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“Un nuevo referendo constitucional abriría la caja de Pandora”

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Juan Carlos Salazar, director de Página Siete; Juan del Granado e Isabel Mercado, subdirectora

Según Del Granado el problema no está en la elección, sino en la selección de candidatos.

La Paz, Página Siete, domingo, 08 de mayo de 2016

Página Siete /  La Paz 

El exalcalde paceño y líder del desaparecido Movimiento Sin Miedo Juan del Granado afirma que la convocatoria a un referendo para la reforma judicial, necesario para suprimir eventualmente la elección judicial popular, "abriría la caja de Pandora” porque serviría para reintroducir el tema de la reelección presidencial.

Autor de una propuesta de reforma judicial por encargo de SOL.bo, la organización política sucesora del MSM, Del Granado propone mantener la elección popular de los jueces, pero modificar el sistema de selección de los candidatos.

¿Esa propuesta significa su retorno a la política?

Nunca la dejé. El 2013 declaré que el 2014 enfrentaría el último desafío en la primera línea. No pensaba que el resultado electoral del 2014 sería tan negativo, pero ya el 2010 dije que había llegado el momento de la renovación en el Movimiento Sin Miedo. Por eso ya no fui candidato a alcalde el 2010, podía haberlo sido 10 años más, pero había que impulsar la renovación y es lo que ha ocurrido, lo estoy cumpliendo, pero estoy en la política, aunque ya no en la primera línea; ya no represento a nadie. He cumplido un ciclo. Tengo 63 años y 45 años de vida política intensa. He sido diputado, alcalde, candidato a la Presidencia, lo que no quiere decir que no voy a aportar, por ejemplo, en este tema de la reforma judicial. Voy a trabajar decididamente en este tema que es transversal  al conjunto de la vida democrática. No voy a ser candidato de nada.

Desde ese punto de observación, ¿cuál es su balance del referendo del 21F?

Se ha presentado un fenómeno muy peculiar después del 21 de febrero. Tenemos un gobierno que se ha convertido en minoría electoral, pero que mantiene la hegemonía institucional y gubernamental, y por lo mismo estamos frente a un gobierno que parecería que no ha sido derrotado, y una oposición democrática que parecía que no hubiera triunfado... Hay un gobierno que sigue lanzando iniciativas en una versión irremediablemente autoritaria. Miren lo que ocurre con la Defensoría, con los discapacitados, con en el tema de la justicia. Se suponía que después del 21 de febrero íbamos a tener un gobierno más abierto al diálogo, a escuchar otro tipo de opiniones, a mostrar una señal de mayor apertura política, pero ocurre todo lo contrario. Y la oposición, que no es una sola, son varias que se coaligaron en torno a la única opción que había el 21 de febrero, que era el NO, no encuentra el camino más adecuado para combinar los elementos emergentes del referendo, que son la unidad y la renovación. 

Era impensable ganar el referendo encabezado por  los viejos liderazgos, pero también era impensable sin articular desde la oposición democrática un discurso similar. Es necesario sentar un proceso unitario, pero sobre la base de la renovación y no solamente la renovación de líderes, sino la renovación intelectual. 

Necesitamos una renovación de la visión del país, de la propuesta programática, de la forma organizacional. Yo creo que es entorno a la renovación y a un debate programático que vamos a encontrar nuevos mecanismos para lograr una unidad lo suficientemente vigorosa para enfrentar victoriosamente las elecciones del 2019, aunque, como vamos a ver, hay otras elecciones que vamos a enfrentar antes.

Sí, están las elecciones judiciales. Y esto tiene que ver con su propuesta de reforma judicial…

El problema de la justicia es centenario. Sin exagerar, es posible afirmar que nunca hemos tenido en toda nuestra vida independiente republicana una adecuada administración de justicia. Si me preguntan qué puedo rescatar de la administración de justicia en 200 años, yo les diría la sentencia que se dictó un mes de abril de 1993 que condenó a la dictadura y al dictador Luis García Meza a 30 años de prisión. Fue un momento en el que la administración de justicia estaba en su cúspide. Esa condena sentó un precedente democrático inamovible hasta ahora, respecto a las conductas golpistas y a las conductas autoritarias. La administración de justicia tiene que resolver los conflictos y las controversias de la comunidad y nos tiene que garantizar la paz social, la justicia tiene que defender y preservar los derechos humanos colectivos e individuales y tiene que generar posibilidades de libertad y dignidad, tiene que dar seguridad jurídica en el cumplimiento de las leyes y en la ejecución de los contratos, es un mecanismo de control del poder estatal, es un mecanismo de limitación del poder estatal. Son roles esenciales y el no tenerlos explica muchos de los problemas del país.

¿Cómo encaramos esto?

Ha habido siempre, y mucho más en el tema de justicia, la idea de empezar de cero y eludir los diagnósticos. Siempre estamos planteando nuevas reformas judiciales, revoluciones de la justicia, de refundaciones del sistema, etc. Nosotros estamos planteando una visión que parte de un diagnóstico más profundo. Damos cuenta de la existencia de por lo menos   cinco carencias centenarias. La primera es la carencia de independencia. Los jueces, a partir de su nombramiento, dependen del poder político. Hay otras dependencias, como la económica, la institucional, pero la principal es la dependencia del poder político, que les impide a los jueces ser imparciales. La segunda es la carencia económica. Sólo el 0,4% del presupuesto se le asigna al Órgano Judicial. Tenemos 1.000 jueces para toda Bolivia y 500 fiscales, y de esos pocos funcionarios el 60% está en las ciudades. La tercera carencia es la del acceso a la justicia, que es para pocos y no es gratuita. El tratamiento que se le da a la justicia no es de servicio público, que supone coberturas y calidad. La cuarta carencia es de idoneidad personal y profesional de la gran mayoría de los operadores. Hay problemas de formación universitaria profesional. En Bolivia no se estudia para ser juez, se estudia para ser abogado. Pero, además, tenemos el problema de la corrupción, que está vinculado a una estructura en la que todo trámite judicial se paga y todo lo que se paga es coima, es soborno, como parte de la rutina. Y la quinta es una carencia que viene de siempre, especialmente agravada ahora, que es la falta de una agenda nacional de reformas judiciales o sea de una estrategia estatal, que supone planes, políticas, prioridades, recursos, que supone tiempos. Estas son las cinco carencias de las cuales se derivan varias otras y que se han visto agravadas en estos 10  años  y ahí está la responsabilidad del Gobierno. 

No le podemos atribuir en su totalidad, porque es un problema de siempre, pero sí tenemos que destacar su responsabilidad en relación con la dependencia del poder político, porque el Gobierno ha convertido al Órgano Judicial en otro mecanismo de dominación del Estado. Se ha agravado también con la utilización de los jueces para perseguir a los opositores y también para crear impunidad de los gobernantes. Es terrible la eficiencia de fiscales y jueces para procesar a opositores y gente que incomoda al Gobierno. Y también se ha agravado la corrupción. No solamente a partir de esta carta blanca que los jueces y los fiscales han creído tener para ilegalidades encomendadas por el Gobierno, sino de consorcios y articulaciones entre abogados gubernamentales, jueces, fiscales y policías. Son hechos que se han agravado a partir de haber malogrado la elección popular de los jueces del 2011. Tenemos jueces cada vez menos calificados, aunque cada vez más afiliados al partido de gobierno.

¿Qué propone ante este escenario?

Una respuesta estructural, eludiendo el voluntarismo y el cortoplacismo. Estamos convencidos de que luego de estos 10 años no podemos esperar nada del Estado ni de la estructura gubernamental, porque son ellos los que han agravado la situación. Por eso estamos planteando el inicio de un gran diálogo ciudadano que formule una agenda en una perspectiva de mediano plazo. Pero hay temas de corto plazo y desafíos que  nos impone la coyuntura. El año 2017 tendremos nuevas elecciones judiciales. Y este es el desafío inmediato que deberíamos responder a partir de la fuerza ciudadana y de lo que el Gobierno quiera hacer. Hay que convertir la respuesta en un punto de inicio de lo que podría ser efectivamente un proceso de cambios en la administración de justicia. Hay posibilidades de encarar la problemática de la dependencia de los jueces, que es tal vez la más profunda y sensible, modificando la manera en que se operó la elección de los jueces.

Estamos con la elección en puertas…

El desafío de la próxima elección de jueces es lo que ha motivado al Gobierno a la convocatoria de la cumbre judicial. ¿Por qué la convocan ahora? La carencia que señalaba sobre la ausencia de planes y una agenda estatal es muy grande y la improvisación gubernamental es igual. Se ha realizado en el pasado numerosas reuniones de las que ya nadie se acuerda. Esta cumbre es una nueva improvisación motivada por las urgencias políticas, una cumbre improvisada y carente de legitimidad. ¿Quién la convoca y quiénes participan? El Poder Ejecutivo que malogró la elección judicial y que manipula a los jueces y las organizaciones sociales para-gubernamentales que se han cuoteado los jueces. ¿Cómo es que convocan a una cumbre para reformar la justicia cuando han tenido 10 años para hacerlo y no lo hicieron? Está claro que, como en el caso de otros nombramientos que hasta ahora siguen en el interinato, quieren autoridades para los próximos seis años.

¿Con que fin?

Con el fin de tener jueces suyos, jueces subordinados para los años en los que posiblemente ya no sean gobierno. Si el 2018 posicionan a esos jueces van a estar hasta el 2024. Pero no solamente se están cuidando las "espaldas judiciales” para después del 2019, sino que quieren acudir a una nueva forma de referéndum para introducir nuevamente la re-re-reelección. Según varios portavoces gubernamentales, el tema  central es cambiar la modalidad de la elección. El Procurador del Estado está en franca campaña contra la elección popular de los jueces, señalando que es la causa por la cual se ha agravado la debacle actual de la justicia. Nos echa la culpa a los ciudadanos de haber elegido mal. Ahí está el tema.

¿Qué propone como alternativa a la elección popular?

Yo creo que no es bueno ir a una reforma constitucional, no solamente por el carácter sospechoso de las finalidades gubernamentales, sino por la falta de un verdadero debate. Nos gustaría debatir si es bueno o malo elegir a los jueves por voto popular. Hay corrientes que creen que los jueces no tienen que estar revestidos de legitimidad popular, sino que tienen que estar amparados en la legalidad democrática, que es distinto. 

El tema de fondo  es cómo se selecciona a los candidatos, no cómo se elige a los jueces. Parece un juego de palabras. En todo el mundo, la elección está precedida por la selección y ahí parece estar la clave. Yo sostengo que el fracaso de la elección popular no estuvo en la elección misma, sino en la selección de los candidatos. La Asamblea Legislativa prescindió absolutamente de los méritos de los candidatos y repartió las candidaturas, al extremo de que luego se conoció que todas las organizaciones sociales tenían sus candidatos. Lo que tuvimos fue una selección de candidatos que luego ante la opinión pública resultaron impresentables, salvando una o dos excepciones, como los casos de Gualberto Cusi o Jorge von Borries. Pero no achaquemos el problema a la elección popular.

¿Cómo debería seleccionarse a los candidatos?

El problema está en la selección de los candidatos. Y para solucionar este problema no es necesario reformar la Constitución. La Asamblea Legislativa, según sus atribuciones, tiene que seleccionar a los candidatos. Estamos planteando que la Asamblea Legislativa, en lugar de aprobar un reglamento para esa selección como en  el 2011, nombre una comisión de personalidades independientes y le encomiende la convocatoria, calificación y selección de los candidatos. El resultado en lista cerrada debería ser homologado por la Asamblea y enviado al Tribunal Electoral para la realización de las nuevas elecciones. Esto supone acuerdos nacionales previos. La designación de la comisión de personalidades independientes debe ser parte de una convergencia previa. Reconocemos que hay dificultades, pero yo creo que en el país hay personalidades que puedan asumir esta labor, cinco o seis personalidades, incluso una personalidad por cada departamento. Si la voluntad del Gobierno es sincera, debería adherirse a una propuesta como esta. A partir de los acuerdos, la primera tarea que deberíamos encomendar a los nuevos jueces es el saneamiento institucional, ético y financiero del sistema, y la elaboración de la agenda de la reforma. Cualquier referendo abriría la Constitución para reintroducir y revisar el artículo 168 de la reelección. No creemos que haya necesidad de una reforma constitucional. No deberíamos echar al canasto el mecanismo de la elección popular, introducido hace seis años y puesto a prueba una sola vez. No perdamos la visión estratégica y estructural del problema, pero al mismo tiempo empecemos a dar respuestas al desafío coyuntural de la próxima la elección judicial.

¿Qué posibilidades hay de que propuestas como la suya, la de Carlos Alarcón o Jorge Lazarte, que son las más conocidas, puedan ser tomadas en cuenta?

Necesitamos un cambio de actitud. El Gobierno debería abrirse a otro tipo de visiones y propuestas, recogerlas y debatirlas, y desde la oposición no deberíamos descalificar todo lo que viene del Gobierno. Es más, tal vez no deberíamos descalificar todo lo que se ha hecho en estos 10 años. A la oposición le molesta mucho la posibilidad de continuar con la elección popular de jueces porque piensa que es una creación masista, pero al oponerse se pone sin quererlo en la línea del referendo, porque para suprimir la elección hay que ir al referendo constitucional y un referendo abriría otra vez la caja de Pandora.

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