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Banzer: en Bolivia “hay libertad de prensa”*

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Remberto Cárdenas Morales**

En Bolivia, entre el 19 y el 21 de agosto de 1971, el coronel de Ejército Hugo Banzer Suárez, con un desempeño mediocre en el ministro de Educación en otra dictadura (la del Gral. René Barrientos Ortuño, que restituyó privilegios de las roscas nativas, afectadas por la Revolución democrático burguesa de abril de 1952), emerge como caudillo de un golpe, respaldado por Falange Socialista de Bolivia (FSB, el partido fascista en Bolivia) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (que enarbola el nacionalismo revolucionario, pero en el que prevalece el nacionalismo), sin apoyo popular pero con el respaldo de oficiales que no resistieron un “cañonazo de 5.000 dólares”, como declaró uno de sus financiadores, después del golpe.

Ese golpe neofascista o fascistoide, estuvo precedido de cierta campaña de los medios de difusión bolivianos (prensa y radio), los que contribuyeron a generar las condiciones políticas e ideológicas que facilitaron su triunfo.

Esos medios concentraron su atención en la Asamblea Popular, pero para subinformar y desinformar, sobre ese supuesto poder dual o escuela de gobierno de los trabajadores, en la que los asalariados mineros ejercieron la dirección, seguida por el conjunto de los explotados y oprimidos, integrados en aquel parlamento popular, como afirmaban dirigentes de partidos de izquierda en ese tiempo.

Medios de difusión decían entonces, en tonos distintos, que pronto se tendría una Bolivia soviética. Por su parte, los dirigentes cívicos cruceños de esa década ya confesaron que para ellos era preferible que Santa Cruz pertenezca a Brasil antes que a esa hipotética Bolivia soviética; hipotética porque lo probable, en esos años, era una nueva Bolivia, antes que una Bolivia soviética.

Otro módulo convergente, agitado por la mayoría de los medios de difusión bolivianos, fue la amenaza contra Bolivia (otra mentira) del extremismo internacional, del castro-comunismo. Se mencionaba la gesta guerrillera del Che (1967) para presentar como posible la victoria de los castro-comunistas en el país.

El desorden que se le atribuía al gobierno de Juan José Torres no era otro que el movimiento de masas que tendía a crecer o que se concentraba en la Asamblea del Pueblo en la que se difundía un discurso liberador que, sin embargo, tenía mucho de “revuelta y poco de revolución”.

Desorden (caos y anarquía, repetían los enemigos de los cambios de ese período) al que se sumaba la ansiedad provocada por acciones terroristas destinadas a paralizar, desunir, desorganizar, desanimar y, por tanto, desarmar al pueblo.

Aunque esas acciones terroristas hacían su “propaganda” armada desde la derecha extrema, servían también para que desde la mayoría de los medios se cuente y recuente que el futuro inmediato de Bolivia era un régimen opresivo de inspiración soviética, comunista o castro-comunista.

Por ello, una pregunta pertinente e ineludible es: en qué momento los medios de difusión fueron políticamente neutrales o cuándo dejaron de tener un papel político, o en qué circunstancias no fueron “aparatos ideológicos”.

La línea de acción respecto de los intelectuales (y de los periodistas) fue trazada en el Documento de Santa Fe I, elaborado para Reagan. He aquí lo esencial de esa propuesta: “Debe ser iniciada una campaña para capturar a la ‘élite’ intelectual iberoamericana mediante radio, televisión, libros, artículos y folletos, más donaciones, becas y premios”. Con el agregado siguiente: “Consideración y reconocimiento es lo que más apetecen los intelectuales, y tal programa puede atraerlos”.

En Bolivia aquella línea de acción fue ejecutada con aportes criollos de escasa monta. Más de 70 periodistas fueron exiliados, casi la cuarta parte de los 400 en ejercicio del oficio de “contar cosas” de ese tiempo de las dictaduras militares y fascistas, como la de Banzer.

Otros periodistas, más de 30, fueron perseguidos, apresados y amenazados. Uno fue asesinado (Cochabamba), aunque por él se dijo que murió como resultado de una reyerta callejera, nada menos que eso aseguró el dueño de un medio de difusión cuando le tocó informar en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En el libro: El delito de ser periodista se lee de parte de sus editores: “Para el régimen de Banzer, el periodista crítico e independiente representa un elemento peligroso. El régimen acepta sólo a redactores inofensivos, a ‘fieles servidores del periodismo objetivo’. Poco a poco, los puestos dejados por tantos periodistas víctimas de la represión se han ido llenados con elementos más dóciles o simplemente con adictos al régimen”.

Esa publicación, asimismo, reproduce declaraciones de Banzer:

“En mi condición de gobernante —dice—, nada me satisface tanto como ser recibido por todos Uds. como un amigo, actitud que considero al mismo tiempo como el reconocimiento implícito de que en Bolivia vivimos bajo el imperio de la Ley, que hay libertad de prensa y que a ningún periodista se le priva de expresar sus ideas mientras no atente contra la paz y la seguridad de la República… el periodista honesto y bien intencionado contará con todas las garantías…” (Presencia, 29-III-72).

Quizá el ejemplo más representativo sea la censura impuesta al folleto La masacre del valle, que da cuenta de la matanza de campesinos (un conscripto vio a los muertos amontonados como leña en un carro militar), ordenada por Banzer en Tolata, Epizana y Quillacollo (Cochabamba, enero de 1974). Esa publicación sólo pudo circular clandestinamente y sus inspiradores, dos curas tercermundistas, en represalia fueron expulsados de Bolivia hacia el Perú. La jerarquía de la Iglesia Católica nada hizo para evitar el exilio de esos dos religiosos, lo que también muestra el comportamiento de la mayoría de los obispos frente a la represión. 

Aquella masacre fue precedida por bloqueos de caminos y marchas de asalariados contra las medidas económicas que encarecieron los precios de los alimentos y cuya compensación salarial fue absolutamente insuficiente. Voceros de la dictadura prometieron buscar salidas al conflicto mediante el diálogo, el que en vez de iniciarse fue sustituido por la matanza. Ésta influyó, sin embargo, en la ruptura de los trabajadores del agro con las Fuerzas Armadas y con la dictadura.

La SIP, durante la dictadura de Banzer en Bolivia, dijo que existía libertad de prensa, pero —añadimos— para los propietarios de los medios de difusión porque, ciertamente, en ese período dictatorial no había para ellos límites en el ejercicio de ese derecho. En cambio, para los periodistas hubo persecución, exilio, prisión y muerte. Eso enfrentaron, por sus ideas, los periodistas distantes de las dictaduras. Los periodistas funcionales a ellas y a los regímenes que pretendían preservar el viejo orden, en verdad, no sufrieron sobresalto alguno. Éstos son los intelectuales que sirven a todo régimen, los proclives a todo uso, los operadores de la censura, la autocensura, la difusión de medias verdades, la manipulación y la propagación de mentiras.

*Esta nota fue publicada en el suplemento Animal Político, del diario paceño La Razón, del 24 de agosto de 2014.

**Periodista 

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