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El acceso a la información es todavía reservado y limitado

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Los periodistas afrontan con frecuencia trabas para acceder a datos

La nueva Constitución Política garantiza el derecho a la comunicación e información. Sin embargo, la situación no cambió con respecto a otros gobiernos.

Página Siete, domingo, 16 de febrero de 2014

Archivo digital. Los periodistas todavía ven dificultades en el acceso a la informaciónpública.

Nancy Vacaflor / La Paz

El acceso a la información pública en el actual Gobierno  no es mejor que en los anteriores, al continuar "reservado” y "limitado”, pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce el "derecho a la información”, sostienen periodistas consultados por Página Siete.

En la Carta Magna, el capítulo séptimo, artículo 106, establece que el Estado no sólo garantiza a los trabajadores de la prensa la libertad de expresión, sino "el derecho a la comunicación y a la información”.

El director ejecutivo de Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL), Andrés Gómez, cree que no hay cambios con relación al pasado. "Está igual que en los anteriores gobiernos (el acceso a la información), pese a que en ese entonces no había una Constitución que garantizaba el derecho a la información”, afirma.

El artículo 21 es más abierto y no es exclusivo para los medios de comunicación, porque señala que los bolivianos tienen derecho a "acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”.

La "constitucionalización” de este derecho no sirvió ni ayudó en "nada”, opina el corresponsal de El Deber-Radio en Sucre Iván Ramos, porque la información sigue siendo "reservada”. Incluso es difícil conseguir datos de las unidades de relaciones públicas de las instituciones.

Se esperaba que con este Gobierno de principios indígena-campesinos la gente tuviera un mayor acceso a la información de "calidad, gratuito, ágil y oportuno; eso no ocurre”, observa el jefe de prensa de Radio ACLO-Potosí, Gróver Alejandro.

 Y plantea la necesidad de buscar otros mecanismos de acceso a la información "lícitos”, para que la ciudadanía cuente con los suficientes elementos de juicio sobre el manejo de las entidades públicas y su accionar.

La Constitución también reconoce la "transparencia de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública”, como parte del ejercicio del control social del pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, de acuerdo con el artículo 242.

Sin embargo, las normas para otorgar transparencia a las instituciones mediante  la información son "más limitadas” cuando se trata de temas de corrupción vinculados a las instituciones públicas, dice la jefa de prensa de El Nacional de Tarija, Natalia Seas.

"Generalmente, la información la conseguimos por fuentes alternativas o incluso funcionarios que se animan a entregar cierta documentación”, cuenta.

En realidad es una cadena. A más información, más transparencia y más calidad en la democracia.

En esa línea, Gómez sostiene que "la información es el alimento más nutritivo de la democracia” y sinónimo de "transparencia”, pues genera confianza en el Estado

Aunque  el proceso  parece darse a la inversa en la cotidianidad de la cobertura periodística, pues se presenta "el bloqueo disimulado y, a veces, sistemático de la información que involucra en un caso de corrupción a una autoridad y que interesa a la comunidad”, dice Gómez.

Ramos resume que "el poder ve la transparencia como una amenaza” y que la administración pública no siempre emite informes transparentes, por lo que se buscan "terceros niveles” para buscar datos o documentos de interés público.

El país cuenta con varias normas referidas al acceso a la información,  transparencia y control social, entre las que están las leyes de Lucha contra la Corrupción,  de Autonomías,  de Administración  y Control Gubernamental (SAFCO) y el Decreto Supremo 28168 sobre Acceso a la Información en el Órgano Ejecutivo, entre los más importantes.

Aunque no sólo se trata de leyes, sino de "voluntad política”, sostiene Vania Sandóval, del Observatorio Nacional de Medios. "Para que haya un avance real se tiene que trabajar no sólo en normas, sino también en voluntad política real de todos los niveles gubernamentales, no sólo en el Gobierno nacional, sino también en gobernaciones y municipios”.

En definitiva, se trata de crear una "cultura de transparencia” vinculada a facilitar a la ciudadanía el acceso a la información del Estado. Esto es todavía "un desafío”, afirma Sandóval.

En la Cámara Baja se ha paralizado el tratamiento del proyecto de Ley de Acceso a la Información.

Tarija tiene ley departamental

Tarija es el único departamento en el país que cuenta con una Ley Departamental  037 de Acceso a la Información Pública. Pese a la norma, la situación de acceso "no ha cambiado mucho”, sostiene la jefa de prensa de El Nacional de Tarija, Natalia Seas.

La organización Bolivia Transparente publicó la norma en su libro Acceso a la Información en las Asambleas Legislativas Departamentales. La Ley Departamental de Tarija tiene siete artículos, cuyo objetivo es "garantizar el acceso a la información pública como mecanismo de control social y participación ciudadana”.

El ámbito de aplicación de esta ley es el Gobierno Autónomo Departamental, es decir, el órgano ejecutivo,  las instituciones bajo su dependencia, entre descentralizadas y desconcentradas, y las personas jurídicas o naturales con contratos con la Gobernación.

En el caso de las instituciones del nivel central del Estado, la Ley 037 no fue de ayuda.

"Las instituciones se basan en sus reglamentos internos y en el hecho de que no pueden dar información sin una previa autorización de niveles nacionales”, comenta Sea.

En casos de investigación, el acceso es mucho más complicado

En el proceso de requerimiento de información sobre temas de investigación, los periodistas en muchos casos sufren la descalificación, dicen los reporteros entrevistados.
 "Hubo problemas con algunos medios porque han requerido formalmente información del número de consultores en línea contratados y han sido calificados como opositores”, cuenta Natalia Seas, de El Nacional de Tarija, al referirse a la aplicación de la Ley Departamental de Acceso a la Información en Tarija.

Dice que los periodistas también se enfrentan con permanentes "excusas” de las autoridades para evadir las solicitudes de información en casos en los que se presume de irregularidades en las entidades.

El periodista Gróver Alejandro, en cambio,  dice que uno de los problemas en algunos casos  es que las personas que son "investigadas salen a la defensiva”, como si fueran atacadas.

Iván Ramos dijo   que en Sucre, por ejemplo, es imposible conseguir información sobre la cantidad de casas que se construyen en el departamento, las regalías que recibe la región y otros temas que interesan a la población.

Página Siete, desde el año pasado, pidió la lista de faltas y licencias de los asambleístas en  la Cámara de Diputados. No fue posible obtener esa información.

El presidente de la Cámara Baja, Marcelo Elío, pidió que ese requerimiento sea oficializado con  carta; no obstante, según el artículo 74 del reglamento, mensualmente se deben publicar las nóminas de  diputados que asisten a las sesiones, lo cual, sin embargo,  no ocurre.

En la lucha por acceder a la información, los periodistas sostienen que las oficinas o direcciones de comunicación, en la mayoría de los casos, no facilitan su labor. Los relacionistas públicos trabajan más en preservar la imagen de las autoridades y en muchos casos se convierten en un "obstáculo” para llegar a las fuentes de información.

Tampoco contribuyen los portales para obtener datos con respecto al manejo institucional.

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