Dinamitando la institucionalidad democrática

Erick R. Torrico Villanueva*

1 de junio de 2025

Fuente: ANF

Es seguro que el químico Alfred Nobel, que inventó la dinamita en 1866, jamás se le pasó por la mente que explosivo —desarrollado para la minería y la construcción, pero después usado también en la guerra— iba a servir, 160 más tarde, para que un grupo de radicales buscara hacer estallar la democracia en Bolivia.

Así, a las muchas muertes de personas que causó tanto en su proceso de creación como posteriormente, la dinamita puede sumar ahora otro tipo de victima en potencia: el pese a sus defectos más óptimo sistema de organización política y social fundado en reglas. Si hubiese tenido conciencia de ello, es posible que Nobel se arrepintiera más aún y no solo se tendría hoy el premio a la Paz que lleva su nombre sino otro dedicado a la defensa de la Libertad o algo semejante.

Sarcásticamente, muy lejos de la conocida aflicción que sufrió ese inventor sueco por los daños que provocó su ingenio, los dinamiteros bolivianos que se arrogan la representatividad del “pueblo” se sienten por demás orgullosos de emplear tal bomba en cada marcha, manifestación y bloqueo que protagonizan, sin preocuparse en lo más mínimo por estar atentando contra la vida o contra bienes públicos y privados.

Es tan evidente que ahí radica su poder intimidatorio que han llegado a declarar esa herramienta de muerte como su "patrimonio histórico y cultural, al punto de que algún desubicado llegó a proponer en 2022 una ley al respecto, la que más bien no llegó a prosperar

No obstante, el que gobernaba en 2016 aprobó entonces un decreto (el 2574 de 1 de mayo) autorizando el uso de explosivos en protestas “a fin de garantizar los derechos a la asociación y libertad de expresión (¡!) mediante manifestaciones públicas”, norma con la que además abrogó otra de su mismo gobierno (decreto 1359 de 26 de septiembre de 2012) que habla prohibido las detonaciones de dinamita en tales demostraciones. Paradójicamente, quizá tras algún anormal ataque de conciencia, con el decreto 2888 de 1 de septiembre de 2016 volvió a establecer la “prohibición del uso, tenencia y porte de explosivos y de otros materiales relacionados, en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, manchas, huelgas y mítines en áreas urbanas y/o rurales, por implicar un peligro común para la vida, la integridad física y la propiedad pública y privada”.

De todas maneras, hasta el momento, esta última disposición no ha tenido efecto, pues los artilleros de interior mina y sus aliados continúan ejerciendo su violenta “libertad de expresión” en impunidad y se ufanan de su “patrimonio” como aquel verdugo medieval que exhibía orondo en su pecho un tatuaje de la guillotina porque era “su herramienta de trabajo”.

Empero, más allá de estos hechos de tono casi anecdótico, lo que tiene que considerarse hoy con claridad es que la movilización alentada por una largamente desfigurada Central Obrera Boliviana, con dinamitas de por medio, proclamó a los cuatro vientos un único objetivo principal: la salida del gobernante electo y, consecuentemente, la anulación prepotente e ilegal de los resultados que arrojaron las urnas en octubre de 2025.

Eso, resulta obvio, solo puede entenderse como una acción abierta encaminada al derrocamiento de un gobierno surgido del voto popular y al que la retórica de los levantados de circunstancia acusa de “traidor”, “asesino”, “incapaz” o “entreguista”, aunque sin haber explicitado o documentado razones concretas

Tiene poco sentido dejarse guiar por estas etiquetas para comprender la situación, ya que lo que en realidad importa es lo que está por detrás, esto es, el desconocimiento factico de la voluntad ciudadana, la interrupción furiosa de un mandato constitucional y sobre todo la desestructuración de las bases de la democracia en cuanto tal. En términos simples, lo que impulsan los dinamitadores, y aquellos que les dirigen por control remoto, es un golpe letal contra la democracia, camuflado con mitos etnocéntricos de oportunidad. El Estado democrático, como entidad social organizadora, está en vías de ser cancelado.

Los daños acumulados hasta ahora por los bloqueos en materia de vulneración de derechos fundamentales de la población —a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la libre transitabilidad, al medio ambiente, a la seguridad personal, a la integridad física y a la propiedad, entre otros—, además de los graves perjuicios de índole económica, traducen el nefasto hecho de que algunos pretenden instalar la brutalidad como vía autorizada/autoritaria para la toma de decisiones colectivas.

El “No vamos a permitir” y el “Rechazamos cualquier diálogo” solo expresan posiciones de fanatismo que niegan toda salida sensata al momento actual, razón por la cual los actores que enarbolan tales banderas terminan autoexpulsados del sistema de derechos, pues simplemente dejaron de ser ciudadanos. Con su halo de despotismo, las explosiones de dinamita son voceras de la obcecación extrema de ese grupo que —como lo ha anunciado— quiere sembrar el país de cadáveres y hacer arder las ciudades, sin destino nacional conocido

La preservación y el perfeccionamiento permanente de la institucionalidad democrática representan el umbral y el horizonte mínimos para una coexistencia social pacífica. Al contrario, su voladura desembozada e intencional constituye una perversión política enfermiza, criminal y fratricida.

*El autor es especialista en comunicación y análisis político; también, vicepresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz