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Derrotemos a los que matan a la verdad

De sábado a sábado 509

Derrotemos a los que matan a la verdad

Remberto Cárdenas Morales*

La Constitución Política boliviana establece los derechos individuales y colectivos a informar, comunicar, opinar e interpretar. Estos derechos son de todos los bolivianos y de los que viven en Bolivia.

La Ley de Imprenta, del 19 de enero de 1925, es una norma especial que tiene un procedimiento para tramitar los procesos a periodistas por faltas que cometan en el ejercicio de la profesión y ante tribunales de imprenta, así como las convenciones, entre éstas la de los derechos humanos o Convenio de San José de Costa Rica (1969), que es ley de Bolivia (1979), constituyen la legalidad para el desempeño del periodismo y para el ejercicio del derecho a la palabra o libertad de pensamiento y de expresión.

Trabajadores de los medios de difusión, docentes universitarios, investigadores, fotoperiodistas (o reporteros gráficos), trabajadores de talleres de las impresoras de diarios, así también otros trabajadores de medios, como correctores, transcriptores, secretarias... directa e indirectamente participamos de reuniones diversas, en las que elaboramos la propuesta que se entregó a constituyentes, en Sucre, cuando se redactaba la Constitución Política del Estado vigente.

Delegados de aquellos trabajadores de medios de difusión y de otras instancias convergentes ayudamos a redactar aquella parte del texto constitucional referido a los derechos y a las obligaciones de los trabajadores de los medios de difusión y de los bolivianos y de los residentes en nuestro país.

Agregamos que desde el bloque gobernante y/o estatal, es frecuente que no se advierta que                                             periodistas y comunicadores buscamos informar verazmente, que es lo primero que debemos hacer. Éstos y los que vivimos en Bolivia, podemos y tendríamos que comunicar o facilitar la comunicación. Tenemos que opinar con responsabilidad, aunque también se opina irresponsablemente. Y ahora que la subinformación y la desinformación es por exceso de noticias, debemos interpretar o analizar, con ética, las noticias y los comentarios u opiniones.

Si acaso ejerciéramos y defendiéramos los cuatro derechos anotados, los periodistas y los comunicadores seríamos eficientes o mucho más eficientes en el ejercicio del “mejor oficio del mundo”, para decirlo con el verbo total con el que escribe Gabriel García Márquez.

Cabe decir, para un recordatorio pertinente, que el Papa Juan XXIII, en su carta pastoral: Paz en la Tierra, planteó el derecho a la información y con una metáfora resumió lo que según el Papa Bueno es la opinión. Dice que ante una idea, debemos anteponer otra, para que de ese contrapunto surja una nueva luz.

La comunicación es un hallazgo de una de las escuelas latinoamericanas y caribeñas, la que plantea que frente a un mensaje que provoca una respuesta y cuando ésta se materializa, se produce la retroalimentación y, por tanto, surge la comunicación.

Y hay interpretación cuando se explica, contextualiza, organiza y proyecta una noticia y/o un comentario.

Y para que los cuatro derechos individuales y colectivos, establecidos en la Constitución Política del Estado se realicen, la información debe ser verdadera, la comunicación tiene que ser horizontal, la opinión debe ser responsable y la interpretación tiene ser ética.

Sin embargo, en el andar del periodismo y de la comunicación debemos estar avisados de que, como dice un docente universitario alemán, en una guerra, lo primero que muere es la verdad.

A lo dicho por aquel académico alemán, agrego que cuando se agudiza la lucha de clases sociales en Bolivia, se mata a la verdad o se lo intenta.

El gobierno que encabeza Jeanine Áñez Chávez, aprobó un DS, el 4231, derogado por sus autores, ante la protesta de periodistas y comunicadores bolivianos, dueños de medios de difusión y ciudadanos diversos…

Esa norma se dictó para enfrentar y derrotar las mentiras que se escriben y que se propagan sobre la cuarentena para vencer al coronavirus, según los inquilinos del Palacio Quemado y de la Casa Grande del pueblo.

Mentiras escritas, dichas y difundidas, especialmente, en las redes sociales.

A propósito de las mentiras, no se debe olvidar que en este tiempo, como en otro tiempo, quizá ahora más, se difunden mentiras desde los gobiernos y desde los Estados, desde el gobierno y desde el Estado boliviano actual, por supuesto.

Áñez y sus ministros quizá hubieran evitado aquel DS y su derogación si recordaban o les informaban que la Convención de San José de Costa Rica, citada, dispone que nadie debe publicar noticias que lesionen la salud pública, una noticia referida a la pandemia que no podemos vencerla aún.

No faltan normas para sujetar a los mentirosos respecto de la campaña por la salud y la vida de los bolivianos, de la que participan casi todos los bolivianos con una unidad que los masistas no pueden quebrar, aunque lo intentan todos los días y en lugares distintos.

Espinal dejó dicho, con palabras de fuego, que callar es lo mismo que mentir.

Una pregunta inevitable es reclamar por qué se callaron las deficiencias de los pocos hospitales de Trinidad donde han muerto tres médicos que estuvieron en la primera línea de la gesta universal contra la pandemia.

Otra pregunta, también inevitable es: Por qué los masistas callan y ocultan que están cuando menos como autores intelectuales de las agresiones a médicos y trabajadores en salud que atienden a los infectados con coronavirus.

En medio de la campaña por la salud y la vida de los bolivianos, como una trinchera en la causa universal antipandemia, se plantea que para un mejor periodismo y una mejor comunicación informemos con veracidad, ayudemos a comunicar, opinemos con responsabilidad e interpretemos con ética.

Si avanzamos por ese cauce resistiremos y derrotaremos también a la censura, autocensura, medias verdades, manipulación y cualquier intento de matar a la verdad en tierras bolivianas.

*Periodista

Los cooperativistas-empresarios mineros son “mamones”

De sábado a sábado 508

Los cooperativistas-empresarios mineros son “mamones”

Remberto Cárdenas Morales*

El principal dirigente de los cooperativistas-empresarios mineros de Potosí, Carlos Porco, pidió a los gobernantes que se les regale ropa de bioseguridad para reiniciar la extracción de minerales, luego de la cuarentena total, para vencer al coronavirus.

Antes de que los gobernantes dispongan el pago de los bonos, para aliviar las penurias económicas de la gente empobrecida, el mismo dirigente de ese grupo económico, pidió a la Presidenta interina que para ellos también se les conceda esos bonos porque habían dejado de trabajar y de ganar el sustento para sus familias, debido a la cuarentena, la que es sostenida casi por la totalidad de los bolivianos.

Al menos a nuestras secretarias les debe llegar la ayuda que ha sido dispuesta para los otros bolivianos, añadió Porco.

Este dirigente, en otra declaración pública, señaló que los cooperativistas mineros esperan ayuda económica del Estado para reemprender su actividad extractiva minera. Ratificó, asimismo, que esos empresarios y semiproletarios (la mayoría) ya no podían permanecer por más tiempo sin trabajar y sugirió que romperían la cuarentena, porque la situación que confrontan (sin trabajar) no la soportan más tiempo. Luego de que el entonces Ministro de Minería, Carlos Fernando Huallpa, también desde Potosí, dijo que los mineros asalariados, los trabajadores de la minería privada y los llamados cooperativistas mineros iban a volver al trabajo, el 4 de este mes, Porco solicitó que los gobernantes les doten de ropa de bioseguridad, sin la que no retornarán a las faenas mineras para evitar la contaminación con coronavirus de los cooperativistas y de sus familiares.

El exMinistro de Minería, Huallpa, seguramente por sí y por cuenta de los gobernantes, respondió al dirigente de los cooperativisas-empresarios mineros de Potosí que si no quieren retornar a sus fuentes de extracción minera, que no lo hagan.

Otro vocero de Oruro y de ese sector económico, ha dicho que ellos no reiniciarán su trabajo sin ropa de bioseguridad.

La extracción de minerales por los cooperativistas-empresarios mineros, es una actividad privada, aunque especialmente los últimos 14 años, esos grupos económicos, han recibido créditos (que no los pagaban), dinero regalado (ocho millones de dólares), 200 volquetas (obsequiadas) y se les concedió parajes mineros listos para que ellos los exploten.

Esos obsequios, mejor dicho prebendas, fueron entregados por el entonces presidente Morales, a cambio de votos y de apoyo para él.

En las páginas de Aquí se ha dicho y ahora se reitera que los regalos de Evo Morales, a esos grupos económicos, aliados suyos, fueron una compra indirecta de votos.

Los cooperativistas-empresarios mineros, además, han conseguido concesiones mineras para que las exploten empresarios mineros de fuera del país, especialmente. Los cooperativistas-empresarios mineros han ayudado, por esa vía, a la privatización y transnacionalización (“extranjerización”) de la minería boliviana.

Esa operación, mediante la cual empresarios bolivianos facilitaron la extracción minera, por empresarios extraños a Bolivia, ha ocurrido antes. Un ejemplo: Mario Mercado Vaca Guzmán, Ronald McLean, Ramiro Cabezas, entre otros, se adjudicaron parajes ricos en oro en la Joya (Oruro), lugar en el que la empresa Inti Raimy explotó el metal amarillo. Esos empresarios, luego de consolidarse como concesionarios de La Joya, transfirieron el 88 por ciento de esas concesiones a empresarios de Estados Unidos, entre ellos, a un banco.

Los supuestos cooperativistas mineros son grupos económicos, cuyos dirigentes no son asalariados; sin embargo, muchos de ellos que a medias son asalariados y además son trabajadores por cuenta propia, pero en parajes mineros de los que se explota minerales, trabajan sobre todo en beneficio de esa capa de cooperativistas-empresarios mineros.

Son incontados los ejemplos de empresarios mineros, equivocadamente denominados cooperativistas.

Aquí un caso: El principal financiador del equipo de fútbol: Nacional Potosí, era y quizá siga siendo, un cooperativista-empresario minero rico. Para un medio impreso paceño, ese supuesto cooperativista minero, dijo que él financiaba al Nacional Potosí y que eso hacía por sus hermanos mineros.

El ingeniero Héctor Córdova, luego de que salió de la Presidencia interina de COMIBOL, afirmó que el gobierno de entonces (de Morales) debía enseñarles, a los cooperativistas mineros, a ser cooperativistas, porque no eran ni son ahora cooperativistas sino patrones, sobre todo los que se desempeñan como dirigentes.

Se guardan las distancias para decir que Lenin, el máximo dirigente de la Revolución Bolchevique, dejó escrito que las cooperativas, cuando no culminaban su proceso de constitución, bajo el principio de la cooperación y la ayuda entre socios, esas asociaciones funcionan, en realidad, como empresas capitalistas. Eso sucede con las autodenominadas cooperativas mineras bolivianas.

En el autollamado proceso de cambios, esas cooperativas mineras se han convertido en grupos económicos, acostumbrados a vivir de las prebendas, de los regalos inmerecidos, además.

Es cierto que una parte de los mineros asalariados, que fueron relocalizados (despedidos) por el último gobierno de Paz Estenssoro, organizaron muchas cooperativas mineras. A esos exmineros asalariados se unieron otros tantos desocupados y por eso crecieron desmesuradamente esos trabajadores por cuenta propia, los que incluso vivieron empobrecidos; luego se constituyeron como grupos económicos pudientes, gracias a las riquezas que acumulaban.

A esos cooperativistas mineros, que explotaron minerales de estaño en la exempresa minera Catavi, en Siglo XX (Uncía incluida), el semanario impreso Aquí, los llam ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ XX y Llallagua, el seque explotaron minerales de estaño en la exempresa minera Catavi, en Siglo XX y Llallagua, el seó mitayos del siglo XX, aunque sin dejar de señalar que esos cooperativistas trabajaban sin dirección técnica, sin ropa sugerida por la seguridad industrial, sin lámparas, sin las precauciones recomendadas para esos procesos de producción. Trabajadores de esas cooperativas morían en derrumbes de interior mina o por explosiones mal ejecutadas.

Entendidos en labores mineras sostenían que esos cooperativistas mineros, sucesores de los asalariados de COMIBOL, saquearon los parajes mineros, porque extraían las riquezas mineras sin racionalidad alguna.

Asimismo, esos expertos en minería aseguran que después de que los cooperativistas mineros saquearon minerales allí, era imposible rehabilitar la mina de Siglo XX-Catavi, lo que si acaso se intentaba rehabilitarla, esa operación hubiera demandado una crecida inversión.

Sin embargo, en Siglo XX-Catavi se mantenía como importante reserva estatal, los minerales de estaño de baja ley, en las colas y los desmontes de ese conocido centro minero.

La mitad de esas reservas de estaño de baja ley fueron concedidas por Evo Morales a sus aliados cooperativistas-empresarios mineros; colas y desmontes que fueron rescatados para el Estado (para los bolivianos), por el gobierno del Gral. Juan José Torres González (1971).

No es una exageración añadir que los autodenominados cooperativistas mineros son empresarios en un número que es difícil establecer, entre los 130.000 integrantes de ese sector económico, según datos entregados por ellos.

Esos cooperativistas-empresarios mineros “mamaron” del Estado y, según lo que dicen y lo que esperan ahora, pretenden seguir mamando del Estado, o lo que es lo mismo, esos grupos económicos esperan que los privilegios otorgados por Morales, a costa de los bolivianos, sigan como chorrera interminable de recursos en su beneficio.

Actualmente, los cooperativistas-empresarios mineros son los que tienen que dotar de ropa de bioseguridad a sus socios o compañeros de labores extractivas.

Los grupos económicos o cooperativistas-empresarios mineros parece que consideran que somos babosos, la mayoría de los bolivianos.

Una cosa es que los asalariados de COMIBOL exijan incluso que la empresa estatal les provea de ropa de bioseguridad, para sus dependientes, y otra muy distinta y hasta opuesta, sería que los gobernantes compren aquella indumentaria de bioseguridad para actividades extractivas mineras de cooperativistas-empresarios mineros y para que éstos hagan trabajar a dependientes suyos y en provecho de esos patrones.

Los cooperativistas-empresarios mineros viven del trabajo de los cooperativistas o trabajadores de base y, al mismo tiempo, recibieron y ahora esperan recibir regalos de los gobernantes de turno, probablemente, a cambio de favores electorales.

Es que los cooperativistas-empresarios mineros no consiguen compartir, de manera consecuente, un proyecto político para la liberación definitiva de Bolivia.

Y los cooperativistas-empresarios mineros no acaban de constituirse: no son ni cooperativistas del todo ni empresarios sin tapujos.

La extracción de minerales por cooperativistas-empresarios mineros y por esa especie de asalariados, dependientes de ese grupo anómalo de patrones, en tanto actividad privada y en ese proceso de producción obtienen beneficios sobre todo para los propietarios falsamente llamados cooperativistas.

En ese proceso productivo no participa el Estado como socio de esos cooperativistas, por tanto, la ropa de bioseguridad que reclaman los miembros de esos grupos económicos los deben comprar con dinero suyo, como parte de la inversión propia de empresarios privados.

Esos cooperativistas-empresarios mineros podrían incluso recibir nuevos préstamos, para lo que deben pagar los que se les concedió con el padrinazgo del entonces gobernante Morales.

*Periodista

Ni elecciones precipitadas ni cierre del Parlamento

De sábado a sábado 507

Ni elecciones precipitadas ni cierre del Parlamento

Remberto Cárdenas Morales*

Dos posiciones políticas y partidarias se manifiestan abiertamente: masistas, solapadamente, proponen elecciones a realizarse inmediatamente; una respuesta a esa postura, también simulada de algunos (aunque otros lo dicen sin tapujos), es que se cierre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Es probable que contrarios del MAS sostienen que se debe ajustar cuentas con los parlamentarios que estuvieron y que están al servicio de Evo Morales, muchos de los cuales son simples levantamanos, a pesar de que varios de ellos pertenecen a clases sociales explotadas y oprimidas.

Los masistas no toleran que Jeanine Añez, golpista como dicen por ella, siga más tiempo en el Palacio Quemado.

Los masistas al parecer constatan que la Presidenta provisional la que, según innumerables ciudadanos, no debió definir su candidatura a la Presidencia de Bolivia, en la medida en la que sigue en el centro de la campaña anticoronavirus, recibe apoyo electoral, sin que esté inmersa en una campaña abierta, como es habitual en esos casos.

Además los masistas, aunque simulan que no entienden, deben advertir que lo que gana electoralmente la Presidenta, es a costa de los otros candidatos y también en perjuicio de ellos (los masistas).

Asimismo, los masistas no asimilan una verdad a la vista: Debemos ganar la campaña anticoronavirus, con los gobernantes y con Añez a la cabeza, con las otras corrientes políticas, incluso con el silencio de algunas de ellas y, sobre todo, ganaremos los bolivianos unidos y con los sacrificios que seamos capaces de soportar, incluidos los que se autoexcluyen de la campaña.

Sería imposible que fracase la Presidente interina en la campaña antipandemia y que en cambio ganemos los bolivianos, sin la primera ciudadana constitucional, a pesar de los que siguen hablando del supuesto golpe contra Morales.

No debe caber duda alguna de que estará bien que Añez, no se quede como Presidenta, ni un día más del que sea necesario para vencer a la pandemia, para tomar las medidas económicas ineludibles y para la realización de elecciones.

Para estas elecciones se ha propuesto un período de tres meses dentro del cual deben realizarse.

Lo que no debe hacerse es prolongar un debate sobre la fecha de aquellas elecciones, lo que interesa a masistas entre los cuales hay quienes se conforman con que se discuta “democráticamente” sus planteamientos, lo que es una real entrega del escenario a ese tipo de actores que persiguen, siempre, réditos políticos y partidarios.

En este mismo ámbito se mueve aquel planteamiento de cerrar la ALP.

Los masistas, recordamos esto que se sabe, tienen dos tercios en aquel cuerpo legislativo. Por ello, allí tienen los votos para decidir, por ejemplo, que siga sin aprobación el proyecto de ley que debe definir que se destine (y se gaste) el 10 por ciento del Presupuesto del país, en la salud pública, medida tomada por los actuales gobernantes, pero para que esa norma se aplique requiere de la ley.

Asimismo, los asambleístas del MAS, ejercen la mayoría suya para aprobar ese otro proyecto de ley que establece sanciones contra policías y militares que aprehendan a los que abandonen la cuarentena porque, según un decreto supremo firmado por los gobernantes, esa desobediencia a la cuarentena se define como un delito contra la salud pública.

Abogados y otros ciudadanos creen que procesos legales y años de reclusión contra los que incumplan la cuarentena son acciones desproporcionadas, para decir lo menos, respecto de la protección del interés público. Esos procesos y sanciones, según aquellos entendidos, incluso sobrepasan al DS firmado por los gobernantes, el que, no cabe duda, busca incorporar a todos los bolivianos a la cuarentena, si es menester, con la fuerza de las armas.

Otros ejemplos evidencian que la mayoría de los parlamentarios se comportan como oposición desmedida, como cuando los masistas buscaron, “legalmente”, la impunidad ante presuntos delitos que habrían cometido exgobernantes, como Morales, que merecerían juicio de responsabilidades.

El comportamiento de los masistas en la ALP no es sólo de oposición ciega, los llamados blandos del MAS, en esa corporación legislativa, han aprobado la anulación de las elecciones del 20 de octubre del año pasado, debido a la dolosa manipulación informática de los resultados para favorecer a Morales, la que convirtió en anulables esos comicios; esos legisladores también han aprobado la convocatoria a las elecciones del 3 de mayo próximo, lo que es imposible debido al coronavirus.

Los que plantean el cierre de la ALP, con ceguera política, pierden de vista que en la Constitución Política no existe ninguna institución jurídica que disponga tamaña medida y, por tanto, no establece qué autoridad tendría mandato para decretar el propuesto cierre de la ALP.

Para decirlo de una vez: si la Presidenta Añez resolviera el cierre de la ALP se ganaría el mote de golpista parlamentaria, por segunda vez, y por esa acción se hablaría de un “fujimorazo” en Bolivia, en alusión a lo que hizo el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien cerró el parlamento de su país y gobernó desde ese momento sin la fiscalización, si hubo alguna, de ese poder del Estado peruano,

El gobierno de Añez, además, ni tiene fuerza y quizá ni considere el cierre de la ALP; además, con un accionar como ése sumaría más enemigos y sobre todo la condena de los masistas, los que adicionalmente dirían que con el cierre de la ALP, la Presidente interina ratifica su comportamiento golpista, lo que se reitera en aras de la claridad de lo dicho a propósito de la sugerencia de cierre de la ALP.

Los masistas en la ALP, en este último tiempo, consiguen desfavores políticos y más antipatías de ciudadanos que sueñan con que en la ALP estén los mejores bolivianos, por su formación profesional y humana.

Los deseos de los que proponen el cierre de la ALP van mucho más lejos que la realidad, que debemos leer muy bien.

De lo que no deben hacer y hacen los legisladores masistas, debemos aprender bien y muy bien, por ejemplo, por quiénes votar y por quiénes no hacerlo en las elecciones, que deben realizarse tras de vencer al coronavirus, en esta etapa con millones de infectados y con miles de muertos en el mundo y en Bolivia.

Para la realización de las próximas elecciones hay un período al que debemos esperar que transcurra y a la mayoría de masistas en la ALP la debemos tolerar por tiempo similar.

Ante esas dos realidades no hay dónde perderse.

*Periodista

Lucha por el derecho al trabajo es parte de la campaña anticoronavirus

De sábado a sábado 508

Lucha por el derecho al trabajo es parte de la campaña anticoronavirus

Remberto Cárdenas Morales*

El 1 mayo de 2020, en el mundo y en Bolivia, concentra una demanda esencial: la preservación de los puestos de trabajo de los asalariados y de los cuentapropistas, los que aquí se calcula que son entre el 70 y el 80 por ciento de la población.

En Bolivia, además, en el día de la unidad y de la solidaridad de los trabajadores, están cerradas muchas de las empresas en las que los asalariados producen un nuevo valor, a cambio de salarios, siempre mermados, con relación a la intensidad del trabajo de los asalariados y respecto de sus necesidades, siempre crecientes.

Como una de las consecuencias de la pandemia según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se prevé más de 300 millones los despedidos debido al cierre de empresas, en la mayoría de los países del mundo.

En Bolivia, a la campaña anticoronavirus por la salud y por la vida, se suma paralela el accionar de los trabajadores asalariados, por su sobrevivencia como clases sociales, así como en escenarios contiguos transita, también, la lucha por la sobrevivencia de los trabajadores por cuenta propia, los que trabajan para comer y a veces para comer con marcadas limitaciones.

Sin perder de vista esa urgencia, está muy clara, como definición, que los trabajadores no renuncian a ninguna de las conquistas sociales, vale decir, que al salario mínimo nacional boliviano, no se debe renunciar, ni siquiera en parte, como lamentablemente ocurre ahora y antes, porque hay empresarios que defienden sus ganancias incluso con malas artes y trabajadores necesitados que negocian el pago disminuido de ese salario mínimo nacional, monto de dinero insuficiente pero que es lo menos que deben ganar los trabajadores en Bolivia (Bs2.122).

Ahora, una queja de empresarios bolivianos es que no tienen dinero para pagar salarios porque están cerradas sus empresas, que no ha funcionado la economía debido al coronavirus, agregan los propietarios de los medios de producción.

Sin embargo, industrias de alimentos funcionan, en este momento, a un ritmo mayor que antes de la pandemia.

En fábricas que producen artículos de limpieza sucede algo parecido.

Un ejecutivo de una de esas empresas dijo, en el curso de la semana que concluye, que su compañía aumentó diez veces su producción (detergentes, lavandina, alcohol-gel), respecto del tiempo anterior a la campaña anticoronavirus.

Esa empresa que factura, probablemente, diez veces más que antes y que tiene aseguradas sus ventas, especialmente en este tiempo de coronavirus, no tendría que alegar imposibilidad material para aumentar salarios a sus dependientes. En este caso, se cree que los trabajadores, tienen asegurados sus puestos de labor, porque los empresarios los necesitan para producir más, para lo que emplean más horas de labor y/o allí se trabaja con mayor intensidad.

No sabemos si en esa factoría —próspera por su producción y por sus ventas— se paga por trabajo extraordinario, dominicales y si sus asalariados recibirán algún ingreso por las utilidades de la empresa.

Otro ejemplo de actividad económica, en apariencia normal, es el que se cuenta así:

Un empresario cruceño contó, esta semana, que la zafra azucarera, en Santa Cruz, empezará el 20 de mayo y que se toman medidas para garantizar ese proceso productivo

Se trata de la producción de azúcar, un alimento sobre el que algunos discuten si el azúcar es o no alimento, artículo al que los panaderos paceños definen como parte de la materia prima para elaborar el pan de cada día.

La producción de azúcar en Santa Cruz determina los salarios y los sueldos de una crecida población que abarca a los capitalistas, cañeros, transportistas, zafreros (los que cortan caña y la suben a los carros), los que trabajan en servicios diversos (vendedoras de comida, cargadores, comerciantes). La industria del azúcar, que por los datos que se conocen tiene asegurados buenos resultados este año, se deduce que los dueños de los ingenios azucareros y los empresarios cañeros tendrán capacidad de pago para aumentar salarios a sus dependientes e incrementar los ingresos (casi todos indirectos) que perciben los trabajadores por cuenta propia.

En las empresas que han cerrado sus puertas, los asalariados tienen que negociar, con urgencia, su permanencia en el trabajo o su estabilidad laboral y para que se les pague sus salarios, incluidos los del tiempo no trabajado en las fábricas debido a la pandemia, para subrayar lo dicho.

Cabe recordar que como ha ocurrido especialmente en los albores del capitalismo y en momentos de crisis de este modo de producción, sus trabajadores lucharon incluso para evitar el cierre de fábricas, tanto que en los centros mineros bolivianos, los trabajadores del subsuelo decidieron asumir la dirección y la administración de las empresas mineras abandonadas o cerradas por quiebra por sus dueños, los que se adjudicaban el derecho de extracción de minerales.

La dirección y la administración, por los trabajadores, de las empresas abandonadas o cerradas por quiebra es un elemento primordial de la Tesis de Pulacayo (1946), documento aprobado en un congreso de los asalariados mineros realizado en Pulacayo, entonces centro laboral, en el que se explotó plata especialmente.

Dicho de otro modo: también en Bolivia hubo momentos en los que los asalariados defendieron a la empresa capitalista, para impedir su cierre, para no perder su fuente de trabajo. Y ese comportamiento no se definió como conciliación de intereses entre empresarios y trabajadores, o que éstos se habían vuelto burgueses o pro-burgueses, como dicen algunos con demasiada ligereza, en el mundo sindical y político boliviano.

Los trabajadores por cuenta propia, los que en este momento reclaman trabajar sin más demora, el riesgo es que la crisis económica, al menos de inmediato, disminuya los compradores o las compras mermen, como sucede estos días con la carne de pollo, rebajada en La Paz, sin que éste sea un departamento productor de pollo.

Otro ejemplo: La carne de cerdo que hace poco se vendía a Bs.27 el kilo, en la sede de gobierno, ahora el kilo se ofrece a Bs.15. Los comerciantes deben ganar menos que antes y los granjeros quizá ganan muy poco y otros acaso pierden. Esas son muestras de que el mercado capitalista, el único que existe, funciona de esa manera durante una crisis económica, la que todavía no se detiene.

A los trabajadores también les asiste el derecho de redoblar la guardia, ante empresarios como uno de La Paz, quien dijo que debían preservarse los puestos de trabajo y que se deben pagar salarios, pero señaló al parecer de manera resuelta (y clara) que los gobernantes deben permitir la flexibilidad laboral, la que será impuesta por la realidad, añadió ese empresario. Señaló que en su empresa, durante un tiempo que no podía determinar, no se venderá servicios como antes del coronavirus, y tendrá que despedir trabajadores, anunció, como decían y hacían los empresarios durante el neoliberalismo en Bolivia y en diversos países del mundo.

Un profesional en Santa Cruz, experto en comercio exterior, declaró que pronto será inevitable el despido de trabajadores en nuestro país, como consecuencia de la desaceleración de la economía, consecuencia del coronavirus. Los miembros de la COB hace días han reiterado el pedido de aumento de salarios a los gobernantes, en un 10 por ciento a los salarios y el 15 por ciento al salario mínimo nacional.

Una respuesta, quizá preliminar, la dio el Ministro de la Presidencia, el que afirmó que los gobernantes están ocupados de preservar la salud de los bolivianos.

La presidenta Añez, junto a su saludo a los trabajadores, anunció diálogo con los miembros de la COB y ofreció, entre otros trabajos,la refacción de hospitales, centros y postas de salud;en barrios, empedrado de calles, embellecimiento de espacios de esparcimiento; en el área rural, caminos empedrados, canalización de aguas, apoyo a la producción agropecuaria en oriente y occidente, implementando el mejoramiento genético a partir del uso de nuevas tecnologías... Con estas actividades, dijo, se generarían miles de puestos de trabajo inmediato, directos e indirectos, según la mandataria.

Dirigentes de los trabajadores fabriles del país aseguraron que respaldan la cuarentena en los términos decretados por la Presidenta interina, que ellos consideran que es urgente luchar por la preservación de los puestos de trabajo, pero que no renuncian al aumento salarial para aliviar las carencias de estos días entre sus familias.

Los dirigentes de los trabajadores en salud, desde Cochabamba, han demandado aumento de salarios, del monto exigido por la COB, especialmente en este momento en el que los dependientes de ese sector atienden a los infectados por coronavirus y a los otros enfermos.

Voceros de los empresarios, con un discurso coincidente, han dicho que este año no debe aumentarse salarios.

Los miembros de la COB, han vuelto a decir que esperan la respuesta de los gobernantes a su pliego de peticiones y que sus afiliados no tienen nada que celebrar; esto último como si se vivieran los llamados tiempos normales, sin coronavirus.

Sin embargo, al parecer, los dirigentes cobistas no tienen una mirada atenta frente a la crisis económica que ya nos afecta y no se agigantan ahora que hace falta.

Un ejemplo muy decidor sobre aquel comportamiento de los dirigentes de la COB: los trabajadores de los hospitales (enfermeras, camilleros, lavanderas, cocineras y otros) son afiliados de la COB. Y los integrantes de esta instancia sindical, no han hecho ni hacen algo para que a esos afiliados suyos les doten de ropa de trabajo, el vestido y otros de bioseguridad.

Sobre esa quietud de los cobistas, se afirma desde aquí que cuando los dirigentes de una clase social no luchan ni por sus derechos irrenunciables, quiere decir que aquéllos pertenecen a una clase social que no es una clase para sí, que son dirigentes caducos, superados por la vida.

Con los dirigentes sindicales ocurre algo similar: los dirigentes sindicales que no ejercen el cargo muestran que abandonaron la defensa de los intereses de sus representados y que por eso tienen que ser remplazados sin demora o hasta que un congreso sindical decida sustituir a esos dirigentes, porque dejaron de ser tales, según su comportamiento.

Con los actuales miembros de la COB sucede algo más. Lo admitan o lo nieguen, ellos convirtieron a la máxima organización sindical del país, en un organismo que utilizó como quiso Juan Evo Morales Ayma, desde el Palacio Quemado y desde la Casa Grande del Pueblo, que parece lo sigue haciendo desde Argentina.

En consecuencia, la COB perdió su independencia sindical y política.

Además, vale tomar nota que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vehemente como es él, afirmó que la COB traicionó a Morales, acaso porque el secretario Ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi, dijo que la renuncia del entonces Presidente de Bolivia, dependía del mandatario. Así se sugiere que esos dirigentes sindicales serían unos fallutos.

Según los intereses de los asalariados, de lo que se trata es de desmontar el aparato político de Morales que sobrevive en los sindicatos, por tanto, en la COB.

Ahora, si es necesario sin los miembros de la COB, los trabajadores, con sus dirigentes o sin éstos, tienen que seguir su lucha para sobrevivir como miembros de las clases explotadas y oprimidas a las que pertenecen.

La lucha por el derecho al trabajo es la tarea inmediata de los asalariados. Otras demandas, seguro irrenunciables, tendrían que subordinarse a la sobrevivencia como trabajadores. Un apunte adicional: es necesario estar avisados de que los gobernantes actuales de nuestro país, en acuerdo público o reservado con los empresarios, pactarían medidas destinadas a salvar el modo de producción capitalista, para lo que la crisis, la consideran, que es una oportunidad incluso para modernizar al sistema de producción, al que les importa los trabajadores en tanto éstos aportan, decisivamente, en la producción de un nuevo valor, parte del cual se apropian gratis los patrones.

En Bolivia y en el mundo, de inmediato, de la actual crisis no surgirá una nueva forma de producción de bienes y de servicios, aunque podría articularse un capitalismo remozado, hasta donde permitan las circunstancias.

Y lo insólito será que las medidas que se asuman, para salvar al capitalismo, tendrían que ser admitidas incluso por los trabajadores, para que éstos preserven sus puestos de trabajo, como se dice en esta nota.

Asimismo, los trabajadores deben mantener su contribución a la campaña anticoronavirus y al mismo tiempo luchar por su sobrevivencia como asalariados y/o como trabajadores por cuenta propia.

Para este columnista, esas son las tareas de veras urgentes de los asalariados y de los cuentapropistas, como parte de la campaña para vencer al coronavirus.

*Periodista

Campaña anticoronavirus: con los masistas, sin ellos o contra ellos

De sábado a sábado 506

Campaña anticoronavirus: con los masistas, sin ellos o contra ellos

Remberto Cárdenas Morales*

Los últimos días han sido ejecutadas otras acciones destinadas a conseguir el fracaso de la presidenta Áñez en la campaña anticoronavirus, olvidando que si la mandataria fracasa, esa derrota la sufrirán incontables bolivianos que se infectarían con el virus y una parte de ellos moriría.

Se resumen aquí esas acciones consumadas por militantes masistas o por amigos o aliados suyos:

—Masistas y otros chapareños, en Shinahota, agredieron a policías y los obligaron a retirarse del lugar y a volver a su anterior destino.

Esa acción determinó que trabajadores de bancos, que fueron allí a pagar los bonos de la campaña antipandemia, no desplieguen su labor y que cierren esas agencias bancarias, con el respaldo de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI).

Ante esos hechos, el candidato del MAS, a la Presidencia de Bolivia, Luis Arce Catacora, a radio Panamericana, respondió que ese es un caso aislado, que aquello no sucede en todo el Chapare y que él no está de acuerdo con la actitud de aquel grupo de pobladores de Shinahota, localidad urbanizada de la región.

Otros masistas guardan silencio frente al comportamiento de ese grupo de residentes de Shinahota, lugar que otrora se consideraba uno de los centros de elaboración y venta libre de cocaína.

Sin embargo, los dueños de casa (y que aparentan ser los “propietarios” o los que se creen tales de todo el Chapare), señalaron que hubo ocupación militar en el trópico cochabambino cuando los gobernantes actuales y los jefes militares determinaron que los uniformados realicen ejercicios, para ellos de rutina, en la zona cocalera.

Dirigentes, como el principal ahora, en ausencia de Morales, Andrónico Rodríguez, declaró para medios de difusión, que los productores de coca no iban a permitir el retorno de policías a ese jirón patrio, luego de que los encargados del orden público fueron echados de allí como emergencia del alzamiento popular que acabó con el gobierno de los últimos 14 años; declaraciones que Rodríguez las reiteró después de los muertos en Sacaba, cuando cocaleros del Chapare intentaron llegar a Cochabamba, días después de la salida de Morales del país, la que siguió a su renuncia de la Presidencia.

Los hechos luctuosos de Sacaba siguen sin investigación: jefes militares aseguran que los uniformados no dispararon contra los manifestantes cocaleros y sospechan que esas muertes fueron ocasionadas por disparos de los cocaleros o de infiltrados. En cambio, los cocaleros afirman que los que mataron a sus compañeros fueron los militares.

Rodríguez, a propósito de los hechos acaecidos en Shinahota, en una entrevista con Erbol, afirmó que los protagonistas de la agresión y expulsión de los policías de Shinahota fueron pobladores que no son cocaleros y que por tanto no comprometieron a las organizaciones sindicales de los cocaleros; que quizá algunos de esos actores tuvieron líos personales con policías; que los bancos deben funcionar en Shinahota, a lo que los cocaleros no se oponen; que los dirigentes cocaleros no pretenden dar permiso a los policías para que éstos vuelvan a la zona cocalera cochabambina; que sobre el retorno de policías al Chapare, los cocaleros quieren dialogar con las autoridades; que la de Shinahota ha sido una acción aislada, por la que no se debe entender que todos los cocaleros son como los de Shinahota; que los cocaleros no son aliados de los productores de cocaína, y que éstos existen allí como en cualquier otro lugar del mundo; acotó que los cocaleros del trópico cochabambino respaldan la campaña contra el coronavirus.

Ministros de Añez afirmaron que los sucesos de Shinahota pretenden desestabilizar al gobierno interino y que los gobernantes evitarán cualquier enfrentamiento que es lo que buscan los masistas en un territorio en el que aquéllos tienen predominio.

El candidato a la Presidencia y exdirigente cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sugirió mano dura contra los cocaleros del Chapare, y que tendrían alianza con narcotraficantes.

Otros dirigentes políticos han condenado las medidas tomadas contra policías y empleados de bancos en Shinahota, lugar en el que, como en otros sitios, funcionaría un mercado ilegal de la coca, la que no acullican[1] ni los productores, y que se destina sobre todo a la producción de cocaína.

—Siguen las ferias en El Alto, las que se contraponen a la cuarentena y que cuando menos tienen el aliento solapado de masistas.

La semana anterior, un grupo de gente de un barrio suburbano de Santa Cruz de la Sierra, marchó para exigir que allí se instalen ollas comunes debido a que, según ellos, al lugar no han llegado alimentos.

Sólo es sospechable que esas manifestaciones, determinadas por el hambre de esos pobladores, podrían haber tenido algún estímulo de masistas.

Se conocen antecedentes que respaldan esa sospecha: en diferentes momentos del gobierno de Evo Morales, con el conocimiento y la licencia de dirigentes del partido entonces gobernante, militantes y/o amigos suyos participaron de ocupaciones de tierras con el argumento, entre otros, que ellos debían estar presentes de la lucha del pueblo. Hay testimonios demostrativos de participación de masistas de la intervención a pertenencias del Colegio Marista (católico), del norte cruceño.

Masistas niegan que ellos son actores o que estimulan las ferias, por ejemplo, que se realizan en la Feria 16 de Julio, en Alto Lima (La Paz). Otros masistas aseguran que la gente que no trabaja no come (la del día a día); se trata de compatriotas que por necesidad de alimentos abandonan la cuarentena.

Sin embargo, deben ser muy pocos los empobrecidos de la Feria 16 de Julio, incontables de los cuales instalan sus puestos de venta, casi como en tiempos normales.

Como complemento de los que instalan aquellas ferias en El Alto y otros lugares del país, concurren allí compradores los que dejan a un lado la cuarentena para asistir, como es costumbre, a esas ferias en las que, se sabe, los precios son bajos.

—Antes de que los gobernantes aprueben los bonos para sobrellevar la cuarentena total contra el coronavirus, masistas reclamaron pagos compensatorios del sacrificio de los que sostienen la cuarentena y no cuentan ni con salarios ni con sueldos, bonos que en consecuencia debían beneficiar a todos los bolivianos; después anotaron que esos bonos se pagarán con demora, lo que evidencia una supuesta indolencia de la presidenta interina.

Arce Catacora: en la entrevista con la radioemisora Panamericana, sostuvo que él propuso el pago de los bonos de la campaña antipandemia, pero que él sugirió que se pague Bs1.000 y no Bs500, como sucede ahora.

Sin embargo, el candidato del MAS, a pesar de que le preguntaron sobre ese asunto, no se refirió al porqué el gobierno del que fue Ministro de Economía y Finanzas, reprimió a los discapacitados, los que llegaron a La Paz, a pie y en una sacrificada marcha, a pedir un bono anual para ellos.

El exMinistro de Morales, asimismo, señaló que su gobierno desembolsaba el 11,5 del presupuesto nacional para el servicio de salud pública y que él no está seguro de que el gobierno en funciones gaste el 10 por ciento del presupuesto del país por ese servicio.

—Voceros masistas observaron que los actuales gobernantes tramiten créditos sólo ante el Banco Mundial (BM) y el FMI. Que aquéllos deben pedir préstamos a los gobiernos chino y ruso.

La razón o sin razón de que Bolivia no debe tramitar apoyo financiero, preferentemente del BM y del FMI, son las duras condiciones que esos bancos imponen, agregan esos actores políticos (y la dependencia que establecen esas agencias, añade el columnista).

Aunque falta la verificación, las observaciones de masistas a las solicitudes de gobernantes, a los organismos crediticios, no tienen en cuenta la flexibilidad ofrecida, actualmente, por esos bancos a los países latinoamericanos y caribeños.

China es el país que más préstamos ha concedido a Bolivia, durante el gobierno de Morales, pero ahora los obsequios chinos, que han llegado aquí, son de ropa de bioseguridad, al parecer de una empresa privada, y no se conoce que el gobierno de China tenga decidido ayudar con créditos y donaciones a nuestro país.

Al mismo tiempo otros declarantes del MAS insisten en que Bolivia debe sumarse a los países que reclaman la condonación de la deuda de nuestros países y pueblos.

—En las últimas horas, en la Cámara de Diputados en la que los masistas son mayoría, esos funcionarios públicos han aprobado un proyecto de ley que, básicamente, establece sanciones contra policías y militares que aprehendan a los que, en realidad, desobedezcan la cuarentena, porque esas aprehensiones, los procesos que les siguen y las penas consiguientes, por atentado contra la salud pública, violan las garantías establecidas en la Constitución Política, según esos masistas. Y ese proyecto de ley aprobado, anula las sentencias de los que atentaron contra la salud de las personas al desobedecer la cuarentena, de acuerdo a sentencias dictadas por jueces que atendieron esos casos.

Partidarios del gobierno de Áñez afirman que el proyecto de ley aprobado, busca que los delitos que cometan los que se niegan a cumplir la cuarentena queden impunes.

Masistas alegan que los bolivianos debemos participar conscientemente de la cuarentena total y que, por tanto, policías y militares no deben obligar a ningún boliviano a que guarde el encierro determinado hasta el 30 de este mes (abril); cuarentena en defensa de la salud y de la vida de los bolivianos y de los ciudadanos del mundo. Mientras hay masistas que alegan que Áñez ha fracasado en su campaña anticoronavirus, otros se ponen en movimiento para que eso ocurra, y no faltan los que expresan, por medios de divulgación, que los masistas apoyan la cuarentena y que ellos son parte de la campaña antipandemia, como han recomendado la OMS y la OPS.

—Como yapa y aunque no haya entendimiento entre la una y los otros, la Defensora del Pueblo acaba de reclamar, a los gobernantes, garantías para que los granjeros que crían pollos para el mercado trabajen sin restricciones. Aquella funcionaria acompañó una lista, probablemente completa, de la gente que labora en esas granjas, las que deben contar con las garantías para desempeñarse todos los días, de acuerdo al reclamo defensorial.

Sin embargo, un vocero de los productores de pollos de Cochabamba informó, para medios de difusión, que ese sector económico no vende a tiempo los pollos que crían porque los compradores grandes no pagan según la oferta suya y que son esos intermediarios los que reciben las utilidades efectivas.

Anteriormente, la Defensora del Pueblo pidió que los gobernantes provean el transporte para que productores de frutas de Caranavi lleguen al mercado paceño con las frutas que estuvieron trancados en un lugar del camino, por falta del transporte, con el riesgo de que se pudran esos productos si no llegaban pronto a su destino.

Podría admitirse que esa gestión de la Defensora, para que los pollos lleguen a La Paz, es una medida de una servidora pública diligente y que ella no tiene nada que ver con masistas que buscan el fracaso de Áñez y los gobernantes que la acompañan, los que no deben fracasar porque si ellos fracasan, la derrota será de todos los bolivianos, incluidos los masistas que persiguen el fracaso de los gobernantes y, en primer lugar, de Jeanine Áñez,

Difícil saber cuántos bolivianos tienen reparos ante las gestiones de la Defensora del Pueblo, a la que consideran siquiera promasista, porque esa servidora pública, acepte o no, el cargo interino que ocupa se lo debe al MAS y hay otras evidencias que llevan a la sospecha de que la Defensora, en el ejercicio de sus funciones, coincide con operadores masistas que pretenden el fracaso de Áñez porque los buenos resultados que consiga la Presidenta interina, en la campaña antipandemia, podrían sumarle apoyo electoral, lo que masistas creen que es electoralmente dañino para ellos.

Ante el accionar de los masistas en contra de la campaña anticoronavirus, lo dicho por Carlos D. Mesa Gisbert, otro candidato a la Presidencia de nuestro país, es algo que se debe compartir. Lo citamos al dirigente de Comunidad Ciudadana. Que a la Presidenta en funciones le debe ir bien en la campaña antipandemia y que así nos irá bien a los bolivianos.

Las mezquindades politiqueras de los masistas les afectarán a ellos, política y electoralmente. Eso debe estar claro para los bolivianos, aunque para los operadores del masismo esté difuso.

Los bolivianos, mayoritariamente, estamos empeñados en vencer al coronavirus, a pesar de los sacrificios sobre todo de los que no reciben ni recibirán un salario o un sueldo.

Aquí la tarea gigantesca es ganar al coronavirus. Aquí también se sostiene la campaña antipandemia por la salud y la vida en Bolivia y el mundo.

Si los masistas siguen como hasta ahora con dos comportamientos, que esa conducta nos sirva para conocer, sin duda posible, a los que gobernaron los últimos 14 años y/o a los que apoyaron a Morales en la Casa Grande del Pueblo.

En Bolivia, la inmensa mayoría, con limitaciones y con aciertos los más, venceremos al coronavirus, mejor si es con los masistas incluidos, sin ellos si es necesario o contra de esos operadores de la política que caminan a contracorriente.

Desde aquí la inmensa mayoría aportamos a la campaña universal anticoronavirus.

*Periodista

 


[1] Acción de extraer una sustancia que adormece y estimula, al mezclar con la saliva, una masa de hojas de coca y ceniza (llijta), manteniéndola en la boca durante un tiempo considerable.

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