Periodistas de Bolivia se pronuncian por la democracia, la libertad de expresión y el derecho a la información

Periodistas y trabajadores de la prensa de Bolivia reunidos en un Foro Nacional, los días 24 y 25 de octubre de 2025 en la ciudad de Cochabamba, han emitido un pronunciamiento donde reafirman su compromiso con la democracia, la libertad de expresión y el derecho a la información.

Señalan que este año de celebración del Bicentenario de Bolivia y del Centenario de la Ley de Imprenta es “una ocasión para reflexionar sobre los logros y retrocesos en la protección de la libertad de expresión y de prensa, así como para exigir el compromiso del Estado y convocar a la sociedad en defensa de estos derechos fundamentales”.

El periodismo boliviano, sobre todo en el periodo 2021-2025, ha sufrido 679 vulneraciones a la libertad de prensa, las que van desde “agresiones físicas y psicológicas, amenazas de muerte, campañas de hostigamiento y presiones para levantar el secreto de fuente hasta la criminalización, ciberacoso y acoso sexual” de acuerdo a la sistematización realizada por el Observatorio de Derechos Humanos de Unitas.

El documento afirma que el Estado es “el principal agresor de la libertad de prensa, mientras que el sistema judicial deja en la impunidad los atentados contra la integridad de periodistas y, en muchos casos, se presta a la criminalización del trabajo periodístico” como en el caso "Las Londras" donde los agresores gozan de impunidad.

Esta situación, señala, tiene como propósito: “silenciar al periodismo, inducir a la autocensura y, de esa manera, afectar el derecho colectivo a la libertad de expresión e información”, pero también “violenta los principios elementales de la democracia y el derecho ciudadano a recibir información plural y veraz”.

En ese sentido exigen “la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública, indispensable para la transparencia, el control social y el ejercicio responsable del periodismo, y de una Ley de Protección a Periodistas, con mecanismos efectivos de prevención, protección y reparación”.

También solicitan “una auditoría integral independiente de los gastos en publicidad estatal y la aplicación de reglas transparentes y equitativas para su asignación, a fin de eliminar el uso político de la pauta oficial”.

En cuanto a los medios estatales demandan que éstos “se constituyan en verdaderos medios de servicio público, gestionados con criterios meritocráticos, pluralistas y con rendición de cuentas”.

Asimismo, reafirman la “defensa de la Ley de Imprenta, como garantía histórica de las libertades de pensamiento, expresión y prensa” y exigen “el respeto y cumplimiento de los derechos laborales” con salarios dignos y pagados a tiempo.

Finalmente convocan “al nuevo gobierno, a la Asamblea Legislativa, a las instituciones del Estado y a las organizaciones de la sociedad civil a promover un diálogo nacional para consolidar un marco democrático de garantías que proteja a quienes tienen derecho a ser informados y a quienes ejercemos el periodismo”.