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Una ley de minería para los cooperativistas-empresarios

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editorial

Desde Aquí, hace tiempo, sostenemos que los cooperativistas mineros, en realidad empresarios de un capitalismo “salvaje”, con ayuda del presidente Morales, han conseguido que el proyecto de ley de minería exprese sobre todo sus intereses que tienen a predominar, al menos, respecto del sector nacionalizado de la minería en Bolivia.

Son necesarios los antecedentes para entender el porqué estos días los cooperativistas-empresarios exigen que el proyecto de ley señalado debe aprobarse como fue elaborado y según las instrucciones del principal inquilino del Palacio Quemado. Esas instrucciones no reparan en lo dicho por uno de ellos: Hemos trabajado con asesores y nada de ese documento está en contra de la Constitución Política del Estado (CPE), dijo uno de esos empresarios, a lo que se sumó el reclamo de muchos otros de ese sector económico: los legisladores deben aprobar ese proyecto como mandó el Presidente.

Ese proyecto de ley, según fuentes confiables, se estudió y redactó con una participación aventajada de los asesores de los cooperativistas-empresarios en el Ministerio de Trabajo y, durante un tiempo, sin la participación del Ministro de Minería de entonces.

Otro dato: Luego de que el actual ministro de Minería, Mario Virreira, a días de asumir el cargo, dijo que una aspiración de potosinos y bolivianos es la nacionalización de la Empresa Minera San Cristóbal (de propiedad de la Sumitomo), de inmediato, el que en ese momento fungía como máximo dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), le pidió a ese Ministro que retire su propuesta de nacionalización de la empresa minera transnacional más importante que opera en Bolivia, a pesar de que un funcionario de ese ministerio le recordó a ese dirigente sindical que, en un congreso de los asalariados del subsuelo, se ratificó la consigna de hace décadas: la lucha por la segunda nacionalización de la minería privada.

Es necesario, asimismo, recordar que un dependiente de la empresa minera que opera en Porco, de propiedad de los bolivianos, pero arrendada a la empresa de Gonzalo Sánchez de Lozada, declaró que los mineros asalariados del sector, de lo que se conocía como Minería Mediana (privada y que no tenía nada de mediana), se oponían a la nacionalización de la minería porque el Estado no les garantizaba ni el trabajo ni los salarios.

Los cooperativistas-empresarios deben al Estado más de 80 millones de dólares a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y es dudoso de que la paguen. Además, las regalías que cancelan son bajas y si se graba algún impuesto, en la nueva ley minera, a los cooperativistas-empresarios será simbólico, para que la gente deje de señalar que ese grupo económico, que crece en número e ingresos, tribute. (85 por ciento de regalías para las gobernaciones y el 15 por ciento en los que se produce minerales establece el proyecto de ley de minería).

Y en esos grupos de cooperativistas-empresarios algunos ganan hasta Bs30.000 o más de acuerdo a otras fuentes. Ingresos altos porque esos cooperativistas-empresarios, además de que tributan casi nada, pagan salarios miserables a sus dependientes (que sí los tienen), están liberados de otras cargas sociales y de gastos en seguridad industrial, no pagan horas extraordinarias a sus asalariados y, especialmente, invierten muy poco en la preparación de los parajes mineros porque éstos, casi siempre, son los que Comibol explotó sin agotarlos o extraen minerales en las colas y los desmontes de Siglo XX-Catavi, considerados la reserva de estaño más cuantiosa del país, comparables con las reservas de ese mineral de Huanuni.

Los cooperativistas-empresarios auríferos, en particular los del norte de La Paz, se embolsillan la parte del león por la venta de oro, entre otras mañas, porque (así se informó) la mayor parte de la producción del metal amarillo es declarado como “deshechos y desperdicios de amalgama” para eludir el pago de impuestos. El diario Página Siete informó de que el 2012, de Bolivia, se exportó oro por un valor de $us1.215 millones y que el 90,4 por ciento de él se declaró como “desechos…”, es decir, $us1.099 millones)

Las ganancias que obtienen esos cooperativistas-empresarios crecen tanto que cabe recordar que uno de ellos en Potosí financiaba (¿y financia?) al club de fútbol Nacional Potosí, sólo para servir “a sus hermanos mineros”, como declaró ante una redactora del diario paceño La Razón.

Todos los sectores económicos son iguales de acuerdo a la Constitución Política del Estado boliviano: estatal, privada, cooperativa y comunitaria. Sin embargo, a ojos vista la cooperativa-empresarial tiende a predominar junto a la privada tipo Empresa Minera San Cristóbal.

Citamos un ejemplo para graficar: entendidos saben que en Mallkucota existe indio, un mineral que se utiliza en la industria de televisores, recurso que pretenden explotar los cooperativistas-empresarios los que, pese a las gangas que les asegura Evo Morales, no tienen ni los recursos económicos ni la tecnología para extraer indio por lo que si contrataran esos parajes mineralizados tendrían que asociarse con empresarios transnacionales para explotarlos. Por ello, esos cooperativistas-empresarios pretenden que la nueva ley de minería les garantice firmar acuerdos para explotar indio u otro mineral con compañías extra bolivianas sin que intervenga el Estado ni Comibol.

Apoyados en la información precedente, afirmamos que no tienen una pisca de razón, funcionarios como el actual Presidente de la Cámara de Diputados, del MAS, cuando dicen que es un “absurdo” consultar a otros sectores sociales del país sobre el proyecto de ley de minería, aprobado por los diputados y remitido al Senado para que ese cuerpo lo confirme.

A contrapelo de los que dicen que no hace falta más consultas sobre aquel proyecto de ley, el Gobernador de Potosí, también del MAS, propuso más tiempo para la “reflexión” sobre ese instrumento legal aprobado a medias por los legisladores. El senador potosino, Eduardo Maldonado, elegido en las listas del MAS pero que no milita en este partido ni se inscribirá en él, como dijo para medios de difusión, en defensa de los legítimos intereses regionales, populares y plurinacionales, creemos nosotros, sugirió más debate sobre ese proyecto legal del que se sienten dueños los cooperativitas-empresarios. Miembros de la CSUTCB protestaron porque ellos fueron excluidos de la redacción de ese proyecto de ley.

Ojalá nos equivoquemos, sin embargo, lo previsible es que la palabra del Jefazo, otra vez, se imponga sin chistar y los obedientes senadores introduzcan las enmiendas que interese a los cooperativistas-empresarios, en el proyecto de ley de minería, aprobado la semana que concluye por los también obedientes diputados. En descargo de algunos de éstos decimos que por algún sentimiento patriótico han observado que autorizar a los cooperativistas-empresarios la firma de acuerdos con personas jurídicas o naturales para explotar parajes que son de propiedad del pueblo boliviano, contradice la CPE.

Sin embargo, los más de 100 mil votos potenciales que los gobernantes esperan que aporten los cooperativistas-empresarios para la elección, por tercera vez de Morales y García, podrían determinar que el proyecto de ley que comentamos favorezca a miembros de esos grupos económicos —algunos de los cuales se convierten en los nuevos ricos— aunque con ello se lesionen los legítimos intereses regionales, populares y plurinacionales.

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