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Entre el discurso y la praxis

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Existe la pretensión de algunos altos funcionario del gobierno actual, encargados del área económica, de elaborar, editar y entregar a las universidades bolivianas, tanto públicas como privadas, que tienen entre sus carreras la de Economía, un manual de economía heterodoxa, a fin de preparar a los futuros profesionales en la teoría y en la práctica de políticas económicas diferentes y distantes de la macro y la microeconomía y, supongo, por sus aprestos, incluso de la economía política. Los futuros profesionales educados y preparados con el contenido de esos manuales heterodoxos, a tiempo de revolucionar la teoría económica, avanzando en la frontera del conocimiento, según sus propiciadores, podrán expandir esos contenidos inmersos en políticas económicas, “salvadoras” o “hundidoras” del sistema capitalista, que es lo que no aclaran; al igual a lo que prendieron hacer en el último tercio del siglo XX los así llamados Chicago Boys. Es más, también se han venido en denominar los “Chuquiago Boys” y están listos, dicen, para exportar sus conocimientos y sus prácticas a los demás países del mundo, en particular a los de América Latina, África y Asia.

Toda esta parafernalia se enmarca dentro de lo que se ha venido en llamar la Teoría de Adán, es decir que los ideólogos y dirigentes más conspicuos del MAS, creen ser los descubridores de categorías económicas, políticas y sociales que conformarán esa nueva teoría que revolucionará el mundo en su conjunto. Pretenden desconocer lo avanzado en el campo de la economía política; para ellos los clásicos, los neoclásicos, marxistas, marxistas leninistas, han sido apenas referencias en el devenir; lo que vale, dicen, es su discurso, que está impregnado de retórica anti-neoliberal y quien sea que no comulgue con sus “aportes a la ciencia” lo condenan tildándole de neoliberal.

El discurso, reiterativo y en veces fuera de lugar, es antiimperialista, anticapitalista, se afirma que el deber de todo patriota es luchar contra el capitalismo, contra el imperio. Se plantea y se plasma en el Constitución un modelo de economía plural, social comunitario, toda la normativa está precedida del paradigma del “Vivir Bien”, aunque nadie hasta ahora lo ha explicado en qué consiste; sólo se la plantea como antagónica al “Vivir Mejor”, sin entender que el vivir bien es parte del vivir mejor en un proceso dialéctico de permanente cambio y transformación, avanzando siempre hacia adelante, sin que se identifique con el capitalismo, que estando basado en la propiedad privada, tiene por objeto la producción y apropiación del excedente por los dueños del capital en desmedro de los que lo producen. Es una confusión emergente de su falta de comprensión de los procesos económicos sociales y de su pretensión de iluminados y únicos conocedores de la verdad.

Pero qué es lo que ocurre en la práctica, en su política económica, vale decir de las medidas económicas tomadas por el Gobierno, en el contexto del mismo Estado que no ha cambiado sustancialmente su esencia de servir al modelo capitalista; esto es a la organización económica basada en la propiedad privada, al mercado como asignador de recursos y fijador de precios, y al empresario como actor económico fundamental, dejando al Estado el papel de garante de que las reglas del juego de mercado no sean transgredidas.

Veamos: Es innegable que, no obstante la permanente prédica engañosa de lo comunitario, la reciprocidad, el ayñi, la minka y, de paso, el equilibrio con la naturaleza y la comunidad como una de las expresiones, según sus sostenedores, del “Vivir Bien”, lo predominante en el país es la propiedad privada sobre los medios de producción, base fundamental del capitalismo. El hecho de que el sector estatal de la economía contribuya con cerca del 30% en la generación del Producto Interno Bruto, no desvirtúa en absoluto esta afirmación, pues este sector tiene en propiedad privada de los jerarcas gubernamentales la propiedad real y efectiva de los medios de producción que conforman ese sector, a pesar de la proclama de la Constitución que pertenecen a los bolivianos; ya que son los burócratas los que ejercen los atributos de propiedad, incluido el fundamental de decidir cómo utilizar dichos bienes de producción y en beneficio de quién la distribución de los excedentes que pueda generar. Presupuestariamente hablando, los bonos, que en sus diversas denominaciones, se distribuyen en montos irrisorios a ancianos, mujeres y niños, no se compadecen con lo que disponen los jerarcas vía asignaciones presupuestarias. O acaso alguna vez le han preguntado a los bolivianos cómo disponer de esos recursos, jamás; por el contrario, con una política totalmente discriminatoria, han resuelto pagar a los trabajadores sindicalizados un segundo aguinaldo como si hubieran incrementado la productividad del trabajo, con recursos provenientes de la renta hidrocarburífera, que supuestamente pertenece a todos los bolivianos, dejando al resto de la población sin ese beneficio, especialmente a los jubilados, cuentapropistas, trabajadores con contratos  conocidos como  de consultoría externa, etc. La consulta a los así llamados “movimientos sociales” es poco menos que una chacota, pues todo está ya cocinado  y simplemente se les informa, se hace lo mismo con la que debiera ser la máxima instancia del poder: “La Asamblea Legislativa Plurinacional”, sino tan sólo analicen los nuevos contratos con las empresas petroleras que operan en el país.

No me voy a referir a los escándalos de corrupción que están en la boca de todos, que desvían ingentes recursos vía contratación de obras públicas, mediante invitación directa, o aún licitación, que ha enriquecido a determinados sectores e individuos en el país, que han pasado a ser parte de la nueva clase en el “poder”. Seguramente en el futuro, cuando existan condiciones  de transparencia en el manejo de la cosa pública, la independencia de poderes y, fundamentalmente, una nueva conciencia popular, se develarán esas situaciones de manejo arbitrario de lo que eufemísticamente se denomina ”cosa pública”, y se proceda al castigo de los “beneficiarios” de esos recursos.

Por otra parte, la llamada “nacionalización” del sector hidrocarburífera, no fue sino una estatización de las empresas, que habían sido privatizadas por los nefastos capitalizadores, mediante la compra de acciones al amparo de lo que dispone el Código de Comercio. Sería interesante definir el carácter de las empresas llamadas estatales que, en los hechos, son también empresas privadas que operan al amparo de las normas del Código Civil, de Comercio y otras disposiciones relacionadas con el sector privado, al extremo que ya no están “sometidas a lo que dispone la Ley 1178 (SAFCO), sino tan sólo a una mera revisión de sus cuentas por la Contraloría, en síntesis, operan como empresas privadas. Es decir, las leyes del mercado rigen plenamente en toda la economía boliviana. Los atisbos de intervención estatal a través de las Autoridades de Supervisión en los diferentes sectores, no hace sino confirmar esta apreciación. En este aspecto no se ha avanzado siquiera en los parámetros del modelo noruego de generación, distribución y utilización de la renta petrolera que no es, cabe recordar, precisamente fruto del trabajo sino una dádiva de la naturaleza.

En resumen, en este aspecto no hay duda de que seguimos siendo un país económicamente de base estrecha; exportador de materias primas, sin casi valor agregado, sean estas, gas, minerales, productos agrícolas, etc. Habrá que esperar los resultados del proceso que podría ser el inicio de la industrialización de los recursos natrales con las plantas separadoras de líquidos que están ya o entrarán pronto en funcionamiento, de la destinada a producir amoniaco y urea, pero también los retrocesos en el de industrialización del hierro y el estancamiento en lo que se refiere al litio.

Antes de seguir en el análisis, debemos  anotar que no se está afirmando que todo lo que ha hecho el gobierno está mal, más por el contrario, varias de sus acciones, especialmente  la apropiación de un porcentaje mayor de la renta hidrocarburífera por el Estado y su distribución entre el gobierno central, los departamentos y los municipios, es probablemente el mayor acierto del gobierno, pues le ha permitido disponer de los recursos necesarios, no sólo para aplicar políticas keynesianas de reactivación de la demanda y de esa manera ampliar el mercado interno dentro de su modelo endógeno-exógeno, sino también para sus políticas a veces irracionales, como el de “Bolivia cambia, Evo cumple”, donde no se ha identificado un criterio de racionalidad en la asignación de recursos y, seguramente, cuando vuelva el sentido común, se va echar mano a las herramientas que definen la prioridad en la asignación de recursos que brinda la economía. Lo que se condena es el fariseísmo de predicar los postulados de la economía comunitaria y en la práctica desarrollar un capitalismo, así sea con la denominación de “andino amazónico,  y otra es la praxis como se está analizando.

Los enemigos del capitalismo, sin embargo, se vanaglorian haber vuelto a los mercados internacionales de capital, colocando bonos, primero por 500 millones de dólares y luego por otros 500 millones de dólares, operando justamente en el corazón, en la expresión más pura del imperialismo, como es el capital financiero, reconociendo su vigencia y fortaleza, y planteando colocar otros miles de millones más, aunque no tenga aún destino establecido, sino tan sólo referencias con lo que, evidentemente, es el pago de intereses y su rescate deberá realizarse con fondos que no sean precisamente los flujos de caja de los proyectos  donde se invertirán dichos recursos.

Pero los comunitarios no sólo van a operar en el mercado internacional de capitales sino también en el interno colocando bonos del Banco Central por cientos de millones de bolivianos, realizado operaciones de mercado abierto para controlar el flujo monetario, la inflación y el tipo de cambio, medidas ortodoxas, archiconocidas por todos, pero que ellos lo presentan como algo novedoso; olvidando que hace 80 años se aplican esas medidas en situaciones de crisis, aunque en el presente los países más desarrollados se resisten a aplicarlo. Entonces ¿dónde está la novedad, donde están los principios de su economía heterodoxa?

En lo que se refiere a la vigencia del mercado, como asignador de recursos y fijador de precios, excepto en algunos momentos de intervención estatal para frenar la excesiva alza de precios de algunos productos de la canasta familiar, mediante, no su fijación, sino la importación y venta en el mercado de dichos productos en el mercado o la prohibición temporal de exportación. En consecuencia,  el mercado sigue siendo el mecanismo de fijación de los precios, excepto en el sector hidrocarburífero, que el gobierno mantiene en los niveles actuales más por conveniencia política que por racionalidad económica, recordando los efectos del decreto del gasolinazo, pero aún en este sector los jerarcas del gobierno, vale decir el Presidente, Vicepresidente, Ministro de Economía, permanentemente, están señalando que se deben terminar los subsidios y adecuar los precios a los que establezca el mercado.

El mercado como asignador de recursos sigue teniendo significación prioritaria, por encima de los criterios de reciprocidad propios de la economía comunitaria; así las inversiones más significativas en el área de hidrocarburos, energía, comunicaciones, etc., se han efectuado tomando en cuenta justamente el retorno de la inversión y los costos de oportunidad correspondientes, considerando ya no el mercado interno en su modelo endógeno-exógeno, sino el mercado externo; ese es el criterio para la inversión en Bulo Bulo, producción y comercialización de urea y amoniaco, las inversiones en las plantas separadoras de líquidos de Río Grande y Yacuiba, las plantas generadoras de energía eléctrica en diferentes departamentos del país, etc.; incluso el proyecto del Mutún tenía esa  lógica. Repito, no estoy en contra de los criterios de calificación de los proyectos en un mundo donde, sigue vigente, y seguramente seguirá por décadas más, el criterio de rentabilidad de la inversión. Sino pregunten por qué no se han priorizado las asignaciones a salud y educación, a pesar de ser inversiones de mediana maduración, pero que aseguran un desarrollo sostenible y, por el contrario, los recursos han sido destinados a otros proyectos de carácter eminentemente económico, y, lo que es peor, al sustento de un aparato burocrático multiplicado por tres en este gobierno.

Existe en el país libertad de precios, libre convertibilidad de las divisas, libre exportación, libertad de empresa, libre contratación. En el país hasta ahora no se conoce un solo caso que, en aplicación de los decretos supremos dictados con tanta alharaca de reintegro de trabajadores despedidos sobre la base de resoluciones de las jefaturas del trabajo e incluso de resoluciones ministeriales; por el contrario, los trabajadores han sido definitivamente despedidos y para reclamar sus derechos han tenido, como en épocas del neoliberalismo, que acudir a la jurisdicción judicial laboral. Por otro lado, quién puede negar que este modelo supuestamente sin discriminación, justo, más de dos terceras partes de la población trabaja por cuenta propia y muchos trabajadores con contratos bajo la figura de consultores en línea sin absolutamente ningún beneficio laboral o social, tanto en el sector público en todos sus niveles, el privado y lo que es más vergonzoso en las universidades públicas que proclaman su adhesión a los principios de defensa de los trabajadores y empleados. En similar situación se encuentran los trabajadores de las cooperativas, en las que los así llamados cooperativistas se han convertido en empresarios privados, aplican medidas de capitalismo salvaje con sus trabajadores a quienes se les niega cualquier beneficio laboral.

El contrabando, esa otra forma de expresión del funcionamiento del mercado, execrada por la prédica constante del gobierno, pero que en los hechos, los montos de internación ilegal, por cualquier de las fronteras del país, se incrementa año a año, introduciendo productos de diverso tipo y destino que, por obra y gracia, aparecen dentro del país con pretensiones de legalizarse, como es el caso de los automóviles chutos que, hoy por hoy, se encuentran miles de ellos a la espera de su legalización o están en proceso de legalización solapada. El poder del contrabando económicamente es tal que han pasado a conformar otro sector de la nueva clase en el poder.

Queda por analizar dos sectores relacionados con el mercado;  la banca y el narcotráfico. La banca como nunca antes ha generado a su favor utilidades que sobrepasan los doscientos millones de dólares año; el spread,  altísimo, como casi en ningún país, que es de más de 12 puntos, favorece esas cuantiosas utilizadas. La justificación del propulsor del modelo social comunitario, o del capitalismo andino amazónico, de que de ese monto casi la mitad se transfiere al Estado a través de impuesto y otras gabelas, es propia de un defensor del capitalismo; pues se olvida, si todavía le queda algo de recuerdo de lo que son las utilidades, vale decir, transferencias del excedente generado en la sociedad hacia un determinado sector en su beneficio, hace que a todos los bolivianos se nos quita una parte de ese excedente que va a parar a manos de los banqueros o de los burócratas del aparatos gubernamental.

El narcotráfico es otra evidencia del funcionamiento de los mecanismos de mercado, pues se sigue produciendo coca, que según informes de la ONU y aceptados por el gobierno, el 45% de la misma no se destina al acullico, sino a otros fines fáciles de colegir, se sigue produciendo y se seguirá produciendo coca para ese otro destino, porque el mercado proporciona a los cultivadores un ingreso muy superior a los cultivos de cítricos, bananos y otros.

En resumen, no obstante su “entierro” el 21060,  es otro Lázaro que no ha necesitado de ningún milagro para resucitar, inclusive la declaración de su fin, particularmente del polémico Art 55 de libre contratación de trabajadores, como ya se ha señalado anteriormente, es pura retórica y sigue vigente plenamente.

Los medidores que utiliza el gobierno para determinar el crecimiento del PIB per cápita, las exportaciones, las reservas internacionales, el monto de los depósitos en el sector bancario, las colocaciones, la tasa de inflación, del superávit en la cuenta corriente o en el manejo fiscal, etc. etc. han sido calculados utilizando las herramientas de la economía ortodoxa y no se nota por lado alguno la utilización de otros medidores de racionalidad correspondientes a la economía comunitaria; otra falacia de los adanes, que para justificar su arrumbamiento capitalista plantean discursos fuera de lugar con pretensión de engañar a la población.

Por otra parte, el fortalecimiento del sector privado de la economía, no sólo se ha consolidado en un aporte mayor al PIB  que el sector estatal u otro como el cooperativista y qué decir del comunitario, sino que le ha sido propuesta por el gobierno su expansión, para lo que cuenta con el apoyo financiero y legal del gobierno. En el caso concreto de las extensiones de tierras en propiedad de los grandes propietarios agrícolas del oriente, el plazo que tenían para demostrar que los miles de hectáreas deben cumplir una función económico social, se ha difuminada y no se sabe a ciencia cierta, cuánto plazo tienen para ello, mientras tanto las tierras de miles de hectáreas continúan improductivas en sus manos y, no obstante la prédica del gobierno, ese sector es el verdaderamente poderoso en el área agrícola, en la producción de alimentos fundamentales como el arroz, el azúcar, el trigo. El resto de la producción proviene del sector campesino, fundamentalmente, de occidente en lo que se refiere a productos tradicionales o estos son importados; la participación del sector comunitario es totalmente marginal.

La asignación de recursos hacia los sectores, no obstante los tímidos decretos del gobierno, se orientan sobre todo a las empresas grandes, aunque se reconoce que los montos destinados al sector de las pymes y las pymes se han incrementado, dichos montos no  han modificado la participación de las empresas en la generación del PIB.

En el presente, es clara la alianza entre el sector burocrático gubernamental y la gran empresa boliviana, empezando por la banca y otros sectores, amén de la labor de “socios” con las empresas extranjeras en el sector hidrocarburos. Es más, para fortalecer esta vocación hacia el sector empresarial privado, particularmente extranjero, en la Ley de Promociones de las Inversiones ha sido eliminada la figura de la nacionalización, con el pretexto de que está esa figura en la Constitución, a sabiendas de que la declaratoria en la Constitución, que da como tal, declaración, sino tiene una ley que la operativice no tiene aplicación.

El desempeño del gobierno más bien ha sido la aplicación de las medidas ortodoxas en economía, recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, vale decir, la estabilidad macroeconómica, al libertad de precios, la libre contratación, la libre convertibilidad, manejo “racional” del presupuesto, al punto de ser reconocido ese manejo por las calificadoras de los éxitos del capitalismo, es decir, por las ECR (Empresas Calificadoras de Riesgo), que ha provocado el “orgullo” de los funcionarios del área económica. Pareciera que no se dan cuenta o no quieren hacerlo que ese reconocimiento es el precio, justamente a que con sus medidas han logrado un desarrollo del capitalismo como nunca se había dado antes en el país, ni con la capitalización, por el fracaso que significó aquel proceso.

Resultado de todo ello se expresa a nivel social y político. A nivel social se han logrado la inclusión, política acertada del gobierno; de todos los sectores que de otra forma han descollado en el quehacer económico sin importar mucho su procedencia étnica e ignorando la existencia de clases y sectores de clase, hasta conformar una nueva composición de clase dominantes; económico, social y políticamente conformada por: la banca nacional vinculada a la banca internacional, la alta burocracia estatal y de las grandes empresas del sector gubernamental, los dirigentes gremialistas (generalmente grandes comerciantes), que también se benefician diariamente del funcionamiento del mercado que además, no obstante disponer de grandes capitales, el pago de impuestos exiguo, lo hacen dentro del régimen simplificado, lo que les permite amasar fortunas en poco tiempo; y  los contrabandistas que mediante mecanismo legales e ilegales tienen el control de gran parte del comercio de internación en el país, que igualmente su contribución al erario nacional es mínima; la gran empresa a nivel nacional con su reducto en Santa Cruz, los grandes mineros; los dueños de las cooperativas que también aportan de manera exigua al TGN; los cocaleros que no pagan absolutamente ningún impuesto, pero que tienen en sus manos la producción de coca y sus destinos; los narcotraficante que manejan ingentes recursos lo que se manifiesta a través de la expansión de los depósitos bancarios, la construcción y otros servicios antes desconocidos en el país; que han dado lugar al incremento de los asaltos, robos, en fin, a un desmejoramiento notable de la seguridad ciudadana; grupos de poder económico y social que habiéndose imbricado con las oligarquías previas, mediante compromisos económicos y políticos, como se han dado en las últimas elecciones presidenciales, están en proceso de consolidación, con pretensiones de implantar su hegemonía al resto de la población del país, vía de los mecanismo económicos, propagandísticos, con amplio uso de los medios de difusión e incluso de las redes sociales, presentando un país que, aparentemente, beneficia a todas las bolivianas y a todos los bolivianos.

Políticamente, el resultado se ha dado en el control de los aparatos del poder en los últimos nueve años y su reforzamiento en los próximos cinco años, consolidando esa alianza de sectores de clase en el poder, copando los órganos del poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y los de control y seguridad y, en lo posible, los gobiernos departamentales y municipales; ya nadie le da importancia a las autonomías indígenas, puesto que económica, social y políticamente parecieran no tener mayor significación, dado que los integrantes de las grandes nacionalidades originarias, aymaras principalmente, quechuas y guaraníes, en la nueva situación han abandonado su definición étnica como se ha visto en mal realizado censo del año 2012 y se han ido seccionando, pasando los menos a conformar el sector originario campesino empresarial y los más, han quedado como los marginados del proceso, sin modificar sustancialmente su situación de explotados, sin acceso a la tierra  y a otros beneficios.

Se ha abandonado el discurso de reivindicación étnica y clasista, al extremo de que dirigentes de las organizaciones campesinas, inclusive de la otrora gloriosa COB se han sumado a los proyectos del gobierno, percibiendo por ello prebendas económicas y políticas, altos sueldos, salarios o representación en las asambleas; nacional, departamental o municipales o cargos en el ejecutivo nacional, departamental o municipal

En los próximos cinco años será esta coalición de sectores de clase la que sostenga y se beneficie de la labor gubernamental, aprovechando las asignaciones de recursos que el gobierno ha planteado realizar al socaire de su Agenda del 2025. Es probable que entonces  se puedan clarificar las cosas y terminado el banquete emergente de los altos precios de nuestros comodities en el mercado internacional, los contratos establecidos antes del gobierno, las reservas descubiertas hasta el inicio de su gestión; pero también de su decisión de modificar en favor del país el destino de la renta hidrocarburífera, haya terminado sino se logran éxitos en el proceso de industrialización emprendido y se sustituye las exportaciones de materias primas por productos con contenido de valor añadido, se disponga de una población educada, tecnificada y con conciencia del devenir nacional; sustituyendo las luchas gremiales por el reparto del excedente y se establezca un objetivo común, y se avance en un proyecto de transformación efectiva del país en lo económico, social y político.

Este proceso puede tener lugar en el seno del partido de gobierno, cuando los sectores sociales que todavía se adscriben a su proyecto tengan clara conciencia de que es preciso un viraje en la política económica del gobierno que beneficie a los nuevos y antiguos sectores privilegiados y apliquen otras que contemplen los intereses de la mayoría de los habitantes del país, en un modelo económico de base amplia, que se imponga sobre los apetitos de la nueva coalición de clase dominante y pueda reconducir el proceso en beneficio del pueblo boliviano.

La otra alternativa es la conjunción de amplios sectores que cada vez irán siendo postergados y que sientan que el destino del país está en la amalgama de intereses de la mayoría de la población que se materialicen en un objetivo nacional de transformación del país con participación de esa mayoría, con realismo respecto del mundo exterior, que organizada pueda elaborar un proyecto político, un plan de desarrollo sustentable y sostenible a largo plazo y un plan de gobierno que conquiste a los bolivianos y bolivianas. Las pautas, con la experiencia hasta el presente, debe ser sustituir el fariseísmo por la verdad al pueblo, avanzar con el paradigma del “Vivir Mejor” en el que se incluye al “Vivir Bien”, privilegiar la inversión sobre el subsidio, el sector productivo en relación al sector financiero, actuar con realismo en el campo de las relaciones internacionales, principalmente económicas, ahondar en la democracia participativa, la libertad de expresión, los derechos  humanos; conjuncionar la planificación con el mercado, fortalecer las organizaciones sociales de producción, lograr tasas de crecimiento y desarrollo sostenible y sustentable que permitan superar ampliamente los niveles  actuales en un contexto de una mejor y más equitativa distribución de esos resultados; que, a su vez, permitan ensanchar la demanda efectiva a fin de lograr siempre crecientes niveles de empleo. En ese contexto lograr una inserción positiva en el proceso de globalización a través de los procesos de integración, como la UNASUR y otros de integración regional, teniendo un acceso soberano al mar, para beneficio no sólo de bolivianas y bolivianos, sino de los pueblos hermanos del continente.

Cochabamba, 10 de noviembre de 2014.

Alberto Samuel Soria Arze

Economista-Abogado

C.I. 733244 Cbba. 

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