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Asesinatos y torturas

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Flecha yurakaré

Alejandro Almaraz*

Miércoles, 21 de mayo de 2014

Ante la avalancha de gravísimos cuestionamientos recibidos por su actuación en el caso terrorismo, el Gobierno sólo atina a recordar que existió un movimiento separatista y acusa a los portadores de los cuestionamientos de pretender evitar que concluya el juicio a sus autores.

Es cierto que hubo separatismo y que su método fue la violencia subversiva. Fue el recurso desesperado y fallido de la oligarquía terrateniente para evitar que los objetivos transformadores del proceso de cambio afecten sus intereses parasitarios e ilegítimos, como la concentración de la propiedad agraria o el usufructo del poder político.

Empero, advirtiendo y reparando su error, no tardó en darse cuenta de que para tener efectivamente salvaguardados esos intereses, sólo tenía que penetrar y controlar el Gobierno, pacífica y tranquilamente, como en efecto lo ha hecho, trasponiendo las amplias compuertas abiertas por la venalidad e inconsecuencia del núcleo gobernante.

De modo que, al igual que todos los bolivianos identificados con la democracia y los derechos humanos, no pretendo que deje de enjuiciarse a los implicados en las violentas acciones separatistas, sino, exactamente al contrario, que el enjuiciamiento sea transparente, estrictamente apegado a derecho y, sobre todo, totalmente esclarecedor de la verdad.

Pero la verdad por establecerse no se limita a lo que hicieron los separatistas, sino que, con imperiosa necesidad, debe extenderse también a lo que hizo el Gobierno y es motivo de los crecientes cuestionamientos y denuncias.

No pueden quedar sin un concluyente esclarecimiento  acusaciones tan graves como que fueron los funcionarios de inteligencia del Estado, y no los supuestos terroristas, los autores del atentado a la casa del cardenal Terrazas; que se manipularon y "plantaron” pruebas para incriminar a personas inocentes; que los funcionarios del Gobierno y la Fiscalía extorsionaron sin medida ni clemencia; que se torturó a los detenidos y, con ese método, se les arrancó confesiones; o que los pasajes de los principales miembros del grupo separatista fueron pagados con la tarjeta de crédito de un ministro venezolano.

Pero, por sobre todo, es imprescindible para la democracia boliviana que todos sepamos si en el hotel Las Américas se torturó y asesinó, estando ya reducidas las tres personas que murieron allí. Si así fue, quién lo hizo y, muy en especial, por qué.

Ante la sugerente respuesta gubernamental, que en vez de demostrar su versión de los hechos se limita a insistir en que los muertos eran terroristas y separatistas, sostengo -como todos los que luchamos por las transformaciones hoy traicionadas por el gobierno de Evo Morales- que Rózsa y su grupo eran mis enconados enemigos políticos. Pero, con el mismo y total convencimiento, sostengo también que su tortura y asesinato serían tan absolutamente criminales e imperdonables como si se hubieran cometido contra la mejor de las personas, y lo seguirían siendo si se tratase de las peores. Es cuestión del más básico sentido de humanidad y compromiso con los derechos humanos.

La posibilidad de los asesinatos y torturas en el hotel Las Américas es favorecida por las últimas versiones del propio exfiscal del caso, a quien el Gobierno intenta descalificar tachando de "delincuente confeso”, después de haberlo sostenido durante cuatro años a cargo de tan delicado caso.

De cualquier modo, las revelaciones de Soza sólo se agregan unívocamente a varios otros indicios sólidos, como los peritajes científicos practicados por criminalistas expertos de Hungría e Irlanda, entre otros. Pero el más importante de estos indicios es el que viene aportando el propio Gobierno con su manifiesto, persistente y casi desesperado afán de oscurecer todo el caso y en especial los sucesos del hotel Las Américas. La última y más vergonzosa demostración de este afán han sido las torpes agresiones contra la única iniciativa institucional creíble entre tanto encubrimiento, la comisión legislativa por la verdad y la justicia.

A fin de cuentas, los cabos sueltos son muchos y harán vanos los empeños gubernamentales por enterrar la verdad, y mientras mayores sean, como los que con grotesco cinismo ha protagonizado recientemente el ministro Romero, más evidentes, culpables y vanos serán. Tarde o temprano, los bolivianos conoceremos lo que realmente pasó en el caso terrorismo y en el hotel Las Américas y, entonces, sabremos si, en su ya evidente política de reciclaje de las peores tradiciones en el ejercicio autoritario del poder, el gobierno de Evo Morales llegó también al siniestro territorio de la tortura y el asesinato.

*Fue viceministro de Tierras.

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