Bolivia, país minero a 73 años de una nacionalización desnacionalizada

Editorial Aquí 352

La historia de Bolivia es también la historia de la minería, pues desde antes de su fundación, las minas han determinado, en gran medida, su comportamiento económico.

Gracias a la inmensa riqueza del cerro de Potosí por el metal que producía, la plata, se potenció el desarrollo no solo de España, sino también de Europa. La expoliación a la fue sometido el Cerro Rico, no dejó mucho a la ciudad que creció a sus faldas, como tampoco a Charcas, su jurisdicción donde pertenecía.

Durante la Guerra de la Independencia, pese a la debacle que hubo en la minería durante y después de esa conflagración, esa actividad que estaba en manos privadas, continuó siendo el eje de la vida económica, la que tuvo momentos bajos y altos hasta que los llamados “Barones del estaño” —Simón I. Patiño, Carlos Víctor Aramayo y Moritz Hoschild— hicieron un emporio con la explotación y exportación de ese y otros minerales, en la primera mitad del siglo XX.

Pero, la nacionalización de las minas ya era un anhelo de los primeros socialistas del siglo XX, tal como aparece en “La justicia del Inca” obra de Tristán Marof, escrita en 1924 y publicada en 1926, donde no solo plantea que las minas sean administradas y explotadas por el Estado, sino también que el petróleo y los ferrocarriles pasen a propiedad fiscal. Pero también propone que las fincas, los latifundios, las haciendas que estaban en manos de los llamados gamonales o terratenientes, pasen a propiedad del pueblo, aunque la consigna no era tan precisa como la de Emiliano Zapata, caudillo de la Revolución Mexicana, “tierra para el que la trabaja”, clara alusión en favor de los campesinos-indígenas, que estaban desposeídos y solo eran peones de los hacendados.

La Nacionalización de las Minas fue ejecutada a fines de octubre de 1952, tras su dilatada preparación en comisiones gubernamentales, porque la medida no convencía a muchos de los jerarcas movimientistas del gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Ese tiempo era también de muchas movilizaciones agrarias de indígenas-labriegos contra los patrones o hacendados, revueltas y sublevaciones que tras ocupar las casas de hacienda exigían ser legítimos propietarios de las tierras que habían sido usurpadas a sus antepasados. Finalmente, a fin de desmovilizar la alianza minera/obrera-campesina que se estaba gestando, la que era alentada por activistas del Partido Obrero Revolucionario (POR), siguiendo la línea política de la Tesis Minera de Pulacayo, el 31 de octubre se firmó el decreto de Nacionalización de las Minas que reconoció la indemnización a los potentados empresarios mineros. El acto se realizó en los campos de María Barzola, un descampado cercano a la Gerencia de la Empresa Minera de Catavi de propiedad de Simón I. Patiño, sitio donde hubo una matanza de mineros el 21 de diciembre de 1942.

La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), mega administradora estatal de las minas nacionalizadas que ya había entrado en funcionamiento desde comienzos de octubre del 52, se convirtió en el aparato burocrático del potencial minero. Dirigida por Guillermo Bedregal durante los gobiernos del MNR de la Revolución del 52, financió varios proyectos nacionales —carretera Cochabamba-Santa Cruz, Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos, Corporación Boliviana de Fomento con empresas azucareras, de colonización y otras— por lo que también se descapitalizó, además de ser una fuente de corrupción.

La crisis económica de los años 80, resultado de las políticas dictatoriales y de los bajos precios de las materias primas mineras, llevó a la privatización de las empresas fiscales, entre ellas las minas estatales. Esta política privatizadora fue parte de la corriente neoliberal, dejando cesantes a miles de trabajadores estatales con el eufemismo de relocalización. Solo en la minería estatal fueron despedidos alrededor de 20 mil trabajadores.

Poco antes de morir Edgar Huracán Ramírez (1947-2021), exminero y dirigente sindical, señaló que a 69 años de la histórica Nacionalización de la Minas más del 90 por ciento de la actividad minera estaba en manos privadas, en su mayoría controlada por cooperativas, cuyo trabajo con bajo nivel tecnológico, sin ningún espíritu cooperativista (más bien son empresas controladas por mediados propietarios que explotan a asalariados con poca o ninguna seguridad laboral) y con mucha contaminación ambiental, dejan muy poco al Estado y a las poblaciones cercanas donde extraen los minerales.

La política actual del nuevo gobierno de “capitalismo para todos” deja dudas de que se fortalezca lo poco que queda de la minería estatal, previéndose más bien que las actividades de las cooperativas, las que cuenta con muchos privilegios, tomen más fuerza en la explotación salvaje que desarrollan.

A 73 años de la Nacionalización de la Minas, la mayoría de éstas han sido desnacionalizadas y no queda de ellas ni la vanguardia obrera minera, fuerza laboral que fue gestora de cambios sociales importantes en el país. Lamentablemente su dirigencia sindical ha sido cooptada por los gobernantes en estos últimos 20 años, creando un grupo de burócratas, vividores y oportunistas que se han rendido al prebendalismo gubernamental, quienes, como impostores que son como sus mecenas, intentan mantener vigencia con un discurso radical que no guarda coherencia con su accionar.