editorial
Cinco años de la matanza de 13 campesinos en Porvenir (Pando, 2008) por disparos de dirigentes cívicos y sicarios al servicio de un poder regional apenas mermado. Es cierto que hubo muertos del bloque de ese poder, lo que explica una débil defensa de los trabajadores del agro e indígenas, blanco de actores políticos de una llamada “media luna” alzamos contra el gobierno legítimo y de reformas avanzadas que el pueblo entonces defendió decisivamente.
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Antes de que el actual Presidente sea posesionado en el cargo, una de las propuestas que hizo un grupo de personas fue sustituir a la Policía Boliviana (PB), por una nueva y que ésta debía sumar a los efectivos de la vieja institución con una hoja de servicios que los habilite para pertenecer a una nueva policía, para un nuevo orden, y que de veras sirva a la sociedad.
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Los gobernantes, con la fuerza del llamado Estado plurinacional, de hecho les arrebataron a los indígenas del TIPNIS, el derecho a la consulta previa, informada, de buena fe y obligatoria. Después de que construían por ambas puntas el camino de la discordia, con presiones y prebendas, manipularon resultados de esa consulta, informaron que la mayoría de moxeño-trinitario, yuracarés y chimanes aprobaron la apertura de esa vía.
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“Quiero escribir pero me sale espuma”.
César Vallejo
Acongojados e indignados son palabras que resumen el estado de ánimo generalizado de la mayoría de los bolivianos y en especial del pueblo. Y los cruceños sienten la tragedia como en uno de sus barrios, como se define al Penal de Palmasola en esa región.
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Un acierto de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz, presidida por María Amparo Carvajal Baños fue denunciar que el presidente Morales dio la orden para la represión en Chaparina, a los actores de la VIII marcha indígena (25-09-11), responsabilidad que la comparten gobernantes y miembros del que llamado Estado plurinacional.
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