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Más represión a los opositores del MAS

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Redacción Aquí

El apresamiento de los abogados de Gabriela Zapata Montaño, ex pareja del presidente Juan Evo Morales Ayma (JEMA), provoca indefensión de esos profesionales, sobre todo porque aquéllos patrosinan a querellantes enfrentados con funcionarios del Estado, lo que confirma la amenaza reciente del vicepresidente, Álvaro García Linera, de dar huasca (chicotazos o mayor represión) a los opositores al régimen del MAS.

La formación de supuestas organizaciones criminales por organismos de inteligencia, sobre todo en gobiernos dictatoriales, para justificar la represión contra opositores a esos regímenes y sus allegados, parece haberse puesto nuevamente en vigencia en el actual Estado llamado plurinacional. Esta práctica, que en tiempos dictatoriales era diseñada exalumnos de la Escuela de las Américas, con asiento en los Estados Unidos, inventaban bandas guerrilleras, terroristas o rojas, para justificar la represión contra opositores al régimen imperante, sean militantes de partidos políticos, sindicalistas o profesionales; hoy esa práctica está nuevamente en marcha, de la se cambió la denominación que se da a los opositores; pero, como antes, el fin es el mismo: la reproducción del poder de quienes son inquilinos del Palacio de Gobierno.

La justificación del apresamiento de los indicados abogados responde a esa supuesta asociación delictuosa, coincidente con otra organización fabricada anteriormente en la que figuran la expareja del Presidente, la directora de una dependencia del Ministerio de la Presidencia y otros.

La reacción ante el apresamiento de los profesionales abogados no se dejó esperar: el Colegio de Abogados de Bolivia y profesionales del derecho de otros departamentos, con actos, defendieron el ejercicio de su profesión.

Los gobernantes arremeten contra el periodismo crítico, contra el reducido 20 por ciento según el Presidente, ya que el resto, es decir el 80 por ciento, amplifica las acciones gubernamentales, sobre todo las de Juan Evo Morales Ayma (JEMA). Recientemente, durante la interpelación al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, éste llamó  “cartel de la mentira” a medios y periodistas, los que, según esa autoridad habrían preparado un “golpe político mediático” para desestabilizar al gobierno.

Como sucedió en otras ocasiones, los actuales gobernantes socaban las bases de las organizaciones y logran que algunos directivos les apoyen, incluso en contra de sus estatutos, aunque luego ellos “aclaren” con el argumento de que fueron tergiversados. Eso sucedió con el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, en diciembre pasado[1] y también, solo por nombrar uno más, con el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Héctor Aguilar Mercado,[2] en septiembre pasado, quienes apoyaron el referéndum para la inconstitucional tercera reelección de Morales Ayma.

Estos dos dirigentes, tras las arremetidas gubernamentales, son los únicos que callan, mientras que la mayoría de las cabezas de esos gremios han levantado su voz de protesta ante las arbitrariedades que se van sucediendo en un país que día a día va perdiendo el estado de derecho reconocido por la nueva Constitución Política del Estado impulsada por el mismo gobierno que ahora la pisotea.

Es ya un hecho cómo este gobierno, llamado de los movimientos sociales, revolucionario y antiimperialista, arremete contra quienes osan denunciar actos de corrupción, arbitrariedades o hagan cualquier oposición a sus acciones. Entre las prioridades gubernamentales ---políticas de Estado podríamos decir--- está el sometimiento de los dirigentes de organizaciones de la sociedad civil (comunales, sindicales, de profesionales, etc.), sobre quienes primero se lanzan acusaciones, a fin de amedrentarlos, para luego intentar sobornarlos, culminando al final en amenazas, acciones que muchas veces tienen éxito, cooptándolos inmediatamente a sus filas partidarias.

Pero el accionar de los gobernantes de turno de controlar a las organizaciones de la sociedad civil no solo se circunscribe en la cooptación de sus miembros, sino también en el intento de cambiar la normativa de su vida institucional, práctica propia de los gobernantes de los regímenes autoritarios, como lo es el actual. Respecto a este caso, arguyendo el mal uso de la libertad de prensa y la libertad de expresión, se pretende cambiar (o al menos reformar) la Ley de Imprenta, instrumento sabio que permite el ejercicio responsable del periodismo, sin que los gobernantes de turno penalicen a los mediadores de la opinión pública, aunque no pocas veces mucho de ellos opten por la censura y la autocensura para no ocasionar enojos a los que detentan el poder.

El intenso amedrentamiento desencadenado últimamente contra estos dos gremios, pone en evidencia que se acelera la consolidación de un régimen autoritario asentado en la fuerza letal de militares y policías, secundado por la dirigencia de encubiertos mediados empresarios, como son los cooperativistas mineros, cocaleros y colonizadores (también llamados interculturales), y los grandes empresarios (principalmente importadores, agroindustriales y banqueros).

Frente a este panorama, no solo debemos permanecer alerta, sino sumarnos a las protestas en defensa de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales, además de impulsar la unidad entre organizaciones revolucionarias sociales y políticas cuyos dirigentes no han caído en la tolerancia a la corrupción imperante ni en la vergonzosa adulación a los gobernantes.  


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