El gobierno decidió impedir que la marcha llegue a La Paz

El Presidente y el gobierno decidieron impedir que la VIII marcha de los indígenas de las tierras bajas llegue a La Paz. El bloqueo de los colonizadores en Yucumo y el cerco policial son la demostración inequívoca de la decisión política adoptada.

Para el gobierno fue imposible evitar que empiece la marcha, sobre todo porque los ministros destinados a dialogar con los líderes indígenas, con distintas palabras y en tonos diversos, señalaban que la construcción del camino que pretendía partir en dos el TIPNIS ya fue decidida por el Presidente. Esa afirmación era comprobada porque la vía en sus tramos I y III se ejecutaban y se ejecutan en este momento. Incluso indígenas de la reserva y del territorio indígena informan, ahora, que pobladores del TIPNIS, al servicio del gobierno y de los cocaleros, se proponen abrir el camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (tramo II) con herramientas, al viejo estilo de la prestación vial, cuando se construían caminos a “pico y pala”.

Camino que destruya el TIPNIS o servicio real a los indígenas y al pueblo

Editorial

Los gobernantes, luego de violar varios artículos de la Constitución Política, otras normas bolivianas y convenios internacionales (que también son leyes nuestras), con el propósito central de impedir que llegue a La Paz la VIII marcha indígena por la vida en el TIPNIS y para confrontar a los pobladores de esa reserva natural, con su mayoría de legisladores hizo aprobar la llamada ley corta. Esa norma, básicamente, dispone la suspensión de la construcción del camino de la discordia entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) y la consulta a los que en primer lugar serían perjudicados con aquella vía, es decir, los que antes que la población boliviana sufrirían los efectos de la destrucción de aquella riqueza, única en su género en la geografía patria. Esa ley corta, además, “reconoce” otros derechos de los pueblos indígenas, lo que es una reiteración innecesaria de lo que determinan otras normas constitucionales, legales y convenios internacionales, así como se intenta enmendar un error con lo que, a la vez, se incurre en otra falla sustancial: el inicio de la obra en los tramos I y III sin la aprobación o el rechazo de los que viven en el TIPNIS, lo que un gobierno que se autodefine como del pueblo no debe hacer.