Justicia desinstitucionalizada bajo tutela extranjera

Editorial 367

Las resoluciones de los jueces deben ser acatadas, aunque ellas sean contrarias a las leyes, a la legitimidad e incluso al sentido común: así es cómo opera la justicia. Luego se puede iniciar un juicio por prevaricato al juez que, presuntamente, haya incurrido en ilegalidad.

La reciente resolución del Juez Juan José Quiroz Crespo de disponer medidas sustitutivas a Marcelo Arce Mosqueira, acusado de legitimación de ganancias ilícitas, no es ninguna novedad en el ámbito de la “justicia” boliviana, como tampoco la del favoritismo judicial hacia inculpados cuyas actos no les favorecen para ser declarados inocentes es de larga data, parcialidad que fue reiterada, no solo durante las casi dos décadas que controló el Estado el régimen del seudo socialismo del Movimiento al Socialismo (MAS), sino desde mucho antes.

Cuando los operadores de “justicia” así lo quieren, ellos actúan pronto e implacablemente, aunque sus decisiones sean cuestionables, y cuando no, miran a un costado y/o dilatan sus decisiones.

La devolución de bienes incautados por acciones relacionadas a delitos de narcotráfico es una de las prácticas que algunos jueces ejecutan; bajo el amparo de ventas ficticias, aparición de propietarios no relacionados con delitos con narcóticos y otros recursos "legales", muchos bienes involucrados con esa actividad ilícita quedan liberados.

Muchos acusados por violencia, abusos, violaciones y otros vejámenes contra mujeres, adultos mayores, niños y adolescentes gozan de beneficios judiciales que van desde la prisión domiciliaria hasta la plena libertad; varios de ellos fueron asambleístas departamentales y nacionales durante el anterior régimen gobernante, quienes utilizando recursos administrativos como licencias legislativas lograron la impunidad.

La cantidad de jueces procesados y/o investigadores por el Consejo de la Judicatura, muestra la gravedad en la que se encuentra el Órgano Judicial.

Sin embargo, la decisión del Departamento de Estado (Cancillería) de los Estados Unidos de Norteamérica de revocar las visas a trece ciudadanos bolivianos, la mayoría del área judicial, ha revuelto todo el statu quo, al extremo de que varios favorecidos por fallos ventajosos pese a la magnitud de sus actos ilegales, volvieron a tener la anterior pena y, al mismo tiempo, algunos de los despojados de la visa estadounidense, han sido aprehendidos por autoridades nacionales, acusados de ser parte de organizaciones criminales, de legitimación de ganancias ilícitas y de realizar acciones relacionadas con sustancias controladas.

Resulta frustrante aceptar que nuestras autoridades actúen al ritmo de países hegemónicos como si fuéramos colonia, pues mientras las autoridades de una potencia no den directrices, los subordinados mantienen el “orden” institucionalizado. Pero también resulta indignante la doble moral de la administración estadounidense que en unos casos actúan como jueces implacables transnacionales y en otros son magnánimos como sucedió en diciembre pasado, cuando su presidente indultó a un sentenciado por narcotráfico —el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández— desestimando años de investigación de la agencia estadounidense para el control de drogas (DEA en inglés) en coordinación con fiscales federales que aportaron pruebas de millonarios sobornos recibidos por Hernández para proteger las actividades delictivas de organizaciones narcotraficantes.

En esta vorágine, supuestamente, de retorno a la institucionalidad en el ramo judicial, lamentablemente, como antes, el poder atropella e incumple los procedimientos que deben seguirse para la detención de los acusados, actos viciados que pueden convertirse en más importantes que los mismos delitos por los que se acusan a los inculpados, invalidando de esa manera los procesos y beneficiándolos, sin querer queriendo, como diría el comediante mexicano o con premeditación.

La ausencia de institucionalidad en el campo judicial en el país, es todo nivel, tal como se sintetiza en la Solicitud de Interpretación de Sentencia que Olga Flores Bedregal envió al Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (20/04/2023), respecto al asesinato y desaparición de su hermano Carlos Flores Bedregal, durante el golpe militar (17/07/1980) perpetrado por las Fuerzas Armadas dirigidas por Luis García Meza: “Más de cuatro décadas intentado que en Bolivia ocurra lo más básico y necesario, que se cumpla la ley: que la policía investigue y persiga el delito, la fiscalía encause, los jueces administren justicia, el ejército preserve la soberanía e integridad nacional, el parlamento legisle y promueva leyes para una convivencia pacífica y respetuosa de la dignidad humana y el gobierno haga que todas las instituciones cumplan con sus propósitos para los cuales han sido creadas.”