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Cumbre entre masistas primero y luego de todo el pueblo

La cita en Cochabamba de una parte de los movimientos sociales discutirá temas políticos, económicos y sociales, según la convocatoria, para profundizar los cambios en Bolivia. Sin embargo, desde distintos flancos se reprueba esa cumbre porque a ella sólo asistirán los que se sienten parte decisiva en el gobierno, los que apoyan incondicionalmente sobre todo al Presidente y algunos de los que —dicen— lo hacen en forma "crítica" y "propositiva".

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Reunión plurinacional para una alianza de Evo con empresarios

La propuesta de un pacto entre empresarios e indígenas del máximo dirigente del gremio patronal en la primera reunión plurinacional de Cochabamba, en diciembre que concluye, debe tomarse como una confesión de lo que pretende aquel sector social. Y, lo que es igualmente o más importante, el presidente Morales está dispuesto a establecer una alianza suya y de su gobierno con los patrones a cambio de que éstos aporten a la estabilidad política en el país y el gobierno, en reciprocidad, garantice seguridad jurídica para las inversiones, de acuerdo a testimonios recogidos por este vocero.

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Revanchismo de Evo contra pueblos indígenas de tierras bajas

Como una confirmación de que la marcha indígena impuso al Presidente la suspensión definitiva de la construcción del camino de la discordia (Villa Tunari-San Ignacio de Moxos), ahora cocaleros, indígenas cooptados por los gobernantes, autoridades regionales (como el Gobernador de Cochabamba), los inquilinos del Palacio Quemado, básicamente, desarrollan acciones como bloqueos, anuncian otras, difunden medias verdades sobre la explotación por empresarios privados de las riquezas del TIPNIS, estimulan la división del pueblo y declaran (como lo hizo el senador Julio Salazar, cocalero) que si es necesario cambiarán la ley corta (que no es del MAS, añadió) que contiene la prohibición de aquella vía por el corazón de la reserva natural y territorio indígena.

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El gobierno decidió impedir que la marcha llegue a La Paz

El Presidente y el gobierno decidieron impedir que la VIII marcha de los indígenas de las tierras bajas llegue a La Paz. El bloqueo de los colonizadores en Yucumo y el cerco policial son la demostración inequívoca de la decisión política adoptada.

Para el gobierno fue imposible evitar que empiece la marcha, sobre todo porque los ministros destinados a dialogar con los líderes indígenas, con distintas palabras y en tonos diversos, señalaban que la construcción del camino que pretendía partir en dos el TIPNIS ya fue decidida por el Presidente. Esa afirmación era comprobada porque la vía en sus tramos I y III se ejecutaban y se ejecutan en este momento. Incluso indígenas de la reserva y del territorio indígena informan, ahora, que pobladores del TIPNIS, al servicio del gobierno y de los cocaleros, se proponen abrir el camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (tramo II) con herramientas, al viejo estilo de la prestación vial, cuando se construían caminos a “pico y pala”.

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Camino que destruya el TIPNIS o servicio real a los indígenas y al pueblo

Editorial

Los gobernantes, luego de violar varios artículos de la Constitución Política, otras normas bolivianas y convenios internacionales (que también son leyes nuestras), con el propósito central de impedir que llegue a La Paz la VIII marcha indígena por la vida en el TIPNIS y para confrontar a los pobladores de esa reserva natural, con su mayoría de legisladores hizo aprobar la llamada ley corta. Esa norma, básicamente, dispone la suspensión de la construcción del camino de la discordia entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) y la consulta a los que en primer lugar serían perjudicados con aquella vía, es decir, los que antes que la población boliviana sufrirían los efectos de la destrucción de aquella riqueza, única en su género en la geografía patria. Esa ley corta, además, “reconoce” otros derechos de los pueblos indígenas, lo que es una reiteración innecesaria de lo que determinan otras normas constitucionales, legales y convenios internacionales, así como se intenta enmendar un error con lo que, a la vez, se incurre en otra falla sustancial: el inicio de la obra en los tramos I y III sin la aprobación o el rechazo de los que viven en el TIPNIS, lo que un gobierno que se autodefine como del pueblo no debe hacer.

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