Ofrecimientos de García Linera a los agroindustriales y la propiedad de la tierra

Enrique Ormachea S.  [1]

García Linera venía sosteniendo que el gobierno del MAS había transformado  radicalmente la estructura de la propiedad de la tierra en el país, pues las medianas y grandes empresas ya habían dejado de concentrar las grandes cantidades de tierra que acumularon entre 1953 y 1993. Sin embargo, su reciente ofrecimiento en sentido de  consolidar el derecho propietario de alrededor de 17 millones de hectáreas en favor de  éstas con el objetivo de ampliar la frontera agrícola para la exportación de alimentos, ha terminado desmintiendo sus afirmaciones de la víspera.

Para el Vicepresidente  uno de los aportes del gobierno del MAS “a la consolidación del modelo cruceño de desarrollo asentado en la agricultura y fuertemente articulado al mercado externo”, habría  sido  “la democratización de la riqueza (…) comenzando por la tierra” ya que hace diez años “entre Santa Cruz y Beni el sector empresarial grande concentraba 39 millones de hectáreas mientras que el sector campesino poseía solamente  9 millones de hectáreas”, situación que habría cambiado pues “ hoy el sector productivo cruceño empresarial tiene 4 millones de hectáreas y el sector productivo campesino pequeño, mediano e indígena, a nivel de todo el país, suma 30 millones de hectáreas” [2].

Como es sabido, la denominada “Agenda Patriótica 2025” propuesta por el gobierno del MAS, plantea incrementar la actual superficie cultivada del país de 3.6 millones de hectáreas a 13 millones de hectáreas, para pasar de una producción agrícola actual de 15 millones de toneladas métricas a 45 millones de toneladas métricas orientada  fundamentalmente a la exportación.

En esta perspectiva, y en ocasión de la reciente efemérides del departamento de Santa Cruz,  García Linera le propuso al sector empresarial agropecuario cruceño llegar a exportar seis mil millones de dólares en los próximos años para lo cual “perfiló la consolidación del derecho propietario de 17 millones de hectáreas” [3] ofreciendo  para ello “tomar (las) decisiones que sean necesarias en temas financieros, legales, de seguridad jurídica y de transporte”[4]

Pero, ¿de dónde saldrá tan importante cantidad de tierras para ampliar la frontera agrícola si, como les señalaba García Linera a los campesinos hace un año, “los empresarios ya no son los que tienen muchas tierras, (pues) el presidente Evo ha ido recortando y recortando (…)” [5]?

En realidad saldrá de las tierras que nunca dejaron de pertenecerles; es decir, de aquellas que García Linera se olvidó premeditadamente de contabilizarlas y que hoy, como por arte de magia, las hace aparecer en la geografía regional gracias a la oferta gubernamental orientada a consolidar el derecho propietario empresarial.

Como es sabido, la Ley INRA de 1996 contempló la aplicación de un proceso de saneamiento de la tierra sobre una superficie de 106.7 millones de hectáreas que aún no ha concluido, con el objetivo de realizar una nueva titulación que diera seguridad jurídica a sus propietarios y que permitiera contar con un catastro que facilitara un funcionamiento “transparente” del mercado de tierras. 

Entre 1953 y 1993,  las medianas y grandes empresas lograron titular efectivamente 39.2 millones de hectáreas sobre un total de 56.4 millones de hectáreas tituladas en este periodo.  Posteriormente, y como resultado  del proceso de saneamiento que se inició en 1996, hasta fines de 2012 se había titulado a medianas y grandes empresas 4.2 millones de hectáreas, de las cuales 3 millones durante el gobierno del MAS.

Sin embargo, García Linera —quien  con esta información parcial se ufanaba en señalar que el sector agroempresarial había sido seriamente afectado por su gobierno y que ahora solamente detentaba una parte absolutamente minoritaria de las tierras del país— omitía indicar que, hasta fines de 2012, se habían saneado y titulado solamente 53.5 millones de hectáreas, por lo que aún restaban ser saneadas alrededor de 43.2 millones de hectáreas.

Pero sobre todo evitaba señalar que de esta cantidad de tierras por sanear, alrededor de 34 millones de hectáreas corresponden a medianas y grandes propiedades de Santa Cruz y el Beni, tierras que, hasta que el proceso de saneamiento no dictamine lo contrario,   todavía les pertenecen. De aquí salen los 17 millones de hectáreas que el Vicepresidente perfila consolidar —vía proceso de saneamiento— como derecho propietario empresarial.

Pero como ya lo hemos demostrado oportunamente a partir de las propias cifras gubernamentales[6], de los 53.5 millones de hectáreas saneadas entre 1996 y 2012, las tierras  expropiadas a medianas y grandes empresas agropecuarias por concepto de incumplimiento parcial o total de la función económica y social abarcaron solamente 948.000 hectáreas, por lo que  de persistir esta tendencia como consecuencia del proceso de saneamiento en curso, este tipo de empresas terminarán finalmente consolidando entre 36 y 37 millones de hectáreas en propiedad al amparo del socialismo comunitario.