¿Volvió la normalidad... o nunca se fue?

Editorial Aquí 363

Terminaron los bloqueos, las movilizaciones y los cercos a las ciudades; acabó la violencia de quienes protestaban y la de las fuerzas estatales; se podría decir que terminó la paralización obligada de las actividades sociales, económicas y que todo volvió a la normalidad.

El cerco más largo a varias ciudades del país, en el período republicano, fue penoso, no solo para los bloqueados que aguantaron estoicamente incluso la pasividad gubernamental, sino también para los bloqueadores, sobre todo para las bases que debían asistir obligatoriamente a los lugares del cerco a los centros urbanos, por turnos, bajo amenazas a quienes no asistieran con sanciones que podían ser, incluso, con la expulsión de sus comunidades o de sus barrios.

¿Qué se logró? Cansancio de los bloqueadores y de los bloqueados; repudio a los bloqueadores intransigentes y a las autoridades gubernamentales indiferentes; descrédito de las organizaciones movilizadas y del gobierno.

Y después de esa debacle todo ha vuelto a la normalidad: continúan las filas para comprar los escasos combustibles que apenas llegan; los precios de los productos de primera necesidad aumentan como también aumenta el tipo de cambio del dólar, moneda extranjera que rige la dinámica de nuestra economía; la administración del Estado sigue andando al ritmo de clientelismo, nepotismo y devolución de favores, es decir sin eficiencia; las promesas electorales siguen siendo solo promesas; los adulones y amarraguatos de hoy brotan, aunque aún no tantos como lo que hubo en el anterior régimen; los corruptos de ayer que administraron el Estado siguen impunes, gozando de dineros mal habidos, mientras se oyen rumores de nuevos negociados en el actual gobierno; valijas misteriosas con contenidos ilícitos siguen circulando libremente sin que las instituciones encargadas del control las revisen en aeropuertos y puestos fronterizos; las actividades ilícitas —narcotráfico, contrabando, trata de personas, extorsión, corrupción, lavado de activos— continúan con sus acciones fuera de la ley; la población recibe medias verdades o mentiras dadas por las autoridades, igual que antes, sobre el permanente descubrimiento de casos clasificados como ilegales.

Y en esa normalidad, el grueso de la población trabaja honradamente: la mayoría, que es informal, se bate el día a día sin ingresos permanentes y dignos; la mayoría de esa masa laboral no tiene seguro social ni servicios de salud… derechos todos consagrados en la Constitución Política del Estado, pero incumplidos, como sucede con la mayoría de lo que dictan muchas normas.

Debemos exigir que los administradores del Estado cumplan lo señalado en el art. 232 de la CPE[1], demuestren transparencia dando información veraz, más aún en estos tiempos digitales donde es posible y un deber hacer públicos los planes, licitaciones, contratos, presupuestos, planillas de funcionarios, escalas salariales, gastos. Es tiempo que la ciudadanía ejerza sus derechos como indica el art. 242 de la CPE[2], sobre todo en el acceso a la información.

¿Tendremos que seguir resignándonos a esta normalidad o ya es tiempo de exigir el cumplimiento nuestros derechos?

[1] Art. 232 CPE. La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

[2] Art. 242, inc. 4 CPE. La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley: Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.