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La insurrección popular inconclusa de hace 10 años en Bolivia

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editorial

En Bolivia, octubre de 2003, el pueblo protagonizó una insurrección inconclusa porque los que libraron las batallas decisivas en calles y caminos de la patria no alcanzaron a tomar el poder político. Ante la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada ocurrió la sucesión constitucional y, como consecuencia, fue elegido Presidente, el vicepresidente Carlos D. Mesa Gisbert.

A la “Guerra del gas”, en la búsqueda de una mayor precisión, nosotros también la denominamos alzamiento popular inconcluso. Leamos por qué:

La insurrección o el alzamiento tuvo un tiempo de acumulación con la llamada “Guerra del agua” (el 2000) en Cochabamba y en ese mismo período con la lucha de los campesinos del altiplano paceño. Esos hitos sobresalen en la suma de fuerzas de la gente del pueblo, los que fueron acompañados de proclamas y acciones contrarias al neoliberalismo, con lo que empieza una visible declinación de este sistema, representado en nuestro país por Gonzalo Sánchez de Lozada, luego de que éste afirmó que la democracia era él y/o después de que se autodefinió como “neoliberal de izquierda”. Asimismo, desgastó al millonario gobernante su intento de imponer impuestos abultados en febrero de 2003, que fueron rechazados por los empobrecidos y oprimidos; así como sin considerar los legítimos intereses (regionales, populares y nacionales) decidió vender gas natural a Chile y, por esa vía, incluso comerciar el hidrocarburo con Estados Unidos. También fue demandada, al último gobierno neoliberal, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la que fue desoída, así como cayó en saco roto la exigencia de que el gas natural debía nacionalizase y ser industrializado ante todo y, sólo después, exportado, pero en ningún caso a Chile y/o a Estados Unidos.

Durante aquel último gobierno neoliberal, además, la privatización de la economía continuaba en contra de los intereses del pueblo. Como ejemplo de esa política está la privatización del agua potable en La Paz y Cochabamba, de la que se benefició un consorcio francés, mostraba que el patrimonio de los bolivianos dejaba de ser tal, es decir, el neoliberalismo económico llegaba a su apogeo en estas tierras.

El malestar social crecía y toda protesta era reprimida con la fuerza estatal. La protesta de febrero de 2003, en contra del intento de cobrar más impuestos fue aplastada, operativo en el que mataron a 30 compatriotas y resultaron heridos tantos otros, varios de los cuales quedaron mutilados de por vida. En esa ocasión un motín de policías, que demandó aumento de sueldos para el personal subalterno de la Policía Boliviana, rechazó el incremento de impuestos que se buscaba materializar desde el gobierno.

Los organismos represivos del Estado (Fuerzas Armadas y Policía Boliviana) cumplían con su misión definida por la Constitución Política del Estado y aunque entre esos cuerpos armados existen contradicciones de vieja data, convergían en lo esencial: cuidar la seguridad del viejo Estado. No obstante, entonces el “mercenarismo” entre los uniformados se acentuó: a los jefes militares y policías, el gobierno de Sánchez de Lozada les pagó sobresueldos de cuyos montos apenas tenemos indicios, pero contamos con información que confirma que esa práctica, que no fue nueva en ese momento, continúa vigente.

El alzamiento de octubre de 2003 estuvo enfilado contra aquel viejo orden neoliberal. Pero como sucedió en otras ocasiones, la espontaneidad (escasa o ninguna organización) al comienzo fue el rasgo más importante de la “fuerza de la masa” desplegada en las más diversas acciones, tales como una marcha que cubrió el tramo Caracollo-La Paz, en demanda de la libertad de un dirigente campesino culpado de haber acabado con la vida de un abigeatista, como ejecución de la justicia comunitaria; una huelga de hambre, que se instaló en radio San Gabriel en El Alto, de otros campesinos, con demandas propias y en solidaridad con los que exigían la excarcelación del presunto homicida o asesino del también supuesto abigeatista citado; luego surgió el accionar de los alteños, bajo la dirección de la Federación de Juntas Vecinales y, al que con demora, sumó sus fuerzas la Central Obrera Regional de El Alto y la de sus afiliados; en ese tiempo la Central Obrera Boliviana convocó a sus dirigidos a protagonizar una lucha que, básicamente, demandaba que no se venda gas natural a Chile y que ese energético tampoco sea transportado por territorio del país vecino, rumbo a otros países, como Estados Unidos.

Incluso la “Agenda de octubre”, tan agitada estos 10 últimos años, fue elaborada al ritmo de la espontaneidad señalada. Agenda que, según los gobernantes, ha sido materializada y, de acuerdo a dirigentes populares, nada de ella se hizo; para nosotros, en cambio, esa agenda se cumple a medias lo que se demuestra con el inicio de la industrialización del gas después de casi ocho años de dos gobiernos de Evo Morales.

La dirección de lo que culminó como insurrección (que no fue desde el comienzo) no fue ni única ni se configuró como cuerpo cohesionado y con ideas comunes, sino parcialmente. Dicho de otro modo: lo que hubo fue una convergencia entre el movimiento de El Alto (epicentro de lo que al inicio fue una revuelta), el aporte de los cobistas en sus distintos niveles y lugares, la huelga de hambre de los campesinos sobre todo provenientes del altiplano paceño. A esa formas de lucha se sumó la huelga de hambre de capas medias de la población, encabezada por Ana María Romero de Campero (+), ayuno que fue señalado como una dificultad para el triunfo de la revolución en Bolivia.

Cabe subrayar que fracasó uno de los intentos de conseguir un trío coordinador de los más importantes dirigentes sindicales, en ese momento, como se informa en la columna “De sábado a sábado 268”, publicada en el anterior número de Aquí. Es decir, los secretarios ejecutivos de la COB (Jaime Solares) y de las cinco federaciones de cocaleros de El Chapare (Evo Morales) aceptaron constituir esa instancia de coordinación (dirección), mientras que el entonces principal líder de la CSUTCB (Felipe Quispe) se negó a integrar ese organismo ad-hoc. Éste fue propuesto, en una reunión del 7 de octubre de 2003, por la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.

Estos últimos días, algunos entonces dirigentes sindicales y de otras agrupaciones han asegurado que ellos dirigieron la “Guerra del gas” y que otros desaparecieron del escenario y al actual Presidente se lo señala como que esos días estuvo de “vacaciones”. Sensiblemente, esas afirmaciones, para decir lo menos, caen en graves imprecisiones.

En octubre de 2003 se constató que los gobernantes no pudieron mantener su dominio y que el pueblo boliviano no soportó más esa dominación y opresión —hubo una “crisis nacional general— situación que facilitó la insurrección popular inconclusa.

Hubo aquella “situación revolucionaria”, pero no triunfó la revolución, es decir, los alzados no pudieron tomar poder, porque ni contaron con un liderazgo único y cohesionado, no compartieron un programa liberador, ni asumieron ideas avanzadas y coincidentes, ni las fuerzas alcanzaron para tomar el Palacio Quemado. Por ello, luego de la renuncia o huida de Gonzalo Sánchez de Lozada, la elección de Carlos D. Mesa Gisbert la hizo el Congreso Nacional, es decir, con los mecanismos de la institucionalidad dominante que el alzamiento popular no pudo destruir; tarea que el conjunto del movimiento nunca se planteó como estrategia, es decir, como objetivo máximo, en esas condiciones concretas. Además, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, desplegaron su fuerza contra los insurreccionados sin conseguir derrotarlos; mientras que la burocracia, al menos en parte, sigue en la actual administración estatal y gubernamental. Queremos decir que el viejo Estado no fue destruido por la insurrección popular de octubre de 2003; también por eso ésta, para nosotros, es incompleta.

El viejo Estado no fue destruido en octubre de 2003, a pesar de los 66 muertos y de los 400 heridos, héroes nuestros sepultados y/o que caminan con cicatrices o mutilados de por vida. Ellos son los que dejaron su sangre, especialmente, en las calles alteñas o los caminos del país.

Sin embargo, ese alzamiento derrotó al neoliberalismo e inauguró un período de tránsito —presidencias de Mesa y Rodríguez— hacia el gobierno actual.

En suma, el pueblo boliviano es el autor intelectual y material de la victoria sobre el neoliberalismo, fuerza que marca la transición hacia el gobierno de estos días. Sin embargo, cabe subrayar que, así como el MNR se apropió de la triunfante insurrección de abril de 1952, que destruyó al ejército; la victoria inconclusa de la insurrección de octubre de 2003, alumbra el actual proceso de reformas, el que no configura un proceso revolucionario por el que las masas bolivianas sí lucharon y sí luchan.   

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