¿El que recuenta votos gana o cuando menos empata?

El cura guerrillero Camilo Torres, caído en combate en la selva colombiana, escribió que él se negaba a participar de elecciones en su país porque la oligarquía, al escrutar los votos, se anotaba la victoria. Y eso decía a pesar de que él era parte de un frente de la izquierda en Colombia por la que murió.

Quienes viven y/o vivimos en armonía con las normas de la ética, que antepone los verdaderos intereses regionales, populares y plurinacionales a los individuales, jamás esperan ni esperamos (¡vaya ingenuidad!) que eso ocurra con un o desde un gobierno que dice que impulsa una revolución democrática y cultural.

Estos últimos días, al conocer los resultados oficiales y casi finales de las elecciones de jueces supremos del 16 de este mes en Bolivia, lo menos que nos invade es la sospecha de que en departamentos como La Paz o se han volcado los resultados o se han ejecutado otras formas de un fraude gigantesco, lo que se puede catalogar como un comportamiento esencialmente antidemocrático.

En Bolivia tenemos una lamentable tradición de fraude electoral, otrora frecuente, cada vez que se convocaba a una consulta a los electores.

El fraude electoral más reciente fue el que cometieron, sobre todo desde la Corte Nacional Electoral de entonces, en favor del ex ministro del Interior del dictador Hugo Banzer. Fraude que, sin embargo, resultó inocultable porque los votos presuntamente depositados en las ánforas fueron más que los votantes inscritos en los registros. Ante la presión cívica y política de los bolivianos, el dictador Banzer se vio obligado a disponer la anulación de esa consulta, mediante el tribunal electoral de ese momento.

Estaba muy claro que los candidatos a jueces supremos, con apoyo de los electores del gobierno, ganarían las elecciones aunque los votos nulos y/o en blancos sean menores o mucho mayores, como los recuentos no oficiales lo evidenciaron. Incluso el Vicepresidente dijo que antes un poco más de 130 parlamentarios nominaban a los jueces supremos y sugirió que los candidatos que obtengan más que aquel número de legisladores, en las últimas elecciones, tendrían mayor legitimidad que los jueces anteriores al llamado Estado plurinacional.

Asimismo, diversos factores difundidos durante una rara campaña para los candidatos a jueces supremos confluyeron para advertir que los votos nulos y los votos blancos serían crecidos, fuera de lo corriente, como se sabe que fueron.

En La Paz, con la mayor cantidad de electores con relación a los otros departamentos, cabe recordar que los resultados no oficiales (de la encuesta a boca de urna y/o el conteo rápido) refirieron que los votos nulos eran más o muchos más que los válidos, en tanto que la suma de votos nulos y votos blancos, eran abrumadoramente más que los válidos.

Especialmente los reporteros de los medios de difusión en la sede de gobierno (después de vencer la oposición de jueces y/o jurados electorales), en innumerables casos, junto a pocos ciudadanos fueron testigos del recuento de los votos en los recintos electorales. Más aún, el domingo 16, en horas de la noche, además, del resultado de la encuesta de la boca de urna y del conteo rápido, conocimos despachos de los reporteros de medios radiales y televisivos que dieron cuenta de que en todos los distritos electorales de La Paz (capital), como de las ciudades intermedias en las que se concentra la mayoría de la población paceña, ganaron, a mucha distancia, los votos nulos respecto de los válidos y los votos blancos acrecentaban esa diferencia.

La lectura respecto de esos resultados en los que de lejos ganaron los votos nulos y blancos —datos no oficiales, reiteramos— con seguridad que es distinta, así como es dispar la respuesta a la pregunta por qué esos resultados.

Los votos nulos y los votos blancos son formas de rechazo a los candidatos a jueces supremos, a la calificación de méritos suyos que hizo la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la modalidad de propaganda electoral (sólo desde el Tribunal Supremo Electoral), a la forma de elección de esos funcionarios, a la propaganda gubernamental de que con esa renovación de juzgadores empieza una revolución judicial, también a la gestión del gobierno.

Los gobernantes, renuentes a la autocrítica tan necesaria, se limitan a decir que faltó propaganda electoral para que los electores conozcan a los candidatos a jueces máximos, que la marcha indígena influyó negativamente contra aquellas elecciones, que los que llamaron al voto nulo (y en blanco) asumieron una conducta antidemocrática y que son unos resentidos, que muchos electores no conocieron a los candidatos, que con esas elecciones aplicaron la Constitución Política del Estado, entre las más difundidas.

Tales elecciones ¿fueron un referéndum? En rigor no. Pero el Presidente al afirmar que ganaría con un 70 por ciento en aquella consulta, se involucró en ella y desafió, sin necesidad política alguna, aunque quizá así trató de interpelar a sus parciales o fue una inusual campaña electoral.

Los resultados que se conocieron con carácter no oficial son un revés político de mucha importancia para Evo Morales y para los gobernantes.

Por todo lo dicho, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la obligación ineludible de convencernos de que no hubo fraude alguno el momento del recuento oficial de votos. Los resultados ya han sido ensombrecidos y los opositores al gobierno, lamentablemente, dicen que se han confirmado sus denuncias de fraude. Allá estos últimos.

La modificación de los resultados electorales, por el TSE, no conseguirá el cambio del comportamiento de la mayoría del pueblo boliviano respecto del gobierno. Ocurrirá lo contrario: si se confirmara algún fraude, así sea sólo en La Paz, perderá el gobierno, los cambios, la democracia que todavía es restringida, más allá de que se exageran sus bondades.

Más aún: según datos, que no son definitivos, la abstención fue del 20 por ciento la que, sin ser alta, es para tomar en cuenta porque en el pasado inmediato fue mucho menor. Aquella abstención, además, podría tener un mensaje de molestia ante unas elecciones de veras contaminadas con elementos antidemocráticos diversos.

Las elecciones de jueces supremos, a pesar de su naturaleza y de que se realizaron por primera vez, son una forma de lucha política democrática (urnas y no armas, dice el Presidente). Eso es inocultable, por eso resulta insostenible decir que al gobierno en nada le afecta aquellos resultados.

Los jueces supremos elegidos ya pueden o no contar con la legitimidad suficiente, pero si los votos nulos y los votos blancos, emitidos por la inmensa mayoría de los electores, son también un rechazo a esos juzgadores.

Y si se comprobara el fraude que se lee en los datos oficiales casi totales sólo quedará exigir que se anulen esas elecciones, acción que reivindicaría al gobierno y al TSE, ante el pueblo, al menos en parte.

Si se confirman los resultados oficiales de las elecciones del 16 conocidos y casi totales sólo se acrecentará el descontento de la mayoría del pueblo boliviano o en éste seremos más los indignados que se alzan en el mundo contra el imperialismo y el capitalismo.

Aquí los indignados enfrentaremos al fraude, aunque se confirmen aquellos resultados electorales dudosos que no cambiarán el comportamiento electoral de los que votaron o votamos nulo o blanco el 16 de octubre.