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El descrédito del Censo 2012 aconseja su “anulación”

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editorial

El Censo 2012, y en particular las cifras finales y oficiales, está desacreditado ante las y los bolivianos, a pesar de los 56 millones de dólares gastados, los que debemos pagar, no obstante los errores de los gobernantes.

Viene a cuento recordar que, entre otros, el entonces principal ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), renunció al cargo luego de que desde el gobierno se le quiso imponer la realización del Censo 2012 sin que éste cuente con las condiciones imprescindibles como: cartografía actualizada, censores suficientes y entrenados, boletas censales con las preguntas pertinentes y claras para responderlas adecuadamente, materiales idóneos que faciliten el uso las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

A los desaciertos técnicos, que resumimos, se sumó una propaganda política mentirosa destinada a conseguir que las y los ciudadanos respondamos, por ejemplo, que no pertenecíamos a esa población “mestiza”; en cambio, los gobernantes pretendieron que declaremos, ante los censores, que los bolivianos creemos pertenecer a uno de los 36 pueblos indígenas. Esa propaganda se impulsó desde instancias gubernamentales y, en particular, por funcionarios del Ministerio de Comunicación y, también, por la Ministra de Planificación que “comandó” ese operativo censal (u otro y otros por su intermedio).

Este sábado 3 de agosto el Presidente, sobre el Censo 2012, declaró entre otras cosas que los datos preliminares que él entregó en enero de este año fueron equivocados; que la mayoría de las y los bolivianos declaramos, porque padecemos de colonialismo, que no pertenecemos a ninguno de los pueblos indígenas y que todos debemos responder por aquel Censo.

La diferencia entre las cifras preliminares del Censo 2012 y las finales y oficiales son de más de 370.000, resultado sobre todo de errores cometidos al copiar manualmente los resultados registrados en las boletas censales, de acuerdo al Director del INE, a la Ministra de Planificación para el Desarrollo y al presidente Morales.

Estos días gobernantes y opositores, en una rara coincidencia, apuntan al mismo blanco: dicen que para validar los resultados del Censo 2012 hay necesidad de explicaciones y medidas técnicas suficientes, que se debe realizar una encuesta que verifique esos datos (lo que se sugirió que se haga inmediatamente después de ese recuento de la población), pero desde el gobierno y el INE se dijo que no hacía falta esa consulta y que había otros procedimientos técnicos para conseguir mejores resultados; empero, esa oferta tampoco la materializaron. La Ministra de Planificación asegura que no hace falta una auditoría al Censo.

El Ministro de la Presidencia —lo que con visible ingenuidad han saludado incluso opositores al gobierno— ha dicho que es necesaria la encuesta posterior al censo, la que en otros países se realiza inmediatamente después sin las dilaciones bolivianas.

Los errores y/o maniobras de los gobernantes y de los técnicos del INE (aunque éstos hayan sido inducidos a cometerlos) han desacreditado los resultados del Censo 2012, por lo que ellos pretenden devolverles credibilidad, sobre aquel operativo, a las y los ciudadanos.

 Apoyados en criterios de técnicos que saben que durante décadas en el INE se han manipulado los más diversos datos, porque mantenemos el sentido común que nos ayuda a pensar por cuenta propia y porque de la vida seguimos aprendiendo a leer bien la realidad (la que se apoya en lecturas imprescindibles), nos animamos a sostener que el descrédito de todo el Censo 2012 y, en especial, de los datos finales y oficiales no se podrá remontar, es decir, esos resultados perdieron y siguen perdiendo la credibilidad ciudadana, incluso de algunos oficialistas que no irán muy lejos con su descontento, por lo que ni otra propaganda mentirosa (la propaganda política y la publicidad comercial son mentirosas), conseguirán devolvernos la confianza en datos que o han sido manipulados manual y erróneamente, como afirma el Director del INE y la ministra Caro, o han sido cambiados por técnicos sumisos por mandato de los que ejercen el poder político, como ha sucedido durante años en esa oficina pública.

Las faltas cometidas por funcionarios del INE, por la Ministra de Planificación, aunque lo hayan hecho por mandato de otros gobernantes y/o del Presidente, están muy cerca de los delitos contra la confianza o la fe pública.

Si esos funcionarios se autocriticaran, de palabra y de hecho, respecto del errático Censo 2012 y de sus resultados oficiales y finales, quedará una estela de dudas, cuando menos, sobre aquel instrumento que debía servir en la economía, en la sociedad, en el Estado, en el gobierno, en la sociedad, en la cultura, en las actividades cotidianas de esta tierra nuestra.

De ese descrédito del Censo 2012 deben responder los gobernantes y sus técnicos, por tanto, los que rompieron los platos tienen que pagarlos. No hay dónde perderse. Incluso los operativos adicionales tendientes a devolver la credibilidad, por ejemplo, respecto de las cifras del Censo 2012, no los deben ejecutar los gobernantes y/o sus técnicos porque unos y otros sólo buscan y buscarán utilizar un gigantesco maquillaje para que los despistados vean incluso como atractivas las cifras dudosas y/o mentirosas de un operativo censal que sería confiable si se hacían las cosas en base a nuestra propia experiencia y la de otros países, como los del ALBA y, entre éstos, de Cuba que hace poco ha realizado un censo.

Técnicos, en los que confiamos y por ello asumimos sus puntos de vista sobre el Censo 2012 y sus resultados, afirman que el INE y los gobernantes deben entregar la “base de datos”, los datos que se recogieron el día del operativo censal, los que deben coincidir con los recontados manualmente. Incluso que a manera de verificación o desmentido de esos datos, se deben confrontar los que se anotaron manualmente en el INE y los que están en las boletas del Censo 2012 y que fueron recogidos por los censores o encuestadores.

Veremos si gobernantes y técnicos hacen lo uno y lo otro. Aguardemos que confrontan el 1 por ciento de las boletas censales con los datos anotados en el sistema de cómputos del INE. Esperemos no más de lo que resta de este año para convencernos de que, a pesar de los 56 millones de dólares que se perderían aunque no del todo, lo recomendable es que se “anulen” los datos finales y oficiales del Censo 2012 y, en consecuencia, todo el proceso viciado de fallas. En realidad, esos datos no se los desaparecerá, por lo que podrían permanecer como referencias posibles pero no deben darse como válidos.

Los técnicos que hemos aludido, con los que una vez más nos ponemos de acuerdo, proponen institucionalizar el INE (conseguir la independencia de éste), que un organismo reformado organice el nuevo Censo 2020 sin las fallas del que se realizó el año pasado y, como yapa, esos amigos insisten en que se deben analizar los datos recogidos el día del Censo 2012 y que deben ser confrontados con los anotados manualmente.

Nosotros, a nuestra vez, apoyamos esa propuesta, pero insistimos también en que los resultados del Censo 2012 se los “anule”, es decir, que sean tomados sólo como referencias posibles y hasta necesarias y, en ningún caso, como datos oficiales porque son entre dudosos y mentirosos, aunque se les pretenda inyectar certeza y veracidad, lo que no existe ni en el INE, ni en el Ministerio de Planificación para el Desarrollo, ni en el Palacio Quemado. 

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