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Gobierno de convergencia que ejerza la dirección política de la campaña anticoronavirus en Bolivia

Editorial de Aquí 307

Gobierno de convergencia que ejerza la dirección política de la campaña anticoronavirus en Bolivia

La unidad de los bolivianos, en la campaña para vencer al coronavirus, podría ser la base en la que se apoye un gobierno de convergencia boliviana que asumiría la dirección política de la campaña para vencer al coronavirus, en nuestro país, en esta etapa en la que falta moderar, cuando menos, la curva de infectados y de muertos por el virus que enferma a más de tres millones y medio de personas y que provoca el deceso de centenares de miles de ciudadanos en los cinco continentes.

Tres criterios y/o acciones recientes confluyen como antecedentes que tendrían que estimular la convocatoria y la constitución del gobierno de convergencia boliviana; citamos esas tres declaraciones según el orden de su propagación:

El exsenador del MAS, Adolfo Mendoza, por medios de difusión, propuso que la presidenta interina, Jeanine Añez Chávez, organice un gabinete político y técnico para emprender la campaña anticoronavirus.

El diputado del MAS, Víctor Gutiérrez, por radio, sugirió la reconciliación nacional, para avanzar en este período de coronavirus. Este diputado informó, además, que él votó para que las elecciones se realicen en septiembre, en previsión de que la campaña antipandemia dificulte que aquella consulta se lleve a cabo dentro del plazo determinado por los votos de la mayoría de los diputados masistas.

El expresidente y candidato a la Presidencia de Bolivia, Carlos D. Mesa Gisbert, también ante medios de divulgación, afirmó que a la Presidenta de nuestro país le debe ir bien en la campaña anticoronavirus, para que nos vaya bien a los bolivianos.

El líder de la Comunidad Ciudadana (CC), además, ha sugerido un diálogo nacional entre actores de la política boliviana.

La propuesta es constituir un gobierno de convergencia; nombre que expresaría mejor el acuerdo de las fuerzas políticas, partidarias y frentistas, que se inscribieron para participar de las elecciones que, por la pandemia, no se realizarán el 3 de mayo, pero que se efectuarían entre junio y septiembre de este año, como sugirió el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De convergencia, además, porque agruparía a las organizaciones aludidas para lo que no desaparecerían las divergencias entre ellas, porque éstas se fundan en intereses diferentes de clases sociales y porque esas organizaciones son portadoras de ideas sociopolíticas distintas y hasta contrapuesta

Aquellas agrupaciones convergerían (confluirían) en el gobierno sugerido, a pesar de las diferencias señaladas; visiones del mundo y de la vida que no deberían impedir ni el acuerdo ni el gobierno propuesto.

Ese gobierno, cuyo desempeño sería temporal, podría incorporar a otras organizaciones, políticas y/o frentistas, con varias décadas en la actividad política y, por tanto, con los merecimientos suficientes de veteranos en este oficio y, en similares condiciones, a los trabajadores asalariados y por cuenta propia, representados por sus sindicatos y por sus instancias orgánicas.

El gobierno de convergencia boliviana sería legal y legítimo, quizá sin o con muy pocos opositores, por lo que la descoordinación entre funcionarios del gobierno actual y de las autoridades subnacionales, en la lucha anticoronavirus, de la que todavía se informa, se convertiría en un mal recuerdo.

Ese gobierno sería legalísimo, porque no lesionaría norma alguna, y tendría amplísima legitimidad, ante la mirada de cualquier control social.

El objetivo fundamental del gobierno de convergencia boliviana sería dirigir la campaña para vencer al coronavirus en tierras bolivianas, como contribución a la lucha universal contra la pandemia, y hasta conseguir al menos que se contenga la contaminación desmesurada del coronavirus.

El gobierno de convergencia boliviana debería ser integrado por ministros y otros mandos medios, procedentes de partidos y frentes, como delegados suyos, sean o no militantes propios.

El gobierno planteado empezaría sus labores desde su constitución hasta que concluya la etapa anotada, es decir, hasta que termine la cuarentena, en todas sus fases, la que es sostenida por el 90 por ciento o más de los compatriotas, y hasta que lo principal de las empresas y servicios hayan conseguido el funcionamiento en lo que sería, sin duda, otro momento de la salud y de la vida de los bolivianos, y otro período de nuestra economía, así como tendría que ser otra la forma, cualitativamente superior, del ejercicio de la política entre nosotros.

Otro límite del gobierno de convergencia podría ser el inicio de la campaña para las elecciones que tienen que realizarse luego de vencer la pandemia en la fase citada.

El gobierno de convergencia boliviana o gobierno de convergencia nacional y/o plurinacional y/o de reconciliación —si se prefiere esas designaciones— no tendría que tomar medidas económicas para beneficiar a los empresarios y sacrificar el derecho al trabajo de los asalariados, por ejemplo.

Asimismo, una tentación de los gobernantes sugeridos, podría ser impulsar medidas económicas para salvar al modo de producción de bienes y servicios, vigente ahora, en perjuicio de los trabajadores; es decir, ejecutar políticas procapitalistas y/o capitalistas.

El gobierno de convergencia boliviana no debería existir para servir a los empresarios, en detrimento de los intereses nacionales y populares, lo que se reitera en aras de esclarecer el planteamiento sobre la economía, cuya crisis, se advierte, sería como ninguna otra porque, además, la historia no se repite, como a veces equivocadamente decimos que se repite.

La convocatoria para celebrar el acuerdo y para constituir el gobierno de convergencia boliviana la debe hacer la presidente provisional Jeanine Añez Chávez.

Pero si esa convocatoria no llegara de inmediato, como demanda la emergencia sanitaria, por separado y sin que sea una sustitución de las acciones de la mandataria constitucional interina, lo que sería imposible, la propuesta, y en ningún caso convocatoria, la debe hacer el candidato de la CC, Carlos D. Mesa Gisbert propuesta que podrían firmarla, junto con Mesa, otros dirigentes políticos bolivianos o sin la rúbrica de otros.

Esperamos que se manifieste la grandeza de las/os actores de la política boliviana, en la actual campaña antipandemia, grandeza que ayudaría a celebrar un acuerdo sociopolítico que facilite la constitución de un gobierno de convergencia boliviana para vencer al coronavirus en nuestro suelo, como aporte a la lucha por la salud y la vida de los seres humanos en el mundo.

La tarea entre todos: vencer al coronavirus

Editorial de Aquí 306

La tarea entre todos: vencer al coronavirus

Sin la unidad de los bolivianos no fuera posible la cuarentena total que lleva más de un mes y que podría ampliarse. Unidad que es por la salud y la vida en Bolivia y en el mundo.

Esa unidad no es fácil de mantener porque ciertos ciudadanos no se incorporan al gigantesco operativo ni se consigue su participación con el uso de la fuerza del Estado: Policía Boliviana y Fuerzas Armadas.

Los masistas, a pesar de que aseguran que respaldan la cuarentena total, al menos coinciden y/o alientan la desobediencia a la cuarentena por lo que, en los hechos. son actores de la división frente a la unidad lograda en la campaña anticoronavirus. La disidencia respecto de la cuarentena tiene dos vertientes que se complementan: la que integran los que constatan que en las actuales condiciones de Bolivia tienen abierto el camino para hacer negocios con ganancias disminuidas, pero seguras y en el otro agrupamiento participan los militantes y amigos del MAS que juegan el papel de oposición desbocada del gobierno de Añez, con lo que lastiman los intereses del pueblo y de la sociedad boliviana.

A la campaña antipandemia, la inmensa mayoría de los bolivianos aportamos con lo que tenemos para que la cuarentena total contenga al coronavirus y para que por ese sendero avancemos para vencerlo. Los que tienen menos aportan mucho más o todo lo que poseen en la actual campaña, Esa es la contribución de los que si no trabajan no comen o comen mucho menos, y porque acaban sus escasas reservas, porque dejaron de trabajar un mes o más. Los otros bolivianos, los que tienen sueldos o salarios pierden de ganar horas extras y otros incentivos; sin embargo ganan, aunque sea una parte de lo que percibían antes de la emergencia sanitaria. De todas formas, se sabe que algunos asalariados pierden sus trabajos y a otros no les pagan sus salarios.

Empresarios deben perder ganancias y debe haber casos de los que ven que están en riesgo sus inversiones, su capital; no obstante, el aporte de los empresarios a la campaña antipandemia es de los que tienen con qué hacerlo. Hay empresarios que participan de campañas para proveer alimentos a los que no tienen o para comprar ropa de bioseguridad para hospitales.

Los bonos surgidos para aliviar la difícil situación que enfrentamos los bolivianos, no reemplazan ni reemplazarán los ingresos normales de los bolivianos, obtenidos por la venta de su fuerza de trabajo. Esos bonos son transitorios y para aliviar el hambre.

Ante esos bonos, el candidato del MAS a la Presidencia de Bolivia ha dicho, para medios de difusión, que el gobierno en funciones ha decidido el pago de aquellos bonos con demora, en un monto por debajo de lo que él propuso y que la distribución de esos ingresos extraordinarios se lo hace con deficiencias. Así los masistas muestran que son opositores de todos los días del gobierno interino.

Hasta el cierre de esta edición, habían cobrado esos bonos más de dos millones de compatriotas, según fuentes oficiales, incluidos los jubilados que reciben sus rentas como antes de la emergencia que vivimos

Hay familias bolivianas que no reciben ninguno de los bonos. A esas familias se les entrega alimentos desde alcaldías, gobernaciones y los que distribuyen bolivianos que promueven campañas. No obstante esas manifestaciones solidarias, se sabe que hay familias de nuestro país a las que no les ha llegado el pan de cada día.

Sin embargo, una consecuencia no deseada de esas campañas, destinadas a reunir víveres para distribuirlos y/o para organizar ollas comunes, es que sin dejar de ser solidarias podrían convertirse, por extensión, en actos para conseguir apoyo electoral para los organizadores de esas campañas. Y es muy difícil o imposible separar los actos solidarios de las campañas electorales, aunque las elecciones siguen postergadas y, por tanto, formalmente no hay o no debe haber campañas electorales.

La unidad de los bolivianos por la salud y la vida, con la que se sostiene la campaña anticoronavirus podría probarse, una vez más, el momento en el que los gobernantes decidan prolongar la cuarentena por lo menos hasta el 15 de mayo, como proponen autoridades subnacionales, a diferencia de otras pocas autoridades locales que sugieren levantar ya, progresivamente, la cuarentena.

En capitales departamentales y provinciales se nota resolución de autoridades y pobladores que resuelven “encapsularse”, vale decir, endurecer el encierro, aunque por días.

Para que sea sostenida la cuarentena prolongada, sus actores deben recibir una vez más esos bonos. Si no hay ese apoyo económico, aunque parcial, difícilmente se mantendría la cuarentena.

La prolongación de la cuarentena, con los bonos pagaderos una vez más, tendría que suspenderse de manera progresiva y quizá por regiones y según actividades económicas que aseguren el trabajo y la reactivación de la economía, lo que tendría que guiarse por un plan, así sea transitorio.

La unidad alcanzada para sostener la cuarentena en vigencia, tiene que mantenerse incluso mientras se suspenda por etapas o progresivamente.

La cuarentena prolongada será mantenida con la unidad de los bolivianos porque en ese momento seguirá el gigantesco accionar por la salud y la vida de los seres humanos en el planeta tierra y en Bolivia.

Como se dijo, en una nota de la anterior semana de esta publicación virtual, la campaña anticoronavirus como tarea descomunal, los bolivianos debemos emprenderla entre todos, esto es, con los masistas (opositores reales al gobierno), sin ellos porque podrían autoexcluirse o, contra ellos si, como sucede actualmente, militantes del MAS y sus simpatizantes se comportan, sin tapujos, como opositores a la campaña antipandemia.

La tarea entre todos, ahora, es la campaña antipandemia, con la unidad de los bolivianos como instrumento para vencer al coronavirus.

Y esta campaña, en la que los bolivianos estamos incorporados debe continuar, para lo que se tiene que superar actitudes como la de los choferes de El Alto. ¿Por qué? Porque uno de los dirigentes sindicales de ese sector, con la ligereza del que no entiende los alcances devastadores del coronavirus en el mundo y en Bolivia, el que habló en representación de 45.000 de sus afiliados, dijo que ellos ya no soportan la cuarentena y que se debe suspender el 30 a este mes, que los bonos son insuficientes y que ellos necesitan trabajar para ganar el sustento de sus familias y que deben laborar los que estén sanos. Nótese el parecido entre lo expresado por aquel dirigente sindical de los choferes alteños, con lo dicho por el presidente brasileño, el que afirmó que primero está la economía y después está la salud y la vida de la gente.

Choferes como aquel vocero sindical se inscriben en la lista de los opositores a la campaña contra la pandemia y se ubican en contra la cuarentena. No tenemos que olvidar esa confesión de un sindicalista que no oculta que también existen esos bolivianos que ponen sus intereses económicos muy por encima de la salud y de la vida de la gente.

La Comunidad Ciudadana (CC) y la Ruta por la democracia, con similitudes y con diferencias como parece natural, proponen establecer un acuerdo entre los actores de la política boliviana, para seguir en la campaña antipandemia, para compartir una propuesta destinada a reactivar la economía boliviana, con vistas a la crisis que azota en el mundo.

De ese acuerdo nadie debe ser excluido, por tanto, el MAS debe ser uno de los que lo comparta.

Y de ese acuerdo deben participar, también, los trabajadores, aunque sólo sea para que éstos busquen preservar sus empleos y por tanto sus ingresos.

Un empresario ha dicho, para radio Fides, que se deben preservar los puestos de trabajo de los asalariados, así como sus ingresos, pero que en algún momento debe establecerse la “flexibilidad” laboral, es decir, los despidos de asalariados, como cuando se impuso el neoliberalismo en Bolivia y en varios puntos del globo.

El acuerdo propuesto debiera tener elementos que vitalmente interesen a los trabajadores, firmen o no esos acuerdos las organizaciones sindicales.

Ese posible acuerdo sobre la economía (que incluye la participación decidida en la campaña antipandemia, como primordial), aunque no se lo diga expresamente y aunque se lo oculte, será esencialmente para salvar al capitalismo en Bolivia. Opinaremos en esta publicación virtual, de la forma más oportuna que nos sea posible, sobre el acuerdo propuesto.

Ese acuerdo, referido al apoyo ciudadano a la campaña anticoronavirus y para salvar la economía (entiéndase para salvar el capitalismo, como cuestión inevitable, reiteramos), debe contemplar, como otro de sus componentes, la realización de las elecciones, las que según aquellos proponentes del acuerdo que comentamos, deben subordinarse a la tarea que busca vencer al coronavirus y a un plan para reactivar la economía boliviana, la que ya está en crisis.

Concluimos en que debemos aportar, desde nuestro sendero, a mantener la cuarentena, ahora, y cuando se prolongue, como es probable. Del acuerdo para reactivar la economía deben considerarse, también, los intereses de los trabajadores. Y sobre las elecciones postergadas, se debe respaldar que aquéllas se realicen en el curso de este año, apenas venzamos al coronavirus.

Acciones políticas durante la cuarentena en Bolivia

Editorial de Aquí 304

Acciones políticas durante la cuarentena en Bolivia

Los dirigentes de las principales organizaciones partidarias y/o frentistas de Bolivia, todos los días impulsan acciones políticas de menor o de mayor alcance.

Los del frente Juntos y sobre todo la presidenta-candidata Jeanine Áñez Chávez, están end﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ñez est´m s y sobre todo la Presidenta-Candidata ÄAen la delantera, por su labor política y electoral, desde el inicio de la campaña anticoronavirus en nuestro país. Son la dirección política de esta campaña, operativo único en su género, y que convoca a todos los bolivianos. Es que la población , sin excepciones, debe incorporarse para ganar esta campaña.

La dirección que ejerce la Presidenta-Candidata no la comparte con otros dirigentes políticos distantes de Juntos.

Aunque se lo niegue, la dirección de la campaña antipandemia, es política por más que se dice una verdad: que la campaña por la salud y la vida de los bolivianos es la prioridad y algunos de los ministros agregan que esa acción no es política.

Pero es tan política la campaña que es gestión gubernamental y estatal; oficio ciudadano que le toca desempeñar al gobierno de transición sin que los actuales gobernantes hayan buscado esa colosal tarea.

En apariencia la lucha por la salud y la vida no tiene nada que ver con la política, pero ocurre al revés: ahora lo principal del accionar de los gobernantes y en especial de la Presidenta-Candidata es de tipo político, aunque ese accionar se muestra como mera actividad administrativa, en varios casos.

La defensa de la salud y de la vida de los bolivianos, tarea suprema en este período, emprendida por los gobernantes, se presenta como el interés supremo de los bolivianos —y lo es—por lo que el contenido político de la campaña no se ve fácilmente o se mantiene oculto.

Los bonos y las otras medidas económicas, tomadas por los gobernantes y por la Presidenta-Candidata, son parte del arte de gobernar en este tiempo de la pandemia, a la que no se vence en varios países del mundo, por eso es necesario destacar que con la campaña anticoronavirus se defiende la salud y la vida de los seres humanos en el universo, ni más ni menos.

De las elecciones postergadas, los gobernantes tampoco hablan. Sin embargo, no requieren hacerlo, la campaña que encabezan, organizan y que también dirigen, subordinados a la Presidenta-Candidata, abarca las tareas de una campaña electoral. Es decir, los gobernantes con su despliegue en medio de la campaña anticoronavirus, “hacen política” y “hacen campaña electoral”.

Alcaldes, ahora de Juntos, como el de La Paz y la de El Alto, incluido el Gobernador de Tarija, con las campañas en favor de los que tienen menos para comer, se presentan solidarios como el que más, con lo que aportan a la campaña que encabeza la Presidenta-Candidata lo que, sin embargo, confirma que aquel gesto tendría un resultado electoral que beneficiaría al actual oficialismo. Aquí no hay dónde perderse: todos los bolivianos (incluidos los dos caras del MAS) queremos vencer al coronavirus lo más pronto posible. Cuando ocurra esa victoria, que será de alcance mundial, lo probable es que, innumerables ciudadanos, asuman ese triunfo como de Añez, de los gobernantes y de los de Juntos, en primer lugar. Y lo más probable es que de esa manera se valore el desenlace de la campaña antipandemia por más de que se aclare que sin el aporte de casi todos los bolivianos, no hubiera sido posible vencer a la pandemia.

La Presidenta-Candidata y los que gobiernan con ella, con la acción política que dirigen, tienen una ventaja muy difícil o imposible de alcanzar por los otros dirigentes políticos que aspiran a ganar las elecciones, para no hablar de los grupos y dirigentes políticos marginales, a los que la realidad se encargó de ningunear antes de la cuarentena.

Sin embargo, la realidad vale más que apreciaciones. Esperemos, por tanto, ese veredicto de la vida.

Los masistas, con doble comportamiento o con dos caras dentro de la campaña anticoronavirus, ejercen la política en dos direcciones, cuando menos: apoyan, a pesar suyo, la campaña antipandemia y simultáneamente organizan o siquiera alientan marchas, retorno de bolivianos al país desde países vecinos (Chile, por ejemplo)…

Asimismo, son masistas los que respaldan y/o sugieren que comerciantes en El Alto y en la zona sud de Cochabamba realicen ferias.

Masistas, como quienes hacen concesiones, además de asegurar que la campaña antipandemia en Bolivia es un fracaso, denuncian represión policial y militar durante la cuarentena la que, según ellos, debiera ser ejecutada conscientemente y que si la cuarentena se prolongara debe regionalizarse. Esos voceros masistas, además, reclaman un gabinete político y técnico (integrado por ellos también), al menos para influir desde ahí en la dirección de la campaña anticoronavirus.

Alcaldes y concejales masistas afirman que coordinan la campaña anticoronavirus, que reúnen víveres para los compatriotas más necesitados y que no reciben bonos, pero varios de esos funcionarios públicos demandan que el gobierno devuelva un dinero que les fue restado a las alcaldías, por el gobierno de Morales, del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para buscar gas y petróleo; dinero que no fue utilizado, según los que demandan esos recursos.

Gobernadores y munícipes masistas, también organizan el acopio de alimentos para los que no accederán a los bonos para aliviar sus penurias dentro de la cuarentena.

Cocaleros del Chapare han regalado frutas del trópico cochabambino, en la ciudad del valle, como otra de las acciones políticas y electorales suyas.

Una exdiputada y exMinistra de Comunición del MAS, en coincidencia con la Defensora del Pueblo, ha dicho que los actuales gobernantes no tomaron medidas de prevención antes de la llegada del coronavirus a Bolivia, a pesar de las recomendaciones de la OMS, que esos funcionarios públicos no usan hospitales que fueron construidos durante el mandato del gobierno depuesto y que otros nosocomios que se construían han sido abandonados por Áñez y sus colaboradores.

Pese a evidencias, los masistas niegan todos los cargos sobre el presunto objetivo suyo de sabotear la cuarentena para desestabilizar al gobierno, según voceros oficialistas.

En rigor, los masistas niegan que ejerzan la política durante la campaña antipandemia. Lo que hacen y lo que encubren aquellos operadores es acción política. Y los que esperan inacción política de los masistas son despistados quizá incorregibles.

Carlos D. Mesa Gisbert informó que la Presidenta-Candidata, en ningún momento de lo que va de la cuarentena, lo citó para reunión alguna destinada a coordinar dentro de la campaña antipandemia.

Asimismo, en nombre de la Comunidad Ciudadana (CC), por la que es candidato a la Presidencia de Bolivia, pidió información, a los gobernantes, sobre recursos donados por la comunidad internacional para enfrentar la campaña anticoronavirus, sobre la dotación de ropa de bioseguridad para médicos y personal de salud y respecto del tratamiento que reciben los infectados con el coronavirus.

En otra entrevista periodística, el mismo Mesa opinó sobre las medidas que se aplican y que deben aplicarse en el tratamiento de los infectados con el coronavirus, así como acerca del sistema de salud dejado por el régimen masista.

El exPresidente, además, refutó a la Defensora del Pueblo porque ésta dijo —según ella la mal entendieron— que los actuales gobernantes no adoptaron medidas de prevención para evitar y/o contrarrestar a la pandemia, la que fue conocida en septiembre de 2019 y no antes como afirmó la Defensora.

Mesa señaló que la Defensora del Pueblo, milita en el MAS y que el coronavirus se conoció, en el mundo después del 20 de diciembre del año pasado. Añadió que aquella Defensora, es una irresponsable al decir lo que dijo para medios de difusión. Sin embargo, la Defensora aclaró que la única militancia suya es la defensa de los derechos humanos y que, ante medios de difusión, añadió que ella se refirió a la epidemia de dengue, que ocurre hace varios años, sobre todo en lugares cálidos de Bolivia.

Al inicio de la campaña anticoronavirus, el candidato de la CC avisó que este frente suspendió concentraciones masivas para respaldar las medidas, decretadas ya en ese momento en el país, para evitar la propagación del virus mortal.

Las citas reproducidas de Mesa evidencian que este candidato hizo esas declaraciones dentro de la campaña antipandemia, con las limitaciones visibles.

Sin embargo, esas declaraciones de Mesa tienen un contenido político expreso e implícito, lo que es innegable.

Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, ex dirigentes cívicos y candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia del país, no se conoce que algo hayan dicho y que algo hayan hecho en la campaña antipandemia.

El escenario boliviano, en el que se despliega la campaña antipandemia es dominado por Áñez y otros gobernantes, labor que es política y electoral no declarada, pero tiene esos alcances.

Los masistas, desarrollan dos comportamientos durante la campaña anticoronavirus, por eso decimos que ellos son dos caras.

De esa forma ejecutan la política los masistas, aunque niegan que busquen el fracaso de Jeanine Añez y de los gobernantes.

Mesa parece impedido de hacer más en una campaña que, como ciudadano, le toca cumplir disciplinadamente.

Camacho y Pumari, como que vivieran fuera de Bolivia: quizá creen que es mejor callarse hasta que se venza a la pandemia.

Es verdad que no hay tarea más importante que aportar a la campaña anticoronaviru, en la que confiamos que venceremos los bolivianos y los habitantes del planeta tierra.

El curso de esta campaña y la victoria de la sociedad boliviana, se advierte que preocupa mucho a los masistas, sobre todo, añadimos, por lo que podría ganar en ella la Presidenta-Candidata.

Mesa podría perder espacio político y electoral, lo que favorecería a la acumulación política y electoral de Añez.

Camacho podría mermar el respaldo electoral que tiene, según encuestas, especialmente en Santa Cruz.

En suma, el desempeño político de la Presidenta-Candidata podría crecer, incluso a costa de los otros candidatos.

La campaña anticoronavirus, en la que importa el resultado, definiría y redefinirís las preferencias electorales de la mayoría de los bolivianos.

Por lo dicho, en este editorial de Aquí virtual, los principales actores de la política boliviana están en movimiento, el que no se detiene, con las posibilidades y limitaciones resumidas en esta nota.

Sin embargo, la constatación es que la Presidenta-Candidata aparece con varios puntos en su haber, lo que debe considerarse para un balance que deberá hacerse sobre la campaña anticoronavirus. Esa es una conclusión de este vocero, aunque con Añez tenemos intereses contrapuestos y ella nos es política e ideológicamente adversaria irreconciliable, entre otras razones, por sus nexos con los yanquis y con grandes empresarios criollos.

  

Nuevo movimiento sindical y otra COB, luego de vencer al coronavirus

Editorial de Aquí 305

Nuevo movimiento sindical y otra COB, luego de vencer al coronavirus

El actual Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana (CEN-COB) llevaría otra vez a los trabajadores a respaldar a un régimen político que, en realidad, no representaría ni defendería los intereses de los afiliados de la máxima organización sindical del país.

Esta afirmación se apoya en el comportamiento de aquel organismo sindical y de sus integrantes respecto del gobierno de Juan Evo Morales Ayma, del que fueron “pongos políticos”, como se decía en otro tiempo por gentes como el grupo que encabeza ahora Juan Carlos Guarachi, secretario Ejecutivo de la COB.

Hace días, para radio Erbol, al referirse a un nuevo aniversario de la fundación del más importante organismo sindical (17-04-52), aquel sindicalista y principal operador político del MAS, en el último tiempo en el movimiento sindical, defendió la alianza Morales-COB de la que responsabilizó a un congreso de los afiliados cobistas; reunión que decidió ese acuerdo del que ganaron dirigentes del llamado proceso de cambios, incluso a costa de la desatención de las demandas laborales, aunque con seguridad de ese pacto ganó más el caudillo autoritario.

Guarachi llegó a decir, con notorios titubeos que, si llegara el caso, él votaría por Evo Morales si la referida resolución de los trabajadores siguiera sin modificación.

Cuando le preguntaron al máximo ejecutivo cobista por qué los trabajadores mineros y él mismo no exigieron que el otrora Presidente introduzca cambios en la minería, como ocurrió en los hidrocarburos, Guarachi respondió que en el gobierno anterior no hubo ministros de los trabajadores de la minería estatal, a pesar de que aquel dirigente mencionó a dos exmiembros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) que fueron ministros de minería de Morales: Guillermo Dalence y José Pimentel.

Juan Carlos Guarachi difícil que no sepa que, en ese momento, el que ejercía como principal dirigente de la FSTMB le exigió, al que era Ministro de ese sector económico (Mario Virreira Iporre), que retire su propuesta, porque aquel funcionario público dijo, para medios de difusión, que una aspiración de los bolivianos y de los potosinos era la nacionalización de la Empresa Minera San Cristóbal que explota, básicamente, plata y zinc en Potosí.

Al dirigente sindical minero al que aludimos nunca, que se sepa, le pidieron ni siquiera una explicación sobre esa exigencia al entonces ministro Virreira, no obstante de que los mineros asalariados ratificaron, en más de un congreso suyo, la demanda de otra o de una segunda nacionalización de los recursos mineros del país.

Viene a cuento rememorar, asimismo, que el Gerente de la corporación japonesa Sumitomo, dueña de la Empresa Minera San Cristóbal, en su visita a Bolivia y luego de una reunión con Morales, declaró en La Paz que Bolivia, para su empresa, todo era ganar, ganar y ganar.

El que en ese momento era Vicepresidente en nuestro país fue a Tokio a decirle a los ejecutivos de la Sumitomo que en Bolivia se le garantizaba seguridad jurídica, es decir, que no habría nacionalización de su empresa en nuestro país.

Evo Morales también señaló algo parecido, después de que se nacionalizó la empresa Guaracachi (Santa Cruz), que generaba energía eléctrica.

Morales, también, suspendió una reunión con miembros de su gobierno y amigos suyos que fungían como asesores de los gobernantes, en la que iban a discutir la posible nacionalización de la minería. La propuesta para una posible medida como ésa la presentó García Linera, en la que anotó la inconveniencia de la nacionalización porque con esa acción no ganaría el país, debido a que los costos de operación en la minería, en ese período, eran muy altos. Uno de los asistentes a esa reunión preguntó en base a qué datos se elaboró la propuesta presentada por el Vicepresidente, ante cuya consulta éste confesó que los datos eran de los empresarios privados. Ante ese informe el entonces presidente Morales suspendió ese encuentro hasta que se cuente con un plan bien elaborado. La fuente que nos confió aquella información añadió que nunca más hubo reunión de los integrantes de un grupo de “análisis” que conoció aquella sugestión de Álvaro García, sobre la inconveniencia de nacionalizar, por segunda vez, la minería boliviana.

Como otro antecedente, cabe anotar, para que no se borre, que Evo Morales anunció, en Santa Cruz, que la COMIBOL iba a ser cerrada y que se organizaría otra empresa minera estatal. Ante esa noticia, exdirigentes sindicales mineros le enviaron un recado al Presidente en funciones: que si los gobernantes cerraban COMIBOL esos exlíderes de los trabajadores del subsuelo retirarían su apoyo al proceso de cambios y a Morales.

Asimismo, técnicos que conocen muy bien la economía minera difundieron, en voz baja, que era imposible rehabilitar la planta Karachipampa, en la que debió fundirse minerales de zinc, especialmente. Sin embargo, uno de los exministros de minería de Morales y que fue miembro de la FSTMB, declaró para medios de divulgación, que lo mejor que había hecho el gobierno de los 14 años, en materia minera, fue la rehabilitación de Karachipampa.

Para el mal recuerdo conviene anotar que fracasó más de un intento de aquella rehabilitación. En ese tiempo, además, se sabía que si funcionaba Karachipampa sería una empresa que contaminaría mucho, que sus costos de operación serían muy caros y, lo más grave, el Estado boliviano no contaba (ni contaría de inmediato) con minerales suficientes para ser procesados en Karachipampa. Asimismo, la tecnología que se usaría en esa empresa de fundiciones había sido superada y nuevos equipos sustitutivos no existían en el mercado porque la empresa que los produjo se había cerrado hacía tiempo.

La planta de Karachipampa se empezó a instalar con apoyo de la URSS, durante el gobierno del Gral. Ovando, y se continuó la ejecución de esa obra en el gobierno del Gral. Torres, pero nunca funcionó; allí no se procesó la materia prima con la que se esperaba contar.

A exministros del gobierno de Ovando se los llamó “Karachipampa” porque se decía que ellos habían recibido comisión de la empresa alemana que fue contratada para montar la planta.

Otra realidad que dirigentes sindicales mineros de los últimos 14 años parecen ignorar: que cooperativistas empresarios mineros sirvieron de puente para que empresas extranjeras exploten minerales, favorecidos por ese tipo de empresarios criollos que, en varios casos, ayudaron a conseguir las concesiones de parajes mineros para los capitalistas extranjeros.

Este último dato fue confirmado por García Linera cuando dijo que serían enjuiciados los cooperativistas (empresarios) mineros que habrían oficiado de socios de empresarios extranjeros que explotaban minerales en sociedad o separadamente con los supuestos cooperativistas.

Los exdirigentes sindicales mineros y los que siguen en funciones, como Juan Carlos Guarachi, que se conozca, ni siquiera denunciaron el comportamiento tramposo de los cooperativistas empresarios mineros aludidos.

En resumen, los dirigentes sindicales mineros, de la COB y de la FSTMB, en los hechos, facilitaron la privatización de los recursos mineralógicos de Bolivia, privatización que fue mayor los últimos años, de los 14, que gobernó Morales.

Sobre la probable traición de miembros de la COB y especialmente de Guarachi a Evo Morales, está aún fresca una declaración de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien dijo que la COB había traicionado a Morales.

Morales, a su vez, ha sugerido que él no esperaba que Guarachi haya dicho que el exPresidente debía renunciar si consideraba conveniente, como lo hizo ante medios que difundieron esa declaración. Guarachi, en la entrevista con Erbol, confirmó que él declaró que la renuncia al cargo que ejercía, dependía del entonces Presidente.

Existen varios ejemplos demostrativos de que los actuales miembros de la COB dejaron de luchar por reivindicaciones de los mineros. Un ejemplo revelador es el referido al monto de la renta de los jubilados mineros, el que se fijó en Bs3.500, como tope, el que no alcanza al cien por ciento de lo ganado por los exasalariados del sector minero, como la renta que favorece a los militares, aunque es más que las rentas de otros exasalariados bolivianos.

La lucha por mejores salarios de los trabajadores del subsuelo no ocurrió porque los dirigentes sindicales, sobre los que se escribe en esta nota, aceptaban pasivamenete lo que Morales definía como aumento salarial, mejor dicho, como reposición parcial de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Los dirigentes sindicales mineros (incluido Guarachi) y los otros sin excepción conocida, renunciaron a la independencia ideológica y política respecto del gobierno de los 14 años. Un principio y una práctica de los asalariados bolivianos que no les fue fácil sostener y aplicar.

Basta recordar como antecedente que cuando gobernó el MNR, los años 50, las oficinas de aquel Partido funcionaban en locales de los sindicatos mineros, lo que explica, además, que los dirigentes del MNR conducían incluso a los sindicatos de los trabajadores. En ese tiempo fue patente el pongueaje político de los dirigentes sindicales impuesto por el MNR.

Los dirigentes sindicales, ahora encabezados por Guarachi, en tiempos del denominado proceso de cambios, lo que sobre todo hicieron fue halagar, aplaudir y votar a Morales. No se sabe que esos dirigentes sindicales hayan hecho un solo planteamiento para defender los intereses del país y de los trabajadores.

Conviene rememorar que Guarachi un día avisó que los trabajadores iban a exigir que el compañero de binomio de Morales, es decir, el candidato a la Vicepresidencia por el MAS, debía ser un obrero. Sin embargo, ante un pedido-imposición de Morales, ese candidato a la Vicepresidencia fue Álvaro Marcelo García Linera.

Además, actualmente circula el rumor de que miembros de la COB tendrían compromisos con los actuales gobernantes. Difícil confirmar o desmentir, ese rumor en este momento, pero podrían surgir evidencias de un pacto como ése, si acaso existe.

El inventario que pone en evidencia la conducta de Guarachi y de los otros miembros de la COB lo completaremos en otras entregas.

Sin embargo, frente a la hoja de servicios de Guarachi y de sus socios es posible sugerir que, los actuales dirigentes sindicales de la COB, sean cambiados en el menor tiempo posible, como una acción que muestre que se avanza hacia un nuevo movimiento sindical en Bolivia.

Hablamos de una COB que realmente defienda los intereses legales y legítimos de los trabajadores y de los intereses de Bolivia.

La nueva COB que aquí se sugiere sería parte de un proceso que deben protagonizar los trabajadores, en el que éstos no deben ser suplantados por supuestos salvadores extraños a las clases sociales explotadas y oprimidas de Bolivia.

Asimismo, el nuevo movimiento sindical tiene que empezar con la reconstitución de clases sociales, como los mineros, los que no son, como en otra época, la dirección de los asalariados y del pueblo boliviano.

Los mineros asalariados deben ser otra vez clase para sí. Es decir, los mineros tienen que volver, como se dice en el verso de la canción de César Junaro Durán (“Los mineros volveremos”).

Mineros que cuando les tocó retornar a sus lugares de origen, después de una derrota suya, en las Jornadas de marzo (1995), gritaron: “Los mineros volveremos, con armas”. Esos mineros de ayer no han vuelto ni sin armas y mucho menos con armas. Este tema merece más de un texto.

Como adelanto vale decir que los otros mineros, que ahora no existen, tenían experiencia sindical y política, recogida en múltiples jornadas de lucha; esos obreros vivieron y trabajaron enfrentados a patrones que tenían, a su servicio, la fuerza del Estado con la que sometían, a sangre y fuego, a sus dependientes del subsuelo; esos proletarios aprendieron, en tantas acciones de clase, el ejercicio de la dirección del movimiento sindical, en la que también asumieron el rol de dirección política de la clase social en sí y del pueblo boliviano. Fueron los mineros, especialmente, los que convirtieron a la FSTMB y a la COB en sindicatos para la pugna por mejores condiciones de vida y de trabajo; sindicatos que tuvieron la cualidad de cumplir tareas políticas, al mismo tiempo. Por eso se dice y con razón que la FSTMB y la COB eran sindicatos y direcciones políticas a la vez.

Para el cierre, se recoge aquí la apreciación de que los miembros de la COB están perdidos, no dicen esta boca es mía en medio de la campaña anticoronavirus para representar y defender los intereses de los trabajadores y de Bolivia.

A dirigentes sindicales y amigos de Guarachi y a éste, que se extravían, han hecho mucho para demostrar que si algo debe hacerse con ellos es cambiarlos, con urgencia.

Y lo mejor que les ocurriría a los trabajadores bolivianos es contar, con apuro, con otros integrantes de la COB, como un avance en la organización de un nuevo movimiento sindical para los tiempos de crisis, como los que vivimos; crisis que continuará, en otra fase, cuando venzamos al coronavirus en Bolivia y en el mundo.

Ante falta de ingresos: compensación material es útil, pero escasa

Editorial de Aquí 303

Ante falta de ingresos: compensación material es útil, pero escasa

Empezó en Bolivia el desembolso de Bs400 o del monto de la “Canasta familiar” a los que reciben la Renta Dignidad, el Bono “Juana Azurduy” y el Bono a los discapacitados.

Con aquel desembolso, según la presidenta Áñez, se espera aliviar la falta o escasez de ingresos de los grupos sociales más necesitados, la mayoría en Bolivia.

Si se prolonga la cuarentena total —como que desde Santa Cruz se pide su ampliación— ojalá se apruebe que a la “Canasta familiar” se la extienda por otro mes, cuando menos.

Además, se apunta una constatación: que hay sectores sociales, entre nosotros, que tienen por hábito extender la mano hacia el Estado para que éste cubra obligaciones económicas de los ciudadanos.

Sin embargo, también hay entre empresarios bolivianos, o que tienen intereses aquí, que han conseguido, presiones mediante, que el Estado se subrogue las deudas suyas, lo que ocurrió con varios banqueros quebrados, durante el neoliberalismo, lo que es una prueba de esta afirmación, la que no debemos olvidar. Se aclara que esas deudas de banqueros quebrados las pagamos los bolivianos o las seguimos pagando.

Sin embargo, la “Canasta familiar” es un alivio que no atenderá todas las necesidades de los compatriotas que la reciban.

Ese soporte económico, resulta escaso, pero es un dinero útil con el que se vivirá este tiempo o parte de este tiempo de la cuarentena total. Aquélla es una especie de retribución a la mayoría de la gente que no puede trabajar no sólo por su avanzada edad sino porque el encierro necesario de las clases sociales, realmente productoras, lo impide.

No se conoce opositores a la “Canasta familiar” o si hay algunos están ocultos.

Pero lo que existen son los grupos sociales que se sienten excluidos de ese beneficio y con razones convincentes en varios casos.

Trabajadores por cuenta propia de talleres diversos que están de veras paralizados dicen que no han sido tomados en cuenta para recibir la “Canasta…” de la que comentamos.

Sin embargo, familias de esos trabajadores en talleres por cuenta propia lo probable es que reciban, indirectamente, el “Bono estudiantil” o que dejen de pagar por el servicio de luz y parcialmente (la mitad de la tarifa) por el agua potable que consuman, durante tres meses. Por esos servicios se dejará de pagar sumas menores, pero serán ingresos indirectos para esos usuarios.

Los niños enfermos con cáncer han reclamado para ellos la “Canasta…” y tendría que enmendarse esa omisión.

Otras tantas familias empobrecidas no figuran en la lista de los destinatarios de aquella “Canasta…”. No obstante, en lugares como Huanuni los trabajadores mineros y vecinos comparten lo que tienen con aquellos desposeídos de alimentación.

En otros sitios desde las alcaldías o gobernaciones toman iniciativas destinadas a proveer de alimentos a las familias necesitadas, como se dice por ellas.

En La Paz, el Alcalde avisó que serán distribuidas 8.000 canastas familiares, con dinero que debió gastarse en el desayuno escolar. Lo difícil será, empero, establecer que aquella donación será solidaridad plena y en ningún caso para ganar votos con dinero destinado a los estudiantes.

La Gobernación de Tarija, asimismo, informó que parte del dinero presupuestado para el desayuno escolar será empleado para financiar una canasta familiar de Bs500 para las madres de familia de ese departamento y que tengan hijos estudiantes. En este caso será muy difícil desvincular la solidaridad real de los afanes electorales de autoridades, como el Gobernador de Tarija, que apoyan la candidatura de la presidenta Áñez. Vecinos de otras ciudades, hablan poco o sin hablar, reúnen víveres para dotar a los habitantes que los requieren y que son de esos lugares.

En Beni y Pando se reparte comida a los que están imposibilitados por sí mismos de conseguir su alimentación.

Se ha dicho que es en medio de la campaña anticoronavirus cuando la solidaridad debe materializarse sin demora. Ya se lo hace y se espera que crezca y que sea duradera.

Es bueno recordar que casi siempre ha ocurrido que los más solidarios son los que menos tienen, los que comparten lo poco que tienen para vivir. Hay certeza de que ya es y que seguirá siendo así.

En esta especie de recuento de los beneficiarios o no de la “Canasta…” dejamos constancia de ejemplos de “aprovechadores” consuetudinarios o que pretenden seguir con esa repudiable práctica que nos daña:

—Dos cooperativistas mineros, lo más probable es que se trate de empresarios “cooperativistas mineros”, han pedido la “Canasta…” porque no pueden trabajar debido a la cuarentena total, dijeron.

Cooperativistas mineros de base, en rigor, asalariados que depeden de los cooperativistas empresarios mineros, podrían haber solicitado aquel beneficio, pero aún ese sector tendría que buscar auxilio de sus verdaderos patrones, esos cooperativistas empresarios mineros.

Recordemos que los coopertivistas empresarios mineros (que no son cooperativistas, para decirlo con las palabras de un exPresidente de COMIBOL), han recibido préstamos del Estado (que no los pagaban); han sido depositarios de regalos del entonces presidente Morales; han sido favorecidos con parajes mineros públicos para su explotación, en los que no han gastado para la preparación productiva.

Esos cooperativistas mineros han ayudado a privatizar y a transnacionalizar (“extranjerizar”) la economía minera en Bolivia.

Cooperativistas mineros también fueron reprimidos, por el régimen masista, acaso porque los servicios políticos que prestaron a Morales eran inestables.

Con esa hoja de vida y a pesar de los recursos propios con los que cuentan, en este momento, aquellos dos dirigentes de los cooperativistas empresarios mineros pidieron que se los cuente entre los destinatarios de la “Canasta…, reiteramos.

–Un dirigente de los gremiales de Bermejo, frontera con Argentina, también reclamó que a ese sector se lo sume para la recepción de aquella “Canasta…”

Ese pedido se lo hizo para innumerables trabajadores gremiales, los que en realidad son contrabandistas y comerciantes de esas mercancías contrabandeadas, es decir, que para su internación al país eluden controles aduaneros para evitar el pago de algún impuesto o son mercancías que compiten, a menor precio, con las de factura boliviana.

Esos gremiales tendrían que haberse callado y jamás decir que quedaron sin trabajo en la cuarentena y que por tanto merecen la “Canasta…”

–Un dirigente de los campesinos de Chuquisaca, a su vez, señaló que la “Canasta…” excluía a ese sector socio-económico y a otros de modestos ingresos.

Sobre los campesinos, si en este tiempo producen, los bienes que ofrezcan tendrán certeza de venderlos en el mercado que funciona con las limitaciones de compradores que no tienen los ingresos a los que habitualmente accedían antes de la pandemia.

Es necesario decir, además, que ese dirigente de los trabajadores agrarios, habló de los campesinos de forma genérica; designación con la que no separó a los campesinos empobrecidos de los campesinos pequeños, campesinos medios y campesinos ricos, para no hablar de los empresarios del campo que en Chuquisaca existen, incluidos los que allí explotan y oprimen todavía a indígenas guaraníes.

En Chuquisaca, entre otros sitios, campesinos que no tenían necesidad (registramos confesiones de algunos de ellos) recibieron dinero obsequiado, por el régimen masista, para construir casas, ampliarlas o acrecentar sus cultivos. Pedir la “Canasta…” para esos campesinos podría ofender a los que sí la necesitan. Los campesinos de los que hablamos en estos párrafos, entre otras cosas, son los que durante 14 años han dejado de sembrar porque era más rentable y menos esforzado recibir plata del hermano Evo para aplaudir y halagar a este caudillo autoritario.

Hemos citado estos tres ejemplos para estar siempre avisados respecto de los aprovechadores, como los que en El Alto, en juntas de vecinos, se disponían a elaborar listas de beneficiarios de la “Canasta…”, para una repartija posiblemente tramposa que no ocurrió, menos mal.

Ante las elecciones, que de todos modos deberán realizarse después de vencer a la pandemia, al menos tenemos que denunciar a los que so pretexto de aliviar el hambre de la gente empobrecida distribuyan alguna ayuda condicionada a la votación por candidata o candidatos a la vista.

Debemos estar avisados, asimismo, de que en todas partes tenemos compatriotas como una potosina que, a viva voz, pidió que aparezcan los candidatos con bolsitas con azúcar y con fideo para regalar en barrios en los que reside gente empobrecida.

El hambre con seguridad sería utilizada para hacer campaña electoral con dinero de los bolivianos o de la cooperación internacional. Tenemos que redoblar la guardia, ante posibles irregularidades de ese calibre.

Volvemos a los paliativos del hambre provocada por la campaña anticoronavivus.

Gobernantes tienen resuelto apoyar económica y financieramente a los empresarios para que éstos reactiven su economía que ya confronta una crisis de alcances difíciles de cuantificar en este momento.

A esa ayuda del Estado a los empresarios, difícil oponerse con razones valederas.

Esa ayuda a los empresarios, sin embargo, da pie para que desde este espacio digamos a voz en cuello como es preciso, que los bonos resueltos para los bolivianos, para batirse en la emergencia sanitaria, lo más probable es que sigan escasos porque, además, son insuficientes.

Ante esta realidad, los destinatarios de los bonos surgidos en la campaña antipandemia tienen la palabra. Y la palabra de ellos, con certeza, es que se extiendan aquellos beneficios en montos y frecuencias, pedido que los gobernantes deben atender ineludiblemente.

Hay casos en los que los recursos ahorrados, si son mejor distribuidos, podrían atender demandas, como la de los jubilados, los que tienen que conseguir que sus ahorros se repartan mucho mejor, que se calculen según la expectativa de vida de los beneficiarios, de modo que el Estado herede menos del ahorro de los jubilados que mueran antes de los 100 años previstos por los calculadores de las rentas actuales de los jubilados.

Este es sólo un ejemplo para subrayar que los bonos para la campaña antipandemia deben correr por un cauce distinto a las acciones que busquen aumento de rentas de jubilados y/o aumentos salariales.

Están relacionados y conectados, los bonos que comentamos y las reivindicaciones salariales de este período en Bolivia, pero cada demanda debe seguir por su propio camino.

Los bonos para seguir la campaña anticoronavirus tienen su camino y los beneficiarios saben o descubrirán cómo conseguir que se amplíen, así como las demandas de aumento salarial o de incremento de las rentas de jubilados también deben seguir su propio rumbo.

La “Canasta…” es útil, pero escasa, por ello la demanda visible es que se pague dos veces o más, según el tiempo de la emergencia sanitaria.

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