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Presidente Morales es el principal responsable de la represión a marchistas indígenas

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1. En San Lorenzo, cerca de Yucumo (Beni), el 25 de este mes, consideramos que por orden y/o con la aprobación del Presidente del Estado boliviano, policías reprimieron a indígenas (incluidos niños, mujeres, y gente de la tercera edad), con una brutalidad “imperdonable” en este tiempo de la transición boliviana. Allí se han violado los siguientes derechos individuales y colectivos: a la libertad de pensamiento y de expresión, a la seguridad, a la organización, a la petición, al libre tránsito, a la salud, a la alimentación, al agua, a la información y a la comunicación, a la protección preferencial de los niños; en suma, se han vulnerado los derechos políticos, económicos y sociales establecidos, especialmente, en la nueva Constitución Política del Estado boliviano, en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (ley boliviana, 2007), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de San José Costa Rica (también ley de Bolivia de 1993).

2. Ese comportamiento policial, en realidad estatal, además de la crueldad que repudiamos una vez más, persigue desorganizar, desunir, desanimar, paralizar al pueblo boliviano y, en este momento, sobre todo a los indígenas que defienden su territorio en el que instalarán su autogobierno y regirán las costumbres como derecho consuetudinario (sin derecho a la separación del territorio boliviano), hábitat natural sin el que sería imposible la autonomía indígena, la que es parte de la nueva CPE, ley de autonomía y otras normas. Ese operativo autoritario, por sus alcances que se advierte por la protesta de los bolivianos ante aquella represión y el apoyo a los marchistas indígenas, no hubiera perpetrado sin “orden superior”, sin el conocimiento y sin la orden presidencial que ahora se busca encubrir.

3. Antes de aquellas violaciones a los derechos humanos, a los que los bolivianos debemos defender sin cuartos intermedios, los gobernantes y otra vez el Presidente de nuestro país, desconocieron el derecho a la consulta previa e informada a la que tienen derecho los pueblos indígenas que viven en el TIPNIS, según la CPE (Art. 30, Inc. 15), la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU (Art. 19). Por ello, es al menos dudosa la legalidad del contrato para la construcción del camino de la discordia entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos que partiría en dos el TIPNIS.

4. Luego de aquella represión, que convirtió en víctimas cuando menos a cien niños indígenas que no pudieron quedarse en las guarderías que no existen en el territorio suyo, desde el gobierno se sugiere una investigación que tendría que ser (si se realiza) para descubrir y en ningún caso par encubrir. Nosotros dudamos que aquella investigación se realice porque luego de que policías mataron a dos jóvenes en Caranavi, en mayo de 2010, el Presidente firmó un convenio con dirigentes caranaveños en el que el primer ciudadano de nuestro país se compromete a una investigación nacional e internacional a fondo  de esos hechos y, hasta este momento, desde el gobierno, con medidas represivas mediante, se hace mucho para impedir que aquella investigación se inicie. Además, esa probable investigación tiene que partir del supuesto, verificable, de que el presidente Morales es el principal responsable de la represión autoritaria a los marchistas.

5. Los marchistas indígenas han resuelto reiniciar su caminata hacia la sede de gobierno, básicamnte, con la misma plataforma y como lo esencial de ésta, la exigencia legítima para que aquel camino de la discordia en ningún caso atraviese el TIPNIS. Camino por cualquier otro lugar que preserve, entre otras riquezas naturales, el principal reservorio de agua dulce de Bolivia que se encuentra en aquella reserva y territorio indígena.

6. Los integrantes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) reiteramos, indignados, la represión a los marchistas indígenas ordenada y/o consentida por el presidente Morales; exigimos el respeto para un ejercicio pleno de los derechos del pueblo boliviano y dejamos constancia de que la causa de los indígenas del TIPNIS, que es nuestra, la respaldamos sin reservas.

La Paz, 28 de septiembre de 2011.

Por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz

María Amparo Carvajal B.                                                    Carmelo Galdós

Presidenta                                                                             Vicepresidente

Verónica Sánchez B-                                                            María Eugenia Cárdenas P-

Secretaria General                                                                Secretaria de Hacienda

Carlos Tapia                                                                          Mario Condori

S. De Asuntos Jurídicos                                                        Secretario de Prensa

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