Indígenas rechazan consulta tramposa porque defienden la vida en el TIPNIS

En defensa del TIPNIS, que es territorio indígena y a la vez parque nacional, por tanto, de propiedad colectiva de los originarios y de la sociedad boliviana, manifestamos:
1. Luego de las dos últimas marchas de pueblos indígenas, con amplio apoyo ciudadano, ante la imposibilidad de resolver los conflictos mediante el diálogo, por culpa de los gobernantes, los pueblos que habitan el TIPNIS, en este momento, resisten una consulta impuesta por los gobernantes porque esa medida es posterior, desinformada y de mala fe. Consulta que está a mucha distancia de ser una "profundización" de la democracia, como afirman los gobernantes, con lo que difunden otra descarada mentira. 2. Esa resistencia de mojeños, yuracarés y chimanes, especialmente, se desarrolla de forma pacífica, a pesar de la violencia estatal en contra de ellos, que practican la complementariedad. Sin embargo, después de que los indígenas, con su VIII marcha, ganaron una ley que prohíbe la construcción de cualquier camino por medio del TIPNIS, el Presidente instruyó una contramarcha, sin más apoyo que la de los gobernantes, con la que los cocaleros del Polígono 7 (ex TIPNIS), impusieron a los obedientes legisladores la aprobación de otra ley para una consulta fraudulenta que modifica lo esencial de la disposición que, muchos creímos, serviría para la defensa de nuestra área protegida y del territorio de los indígenas. Por eso los bolivianos debemos mantener en la memoria que fue el Presidente el que propuso, a los asambleístas, que aprueben ambas leyes: la que prohíbe la carretera por el corazón del TIPNIS y la otra para una consulta posterior y para que se abra esa vía que nos divide a los bolivianos, "quieran o no quieran los indígenas", como afirma el presidente Morales.
3. La consulta que empezó en el TIPNIS viola, tanto la nueva Constitución Política del Estado que algunos ayudamos a redactar y que la mayoría del pueblo boliviano aprobó, como otras normas nacionales y convenios internacionales, refrendados como leyes del país. Por eso señalamos, convencidos como estamos, de que esa consulta es una imposición de los gobernantes y de un Estado que si algo tiene de plurinacional, con ese comportamiento se niega a sí mismo. Una imposición que rechazamos porque para esa consulta, aparentemente democrática, no hubo consenso (consentimiento) de los afectados por el posible camino, es decir, por los indígenas, tal como dispone la sentencia aprobada por el Tribunal Constitucional. Por lo último, no es una exageración afirmar que vemos una práctica gubernamental similar a la vigente en la colonia española, en la que una ley se acataba pero no se cumplía. Más aún, esa consulta, que pone a la vista un comportamiento autoritario de los gobernantes, desconoce los usos y las costumbres de los indígenas, principios que deben aplicarse en cualquier consulta a los habitantes del TIPNIS. Más aún, según normas de nuestro país, ninguna obra de envergadura como un camino carretero debe construirse por un área protegida, lo que también desconocen los gobernantes, lo que configura otra actitud autoritaria suya.
4. Los gobernantes se muestran autoritarios, lo que niega su discurso indigenista cuando dicen, como el Ministro de Gobierno, que el resultado de la consulta no será de cumplimiento obligatorio, que el gobierno decidirá la construcción del camino (ya la resolvió hace tiempo) y que consultará otra vez a los comunarios que opinen en contra del camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS. Esas declaraciones y sobre todo las acciones de los gobernantes nos convencen otra vez de que la consulta es un ejercicio costoso y dictatorial, que sirve apenas para guardar apariencias, porque sobre todo el Presidente cree que no hay otro lugar distinto al centro de nuestro parque nacional y del territorio de los indígenas para construir ese camino. Carretera que servirá a los cocaleros, colonizadores, madereros, ganaderos, narcotraficantes y empresarios criollos y transnacionales de Brasil y de Chile.
5. El ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti Soliz, ha sido excluido de la investigación referida a la brutal represión de los actores de la VIII marcha indígena (Chaparina, 25-IX-11), un cauce hacia la impunidad prolongada para ese ex funcionario público. Rechazamos ese favor que le conceden la justicia ordinaria y los fiscales a un abogado que decía que luchaba contra la impunidad mientras hizo creer que defendía los derechos humanos en Bolivia. Y si fuera verdad que ese ex funcionario público nada tuvo que ver con esos hechos, el Vicepresidente debe informar quién es el responsable, como dijo que lo conocía.
Sin embargo, tampoco tenemos que olvidar que el gobierno había decidido que la VIII marcha indígena no debía llegar a La Paz, por eso la reprimieron, por lo que el Presidente, el Vicepresidente y el Ministro de Gobierno, entre otros, no deben alegar inocencia ante esos monstruosos hechos: esa es una actitud pilatuna inapropiada de los que carecen de valor civil.
Ante los favores recibidos por Sacha Llorenti, para asegurarle impunidad, nosotros decimos, como los defensores de los derechos humanos: Ni olvido ni perdón, justicia para los indígenas.
5. Dirigentes de la Central Obrera Boliviana acaban de reiterar que el camino que nos distancia facilitará el saqueo de las riquezas del TIPNIS. Estudios responsables dan cuenta de que con ese camino el bosque, de los indígenas y de todos los bolivianos, será depredado en casi dos tercios de su extensión, en 18 años. Por eso nos indigna (también formamos entre los indignados de Bolivia y del mundo) cuando los dos primeros mandatarios dicen, sin sonrojarse, que sólo 200 hectáreas de bosque serán taladas con la construcción de la vía de la discordia; en tanto que, aseguran, nada se hace ante la destrucción, cada año, de 2.500 hectáreas de bosques en Santa Cruz. Las 200 hectáreas que se advierte destruirá la vía que nos quieren imponer es sólo el anuncio del saqueo que vendrá inmediatamente después; entonces los que ahora piden dinero a cambio de la destrucción de los bosques se arrepentirán por el cambalache que sugieren, pero será muy tarde porque no hay compensación económica, por cuantiosa que sea, que reponga los bosques con los recursos genéticos que contienen. Sobre las 2.500 hectáreas de bosques que se destruyen en Santa Cruz, nosotros les preguntamos a los gobernantes: ¿Por qué siguen esa conducta permisiva favorable a los depredadores? ¿Por qué nada importante hacen para que se apruebe una nueva ley forestal que defienda nuestros recursos naturales?
6. Los que firmamos este comunicado confiamos en que la resistencia de los indígenas, en defensa de su hábitat natural y de nuestro parque nacional, vencerá en el TIPNIS a gobernantes que dicen una cosa y hacen otra. Gobernantes que utilizan el poder que les dio el pueblo para dividir a las organizaciones indígenas y luego culpan de ese accionar a los afectados por la desunión; para lo que, además, pretenden inmovilizarnos con un golpe inexistente que ellos inventaron. Destacamos que la resistencia de los indígenas del TIPNIS defiende su propia vida (supremo derecho humano), así como la vida animal y vegetal. Sólo los depredadores y los encubridores de esa conducta sostienen que es imprescindible la construcción de un camino para la muerte de la naturaleza; en cambio, los indígenas proponen un camino por fuera de su hábitat, para preservar la vida en el TIPNIS y en beneficio de todos.
La Paz, 3 de agosto de 2012.
Comité Nacional de Defensa del TIPNIS