De la economía boliviana ganan los empresarios y crecen las desigualdades en el pueblo

editorial

Los gobernantes mienten cuando dicen que recuperan las riquezas naturales para los bolivianos porque los recursos mineros los explotan particulares; medidas, como el doble aguinaldo, ensanchan las desigualdades entre la gente del pueblo; la democracia, como ejercicio de la política por los empobrecidos, es más formal que real.

El año que concluye, la alianza del Presidente con los propietarios medianos y los empresarios grandes (criollos y transnacionales), ha sido confirmada por él y por el Vicepresidente; pacto que tiene como misión asegurar la elección,  del Presidente-candidato, por tercera vez y en contra de lo que dispone la Constitución Política del Estado (CPE) en su segunda disposición transitoria. Referimos hechos que confirman esta afirmación:

La mayor parte de las reservas mineralógicas, como las colas y desmontes de Siglo XX y Catavi, son explotadas por los nuevos empresarios (que de cooperativistas sólo tienen el nombre), nuevos capitalistas que explotan y oprimen a miles de nuevos asalariados a los que se podría definir como mitayos contemporáneos; en cambio, la minería nacionalizada, se mantiene confinada, básicamente, en la empresa Huanuni en la que sí existe la mayor concentración laboral, pero sin la certeza de que esa crecida fuerza laboral aumente la producción que genere más ingresos para el Tesoro General de la Nación porque, además, una parte considerable de sus utilidades se destina al pago de salarios, lo que satisface, pero esos ingresos para ese grupo social contrastan con lo que sucede en otros centros de trabajo y/o empresas mineras públicas y privadas.

Los banqueros, en este tiempo de Evo Morales, ganan de manera sostenida y mucho más que durante el neoliberalismo: el año pasado obtuvieron 820 millones de dólares y con la nueva Ley de Servicios Financieros, entre otras cosas, la banca millonaria en Bolivia tiene la posibilidad real de absorber a las entidades microfinancieras las que, por disposición de esa norma, deben transformarse en bancos privados.

Los empresarios cruceños accederán a una parte sustancial de los 1.500 millones de dólares que el Presidente prometió que se invertirán en Santa Cruz, dinero que es de todos los bolivianos. Antes el Presidente quería socios y no patrones, entre los empresarios; ahora, busca que éstos crezcan y sean capaces de adjudicarse las “megaobras” del país.

Los latifundistas, de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), sobre todo, se frotan las manos porque dispondrán al menos de cuatro años más para “mostrar” que sus predios cumplen una función económica y social. Más aún, las haciendas que dicen que se encuentran “avasalladas”, dicen 72, no serán censadas, a pesar de que por acuerdo con los gobernantes, sus dueños fueron autorizados para entregar la información, sobre sus haciendas, en la capital cruceña. Los cultivos de soya transgénica, de innumerables empresas agrícolas, no aparecerán en el Censo Agropecuario debido a otro acuerdo entre gobernantes y miembros de la CAO. Los latifundios son protegidos y aquéllos son ampliados, como favor de los gobernantes, así como los pequeños y medianos agricultores mantienen sus tierras, consideradas insuficientes, y hasta son despajados de ellas, mientras empresarios brasileños y argentinos, entre otros extranjeros, acaparan más de un millón de hectáreas de tierras fértiles en Santa Cruz.

Sigue desenfrenada la depredación de bosques en el oriente boliviano. Específicamente, en Guarayos acaban los árboles maderables y la denuncia de los campesinos, de ese saqueo, es desoída por los inquilinos del Palacio Quemado.

Se aclara la confesión del Vicepresidente: empresarios de Santa Cruz, a pesar de las diferencias políticas, se juntan con los gobernantes para impulsar actividades económicas.

Crecen los cocales, así como la producción de cocaína y la comercialización de ésta, producida en Bolivia y/o en Perú. En Chapare crecen mucho más los cocales, parte de los cuales son erradicados y de inmediato otra vez se planta coca. En cambio, en Apolo (La Paz) y/o en Yungas de Vandiola (Cochabamba), se erradica la coca que genera los únicos ingresos de una población empobrecida, cuyos operadores son los de la Fuerza de Tarea Conjunta. En estos dos últimos lugares, asimismo, se violan los derechos a la vida, a la seguridad, a la salud, a la educación y otros.

La participación de la gente del pueblo en la acción política es algo por lo que el pueblo boliviano luchó y lucha hace años. Nosotros saludamos ese ejercicio de la política por los empobrecidos. Sin embargo, esa participación política de gente del pueblo, en mucho, es formal y poco real. La gente del pueblo, en la actual democracia, participa pero nada fundamental decide.

Los asambleístas, del país y de las regiones, discursan casi nunca, insultan en más ocasiones, apenas propagan, con deficiencias, la palabra de los dos principales mandatarios, pero se limitan a la aprobación de proyectos de ley que, nunca son consultados con el pueblo; además, leyes que con frecuencia contradicen la CPE o, por falta de reglamentos, siguen sin aplicarse. Además, los que practican la democracia actual, desde el gobierno, equivocadamente, creen que con sólo la aplicación de esas leyes se resolverán los problemas del país.

Los jueces y fiscales, por imposición de los gobernantes, resuelven los procesos contra ex funcionarios estatales, según el pedido de aquéllos. Los tribunales aplican las leyes como una extensión del accionar político. Ahora es comprobable lo que se dice en nuestro país sobre la justicia: hay que cuidarse de ésta porque sirve, casi siempre, a los que tienen plata.

Con medidas, como el doble aguinaldo, que ayuda incluso como pretexto para subir precios, de alimentos y del transporte, se acentúan las desigualdades en nuestro país. Y las desigualdades en ninguna parte del mundo quieren decir disminución de la pobreza y/o de la pobreza extrema, ni desarrollo...

A las desigualdades se suma la división, promovida y respaldada por los gobernantes, de casi todos los movimientos sociales; división de los empobrecidos que sólo interesa a los enemigos del pueblo.

El presupuesto para salud y educación en nuestro país es mucho menor que los recursos para la seguridad interna y externa. El financiamiento para los 9.000 nuevos efectivos de las FF.AA., ya aprobado, es una muestra de que el desarrollo social en Bolivia sigue siendo una promesa electoral incumplida por el Presidente.

El crecimiento económico entre nosotros se debe, básicamente, a que los precios de las materias primas en el mercado internacional son favorables; la democracia participativa, es declarativa, por lo tanto, limitada; el desarrollo social sigue como aspiración inalcanzada.

Las reformas de este tiempo pierden su contenido avanzado. Y se constata que la verdadera emancipación del pueblo será obra de él mismo, jamás un obsequio de políticos incompetentes.

El antiimperialismo es militante cuando un régimen recupera las riquezas extraídas por transnacionales, lo que no hacen los gobernantes con la empresa San Cristóbal de Potosí.

La Paz, 22 de diciembre de 2013.

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