México es un país en shock

Aldea Global y agencias

Aún para los estándares mexicanos lo sucedido es atroz. El país está en shock. El secuestro de 43 estudiantes normalistas, el posterior hallazgo de 18 cuerpos identificados como pertenecientes a los jóvenes, los detalles espantosos de cómo murieron algunos, la evidencia de que están comprometidos policías municipales y autoridades, marcan un escenario que parece demostrar que la crisis de la violencia del narcotráfico ha llegado a límites que no se pueden ya soportar.

Cuando todo parecía indicar que estaba resultando exitoso el enfoque más "tolerante” del Gobierno de Enrique Peña Nieto con respecto a las bandas de narcotráfico en comparación con las de su antecesor, que militarizó el país. Las noticias sobre secuestros, muertes y enfrentamientos entre cárteles habían bajado en cantidad y gravedad. El México "lindo y querido” empezaba a aparecer otra vez. Pero el caso de Iguala, en el estado de Guerrero, ha puesto todo nuevamente en fojas cero.

El Gobierno mexicano enfrenta una creciente  presión internacional para esclarecer el caso de los estudiantes que desaparecieron después de ser atacados por policías y  narcotraficantes. 

Es un "crimen preocupante que demanda una investigación completa y  transparente”, dijo la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Jen Psaki.

También en Washington, el secretario general de la Organización de Estados  Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se declaró "consternado” por lo que llamó un "crimen que enluta no sólo a los mexicanos sino a todas las Américas”. También las NNUU urgieron a México a una búsqueda "efectiva” de los jóvenes,  desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre.

El presidente Enrique Peña Nieto desplegó a centenares de policías y militares en Iguala para capturar a los responsables y encontrar a los  jóvenes, después de que fueran halladas fosas con decenas de cadáveres.

Unos 600 milicianos de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero —que se  armaron en 2013 para proteger a sus comunidades del narcotráfico— también llegaron a Iguala, aparentemente sin armas. "Nos sumamos en la búsqueda casa por casa, centímetro por centímetro”, dijo  a la AFP uno de los milicianos. "Pero daremos con estos asesinos”.

Esposa del alcalde, en la mira

La noche del ataque, policías y sicarios dispararon contra autobuses de los que se habían adueñado los estudiantes para regresar a la Escuela Normal de la cercana Ayotzinapa, un centro conocido por su combatividad y activismo, para la que estaban recaudando fondos.

En esos tiroteos murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y se  reportó la desaparición de decenas de alumnos. Muchos de ellos fueron vistos  por última vez dentro de patrullas policiales. A uno le sacaron la piel y los ojos y otros fueron quemados. Se teme también que algunos fueron descuartizados.

La Fiscalía General desplegó a unos 30 efectivos para investigar el caso,  que podría ser una de las peores masacres desde que el Gobierno lanzó su  ofensiva militar contra el narcotráfico en 2006. Desde ese año hubo más  de 80.000 asesinatos y 22.000 desaparecidos.

"No voy a señalar ninguna hipótesis hasta que tenga comprobado cuál es la  verdadera”, recalcó en una reunión con periodistas el fiscal general, Jesús  Murillo Karam, quien estuvo durante el día en Iguala. 

Medios mexicanos, citando un reporte de los servicios de inteligencia,  señalan que el alcalde de Iguala –ahora prófugo– podría estar implicado, así  como su esposa María de los Ángeles Pineda.

El reporte, citado por el diario El Universal, dice que la esposa del  alcalde "ordenó a su jefe de seguridad que le comunicara al director de  Seguridad Pública municipal” que reprimiera a los estudiantes, temiendo que  interrumpieran un discurso que ella tenía previsto aquel 26 de septiembre. Además, deseaba escarmentarlos, considerando que organizaban frecuentes actos de protesta.

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, confirmó que hay varias hipótesis  sobre el móvil, entre ellas que Pineda sintió "mucha incomodidad” por la  posibilidad de que los estudiantes sabotearan su discurso.

La esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, es hermana de Alberto  Pineda, alias  El Borrado, y Marco Antonio Pineda, El MP, quienes en 2009  fueron incluidos en la lista de los narcotraficantes más buscados como  cabecillas del cártel de los Beltrán Leyva, del que luego surgió el cártel Guerreros  Unidos, dijo a la AFP la senadora Dolores Padierna.

"Desde hace tiempo se sabe que Abarca está casado con una hermana de  narcotraficantes, ella misma (...) forma parte de ese cártel (de los Guerreros Unidos)”, señaló Padierna, del izquierdista Partido de la Revolución  Democrática (PRD).

"No investigamos en razón de parentesco sino de hechos”, se defendió el  fiscal sobre los señalamientos por no haber investigado antes al alcalde y su  esposa.

Algunos de los 28 cadáveres hallados en seis fosas clandestinas están incinerados y fragmentados, por lo que su identificación puede durar semanas.

Las autoridades evitan afirmar que entre ellos están los estudiantes hasta que terminen los peritajes. Sin embargo, otras fuentes señalaron que 18 de ellos han sido reconocidos como parte de los estudiantes desaparecidos.

Algunos apuntes

Los padres de los normalistas se niegan a creer que sus hijos estén muertos y exigen a las autoridades que los entreguen con vida.

La hipótesis principal que manejan los investigadores es que la Policía detuvo al grueso de los estudiantes —a dos de ellos los mató a balazos, a un tercero lo desollaron y le sacaron los ojos—, los trasladó a la comisaría y allí los entregó a los sicarios de una banda de narcotraficantes.

Una semana antes de lo ocurrido el 26 de septiembre, policías municipales fueron acusados de raptar a un chófer de autobuses y no liberarlo hasta que su familia pagara 600 dólares como rescate.

Se presume que dos cuñados del alcalde, muertos en 2009, fueron operadores del cártel de los  Beltrán Leyva, opuesto al que hoy aterroriza a la zona, Guerreros Unidos.

El partido del alcalde, PRD —de izquierda—, tiene denuncias internas que le acusan de haber asesinado a tres oponentes de su propia formación.

Con datos de El País