La prolongada crisis energética y cambiaria golpea a la población

Editorial Aquí 364

La devaluación de hecho de la moneda boliviana, las dificultades para garantizar el abastecimiento de combustibles y la pérdida del poder adquisitivo afectan con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. Los gobernantes no pueden limitarse a administrar la emergencia: deben afrontar las causas estructurales de la crisis.

Bolivia continúa atravesando uno de los momentos económicos, sociales y políticos más delicados de las últimas décadas. Lo que durante meses fue presentado por el discurso oficial como una dificultad transitoria se ha instalado como una realidad permanente para millones de familias. El incremento acelerado del dólar en el mercado, la persistente escasez de combustibles y el encarecimiento sostenido de la canasta familiar configuran un escenario que ha dejado de ser una coyuntura pasajera para convertirse en la experiencia cotidiana de buena parte de la población.

El quiebre más evidente de esa realidad se produjo con la flexibilización del tipo de cambio decidido por el gobierno el 26 de junio. En pocos días, la cotización del dólar pasó de la referencia oficial de Bs 6,96 a superar los Bs 12 en el mercado, reflejando una devaluación de hecho con efectos inmediatos sobre toda la economía. En un país altamente dependiente de las importaciones, el alza de la divisa encarece alimentos, medicamentos, insumos industriales, materiales de construcción, repuestos y bienes de consumo. La inestabilidad cambiaria también alimenta la especulación y distorsiona la formación de precios, trasladando el costo de la crisis al bolsillo de los ciudadanos.

A este panorama se suma una crisis energética que ya no admite explicaciones coyunturales. Las extensas filas para conseguir gasolina y diésel paralizan el transporte, retrasan la producción y encarecen los bienes básicos. Este desabastecimiento es consecuencia de años de escasa exploración, la caída sostenida en la producción de gas natural y una fuerte dependencia de combustibles importados que agota las divisas. Esta situación se agrava por incertidumbre provocada por el anuncio gubernamental de mantener la subvención al Gas Licuado de Petróleo (GLP) solo hasta el 31 de diciembre. De no definirse una política clara que garantice el abastecimiento y la estabilidad de precios, la crisis energética amenaza con trasladarse directamente a la economía de los hogares de millones de familias bolivianas.

Las primeras víctimas de esta crisis son quienes viven del trabajo diario. Comerciantes, artesanos, pequeños productores, transportistas y trabajadores independientes, que conforman la mayor y esencial parte de la economía boliviana, enfrentan una reducción constante de sus ingresos reales. Sin mecanismos de protección frente a la inflación, cada incremento en los costos reduce su capacidad de sostener sus actividades y de garantizar el sustento de sus familias.

Pero la crisis ha dejado de ser un problema exclusivo del sector informal. Los trabajadores asalariados, tanto del ámbito público como del privado, también experimentan un acelerado deterioro de su poder adquisitivo. Sus ingresos permanecen prácticamente congelados mientras el costo de la alimentación, el transporte, los servicios básicos y otros gastos esenciales continúa aumentando. El salario nominal puede mantenerse intacto, pero el salario real disminuye día tras día, obligando a miles de hogares a modificar hábitos de consumo, postergar proyectos familiares y renunciar incluso a necesidades fundamentales como la salud, la educación o una alimentación adecuada.

La situación actual no responde a un único acontecimiento, sino a la acumulación de problemas estructurales que durante años fueron postergados. La caída de la producción hidrocarburífera, el deterioro de las reservas internacionales, el creciente déficit fiscal, la escasa diversificación productiva y la falta de políticas oportunas para enfrentar estos desafíos han configurado un escenario incierto. Afrontar esta crisis exige decisiones técnicas, transparencia, diálogo y una visión de largo plazo que trascienda la coyuntura política.

La sociedad boliviana ha demostrado, una vez más, una notable capacidad para resistir la adversidad. No obstante, esa fortaleza no puede seguir utilizándose como sustituto de las responsabilidades de los gobernantes. Ningún país puede aspirar a la estabilidad si millones de personas deben adaptarse permanentemente al deterioro de sus condiciones de vida mientras las soluciones estructurales continúan postergándose. Es momento de que los administradores del Estado, en todos sus niveles, asuman con responsabilidad la conducción de esta crisis, dejen de administrar la emergencia y enfrenten las reformas de fondo que permitan recuperar la estabilidad económica, garantizar la seguridad energética y devolver a la ciudadanía la confianza en que el futuro puede ser mejor que el presente.