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La política ecocida incendiaria del MAS destruye la madre tierra y atenta a los derechos de la naturaleza*

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Wilfredo Pomar Miranda*

Diciembre 2023

El modelo económico implementado en Bolivia con la asunción del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder, denominado Social Comunitario Productivo que pretendió industrializar al país, lo que hizo, contrariamente, fue acentuar el modelo de país productor de materias primas con un extractivismo salvaje y depredador principalmente en áreas protegidas, política que no dudó en provocar incendios en inmensas zonas y regiones.

Aún está presente en nuestra memoria el tremendo desastre medio ambiental producido el 2019, cuando se quemaron aproximadamente 6,5 millones de hectáreas de bosques en nuestro país, según informe de la ONG “Fundación de Amigos por la Naturaleza”[1], donde la región más afectada fue la Chiquitanía en Santa Cruz. Ante la magnitud de esos incendios, cientos de bomberos voluntarios procedentes de toda Bolivia fueron a aplacarlos, teniéndose la irreparable pérdida de cinco personas.

Esta política ecocida que es anterior al 2019 continuó los siguientes años, incrementándose en el 2023, donde se quemaron más de 3,5 millones de hectáreas según reporte de la ABT[2], siendo el departamento de Beni el más afectado. Sufrió también daño el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi, área protegida ubicada en el noreste de Bolivia, considerada una de los espacios con más biodiversidad en el mundo en especies de plantas y animales, además de ser territorio de pueblos indígenas.

En todas las situaciones la postura de los gobernantes fue indiferente e indolente y hasta cómplice, pese a múltiples pedidos desde la sociedad civil de declarar desastre nacional para acceder a recursos adicionales y a la ayuda internacional para combatirlos, siendo a final las lluvias de la estación las que terminaron con los incendios.

Como bolivianos sentimos dolor e impotencia por no poder hacer mucho por los bosques calcinados, pueblos indígenas desplazados, pérdida de vidas humanas, diferentes especies de animales carbonizados, pérdida de fuentes de agua.

También sentimos la indignación por aquellos que los provocan: cooperativistas mineros en su política desenfrenada de explotar oro en la Amazonia, interculturales en ocupar mas espacio para plantar coca en áreas protegidas, empresas agroindustriales para ampliar la frontera agrícola y bandas delincuenciales de trafico de tierras que dejan sin territorio a pueblos indígenas.

Lamentablemente el Estado, en lugar de proteger a la Madre Tierra y respetar los derechos de la naturaleza, construyó un sistema normativo que incita y propicia estos incendios, donde podemos citar:

-        Ley 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques.

-        Ley 502 de ampliación del plazo y modificación a la Ley 337.

-        Ley 741 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades destinadas a la actividad agrícola y ganadera.

-        Ley 1098 de agrocombustible de etanol y diésel.

-        Ley 1171 que autoriza quemas para actividades agrícolas.

-        Decreto Supremo 3973 que autoriza el desmonte en los departamentos de Santa Cruz y Beni para actividades agropecuarias.

-        Decreto Supremo 26075 que modifica la ampliación de fronteras de producción del sector ganadero y agroindustrial sobre áreas de bosque.

-        Decreto Supremo 4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificado.

Para frenar estos incendios el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca deben abrogar estas leyes y decretos supremos y dejar de ser cómplices de la destrucción del medio ambiente; caso contrario seremos testigos impotentes los próximos años de la quema de bosques y pastizales, muerte de miles de animales y especies vegetales, pueblos indígenas desplazados en peligro de extinción, daño irreparable de una biodiversidad que tal vez ya no la gocen las futuras generaciones.

** Wilfredo Pomar Miranda es educador, activista de la APDHLP y miembro del Comité Ejecutivo de la APDHB

* Tomado del Boletín de Derechos Humanos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDH-LP). Publicación N° 2. Nov-Dic 2023

 


[1]“En el 2019 se quemaron 6,5 millones de hectáreas de bosque en Bolivia”, del 24-12-2019.

https://www.trt.net.tr/espanol/ciencia-y-tecnologia/2019/12/24/en-el-2019-se-quemaron-6-5-millones-de-hectareas-de-bosque-en-bolivia-1328634

[2] “Más de 3,5 millones de hectáreas quemadas en Bolivia; aquí el último reporte de la ABT”, del 22 de noviembre del 2023.

https://boliviaverifica.bo/mas-de-35-millones-de-hectareas-quemadas-en-bolivia-aqui-el-ultimo-reporte-de-la-abt/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20Autoridad,3.518.708%20hect%C3%A1reas%20de%20tierra.

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