Cooperativistas-empresarios privatizan más la minería boliviana

editorial

Con ayuda de gobernantes

Datos creíbles de diferente procedencia, así como los entregados por los gobernantes, dan la certeza de que los cooperativistas-empresarios mineros ayudan a privatizar cada vez más la minería boliviana, incluida la que fue nacionalizada en 1952 y después.

En esa línea privatizadora está la información entregada por los gobernantes de que 42 cooperativas —llamadas impropiamente así cuando en realidad son empresas de un capitalismo “salvaje” — se han asociado con empresas privadas (incluidas transnacionales) lo que dio como resultado la ampliación, en esos nuevos “emprendimientos”, de los intereses privados, en un sector estratégico de la economía del país, como es la minería.

Escribimos sobre los sectores económicos en la minería boliviana que tienen nombre y apellido: estatal, privada y cooperativa, sin que exista plenamente configurada la forma de propiedad minera comunitaria que sí es definida, por voluntad de los constituyentes, en la todavía nueva Constitución Política del Estado (CPE), pero violada especialmente por los gobernantes llamados a cuidar que aquí se respete y aplique la Ley Fundamental, lo que debe empezar por ellos, los inquilinos del Palacio Quemado.

Por ello, ahora no sólo los cooperativistas-empresarios mineros asocian sus capitales con otros criollos o venidos de fuera del país.

La práctica privatizadora de la minería boliviana ha sido ejecutada por empresarios, autodefinidos como “mineros medianos” cuando en verdad son grandes, de la que citamos un ejemplo notorio.

Empresarios bolivianos (criollos) fueron favorecidos con parajes ricos en oro el que explotó y explota Empresa Minera Inti Raymi, en Kori kollo, al comienzo y, ahora, en Iroco (ambos en Oruro). Esos empresarios encabezados por Mario Mercado Vaca Guzmán, fueron llamados “emprendedores” los que, al cabo de poco tiempo, transfirieron el 88 por ciento de sus acciones en Inti Raymi, especialmente, a empresarios estadounidenses, un banco incluido. Ellos, los capitalistas “criollos”, se reservaron apenas el 12 por ciento de las acciones, es decir, se convirtieron en accionistas minoritarios y los patrones transnacionales asumieron el papel mayoritario y determinante. Conviene recordar que Inti Raymi operó y opera en una mina a cielo abierto, sin socavones; contaminó ¿y contamina? el ambiente con cianuro, el material venenoso que se utiliza para separar el oro de la tierra y de la roca; pagó migajas como regalías a Oruro y una pigricia (casi nada) como impuestos; transportó el metal amarillo en aviones de alto fuselaje (grandes y de carga) desde un aeropuerto de propiedad de la empresa y hacia Alemania, especialmente, lugar en el que procesan el metal… Allí, entre otras omisiones, el Estado boliviano y/o el gobierno de entonces, en casi nada o en nada intervinieron, salvo en el cobro de tributaciones, pero sin conocer con precisión la cantidad de oro exportado. Era el tiempo en el que el Estado había sido sacado de las actividades económicas estratégicas, período en el mandaba el neoliberalismo en Bolivia y en muchos países del mundo.

El proyecto de ley de minería, aprobado por los diputados y que es rechazado por los cooperativistas-empresarios mineros, confirma los privilegios para este sector concedidos por los actuales gobernantes (por el Presidente por encima de todos) y los amplía. Leamos las conclusiones de un estudio, sobre ese proyecto legal, realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrícola (CEDLA) que publicamos en este número 159 de Aquí:

—Ratifica la preeminencia de la actividad minera sobre otras actividades productivas, como la agricultura, por lo que sus derechos se impondrían sobre los otros derechos, por ejemplo, sobre la propiedad de la tierra agrícola.

—Está destinado a impulsar y fomentar la privatización de la actividad minera, a través de los actores privados: empresas y cooperativas, debido a que se relega como irrelevante las reservas fiscales y transfiere muchas áreas estatales a esos actores privados.

—Busca consolidar la presencia de la gran minería, garantiza estabilidad de las condiciones tributarias, asegura competitividad y protege sus inversiones del avasallamiento y de toda traba al desarrollo de sus actividades. Además, les permite usar a las cooperativas como puerta de ingreso a yacimientos mineros sin autorización legislativa y podrían negociar su participación en las utilidades sin la participación del Estado.

—Da prioridad a las cooperativas porque constituyen, según el discurso oficial, el germen de una nueva burguesía “nacional” y porque liberan al Estado de su obligación de generar empleo en el país. Por ello, se les transfiere, libres de deudas, las áreas pertenecientes a la COMIBOL (inclusive las nacionalizadas en 1952 y después) y se les permite asociarse con empresas transnacionales, aunque sigan tributando como entidades “sin fines de lucro” (exentas del pago de impuestos).

—Relega la presencia estatal, y las empresas públicas deben someterse a la competencia del mercado, como cualquier actor privado. Mientras las utilidades empresariales pueden ser llevadas al exterior y las ganancias de las cooperativas son consideradas ingresos laborales, las utilidades de COMIBOL deben ser reinvertidas y, en parte, transferidas al erario nacional; al revés, la empresa estatal no puede recibir recursos públicos para invertir.

—La industrialización no es prioridad estatal, pero aquélla es “delegada” a la iniciativa privada.

—Significa un retroceso en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígena-originarios a los que no reconoce como actores (sujetos con derechos mineros) y se somete sus derechos, incluida la consulta previa, a los intereses de los actores mineros, principalmente, de los privados. (Hasta aquí la cita del documento del CEDLA).

Añadimos que las fuentes de agua están a disposición de los cooperativistas-empresareios mineros, según el proyecto de ley. Aquéllos, además, pueden usar ese recurso natural, discrecionalmente, en la actividad minera

Sin embargo, los gobernantes ponen el acento sólo en el artículo 151 del proyecto de ley de minería que, originalmente, autorizaba a los cooperativistas-empresarios mineros asociarse con empresas privadas, comprendidas las transnacionales, como dijo abiertamente uno de los dirigentes-empresarios de ese sector económico.

Advertimos que los gobernantes (gestión en la Presidente es el principal) están dispuestos a conceder las gangas que pronto serían garantizadas, de inmediato, por la ley de minería a cambio de los cuando menos 150.000 votos potenciales (cooperativitas, esposas e hijos).  Sin olvidar que Juan Evo Morales Ayma instruyó, a sus legisladores, que aprueben aquel proyecto, sin modificaciones y como fue acordado entre los integrantes de la comisión redactora. En ésta los delegados del sector privado de la minería tuvieron una participación mayoritaria, pero al menos nos preguntamos si los miembros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) defendieron allí los verdaderos intereses regionales, populares y plurinacionales.

Para nosotros, además, ese proyecto de ley que lo consideran suyo los cooperativistas-empresarios mineros —y en eso tienen razón— es uno de los resultados del acuerdo del presidente Morales con los cooperativistas-empresarios que son entre propietarios medianos y grandes, grupos empresariales que explotan y oprimen a la mayoría de los miembros de esas cooperativas (por el nombre) y empresas (según la realidad).

Además, sobre todo por el comportamiento de los cooperativistas-empresarios mineros, estos últimos días vivimos u observamos un momento de la lucha de clases en el que aquel grupo económico pretende que la ley minera les dé seguridad jurídica y que promueva las inversiones privadas, por su intermedio, si fuera necesario.

Ese proyecto de ley, a medias aprobado por los legisladores, muestra que Bolivia es un lugar en el que los cooperativistas-empresarios mineros acrecientan sus negocios y convierten al sector minero privado en dominante, incluso respecto del sector estatal de la minería.

Los cooperativistas-empresarios mineros alegan que ese proyecto concuerda con la CPE. Ésta contiene contradicciones y concesiones a los sectores dominantes (todavía) de la sociedad boliviana. Sin embargo, la asociación de los cooperativistas-empresarios mineros, con otras empresas mineras, según el artículo 351, numeral I, constituirían empresas mixtas, como ya lo hicieron con 42 de esas empresas privadas.[1]

Con la aprobación de aquel proyecto de ley para la actividad minera se demostrará, una vez más, que los gobernantes y el Presidente, que manda, están muy lejos de la recuperación, por el Estado, de los recursos naturales mineros no renovables, como parlotean todavía sobre todo en tiempos electorales. Asimismo, toman distancia de los legales y legítimos derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la consulta previa, informada y de buena fe, como señalan normas bolivianas y convenios internacionales.

Ni recuperación de las minas para los bolivianos ni respeto a los derechos de los pueblos indígenas, en el proyecto de ley de minería, el que debió aprobarse sin cambios, según deseos del Jefazo. Sin embargo, esa instrucción presidencial fue desobedecida en parte por lo que los cooperativistas-empresarios mineros no podrán, por ahora, establecer asociaciones con empresas de particulares, lo que facilitaría una mayor privatización y transnacionalización de la minería boliviana.