenas salió ese DS, el candidato a la Vicepresidencia de Comunidad Ciudadana señaló que esa norma es inconstitucional porque la Ley Fundamental determina que la importación, comercialización y cultivo de transgénicos en Bolivia debe ser autorizada mediante una ley.

Además, se debe rememorar que la Constitución Política aprobada por los constituyentes disponía la prohibición de los cultivos, importación y comercialización de semillas genéticamente modificadas en nuestro país.

Cabe añadir que los que esperan enriquecerse con el llamado agronegocio afirman que los productos transgénicos no hacen daño a la salud y que esos cultivos tampoco dañan al suelo. Otros anotan que cuando consumimos carne de gallina consumimos transgénicos porque los animales son alimentados con maíz importado que contiene organismos genéticamente modificados.

Los que objetan tales cultivos dicen, y estamos de acuerdo, que para cada cultivo de transgénicos se deben comprar las semillas a precios muy caros y con ganancias millonarias de pocas empresas que producen las semillas transgénicas.

Para asegurar los frutos, los agricultores deben utilizar defoliantes que degradan la tierra labrantía.

Indígenas guaraníes, tras el anuncio de que el entonces gobierno de Morales se comprometió a estudiar el cultivo de maíz transgénico, avisaron que iban a guardar el maíz que ellos siembran para evitar el “contagio” de la semilla transgénica de aquel cereal. Éste es el principal grano que producen los guaraníes en el chaco (cruceño, chuquisaqueño y tarijeño),

Ahora se conoce mejor que durante el gobierno derrotado por un alzamiento popular se autorizó el cultivo de soya transgénica y que sin autorización formal, en ese tiempo, se cultivaban semillas transgénicas de maíz y algodón.

Sobre el agronegocio es necesario un apunte adicional: la soya que producen los colonizadores de San Julián y Cuatro Cañadas, también transgénica, es comercializada por los agroindustriales grandes de Santa Cruz, que son los que más ganan. Los colonizadores de San Julián y Cuatro Cañadas no tienen acceso directo al mercado internacional, según voceros de ese grupo de colonizadores, que están entre los agricultores con ingresos de sobrevivencia y no así con agricultores medios y prósperos y aliados del MAS. Pobladores de aquellas dos localidades cruceñas han bloqueado el camino Santa Cruz-Trinidad y, por tanto, están entre los corresponsables de la retención de oxígeno que ha causado que al menos 40 bolivianos murieran y además provocaron una parte de las pérdidas económicas.

Agradezcan o no, el anterior gobierno ayudó a la producción de la materia prima para la elaboración de biocombustible, sin considerar que los granos o los productos agropecuarios antes que nada deben asegurar la alimentación de los bolivianos.

Fidel Castro, tras del anuncio de la producción de biocombustible en la región latinoamericana y caribeña, dijo no se debía sacrificar los alimentos para la gente por los biocombustibles. El que el entonces gobernante autoritario no escuchara respecto del biocombustible a su aliado de la Mayor de las Antillas es muy demostrativo de que en esa materia, para Morales, fue políticamente preferible aceptar un acuerdo con empresarios antes que defender la soberanía alimentaria de la que parloteaban.

Áñez ha celebrado hace unos días la producción de biocombustible como señal de acuerdo pleno de los actuales gobernantes con los agroindustriales.

Se sabe que para producir más granos y otros para la elaboración de biocombustible se requieren más tierras, y para conseguir este factor de producción agrícola recurren al desbosque y a la quema, la que con frecuencia provoca incendios.

Ahora está más claro por qué los gobernantes interinos mantienen los denominados decretos supremos incendiaros que firmó Evo Morales en alianza con empresarios, algunos de los que se animaron a defender al exPresidente cuando ardía la Chiquitania y éste se negaba y se negó a declarar desastre nacional para que llegue a Bolivia la ayuda internacional y de la ONU para apagar el fuego que acabó con más de cinco millones de hectáreas de bosque seco y la vida de muchos animales.

Branco Marinkovic, ex Presidente del Comité Pro Santa Cruz y dueño de una industria de aceite comestible, que se apropió de laguna Corazón, cuyos dueños eran (en realidad seguimos siendo) los bolivianos, es ahora ministro de Planificación. Áñez ha incorporado al grupo de ministros a un representante orgánico de los grupos económicos cruceños, que son los que mandan en la región.

La mirada de los gobernantes hacia el exterior tiene como objetivo principal el desarrollo de relaciones (las mejores a su alcance) con los gobernantes de Estados Unidos. En esa dirección estuvo y está el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, para lo que utilizaron un pretexto: la supuesta intervención de un posible combatiente de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FAR-EP) en un enfrentamiento ocurrido en Montero en octubre-noviembre del año pasado durante el alzamiento del pueblo contra el gobierno autoritario. Otro pretexto fue una aparente intromisión de los cubanos en ocasión del alzamiento, denominado golpe de Estado por los masistas y por su jefe.

Los gobernantes actuales buscan representar como el que más a los grupos sociales dominantes de Bolivia y especialmente de Santa Cruz y el Beni, y a esos grupos económicos sirven abiertamente.

Dicho sea a vuelapluma que el candidato Luis Fernando Camacho parece que perdió la pulseta frente a la Presidenta y candidata, quien parece recibir el respaldo político de los empresarios menos fachos, en tanto que Camacho (facho se le dice en ámbitos políticos) al parecer cuenta con el apoyo de los dirigentes cívicos y otros de la misma laya que dijeron que iban a desbloquear porque no quisieron hacer eso los gobernantes con la fuerza de militares y policías.

Desde el pueblo debemos ver con ojos abiertos y escuchar sin sorderas fingidas la esencia del comportamiento de los gobernantes. Así leeremos la realidad sin equivocarnos y constataremos que los grupos económicos dominantes de Santa Cruz, Beni y Bolivia tienen en los gobernantes actuales sus seguros servidores.

Si leemos bien la realidad descrita en esta nota desde el puesto de los explotados y oprimidos (el verdadero pueblo) podremos mermar, mermar y mermar el apoyo electoral a la Presidenta y candidata.

Masistas deben pagar en las urnas por los muertos y por las pérdidas económicas

Editorial de Aquí 321

Masistas deben pagar en las urnas por los muertos y por las pérdidas económicas

Los bloqueos de caminos y de calles en El Alto, ejecutados por masistas para que las elecciones se realicen el 6 de septiembre (y no el 18 de octubre), ocasionaron la muerte de 40 personas enfermas con coronavirus porque se acabó el oxígeno medicinal, elemento vital retenido por los bloqueadores, quienes además dificultaron el libre tránsito de remedios, ropa de bioseguridad, y también impidieron o dificultaron el traslado de médicos, trabajadores en salud y ambulancias. Esas medidas de fuerza evitaron la circulación de alimentos, carburantes, gas licuado y otros; además, según varias fuentes, determinaron pérdidas por cien millones de dólares durante los 12 días de interferencia de las comunicaciones por los caminos del país.

Aquellos bloqueos de caminos y de calles en El Alto sustituyeron a la huelga e impidieron que funcione la economía (incluidos los servicios citados).

Los bloqueos que comentamos, en medio de la campaña anticoronavirus, no obstante el anuncio de libre circulación hecho por los dirigentes de la medida de fuerza, cerraron el traslado de los implementos médicos, que demoraron o no llegaron en los plazos normales cuando los caminos del país están transitables.

Los bloqueos de caminos y de calles materializados por masistas fueron acciones políticas para paralizar la economía del país, de modo que serán anotados como uno de los resultados buscados por los actores materiales y por los autores intelectuales.

Además, es probable que los que impulsaron esa medida imaginaron que iban a agravar más la crisis determinada por la pandemia.

Ahora los bloqueadores rechazan toda responsabilidad respecto del deceso de enfermos con coronavirus, 40 según informes de médicos y de fiscales.

Asimismo, varias denuncias de familiares de los fallecidos apuntan a dirigentes de movimientos sociales como supuestos culpables de esos decesos.

Homicidios culposos, atentados contra la salud y la vida de personas, crímenes de lesa humanidad, entre otros, son los delitos que posiblemente cometieron durante los bloqueos referidos.

Un sindicato de médicos de La Paz ha presentado una querella por la muerte de 27 pacientes debido a la falta de oxígeno medicinal en hospitales de la sede de gobierno.

La investigación a cargo de las autoridades competentes apenas empieza, pero la respuesta de un diputado masista fue una denuncia contra el Alcalde de La Paz y de médicos del Hospital de La Portada por negligencia, porque asegura que no consiguieron a tiempo implementos médicos, carencias que determinaron el deceso de pacientes infectados con coronavirus.

Otra diputada del MAS denunció al Presidente del Comité Pro-Santa Cruz por conducta racista, que habría afectado a bloqueadores de caminos de Samaipata, San Julián, Cuatro Cañadas y Yapacaní (Santa Cruz), demanda que se espera que siga su curso legal, así como las otras.

Voceros de movimientos sociales, campesinos del MAS, entre otros, reivindican el derecho a la protesta y la libertad de expresión de los bloqueadores, y alegan que no se deben seguir procesos penales contra los promotores de los bloqueos porque éstos tienen las garantías constitucionales, que reconocen el derecho a exigir, por ejemplo, la realización de elecciones en la fecha establecida por una ley, a pesar de la pandemia.

Los bloqueadores y quienes los respaldan creen que no se justifican procesos penales, que se espera que se tramiten con prontitud, como señalan las normas.

Los masistas, asimismo, pretenden aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional una ley que disponga que se libere de procesos a los que decretaron los bloqueos y también a los que ejecutaron las medidas de fuerza, que en varios casos destruyeron tramos de la faja asfáltica de carreteras. Además, aparentemente en ciertos bloqueos hubo gente armada.

Las consecuencias de los bloqueos han sido y son drásticas y/o crueles, tanto que analistas afirman que deben proscribirse para preservar la salud y la vida de los bolivianos, su seguridad, y que en confrontaciones como la que comentamos se debe privilegiar el diálogo y los acuerdos. Se debe imponer “la fuerza del diálogo”, sugirió un exministro de Estado poco antes de la suspensión de los bloqueos.

Los gobernantes, entre éstos el Ministro de Gobierno, además de denunciar que los bloqueadores tramaban un golpe de Estado para deponer a la Presidenta transitoria, aseguró que no utilizaron la fuerza contra los bloqueadores para evitar enfrentamientos y probablemente muertos.

Especialmente desde Santa Cruz, voceros del movimiento cívico plantearon que los gobernantes interinos toleraron los bloqueos en vez de usar la fuerza de policías y militares para desbloquear.

Candidatos en las próximas elecciones también reclamaron acciones de los gobernantes contra los bloqueadores, sobre todo porque éstos impidieron el tránsito de insumos médicos y por el daño a la economía.

El desenlace de los bloqueos lleva a suponer que los gobernantes no los reprimieron para evitar un revés electoral a la Presidenta y candidata.

Para una evaluación de los bloqueos y sus consecuencias anotamos nuestros puntos de vista:

—Los masistas, con los bloqueos, impulsaron una acción política y electoral que demandó la realización de elecciones el 6 de septiembre o el 11 de octubre, como parte de una demanda que incorporó pedidos de renuncia de la Presidenta interina.

—Esa acción política y electoral cobró ribetes propagandísticos que no se advierten con frecuencia.

Nosotros creemos y reiteramos que los masistas pusieron en movimiento a sus electores para afirmarlos y para “entrenarlos”, acepten el término, por favor. Entrenarlos para confrontaciones posibles más allá de las elecciones.

—Los electores del MAS son una masa más o menos estable y hasta cautiva. Por ello, quizá no sumen más votos como consecuencia del revés que han recogido durante los bloqueos, pero parece optimismo extremo asegurar que Arce-Choquehuanca perderán las elecciones en la primera vuelta.

A los electores les tocará decidir, y se advierte que la mayoría de ellos convienen en definir mayoritariamente sus preferencias en contra de los candidatos masistas.

—Los masistas buscan convencerse de que ellos ganarán las elecciones en la primera vuelta, pero ese es un deseo que se apoya en que recibirán el llamado voto duro masista, la tercera parte de los electores (actualmente mermada), y el que muchos bolivianos confían en que no se convertirá en mayoría en las próximas elecciones.

—Los masistas sobreestiman sus posibilidades electorales (otro elemento propagandístico). Además, siguen confiando en que fraudes electorales, difíciles de descubrir, les sumarán votos. Entre éstos, la compra de votos; el registro de votos de los adversarios en favor de los candidatos masistas, allí donde les sea posible; el voto comunitario: a todos los miembros de una comunidad les obligan a votar por los candidatos de Morales, y además sufragarían por los candidatos de éste los portadores de más de un carnet de identidad que recibieron regalados y con los que se habrían inscrito más de una vez en los registros electorales, que no han sido depurados íntegramente y por eso se sigue reclamando.

—Si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cancela la personería jurídica del MAS, ante las demandas en trámite, los posibles afectados defenderían su personalidad jurídica, aunque, como anotició el exPresidente, el Gobernador de La Paz les facilitaría su personería para que Arce y Choquehuanca sigan en carrera. Además, si el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falla para que se aplique la Constitución y no la norma electoral, el comentario de Arce sobre una encuesta favorable a su candidatura no sería una falta electoral y en consecuencia el TSE no podría cancelar la personería del MAS.

—Los candidatos del MAS están en campaña: esperan que les rinda frutos el bono “contra el hambre” de Bs.1.000. Ese bono, aprobado por la mayoría masista, tendría una falla: carecería de financiamiento.

—Los masistas pretenden retomar el poder mediante las elecciones, y sin éstas, por la acción de los cocaleros aliados a narcotraficantes, de los colonizadores que esperan agrandar sus predios o que se les dote de nuevos, de los cooperativistas empresarios mineros (deudores al Estado), de los campesinos que han recibido dinero y/o tierras, entre otros agrupamientos sociales que durante el proceso de cambio han sido beneficiados a cambio de respaldo al caudillo autoritario.

—Los masistas no se conformarán con poco: Sin embargo, para ellos sería políticamente un avance que elijan cierta cantidad de parlamentarios para la oposición y/o para la resistencia, y en función de sus posibles planes que parece que contemplan una guerra civil incluso.

—El comportamiento político y electoral de los masistas debe llevarnos a pensar y a esperar que desconozcan un resultado electoral que les sea adverso, ante el que tendrían el descaro de alegar que sería un fraude electoral en su contra.

Tenemos que convencernos de que los masistas utilizan y utilizarán todos los recursos a su alcance para retomar el poder, con elecciones o con acciones de los movimientos sociales que tienen a su servicio. Movimientos sociales que se movilizan para rescatar los privilegios concedidos por el otrora presidente Morales; privilegios que no llegaron al pueblo, es decir, a los verdaderos explotados y oprimidos del país.

En este momento, debido a los bloqueos y sus consecuencias, son cada vez más los bolivianos que no votarán por los masistas, y son cada vez más los bolivianos que cerrarán el camino de retorno al poder de los que gobernaron 14 años.

Los bloqueos de caminos y de calles en El Alto, impuestos por los masistas, convirtieron en víctimas a la mayoría de los bolivianos que sufrieron y/o lloraron por la muerte de 40 compatriotas y que enfrentan las pérdidas económicas con más hambre.

Vidas y pérdidas por las que deben pagar los masistas con un resultado desfavorables a ellos en las elecciones y más allá de las elecciones, con la merma real del masismo en el campo político, ideológico, económico, social y cultural.

Ofensiva electoral del MAS y respuesta defensiva de políticos

Editorial de Aquí 319

Ofensiva electoral del MAS y respuesta defensiva de políticos

La nueva postergación de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre de este año, decidida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y fundada en la Constitución, ha reactivado acciones políticas y electorales de los masistas, en algunos lugares del país más que en otros.

Dirigentes de movimientos sociales, cooptados por el MAS, con pronunciamientos que incluyen amenazas y ultimátums, han realizado dos marchas: una que culminó en El Alto y otra en Cochabamba. Ambas acciones exigieron que el TSE revise su decisión y mantenga el 6 de septiembre como fecha de los comicios postergados.

La marcha efectuada en El Alto resolvió una huelga general indefinida y bloqueo de caminos para que el TSE revise la postergación de las elecciones.

Allí los marchistas agredieron a periodistas, apedrearon a una ambulancia, destruyeron cámaras de seguridad, jardineras y derribaron postes de conducción eléctrica.

Ante la declaratoria de la huelga, por una resolución que asume como suya la Central Obrera Boliviana (COB), un dirigente de la delegación potosina de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) señaló que verán qué hacer frente a la huelga indefinida determinada; un vocero de la COD-Potosí afirmó que no acatarán dicha huelga porque es política; el principal dirigente de los trabajadores de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) añadió que ese sector no apoyará la huelga de la COB porque es una medida al servicio de los que gobernaron 14 años en el país, y un chofer que aclaró que es de base dijo que ellos necesitan trabajar y que no se sumarán al paro de la COB porque es político. También decidieron no acatar el paro el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype), dos federaciones de Juntas Vecinales (Fejuves) de El Alto; lo mismo hizo saber el Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), un representante de cooperativistas mineros de Huanuni y un dirigente de l Central Única de Artesanos de La Paz y El Alto, hasta el cierre de esta edición.

El Ministro de la Presidencia demandó a Evo Morales, Betty Yañíquez (jefa de los diputados masistas) y Juan Carlos Huarachi (COB), sindicados como autores intelectuales de los destrozos ocasionados por marchistas en El Alto. Inmediatamente Huarachi recibió mensajes de solidaridad de masistas.

La realidad se encargará de mostrar si ese proceso criminal avanza y llega al final que persiguen los demandantes o es de utilidad política de los demandados que se sienten perseguidos políticos.

Luego del encuentro entre vocales del TSE y dirigentes sindicales, el máximo ejecutivo de la COB informó que los sindicalistas entregaron a los miembros del TSE las resoluciones aprobadas en el cabildo abierto de El Alto y que esperan que se los convoque para hablar de la postergación de la consulta electoral y que sigue convocada la huelga y el bloqueo de caminos. Ese dirigente agregó que no está descartado un acuerdo entre el TSE y la COB sobre la postergación de las elecciones.

Los masistas que marcharon en Cochabamba demandaron democracia y definieron como dictadora a la Presidenta interina y señalaron que los gobernantes fracasaron en la campaña antipandemia.

Los masistas buscan que los bolivianos creamos ese discurso, sobre todo que admitamos que ellos son democráticos. Sin embargo, tenemos derecho a dudar de que los masistas postulen una democracia como régimen político del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, al menos del alcance de la democracia planteada por Washington.

Es que la democracia que ejerció el régimen depuesto por el alzamiento popular de noviembre del año pasado fue autoritaria, desconoció la decisión mayoritaria de los bolivianos en el 21F, a pesar de que Morales decía que prefería las urnas a las armas.

Antes de aquellas marchas, voceros masistas dieron 72 horas de plazo para que los vocales del TSE retiren su resolución y ratifiquen el 6 de septiembre como día de realización de los comicios pendientes.

Otros dirigentes del MAS dijeron que impulsarían acciones, como aquellas marchas, para impedir la postergación de la consulta electoral, sin considerar el momento actual de más infectados y de más muertos por coronavirus.

Frente a la emergencia sanitaria, los masistas afirman que todos los días los bolivianos se aglomeran en los bancos para cobrar bonos y que allí también las y los ciudadanos corren el riesgo de contaminarse con el virus mortal, pero que ante esa realidad callan los gobernantes.

Las movilizaciones de los masistas de los últimos días son un accionar político y electoral propio de ellos, son una especie de ensayo que seguramente les cae muy bien a los seguidores del exiliado en Argentina; accionar que tiene los rasgos de una guerra de nervios que provoca la furia de los gobernantes actuales y de otros políticos que sin que ese sea su propósito, alienta a los masistas o éstos se deben sentir temidos, y eso también les sirve a los movilizados.

Además, es probable que los masistas crean que el 6 de septiembre será el mejor momento para que ellos venzan en las elecciones, por eso insisten en que la consulta electoral sea el 6 de septiembre.

En cambio, y para graficar, los gobernantes actuales y otros políticos se comportan como quienes miran el partido de entrenamiento masista.

Para que se entienda mejor la comparación recurrimos a Xabier Azkargorta, quien decía:

Estamos jugando al fútbol (no que vamos a jugar al fútbol). Y cuando le preguntaban sobre el equipo de fútbol rival reiteraba que sus dirigidos y él estaban concentrados en el próximo partido, para el que ellos se entrenaban con mucho empeño y para ganarlo.

Respecto del movimiento actual de los masistas, el ministro Murillo denunció que los exgobernantes quieren “convulsionar” el país, resultado que probablemente pretenden, pero ese punto de llegada podría estar ahora entre sus deseos.

Los masistas no persiguen convulsión del país, según Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero del Chapare, aunque aclaró que obedecerán las decisiones de sus organizaciones naturales, es decir, de los movimientos sociales.

Los masistas, sin cuidar las formas, están movilizados y pasan a la ofensiva política y electoral. Y en sus marchas de los últimos días no se protegieron con barbijo, no guardaron la distancia física entre los asistentes y quizá ni se lavaron las manos. ¿Y qué?, podrían decir esos marchistas, y quizá añadan para sus adentros: el fin justifica los medios.

A riesgo de que algunos consideren tarde, se debería compartir la convocatoria del líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos D. Mesa Gisbert, a un diálogo nacional a políticos, gobernantes, empresarios, sindicalistas y otros para buscar acuerdos sobre la campaña anticoronavirus, respecto de la crisis económica y las elecciones.

Sobre la campaña anticoronavirus, el aporte de la inmensa mayoría de los bolivianos y de los médicos y trabajadores en salud sigue invariable, pero algo más podría hacerse. Sobre la crisis económica, CC propone que los pequeños empresarios, con dinero de los bolivianos, produzcan millones de barbijos de buena calidad, sugerencia para la reactivación económica, o la una aplicación de “una nueva economía”, como propuso un economista y docente de la UMSA. Sobre las elecciones, y en base a criterios científicos, se tendría que mantener como fecha, definitiva o no, el 18 de octubre.

Es probable que los masistas se nieguen a conversar y a concertar. Sin embargo, en un editorial como éste dijimos que un acuerdo como el sugerido sería mejor si incorpora a los masistas, pero que si es necesario ese acuerdo sea sin ellos e incluso que ese pacto se lleve a cabo contra ellos, si esto fuera inevitable.

En cuanto a los gobernantes si éstos enmendaran sus evidentes deficiencias en la campaña anticoronarivus, ese acuerdo sería un avance mucho mayor que la retórica de que ellos se ocupan de la salud y de la vida de los bolivianos y que otros sólo ejercen la política.

Frente a la defensiva de políticos sigue la ofensiva de masistas

Editorial de Aquí 320

Frente a la defensiva de políticos sigue la ofensiva de masistas

Los bloqueos de caminos y de calles (en El Alto) ejecutados por masistas y sus aliados con los que exigen elecciones el 6 de septiembre y la renuncia de la Presidenta interina configuran una lucha política y electoral que sigue en ascenso, ante un comportamiento defensivo de los gobernantes interinos y de los candidatos y dirigentes de partidos de todos los pelajes.

Se trata de un quehacer político y electoral propuesto, organizado, financiado y dirigido por los masistas, aunque éstos nieguen ser los autores intelectuales y materiales de tal movimiento.

Ese movimiento apunta hacia la toma o retoma del poder político por el camino electoral o mediante acciones de una parte de los movimientos sociales, con los bloqueos como la principal forma de lucha, en medio de la campaña anticoronavirus.

Los bloqueos de caminos y de calles de los masistas y/o de operadores a su servicio logran ya una parte de sus objetivos: dificultan e impiden la libre circulación de insumos médicos —sobre todo de oxígeno medicinal—, remedios, ropa de bioseguridad, combustibles, mercancías exportables y alimentos.

Hasta el cierre de esta edición, no menos de 30 pacientes murieron por falta de oxígeno medicinal porque ese elemento vital para terapia intensiva tarda en llegar o no llega a los hospitales debido a los bloqueos, a pesar de que los dirigentes de aquella medida de fuerza aseguran que los     bloqueadores permiten el tránsito de oxígeno medicinal, remedios y ropa de bioseguridad para asistir a los enfermos con el virus mortal y para otros enfermos.

Los bloqueadores que impiden el tránsito culpan a los gobernantes del accionar del que ellos son responsables.

Los masistas niegan su autoría de los bloqueos, explicación que utilizarían como coartada en procesos que se tramitan contra los supuestos autores de los bloqueos.

Dentro de procesos criminales, abogados diversos instruyen a sus clientes que nieguen la autoría de hechos criminales aunque sean los actores de aquellas acciones denunciadas.

Los bloqueos y sus exigencias son también parte de la propaganda política y electoral de los masistas: para reafirmarse ellos antes que otros de sus simpatizantes y de sus amigos.

Esa propaganda contiene mentiras, como que es mentira que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cambiaron la fecha de las elecciones sin respaldo en la Constitución Política.

Las últimas semanas los masistas ocupan el campo político boliviano sin competidores al frente

Esa ofensiva política y electoral concede ventajas a los que gobernaron Bolivia 14 años.

En el campo de la política (incluida la actividad electoral), el comportamiento sobre todo o sólo defensivo es una vía que conduce a la derrota sin atenuantes.

En el último tiempo, la iniciativa política casi siempre la toman los masistas, otro elemento que no deben menospreciar los que de veras buscan protagonizar la lucha por el poder político.

Lucha por el poder que es una faceta de la lucha de clases sociales. Ésta es política, ideológica, económica y cultural de las que participan por acción o por omisión los miembros de la sociedad boliviana incluso sin advertirlo.

En un ejercicio más nominal que real, los de Juntos y su candidata dirigen la campaña anticoronavirus y con la consigna que difunden a cada rato de que ellos como ninguno defienden la salud y la vida de los bolivianos, y ellos mismos creen que emprenden una campaña electoral eficiente y eficaz. Si esa dirección en la campaña antipandemia fuera exitosa podría ganar votos para la Presidenta y candidata.

Sin embargo, nosotros nos animamos a decir que el conjunto de las acciones de los gobernantes interinos, en mucho son una campaña electoral en contra.

No obstante, la represión de los gobernantes a los narcotraficantes se podría anotar como un aspecto rescatable de los inquilinos transitorios del Palacio Quemado que afecta a los socios y aliados: cocaleros del Chapare y narcotraficantes.

Los gobernantes interinos con su actitud defensiva parece que esperaran que los bloqueadores suspendan su medida de fuerza o que gestiones de organizaciones y autoridades regionales consigan el fin de los bloqueos con la “fuerza del diálogo” que se aguarda.

Además, los gobernantes que buscan votos para Áñez evitan el uso de la fuerza establecida en las leyes para mostrarse como no son: respetuosos de la protesta social y del ejercicio de la política, después de la que despliegan ellos con miras electorales.

Luis Fernando Camacho propone nueva convocatoria a elecciones probablemente para buscar una candidatura de los grupos económicos especialmente de Santa Cruz y él con preferencia.

Comunidad Ciudadana (CC) y su candidato Carlos D. Mesa Gisbert no se muestran como actores de la política a tiempo completo, al extremo de que éstos se callan en momentos escabrosos de la política, ante los cuales parece que se declaran en cuarto intermedio.

CC propuso antes que nadie un diálogo nacional en pos de acuerdos sobre la pandemia, la crisis económica y las elecciones. Empero, aparentemente CC nada hizo para consultar y comprometer a los convocados. Estos postulantes a gobernar Bolivia dejan de concurrir a un encuentro convocado por la Presidente interina, una grave omisión digna de ser enmendada.

Así, por omisión, CC está a la defensiva respecto de la ofensiva masista.

En cambio, los masistas ganan aunque sólo sea al conseguir que su masa electoral se ponga en movimiento. Sin embargo, Arce-Choquehuanca quizá pierdan los votos de quienes tienen claro que niños y enfermos murieron porque les faltó el oxígeno medicinal retenido por los bloqueadores masistas.

Los oficialistas no podrán recuperar cuanto perdieron o no sumarán nada de aquello que esperaban capitalizar.

Camacho tal vez sume respaldo en Santa Cruz si consigue desbloquear caminos con golpes de mano, por los que se nota que tiene predilección dados sus antecedentes, incluidos los familiares: José Luis Camacho, su padre, fue banzerista y paramilitar que comandó grupos de choque en la universidad pública cruceña, el mismo que, según su hijo, habló con militares, octubre y noviembre pasados, para que éstos ayuden a los alzados contra el régimen autoritario de Morales.

La lucha política y electoral son comparables con una partida o con partidas de ajedrez.

El campeón mundial de este deporte Petrosian dejó como enseñanza que en una partida del deporte ciencia incluso al que le toca jugar con las piezas negras debe atacar desde el primer movimiento o pasar a la ofensiva porque la defensiva en ajedrez es la muerte, como en la política, agregamos.

Candidato masista en campaña electoral facilitada por sus adversarios políticos

Editorial de Aquí 319

Candidato masista en campaña electoral facilitada por sus adversarios políticos

Luis Arce Catacora comentó una encuesta según la cual él ganaría las elecciones del 6 de septiembre próximo.

De acuerdo con la ley electoral, ese comentario puede inducir a que los electores voten por él, por lo que está prohibido por esa norma.

Arce Catacora, por ese comentario, que confirmó haber realizado, hasta el cierre de esta edición ha sido denunciado por cinco actores, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que este órgano del Estado boliviano procese y defina, probablemente, la cancelación de la personería jurídica del MAS y, por tanto, anule las candidaturas masistas a la Presidencia, Vicepresidencia y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El candidato masista, con ese comentario, habría cometido una falta electoral. Sin embargo, voceros masistas dicen que no hubo ni hay esa transgresión a la norma electoral por parte de su candidato.

Los masistas van lejos en la defensa de sus candidatos y de su personería partidaria: plantearon ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una demanda de inconstitucionalidad del artículo de la ley electoral que prohíbe a los candidatos propagar encuestas fuera del calendario electoral y de los plazos que correspondan.

Vale recordar que aquella ley electoral fue aprobada por la mayoría masista de los parlamentarios.

La norma que comentamos fue aplicada contra candidatos de los demócratas, ahora en el gobierno interino, porque el que en ese momento era candidato a gobernador de Beni difundió una encuesta sobre preferencias electorales, supuestamente, favorable al candidato señalado.

Los entonces miembros del tribunal electoral, amigos del MAS según se supo, inhabilitaron electoralmente a los demócratas y a más de 200 candidatos en Beni.

Esa resolución se considera una jurisprudencia, es decir, que la demanda contra Luis Arce debe ser resuelta por el TSE como ocurrió respecto de los demócratas en Beni.

La primera demanda, presentada antes de las otras cuatro, fue admitida por el TSE y en consecuencia corren los plazos en un trámite sobre el que se espera una resolución que anule la personería jurídica del MAS.

Arce Catacora, al parecer, quiso provocar a los políticos antimasistas, los que han iniciado los procesos citados.

Desde el comentario del candidato Arce, sobre esas encuestas, de acuerdo a los dichos y los hechos, los gobernantes durante 14 años, hasta este momento ganan porque han conseguido situarse en la coyuntura (“momento de la lucha de clases”): los últimos días y en distintos tonos se habla de ellos y, especialmente, del candidato Arce Catacora.

En las filas masistas sirve mucho que se los agreda, como afirman ellos, incluso algunos de sus voceros han dicho que otra vez los “racistas” quieren anular la personería del MAS.

Como acostumbran los masistas, el candidato Arce envía mensajes a sus partidarios, a quienes mantiene en movimiento.

Entre los políticos bolivianos no se debe olvidar que los masistas, y sobre todo su jefe, en diferentes momentos representaron el papel de víctimas, lo que les dio buenos resultados.

Arce aparece ahora como víctima, rol con el que espera ganar, y seguramente ya ganó entre sus conmilitones con la tercera parte o menos del electorado en Bolivia. Arce Catacora no debe estar seguro de ganar las elecciones en la primera vuelta y tendría que esperar sólo la derrota en una posible segunda vuelta electoral.

Si el TSE estableciera que, con su comentario, Arce cometió falta electoral debería aplicar la ley, pero las consecuencias políticas sólo pueden advertirse en sus rasgos más generales. En ese caso, los masistas rechazarían una eventual anulación de su personería jurídica con movilizaciones, es decir, los masistas serían llamados a su juego: a un quehacer sociopolítico en el que tienen fortalezas más que debilidades.

Es que los masistas sueñan con reconquistar el poder político en las elecciones o más allá de las elecciones.

Es posible que el MAS, sin personería jurídica, se batiría en las calles y en los caminos para recuperar el poder antes que su registro en el TSE.

Especialmente a los de Juntos les interesa que el MAS y sus candidatos salgan de la carrera electoral porque, eventualmente, podrían buscar una victoria electoral en una probable segunda vuelta, si las encuestas que se conocen se las toma como muestras que señalan tendencias.

Sin embargo, parece difícil o imposible que Juntos se reponga en lo que resta de la campaña anticoronavirus como para contar con mayor apoyo electoral.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, declaró para el diario El Deber de Santa Cruz que su gobierno está desgastado, confesión que da pistas para entender que los gobernantes interinos no consiguen el respaldo que todos los días persiguen en su campaña electoral cada vez que dicen que ellos se ocupan de la salud y de la vida de la gente y que otros ejercen la política.

Asimismo, los gobernantes interinos probablemente constatan que los planes que ellos ofrecen, de reactivación de la economía y de una aparente defensa del trabajo de la gente, no arrojarán los resultados en semanas.

La propuesta-decisión de la presidenta interina Jeanine Áñez de conceder el bono salud de Bs.500 tiene miras electorales antes que la preocupación por los escasos ingresos de asalariados y no asalariados. El complemento de esa movida electoral de la Presidenta interina es el pedido a la mayoría de asambleístas del MAS para que aprueben un crédito del FMI, con el que se pagaría ese nuevo bono.

Frente a esa propuesta-decisión, el candidato masista a la Presidencia del país, también como parte de su campaña electoral, ha dicho que él cree que el bono ofrecido por Áñez es insuficiente y que ese bono de salud debe ser de Bs.1.000 y que los parlamentarios masistas aprobarán un bono de este monto.

No cesa, pues, la acción política ni se registra cuarto intermedio en la campaña electoral, ni en el momento de más contagios y de más muertos por el coronavirus.

Los masistas, facilitados por sus adversarios políticos, se sitúan en el centro de la coyuntura y se comportan como referencia ineludible,

Los juntistas consiguen prorrogar el mandato de Áñez, tiempo en el que creen que enmendarán sus fallas evidentes en la campaña anticoronavirus y que conseguirán más apoyo electoral para la Presidenta y candidata.

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