Los gobernantes prefieren el silencio ante sus hechos y sus dichos

editorial

El Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, propuesto por los gobernantes y que estudia la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), dispone que los bolivianos no contaremos con la “información que se encuentra en proceso hasta tenerla concluida”. Y las excepciones son:

—La información “que ponga en riesgo la seguridad y defensa del Estado, interna o externa”, será secreto de Estado o del gobierno.

La información referida a extorsiones, sobornos, corrupción, cuyos protagonistas sean funcionarios o servidores públicos, constituirán secretos.

Los actuales gobernantes, “por seguridad del Estado boliviano” y para “colaborar” con los gobernantes de Perú, expulsaron a tres peruanos y a un niño (y a un cuarto lo apresaron y le trataron de anular el asilo que tiene en Bolivia). En una audiencia de un proceso que no fue “debido” y en el que no se mostró prueba alguna que demuestre los supuestos delitos de esos ciudadanos peruanos, se avisó que éstos iban a ser entregados al Estado vecino, a pesar de que allí eran perseguidos, por “senderistas”, por lo que aquí solicitaron asilo, el que se les negó.

En nombre de la seguridad y la defensa del Estado boliviano serán perseguidos, procesados y sancionados, vaya saberse cuántos periodistas, si son definidos como políticamente desafectos para los inquilinos del Palacio Quemado. Y cualquier proceso de ese tipo, será represión política, aunque se encubra con maniobras leguleyescas.

—“La (información) referida a acciones estratégicas sobre recursos naturales” del Estado boliviano será secreta.

Hace meses corre el rumor de que la fase de industrialización del litio no será emprendida por el Estado boliviano si es que no se asocia con empresas transnacionales que disponen de la tecnología y del conocimiento; los que nuestro país no podría comprar porque sus precios son altos y porque sus dueños no los venden en el mercado, como a otras mercancías.

Pensamos que es necesario informar a los bolivianos que esa fase del aprovechamiento del litio (agregar valor a la materia prima o industrializarla) es preferible a guardar silencio o mentir sobre tan importante o “estratégico” asunto.

—No se informará desde el Estado y/o desde el gobierno respecto de “la salud, intimidad o privacidad de las personas”.

Sobre cierto tipo de enfermedades incluso los particulares guardan silencio y éste se respeta, salvo excepciones. Sin embargo, los funcionarios o servidores públicos, no deben callar sus dolencias si éstas les impiden ejercer sus labores.

En cuanto a la llamada intimidad de los funcionarios públicos, con frecuencia son ellos los que se encargan de poner en evidencia sus relaciones íntimas porque, además resultan inocultables. Sin embargo, recordamos que sobre esa intimidad, los que ocupan algún cargo en el Estado y/o en el gobierno tienen derecho al silencio, en una entrevista periodística.

—La información “que ponga en peligro la vida e integridad de las personas”, es otra limitación de ese proyecto de ley.

Cuando un juez y/o un fiscal consideran que, temporalmente, no deben conocerse detalles de una investigación dentro de un proceso criminal, se asume ese silencio como imprescindible, para proteger a un testigo, por ejemplo. Pero a menudo son jueces y fiscales los que filtran o transcienden información o en conversaciones con sus amistades hablan lo que deben callar. Se conocen varios casos, el del ex fiscal Sosa es uno de los más conocidos.

—“El secreto profesional”, establecido en otras normas del país, como el secreto médico o el secreto de la fuente informativa que deben guardar los periodistas (hasta la tumba si es menester), resulta impertinente, para decir lo menos, que aparezca en el proyecto de ley que comentamos. ¿Qué secreto profesional podría guardar la ministra Suxo?

—El secreto estatal y/o gubernamental sobre “estudios de impacto ambiental”, es una trampa a la que los gobernantes nos quieren acostumbrar. Un estudio de ese tipo tiene que ser conocido, incluso de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Ésta dispone que la consulta a los indígenas, cuando una acción administrativa les podría afectar, debe ser informada, previa y de buena fe. Con la excepción de marras los gobernantes sólo informarían sobre el camino ecológico, que parta en dos el TIPNIS, luego de consumados los hechos. Camino ecológico que, hasta donde se informó, sería como una gigantesca pasarela o un desmesurado subterráneo. Un secreto de ese tipo es sospechoso.

—“La información estratégica a nivel de competitividad comercial de las empresas del Estado o en las que (éste) tenga mayoría del patrimonio”, será clasificada como secreta, de acuerdo al proyecto de ley que nos ocupa y preocupa.

Ya existen secretos comerciales, bancarios, económicas en otras normas bolivianas. ¿Habrá necesidad de otros secretos?. De acuerdo a los legítimos y legales intereses del pueblo nos parecen demás esos nuevos secretos.

—Datos y dichos cuya “divulgación implique riesgo inminente para la estabilidad del país, su economía, sus recursos o el interés público”, también deben guardarse bajo siete llaves, según esa norma que estudia la ALP.

Si los actuales gobernantes deciden otro “gaslinazo” no dirán nada hasta que sintamos sus efectos devastadores en la economía del pueblo y veamos el rechazo de éste. Sin embargo, una medida como ésa tendría que ser discutida, amplia y profundamente, antes de ser adoptada, por lo que, el secreto de las autoridades gubernamentales, no debe tener lugar alguno en esa materia. Asimismo, según ese proyecto, no se debe saber nada sobre las empresas organizadas o en organización, durante la administración de Morales, aunque aquéllas ni siquiera funcionen. Más aún: las fuentes gubernamentales decidirán qué información atenta contra el “interés público” para imponer la censura o la autocensura.

Los referidos secretos de Estado o de gobierno ya existen. Con el proyecto de ley que se estudia se reforzará la censura, la autocensura, las medias verdaderas, la manipulación, el intento de matar a la verdad por lo que esas prácticas y esas normas debemos rechazar. Y si se aprueban, a riesgo de sufrir la represión desde el Estado y desde el gobierno, especialmente, los trabajadores de los medios debemos ejercer nuestros derechos, individuales y colectivos, a informar con veracidad, a facilitar la comunicación, a opinar con responsabilidad y a interpretar con ética —consagrados en la Constitución Política del Estado— y sin obedecer una posible ley anticonstitucional y, por tanto, ilegítima.

Los gobernantes ante sus dichos y sus hechos prefieren el silencio informativo. En respuesta, los trabajadores de los medios debemos comportarnos “libres” y sin “mordazas”.