Bolivia, 201 años después: la independencia que heredamos y el país que aún debemos construir

Editorial Aquí 365

Bolivia cumple 201 años, el 6 de agosto de 1825 vuelve a convocarnos a celebrar una nación que nació de una larga lucha emancipadora de 15 años y que, desde entonces, atravesó guerras, revoluciones, dictaduras, transformaciones económicas y profundas movilizaciones sociales. Pero una fecha patria no debería servir únicamente para mirar hacia atrás, debe permitirnos preguntarnos qué país hemos construido, cuáles son las tareas pendientes y qué Bolivia queremos dejar a las próximas generaciones.

El 6 de agosto de 1825 significó la culminación de un proceso emancipador que permitió a los habitantes del antiguo Alto Perú definir su destino político y fundar una nación soberana. Bolivia nació con grandes expectativas, pero también con profundas limitaciones económicas, sociales, institucionales y territoriales. Desde sus primeros años enfrentó la dificultad de construir un Estado en un territorio extenso y diverso, sumado a ello las disputas entre grupos de poder, la desigualdad social y una economía dependiente de la explotación de recursos naturales.

Durante el siglo XIX, la plata fue el principal motor económico. Posteriormente llegaron la goma y el estaño; durante el siglo XX y comienzos del XXI, los hidrocarburos y los minerales adquirieron un papel central. Cambiaron los productos, pero permaneció una constante: la dependencia de las materias primas. Este modelo permitió generar importantes ingresos en determinados períodos, pero no consiguió resolver definitivamente la necesidad de diversificar la producción, desarrollar una industria sólida y reducir la vulnerabilidad frente a los cambiantes precios internacionales.

No obstante, sería injusto interpretar los 201 años de Bolivia únicamente desde sus dificultades. El país también protagonizó procesos históricos de enorme trascendencia. La Confederación Perú-Boliviana impulsada por Andrés de Santa Cruz entre 1836 y 1839, representó un importante proyecto de integración y proyección regional.

Pero hubo otros hechos traumáticos que han marcado en la ciudadanía un sentimiento pesimista y de derrota permanente. Pérdidas territoriales en guerras con países vecinos (Chile, Brasil y Paraguay) más otros cercenamientos por tratados diplomáticos con más vecinos (Perú, Argentina y nuevamente Brasil) han generado en el boliviano cierto estado de ánimo que no deja de golpear, de los cuales el más hiriente es el despojo del departamento del Litoral por Chile; y aunque luego ese territorio costero, con toda su riqueza marítima y minera, se perdió legalmente al ser vendido a los ocupantes por los gobernantes del Partido Liberal, se sigue creando, año tras año, falsas expectativas de ilusoria recuperación de esa región con desfiles y discursos patrioteros.

Sin embargo, paradójicamente, todas esas penosas situaciones históricas han cohesionado y fortalecido la bolivianidad, al generar un sentimiento de unidad gracias a la adversidad vivida.

La Guerra del Chaco, aunque terminó con la pérdida territorial del Chaco Boreal frente al Paraguay, produjo importantes circunstancias en la conciencia nacional y macó el fin de un ciclo, dejando atrás la Bolivia señorial, terrateniente y semifeudal. En esa gesta absurda, como son la mayoría de las guerras, hombres de diferentes regiones y clases sociales compartieron las trincheras, haciendo visibles las desigualdades existentes y contribuyendo al surgimiento de nuevas corrientes políticas y sociales que buscaban protagonismo y cambios en la sociedad-

Una de las mayores transformaciones llegó con la Revolución Nacional de 1952. La Nacionalización de las minas, la Reforma Agraria, la Reforma Educativa y el Voto Universal modificaron profundamente la estructura política y social boliviana. La incorporación de sectores históricamente excluidos constituyó un cambio decisivo en la construcción del país.

Décadas después, la Constitución de 2009 introdujo otro cambio fundamental al reconocer el carácter Plurinacional del Estado y los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Sin embargo, reconocer la diversidad en la Constitución no garantiza por sí mismo la desaparición de la pobreza, la corrupción, la discriminación o las desigualdades territoriales. Tampoco garantiza instituciones eficientes, justicia independiente ni una administración pública libre de intereses partidarios.

Después de más de una década y media de vigencia del Estado Plurinacional, corresponde evaluar sus resultados con espíritu crítico. El reconocimiento de la pluralidad constituye un avance, pero debe estar acompañado por educación de calidad, salud accesible, seguridad jurídica, transparencia, instituciones eficientes y oportunidades económicas para todos.

Los diferentes regímenes que se sucedieron después de la Guerra del Chaco, todos nacionalistas con matices diversos —militares, civiles, democráticos, dictatoriales, populistas— no lograron sacar a Bolivia de su condición de capitalista atrasado, de exportador de materias primas, con una economía de comercio antes que industrial.

Hoy, además, vivimos un problema recurrente: la debilidad institucional. La inestabilidad política, los cambios frecuentes en las reglas de juego, la politización de determinadas instituciones y la corrupción han dificultado la consolidación de un Estado basado en la meritocracia, la previsibilidad y la independencia de sus órganos. Se suma a esto la desigualdad social y territorial, expresada en las brechas entre regiones, sectores urbanos y rurales y grupos sociales. La inclusión debe traducirse en oportunidades concretas, empleo digno, educación, salud e infraestructura.

Otro desafío adicional es la penetración de economías ilícitas y del crimen organizado. El narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, el avasallamiento de propiedades, la trata de personas, el lavado de dinero y otros delitos no deben analizarse solamente como problemas policiales. Cuando estas actividades ilícitas buscan penetrar espacios económicos, políticos o institucionales, amenazan la capacidad del Estado para ejercer autoridad y aplicar la ley, por esto, las denuncias de infiltración deben ser investigadas y castigados con rigor. La democracia necesita instituciones capaces de investigar, fiscalizar y sancionar independientemente de quién sea el involucrado; pero, paralelamente los administradores del Estado deben transparentar sus acciones, de modo que la ciudadanía tenga libre acceso a la información pública, y así pueda fiscalizar las acciones gubernamentales. No hay que olvidar que ocultar información es una forma de mentir, presumiéndose que detrás de dichas restricciones se ocultan delitos.

Bolivia también ha demostrado que puede alcanzar períodos de estabilidad económica y avances sociales. En el pasado reciente la seudo nacionalización de los hidrocarburos y el período de altos precios de las materias primas permitieron incrementar los ingresos públicos y financiar algunas políticas sociales; pero también, se despilfarró en obras y empresas públicas que solo beneficiaron a los constructores de la infraestructura y a los vendedores de los equipos y maquinarias, sin contra las habituales comisiones que corren subterráneamente en los contratos.

Toda esa experiencia demuestra que un país no puede depender indefinidamente de los ciclos favorables de las materias primas. El desafío consiste en transformar la riqueza natural en capacidad productiva permanente, impulsando la industrialización, la innovación, la tecnología y la diversificación económica. Bolivia necesita producir más y depender menos de los ciclos económicos internacionales.

En la fecha de su fundación, Bolivia tiene razones para sentirse orgullosa. Ha sobrevivido a guerras, crisis económicas, dictaduras y profundas transformaciones; ha ampliado la ciudadanía, reconocido derechos e incorporado a sectores históricamente excluidos. Pero también tiene razones para preocuparse: la industrialización sigue pendiente, las instituciones necesitan fortalecerse, la corrupción no ha sido derrotada, las desigualdades persisten y las economías ilícitas representan una amenaza creciente.

Por ello, este 6 de agosto no debería ser únicamente una jornada para recordar el pasado, sino una oportunidad para decidir qué hacer con el futuro. Bolivia no necesita volver a fundarse; necesita consolidar aquello que durante sus años de independencia no ha conseguido plenamente: un Estado institucionalmente fuerte, económicamente diversificado, socialmente justo, territorialmente integrado y profundamente democrático.

La pregunta ya no es solo qué heredamos de los fundadores de Bolivia, sino qué estamos haciendo con esa herencia y qué país estamos dispuestos a construir. No podemos seguir celebrando una soberanía que coexiste con instituciones débiles, corrupción, desigualdad, dependencia económica y crimen organizado. El futuro no puede limitarse a repetir los viejos ciclos de nuestra historia: extraer, repartir, confrontar y volver a empezar.

Bolivia debe superar la improvisación para dar paso a un proyecto de país asentado en instituciones sólidas, producción, conocimiento, transparencia y justicia. La próxima generación no merece recibir las promesas que nosotros heredamos, sino un Estado al servicio de la ciudadanía, con más oportunidades y menos privilegios. La historia ya hizo su parte; ahora nos toca a nosotros decidir si estos 201 años son solo un festejo del pasado o el verdadero punto de partida hacia la Bolivia del futuro.