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Grupos de autodefensa y paramilitarismo

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México

Por Miguel Ángel Ferrer

Más allá de las consideraciones sobre la legalidad de los llamados grupos de autodefensa o policías comunitarias, lo cierto e indiscutible es que esas organizaciones existen y actúan. Se trata de una especie de milicias armadas populares de carácter local. Fueron naciendo para proteger a sus propias comunidades del accionar de las diversas expresiones de la llamada delincuencia organizada: narcotráfico, secuestros, extorsiones, tala clandestina, abigeato, venta de protección, robo, despojo y asesinato.

Son varias las entidades mexicanas en las que se conoce, en mayor o menor medida, la presencia y desarrollo de esos grupos de autodefensa: Michoacán, Guerrero y Jalisco. Pero es muy probable que ya haya gérmenes de esa modalidad de autodefensa ciudadana y popular en otras entidades, regiones y localidades del país.

Esta forma de autodefensa ciudadana y popular es fruto de la incapacidad del Estado para proteger a los ciudadanos de las citadas y crecientes actividades delictivas Pero, desde luego, ese mismo Estado no puede ver con buenos ojos la creación y desarrollo de grupos armados, por más legítimas y explicables que sean sus razones para existir.

Y hasta ahora, el Estado ha oscilado entre la pura y simple condena de los grupos de autodefensa, los exhortos a su disolución y los intentos no muy firmes y ocasionales de la represión policiaca, judicial y hasta militar.

También hasta ahora ninguna de esas acciones prefigura la limitación o desaparición de aquellas milicias populares. Al contrario: cada día son más frecuentes las noticias sobre nuevos grupos de autodefensa y la extensión y fortalecimiento de los ya existentes y conocidos.

Como parte de los esfuerzos del Estado para combatir a las policías comunitarias, se puso en marcha una calumniosa campaña mediática para acusar a esos grupos de autodefensa de encontrarse ligados al narcotráfico y a otras variadas expresiones de la delincuencia organizada. Ligados o infiltrados o financiados o influidos o incluso generados por ésta.

Sin negar, desde luego, que tales acusaciones pueden tener alguna base, pensar que esta sería la explicación del nacimiento y desarrollo de las policías comunitarias implicaría cerrar los ojos ante el desbordamiento de la delincuencia organizada y ante la incapacidad estatal para combatirla, frenarla y reducirla.

La utilización y amplia difusión de esa campaña mediática descalificadora de las policías comunitarias no resuelve el problema de su justificada existencia y crecimiento. Como tampoco resuelve el problema del desbordamiento de las mencionadas expresiones de la delincuencia organizada. Frente a ambos asuntos el Estado se muestra incompetente, omiso, rebasado.

Y si bien es cierto que es explicable y justificable la existencia y crecimiento de los grupos armados de autodefensa, a nadie y menos que a nadie al Estado se le debería escapar que, al influjo de diversos fenómenos e influencias sociales, políticos, económicos y hasta culturales, los grupos armados ciudadanos pueden derivar en organizaciones paramilitares desligadas o renegadas de su justificado origen.

Caudillos y gobiernos locales, grupos empresariales, organizaciones de delincuentes, organismos de inteligencia nacionales y extranjeros y muchas fuerzas políticas más pueden verse tentados a crear o comandar sus propios grupos paramilitares en procura de sus legítimos o ilegítimos intereses particulares.

Y frente a esta situación potencialmente catastrófica, el Estado sólo acierta a echar más leña al fuego del evidente deterioro del país con reformas legales, discursos y campañas mediáticas que a nadie convencen y que nada resuelven.

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