Recuperación de la Casa de los Derechos Humanos: 901 días de resistencia y vigilia por los derechos humanos en Bolivia

Editorial Aquí 353

El Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia cimentó su hegemonía política no solo a través de victorias electorales, muchas de las cuales enfrentaron acusaciones de fraude, sino principalmente mediante el desarrollo de un vínculo orgánico con organizaciones sociales que, en sus inicios, el partido aparentemente representaba de manera genuina. No obstante, con el transcurso de los años, este carácter participativo y de representación se transformó progresivamente hacia mecanismos más agresivos de control y autoritarismo estatal. Cuando una organización social se desviaba del lineamiento político oficialista, se activaba un patrón sistemático de cooptación que incluía presión interna, la creación de dirigencias paralelas, la intervención directa del Estado o, en situaciones más críticas, la toma física de sus sedes y la expulsión de sus representantes legítimos, a menudo seguida de procesos judiciales.

La lógica detrás de esta estrategia era clara: cualquier sindicato, confederación o movimiento indígena que optara por no acompañar la agenda del gobierno debía ser intervenido o dividido hasta que se alineara con la postura oficial. El resultado de estas acciones fue un tejido social profundamente fracturado, donde la autonomía institucional era percibida como una amenaza directa al poder y la diversidad política dentro de los movimientos populares era etiquetada como traición al proyecto político del partido gobernante en el llamado Estado Plurinacional de Bolivia.

Tres casos emblemáticos ilustran la profundidad del proceso de cooptación. Dos de ellos de carácter sindical y el tercero de una organización no gubernamental: el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Asociación de Productores de Coca de los Yungas (ADEPCOCA) y la Asamblea de Derechos humanos de Bolivia (APDHB).

El CONAMAQ vivió desde diciembre de 2013 una de sus crisis más traumáticas, marcada por la aparición de dirigencias paralelas, amenazas e intentos de toma de su sede, expulsiones violentas y denuncias de coordinación entre sectores afines al MAS y fuerzas policiales. Una organización indígena que había encabezado marchas históricas y debates sobre autonomía terminó dividida entre un CONAMAQ “orgánico” y otro “oficialista”, reflejo de la disputa por el control político de su estructura y su legitimidad.

ADEPCOCA se convirtió en otro escenario simbólico del mismo patrón, especialmente a partir de septiembre de 2021. Esta organización de cocaleros de Yungas atravesó elecciones desconocidas, ingresos forzados a su sede, enfrentamientos, intervención policial y la imposición de dirigencias vinculadas al gobierno, lo que generó un prolongado estado de tensión. Los productores yungueños que defendían una tradición cocalera autónoma, denunciaron un paralelismo institucional y la persecución de sus representantes legítimos. En ambos casos, el mensaje era inequívoco: las organizaciones que no se alinearan con el proyecto gubernamental corrían el riesgo de ser desplazadas y absorbidas por sectores afines al MAS.

El tercer episodio es más simbólico y grave de este ciclo y ocurrió el 2 de junio de 2023, cuando un grupo afín al MAS tomó la sede central de la APDHB en La Paz. El impacto fue inmediato y contundente, no se trataba de la sede de una organización sectorial o un sindicato, sino del principal espacio histórico de defensa de los derechos fundamentales en el país. La toma de la Casa de los Derechos Humanos representó un punto de quiebre porque evidenció que la disputa política había alcanzado incluso a las instituciones encargadas de custodiar libertades democráticas, garantías constitucionales y la memoria de las luchas por los derechos humanos.

La mañana de ese día, personas afines al MAS irrumpieron violentamente en el edificio, desplazando a la presidenta, Amparo Carvajal Baños, cerrando los accesos e impidiendo el ingreso de ciudadanos que acudían día a día a presentar denuncias y casos sobre atropellos que sufrían y, por supuesto, de voluntarios, activistas y de defensores de derechos humanos que atendían dichos casos.

Lo que prosiguió fue un prolongado periodo de cerrojos, tensiones y vulneración del trabajo institucional de la APDHB. Ese día se vivió otra expresión cruda de la confrontación política trasladada al terreno de los derechos humanos. Ese espacio destinado a proteger a los ciudadanos fue sometido por un interés partidario, mostrando otra vez los rasgos autoritarios de los gobernantes y el riesgo de instrumentalizar la defensa de los derechos fundamentales por parte del gobierno del expresidente Luis Arce Catacora.

La sede de la APDHB permaneció cerrada durante dos años, cinco meses y dieciocho días. Durante este período, la presidenta institucional de la APDHB, Amparo Carvajal Baños, se convirtió en el punto central de la resistencia al control de la entidad. A sus 84 años, Carvajal realizó una vigilia permanente en el exterior de la sede, enfrentando las condiciones climáticas de La Paz y mantuvo la comunicación con la prensa sobre el reclamo de restitución de la institucionalidad de la APDHB. Su acción sostenida simbolizó la persistencia cívica y resistencia pacífica frente al conflicto por el control de una organización que históricamente ha jugado un papel crucial en la defensa de los derechos humanos en el país.

A pesar de la ocupación física de su sede central, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) mantuvo su funcionalidad operativa y su visibilidad pública. Su Comité Ejecutivo, en coordinación con diversas asambleas departamentales y regionales, implementó una estrategia descentralizada para continuar con sus labores, realizando pronunciamientos, organizando actividades y denunciando activamente la toma de su sede histórica. Su presidenta institucional, Amparo Carvajal Baños, desempeñó un papel central en esta etapa, participando en actos de reconocimiento y emitiendo constantes declaraciones que mantuvieron la atención sobre la crisis de la organización y la defensa de los derechos humanos.

La legítima estructura de la APDHB demostró una notable capacidad de resistencia institucional al sostener su unidad ante la intensa presión política, incluidos los intentos de crear asambleas paralelas que buscaron desconocer su legitimidad. Al mantener su cohesión en un contexto donde otras organizaciones sociales habían sucumbido a la división interna o la cooptación, la APDHB logró preservar su voz independiente y referente en la reivindicación de los derechos humanos y libertades democráticas en Bolivia.

El 20 de noviembre de 2025, la Casa de los Derechos Humanos fue finalmente restituida a la APDHB. Ese día no se devolvió solo una propiedad; se devolvió la posibilidad de confiar nuevamente en que la institucionalidad democrática puede recomponerse a través de la persistencia cívica.

La imagen icónica de la presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en la terraza del inmueble, frente a cientos de personas y activistas de derechos humanos, se convirtió en un símbolo de la reafirmación de la autonomía de la sociedad civil y del reconocimiento estatal a la legitimidad de quienes dirigen la institución.

El polvo acumulado, las camas improvisadas, los vidrios rotos, bolsa de documentos que no pudieron extraer los avasalladores, la maleza del jardín y el abandono material del edificio son la metáfora viva del deterioro institucional que sufrió Bolivia los últimos 20 años. Abrir las puertas nuevamente, permitir el ingreso de periodistas, voluntarios, activistas y, sobre todo, ver a Amparo Carvajal retomar la sede, fue un acto profundamente simbólico de un cierre de ciclo y la posibilidad de reconstruir un futuro diferente.

La hegemonía política del Movimiento al Socialismo (MAS) revela un patrón sistemático de cooptación y autoritarismo que buscó desmantelar la autonomía de la sociedad civil, una base fundamental de cualquier país donde está vigente el Estado de Derecho y mucho más del llamado Estado Plurinacional que el propio partido promovió.

Casos como los del CONAMAQ y ADEPCOCA y, de manera más grave, la toma de la APDHB, evidencian una estrategia de poder que instrumentalizó las estructuras sociales y llegó a vulnerar el espacio más sensible de la democracia: la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas. Este proceso no solo fracturó el tejido social, sino que planteó una pregunta crítica sobre la calidad democrática del país, al percibir la disidencia y la independencia institucional como una amenaza existencial para el proyecto hegemónico de los últimos gobiernos de turno.

La restitución de la Casa de los Derechos Humanos tras una resistencia pacífica y sostenida, personificada en la figura de Amparo Carvajal, junto al Comité Ejecutivo de la APDHB, a las asambleas departamentales y regionales, muestran una gran lección sobre la resiliencia cívica. Más allá de la celebración de un acto administrativo, el evento demostró que incluso después de un profundo deterioro institucional, puede prevalecer la voluntad de la sociedad civil por preservar sus espacios autónomos.

La experiencia deja la reflexión crítica de que la durabilidad de la democracia no depende solo de leyes o discursos, sino de la capacidad de las organizaciones independientes y de la acción ciudadana para resistir la presión política de los circunstanciales gobernantes que no respetan la pluralidad y la autonomía.

La recuperación de la Casa de los Derechos humanos forma parte de la causa por los derechos fundamentales y para que nunca más sea instrumentalizada por el interés partidario de cualquier gobierno de turno.