El despojo de tierras y territorios a los indígenas en Bolivia es permanente

Redacción Semanario Aquí

30 de abril de 2026

El despojo de territorios a los pueblos indígenas es de larga data, no solo en Bolivia sino en toda América, abuso de poder que empezó con la llegada de los colonizadores europeos en 1492.

Si bien durante la colonia española, el poder avasalló a la población nativa estableciendo un sistema de tutelaje; sin embargo, a la par de apropiarse de extensas áreas productivas con la creación del sistema de encomiendas (origen de las haciendas y los latifundios), espacios que incluía a los nativos, reconocieron la propiedad comunal de los indígenas, aunque con fines de trabajo gratuito y tributación.

Tras la independencia la legislación de Bolívar (1825) respeta parcialmente las tierras comunitarias, pues también dispuso que sean parceladas para que varios de sus habitantes se conviertan en pequeños propietarios o arrendatarios; esta última medida fue la base para la expansión de las haciendas y la disolución de las tierras comunitarias.

Con Melgarejo (1866) se perfeccionó el despojo: los indígenas que poseían terrenos debían pagar en un plazo perentorio (60 días) un monto determinado para que el gobierno les otorgue títulos de propiedad; pero, como la mayoría de ellos no lo hicieron perdieron ese “beneficio”, de modo que esos predios fueron subastados, medida “legal” que significó que la feudal-burguesía gobernante acapare más tierras y acreciente sus haciendas.

Como consecuencia de ese atropello surgieron levantamientos o sublevaciones indígenas que fueron reprimidas con dureza por tropas militares del Estado, rebeliones que se extendieron ampliamente, sobre todo, durante el régimen de Melgarejo y a fines de siglo XIX durante la Guerra Civil.

Con la Reforma Agraria de 1953 se profundizó la propiedad privada en el agro del occidente andino del país, después de la ocupación de las grandes haciendas por los indígenas sublevados y la consecuente confiscación. Si bien ese momento era posible reconstituir la propiedad comunal, se la fraccionó y del latifundio de los hacendados se pasó a lo que se llama surcofundio, extensión que según la Fundación Tierra tiene un promedio de 0,43 hectáreas, es decir menos de 5 mil metros cuadrados.

El proceso de desestructuración de las comunidades indígenas continuó, paradójicamente, con el gobierno dirigido por Evo Morales, quien con impostura política llevó acciones neoliberales y de favorecimiento a la agroindustria, a la banca privada y sectores empresariales; pero también arremetió contra pueblos indígenas de tierras bajas del Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), cuando decidió construir una carretera que parte su territorio, sabiendo que esa acción favorecería al asentamiento de colonizadores a lo largo del camino, con lo cual se acentuaría la destrucción del hábitat en esa reserva, como también la cohesión de las comunidades indígenas, tal cual sucedió con lo que hoy se conoce como Chapare, el antiguo territorio del pueblo indígenas Yuracaré, cuando se impulsó la colonización en ese territorio indígena, hoy destruido y ocupado por los colonizadores-cocaleros, cuya producción de coca va directamente al narcotráfico.

Hoy se profundiza un nuevo ciclo de despojo bajo el gobierno de Paz-Lara. Con la aprobación y promulgación de la Ley 1720, se impulsa una medida que presiona a los pequeños propietarios campesinos, especialmente en Pando, donde los predios promedian 50 hectáreas, a reclasificar sus tierras como propiedades medianas para acceder a créditos bancarios y diversificar la producción. No obstante, esta disposición, adoptada sin consulta previa, encierra riesgos significativos, pues los nuevos medianos propietarios, al asumir deudas en condiciones adversas, muchos de ellos podrían perder sus tierras por mora, además que la nueva categoría facilita su venta y parcelación, favoreciendo la concentración en manos de sectores agroindustriales con mayor capacidad económica.

Lejos de representar un verdadero proceso de desarrollo, esta política reproduce dinámicas históricas de concentración de la tierra y debilitamiento del sector campesino. Bajo el discurso de modernización, se configura un escenario que pone en riesgo la estabilidad productiva, la economía rural y la soberanía alimentaria, consolidando un modelo que tiende a excluir a los pequeños productores y a reforzar las desigualdades estructurales en el acceso y control de la tierra.

La marcha que se acerca a la sede de gobierno de campesinos iniciada en Pando, reforzada por pueblos indígenas, es una expresión legítima de protesta contra esa ley que pone en riesgo la existencia de esa población. El despojo de tierras y territorios indígenas continúa.