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El Gobierno de Evo Morales viola los Derechos Humanos

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Redacción de Aquí

El pasado 10 de diciembre se recordó los 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El gobierno del Estado Plurinacional intentó “festejar” esa fecha cuando en realidad vulnera los derechos de los ciudadanos.

Nos indigna ver cómo los gobernantes bolivianos tras “empoderarse” del Palacio Quemado dejaron de lado la protección de los derechos humanos por los que muchos de ellos pelearon cuando estaban en el llano. Las luchas sociales, en los años de dictaduras y luego en tiempos de la democracia formal, parece que fueron olvidadas por los inquilinos de aquel Palacio, porque sus acciones y mensajes tienen tanta similitud a los gobernantes que gustan llamarlos dictatoriales y neoliberales, que pasma a cualquier persona que piensa con dignidad y se niega a olvidar ese pasado nefasto. Algunos pueden pensar que la deshumanización se propagó a lo largo de varios años en el poder pero vemos, lamentablemente, que los actuales gobernantes manifestaron su desprecio por la vida desde el comienzo de su primer mandato.

El primer mandatario en mayo de este año[1] y recientemente[2], justo un día antes del 10 de diciembre, señaló que los derechos humanos perjudican en la formación de militares y policías. Esta afirmación deja ver que al Presidente no le preocupan, lo más mínimo, las muertes que se van sucediendo en los cuarteles de militares y policías, o las que ocasionan éstos a terceros (familiares o ciudadanos comunes) fuera de esos recintos.   

Hagamos un recuento de las violaciones a los derechos humanos, cometidos desde el Estado, en varios de sus niveles, hechos que hasta la fecha no han sido esclarecidos y, al contrario, los responsables son protegidos y gozan de impunidad.

     2006, 5 y 6 de octubre. En Huanuni se enfrentan mineros asalariados de COMIBOL y cooperativistas que quieren apoderarse del cerro Posokoni. Las víctimas llegan a 16 muertos y 66 heridos, 31 de ellos graves. El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que enviaría ataúdes al lugar: “Cuando le preguntamos qué haría si algo ocurriese con nosotros, nos dijo que enviaría los cajones (ataúdes)”, declaró Pedro Montes, dirigente de los mineros estatales en ese distrito, a un periódico brasileño [3].

2007, 11 de enero. En Cochabamba se enfrentan partidarios del entonces prefecto Manfred Reyes Villa (NFR) con cocaleros y campesino afines al gobierno de Evo Morales (MAS). Tres muertos y decenas de heridos son las víctimas.

2007, 24 y 25 de noviembre. La tensión en Sucre, impulsada por sectores contrarios a la inminente aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, desencadena violencia, cuyo punto más crítico se desarrolla tras el intento de toma del recinto en el que se desarrollan las sesiones: el Liceo Militar de La Glorieta, en la zona El Tejar. Los enfrentamientos entre policías y universitarios y pobladores que intentaban ocupar el predio fueron constantes hasta que en La Calancha se produjeron tres víctimas mortales y varios heridos. Tanto opositores como gobernantes se acusan de las muertes.

 2008, 11 de septiembre. Las movilizaciones autonomistas de la llamada media luna (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) opositora al gobierno de Morales, desencadena convulsión allí, con toma y destrozo en instituciones públicas y agresiones a partidarios del MAS. En Pando indígenas y campesinos, partidarios al MAS que se aproximaban a Cobija, son detenidos en la población de El Porvenir por los autonomistas afines al entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. El choque de ambos grupos deja un saldo de trece muertos a bala y cerca de cincuenta heridos. Ahí también opositores y gobernantes se responsabilizan de la “Masacre de Porvenir”, pero hasta ahora, entre otros, el ex prefecto Fernández está detenido preventivamente.

2010, 7 y 8 de mayo. La demanda de los pobladores de Caranavi de la instalación de una planta procesadora de cítricos, promesa electoral incumplida por el Presidente provoca un bloqueo de caminos cerca de esa población, la que es disuelta por efectivos de la Policía Boliviana, fuerza represiva que además ingresa al pueblo, donde dos jóvenes son victimados con armas de fuego y son heridos 20 personas. La orden de intervención del bloqueo del camino La Paz-Carnavi la asumió el presidente Morales, porque se habló del riesgo de enfrentamiento con pobladores de Alto Beni y del Guanay; la ejecución de la represión estuvo a cargo del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti y los mandos policiales.

2010, 26 al 31 de diciembre. Con el argumento de nivelar los carburantes a precios del mercado internacional, el gobierno de Evo Morales dicta un decreto supremo autorizando el alza entre el 72 y 82 por ciento, lo que provoca protestas masivas y genera incremento de los precios de los artículos de primera necesidad, los que luego no bajaron cuando fue derogado el decreto. El Gasolinazo fue un atentado a la economía popular.

2011, 26 de septiembre. La inminente construcción de una carretera que partiría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) moviliza a sus pobladores los que inician la Octava Marcha Indígena por la defensa de esa reserva natural y territorio indígena. Los gobernantes y especialmente el Presidente, apoyados por sectores empresariales, cocaleros y colonizadores, ordenan la represión de los marchistas en el puente Chaparina, cerca a Yucumo, ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta (policías y militares), órgano encargado de combatir al narcotráfico. La orden de represión que salió del Poder Ejecutivo separó a los niños de sus madres y padres, amordazó y enmanilló a los marchistas e intentó desarticular la protesta. Las víctimas de la violación a los derechos humanos, en especial de los niños, aun sufren las secuelas físicas y sicológicas de la violencia estatal, cuya responsabilidad es negada por el Primer Mandatario y su gabinete.

 2012, 11 de enero. Un conflicto entre sectores de la población de Yapacani, unos que piden la renuncia del Alcalde de allí y otros que lo apoyan, es intervenido por la Policía Boliviana, conflicto que deja un saldo de tres muertos y más de 50 heridos. El diputado Franklin Garvizu, que apoya a los que piden la renuncia del Alcalde, dice en medio del conflicto que el único mérito de esa autoridad es ser trompetista y haber nacido en Orinoca. Los desconoce a los responsables de esas muertes, pero pudieron haberse evitado, dicen vecinos de Yapacaní.

2012, 10 de octubre. La población de Challapata, donde varios de sus pobladores se dedican al contrabando de vehículos, fue intervenida por fuerzas militares y policiales con el objetivo de tomar garajes donde estaban estacionados esos motorizados internados ilegalmente al país. El despliegue de cuatro tanquetas artilladas, efectivos del Regimiento Lanza de Patacamaya, la Policía Militar de Oruro, policías, aduaneros y fiscales dejaron dos víctimas mortales —un joven de 17 años y otro de 27— y cinco heridos de bala. La población indignada exhibió, junto al ataúd de uno de los jóvenes, casquillos de balas calibre 7,62 y 9 milímetros. Ningún presunto responsable es investigado ni detenido; pero, Juan Ramón Quintana, Ministro de la Presidencia, justificó el operativo.

     2013, 19 de octubre. Pobladores de varias comunidades que cultivan coca y se niegan a ser registrados como colonizadores sufrieron la represión de la Fuerza de Tarea Conjunta. Miraflores, Copacabana fueron reprimidas al amanecer del sábado 19 por los uniformados, quienes violentaron los derechos de los pobladores y redujeron a ancianos, mujeres y niños, a los que concentraron en la cancha de fútbol. Los jóvenes y varones adultos huyeron al monte por temor a ser detenidos. Tras la represión se detuvo a pobladores que no estaban en el lugar de los hechos, los que sumaban 17; en la semana que acaba fueron liberados, por su avanzada edad, sólo cuatro. En la violenta represión fallecieron cuatro uniformados y un civil (médico) en circunstancias no esclarecidas, aunque las autoridades gubernamentales culpan a pobladores, sin que hasta la fecha haya coincidencia entre los informes de las comisiones que estuvieron en el lugar. Sin embargo, la erradicación de los cultivos de coca (único cultivo sustentable en la región), culminó en Miraflores y Copacabana, y se ha extendido a Piedra Blanca, Concepción y, últimamente, a Santa Catalina.

Los derechos humanos en el Estado plurinacional presidido por Evo Morales, que en algún momento fue postulado para el Premio Nobel de la Paz, no son protegidos. Los responsables directos e indirectos de esas violaciones son protegidos y muchos gozan de impunidad, además de ocupar cargos públicos dentro y fuera del país.


[1] http://www3.abi.bo/nucleo/noticias.php?i=2&j=20130531100229

[2] http://www.paginasiete.bo/economia/2013/12/9/alude-ddhh-baja-preparacion-fisica-soldados-8204.html

[3] http://www.eluniversal.com.mx/notas/379754.html

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