53 días sin aulas abiertas: el costo educativo del bloqueo que volvió a cerrar las escuelas en La Paz y El Alto

La suspensión de clases presenciales en La Paz y El Alto durante el prolongado bloqueo obligó nuevamente a miles de estudiantes a recurrir a la educación virtual. Seis años después de la pandemia, la crisis volvió a revelar las brechas tecnológicas, las dificultades de aprendizaje y las limitaciones del sistema educativo boliviano para enfrentar emergencias.

Wilfredo Pomar Miranda*

23 de julio de 2026

Cuando las aulas volvieron a quedarse vacías

Durante 53 días, las ciudades de La Paz y El Alto vivieron una de las interrupciones sociales más prolongadas de los últimos años. El bloqueo de carreteras y vías principales, iniciado el 1 de mayo tras un cabildo realizado en El Alto e impulsado principalmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, no solo afectó la circulación, el abastecimiento y la economía; también golpeó uno de los derechos fundamentales de la población: la educación.

Mientras la atención pública se concentraba en los puntos de bloqueo, en las calles cerradas y en la crisis política, miles de estudiantes de La Paz y El Alto enfrentaban otra realidad: nuevamente las aulas quedaban vacías y la enseñanza retornaba a las pantallas. La imagen recordaba inevitablemente a otro momento crítico: el año 2020, cuando la pandemia del COVID-19 obligó al cierre de las unidades educativas, al traslado improvisado hacia la educación virtual y finalmente a la clausura anticipada del año escolar en agosto de 2020.

Seis años después, una nueva crisis volvía a interrumpir la presencialidad educativa, una crisis social y económica generalizada. Cambió la causa, pero permanecieron muchos de los problemas.

Del COVID-19 a una nueva educación a distancia

La pandemia dejó una profunda huella en los sistemas educativos del mundo. Bolivia no fue la excepción. El cierre prolongado de escuelas evidenció las dificultades de un país que no contaba con una infraestructura tecnológica suficiente para garantizar una educación virtual equitativa.

El retorno a clases presenciales permitió recuperar parte de la normalidad, pero no solucionó completamente los problemas acumulados. Persistieron dificultades relacionadas con la comprensión lectora, el razonamiento matemático, la recuperación de aprendizajes perdidos y las desigualdades entre estudiantes con diferentes condiciones económicas y sociales.

El conflicto de 2026 volvió a colocar al sistema educativo frente a una situación que parecía superada. La virtualidad reapareció como una solución de emergencia, pero esta vez con una diferencia importante: Bolivia ya había vivido esa experiencia y conocía sus limitaciones.

La pregunta era inevitable: ¿el país había aprendido las lecciones dejadas por la pandemia?

Los 53 días que pusieron a prueba al sistema educativo

A medida que avanzaban los bloqueos, las dificultades para que estudiantes y docentes llegaran a las unidades educativas obligaron a modificar la modalidad de enseñanza. Las autoridades educativas determinaron el retorno temporal a la educación a distancia en varias zonas afectadas, buscando garantizar la continuidad del calendario escolar y preservar la seguridad de la comunidad educativa.

Reportes oficiales y medios de comunicación informaron que una parte significativa de las unidades educativas de La Paz y El Alto pasó nuevamente a modalidades virtuales durante el conflicto. En determinados momentos, se señaló que cerca del 65% de las unidades educativas desarrollaba actividades a distancia, mientras que posteriormente los reportes indicaban que aproximadamente el 80% había recurrido a modalidades no presenciales debido a la prolongación de la crisis.

Más allá de los porcentajes, detrás de cada cifra existieron historias concretas: estudiantes que dependían de un teléfono celular prestado o compartido, familias que debían elegir entre comprar alimentos o adquirir datos móviles, y docentes que tuvieron que reorganizar sus métodos de enseñanza en medio de la incertidumbre.

La educación logró mantenerse activa, pero con grandes diferencias en las condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje

La brecha digital que Bolivia no logró cerrar

Uno de los principales problemas que volvió a quedar en evidencia fue la brecha digital. La educación virtual requiere mucho más que una plataforma o una conexión a internet. Necesita dispositivos adecuados, capacitación docente, acompañamiento familiar y condiciones económicas que permitan sostener el proceso educativo.

La experiencia internacional durante la pandemia demostró que la tecnología puede convertirse en una herramienta de inclusión, pero también en un factor que profundiza desigualdades cuando el acceso no es equitativo. Según datos de la UNESCO durante la emergencia sanitaria mundial, alrededor de 826 millones de estudiantes no disponían de una computadora en sus hogares y cerca del 43% no tenía acceso a internet, una muestra de que la educación a distancia puede dejar atrás precisamente a quienes más apoyo necesitan.

En Bolivia, las dificultades fueron similares: estudiantes conectados únicamente mediante teléfonos celulares, hogares con varios hijos compartiendo un mismo dispositivo y problemas de conectividad que limitaron la participación en clases virtuales. La crisis volvió a demostrar que la transformación digital de la educación no puede depender únicamente del esfuerzo individual de maestros y familias; requiere políticas públicas permanentes.

Los estudiantes con discapacidad: los más perjudicados

Entre todos los sectores afectados por el retorno obligado a la virtualidad, los estudiantes con discapacidad enfrentaron una situación especialmente compleja. La educación especial no depende únicamente de la transmisión de contenidos académicos. Requiere acompañamiento personalizado, materiales adaptados, interacción directa, apoyo terapéutico y estrategias específicas para responder a las necesidades individuales de cada estudiante.

Para estudiantes con discapacidad visual, por ejemplo, herramientas como el sistema Braille, los materiales en macrotipo, los lectores de pantalla y la orientación especializada son elementos fundamentales que difícilmente pueden trasladarse completamente a una pantalla. En estudiantes con discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista u otras condiciones, la presencia del docente y el contacto directo cumplen un papel esencial en el desarrollo de habilidades comunicativas, sociales y de autonomía.

La virtualidad permitió mantener algún nivel de contacto, pero también evidenció que todavía existen grandes desafíos para garantizar una educación verdaderamente inclusiva y accesible.

La crisis dejó una lección clara: cuando la presencialidad se interrumpe, los estudiantes con discapacidad son el grupo más vulnerable, donde ya no se tiene la igualdad de oportunidades ni equiparación de condiciones que requieren.

Una nueva interrupción y las pérdidas del aprendizaje

Los efectos de una interrupción educativa prolongada no siempre se observan inmediatamente. La pérdida de aprendizajes puede aparecer meses, o años después, cuando los estudiantes presentan dificultades para avanzar en nuevos contenidos, cuando aumentan las brechas entre grupos o cuando disminuye la motivación escolar.

La experiencia internacional posterior a la pandemia mostró que los periodos extensos sin presencialidad generaron retrocesos importantes en aprendizajes fundamentales. En Bolivia, los 53 días de bloqueo no significan únicamente jornadas sin asistencia física a las aulas, representan una reducción del tiempo efectivo de enseñanza, menos interacción pedagógica y nuevas dificultades para recuperar contenidos.

Por ello, el desafío no será solamente concluir el calendario escolar, sino evaluar cuánto aprendizaje quedó pendiente y qué estrategias serán necesarias para compensar esas pérdidas.

La reforma educativa frente al desafío de una nueva realidad

El debate sobre una nueva ley educativa y un posible rediseño curricular abre una oportunidad para reflexionar sobre las lecciones dejadas por estas crisis. Tras el fracaso de la implementación de la Ley 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, el principal desafío es construir un sistema educativo capaz de responder ante situaciones extraordinarias. La educación boliviana necesita fortalecer la infraestructura tecnológica, mejorar la formación docente en herramientas digitales, garantizar accesibilidad para estudiantes con discapacidad y establecer protocolos claros para mantener la continuidad educativa durante emergencias.

Los bloqueos terminaron, las vías recuperaron paulatinamente la normalidad y las aulas volvieron a recibir a estudiantes y docentes. Sin embargo, el impacto educativo de aquellos 53 días no desaparece con el retorno a la presencialidad. Quedan pendientes las tareas de recuperar aprendizajes, atender las brechas generadas y evaluar cuánto afectó esta interrupción a una población estudiantil que todavía arrastraba las consecuencias de la pandemia.

La generación que vivió el cierre de escuelas por el COVID-19 y posteriormente una nueva interrupción educativa por un conflicto social enfrenta un desafío que va más allá de completar un calendario escolar. El reto para Bolivia es construir un sistema educativo capaz de resistir las crisis sin sacrificar el derecho pleno a la educación. Porque cada día que un estudiante se aleja de las aulas no representa solamente una jornada perdida, sino una oportunidad de formación que difícilmente puede recuperarse por completo.

*El autor es educador, activista de la APDHLP y miembro del Comité Ejecutivo de la APDHB