Violadores del derecho a la vida pretenden comprar impunidad

Asambleístas del MAS ofrecieron Bs 100.000 (Bs 50.000 para cada familia) a los papás de los dos estudiantes muertos en Caranavi, en mayo de 2010, con la condición de que se archive un juicio criminal por asesinato que se sigue a los probables autores, según denuncia de un abogado el que, luego de que fue amenazado con otro juicio penal, con carta pública retiró la denuncia y pidió disculpas a los funcionarios jerárquicos del Ministerio de Gobierno.

Asimismo, una ex funcionaria del ministerio de Defensa le ofreció un quintal de harina y prometió ayudarle a hacer pan al papá de un subteniente del Ejército que “estudiaba” en la Escuela de Cóndores (Sanandita, Tarija) y al que colegas suyos lo mataron, con golpes en la cabeza, durante un ejercicio que es parte de una materia en la que se enseña defensa personal —al parecer entre otras crueldades—, de acuerdo a testimonios recogidos por la Defensoría del Pueblo (DP) y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

Respecto de la muerte (calificada por la defensa como asesinatos) de los jóvenes: Mario Fidel Hernani y David Calisaya, los días 7 y 8 de mayo del año pasado (Caranavi, 2010), el Ministro de Gobierno, luego de que él se negó a conversar con los bloqueadores del camino La Paz-Caranavi y después de que se desbloqueó esa vía, en más de una ocasión, sostuvo que en aquella región yungueña operaba un grupo político armado, que contra los estudiantes habían disparado infiltrados y que se ordenó el desbloqueo de aquella carretera porque trabajadores auríferos de Guanay decidieron hacerlo por su cuenta y que por tanto el riesgo era un enfrentamiento entre pobladores de uno y de otro lugar.

La investigación del Ministerio Público y de las autoridades judiciales está demorada y en el último tiempo entre los investigadores, según declaraciones suyas, se admitió que policías dispararon con armas de fuego y que también los pobladores caranaveños usaron armas letales. De acuerdo a testigos presenciales, Hernani y Calisaya, murieron por disparos de policías, después del desbloqueo del camino La Paz-Carnavi y cuando los policías ingresaron al pueblo y persiguieron a la gente con ánimo represivo.

Durante la investigación de los hechos luctuosos de Caranavi, dificultada sobre todo por policías, el Ministro de Gobierno y Ciro Farfán, el destituido Comandante de la Policía Boliviana (que comandó las acciones punitivas en esa capital de provincia) fueron separados de la investigación lo que se interpreta como un intento real de asegurar la impunidad de esos dos funcionarios públicos. Recordemos que se trata del que firmó la orden para la ejecución del operativo represivo de mayo del año pasado y del jefe de las operaciones, es decir, dos de los presuntos autores intelectuales y materiales de esos crímenes.

La Comisión de Derechos Humanos de los diputados, integrada mayoritariamente por masistas, entregó un informe sobre el conflicto de Caranavi (en el que además de los muertos, hubo 40 heridos y 20 detenidos, a los que se les sigue un proceso penal) el que libera de culpa a los que tendrían que ser investigados, procesados y castigados de acuerdo a ley.

En el convenio firmado entre gobernantes y dirigentes de los colonizadores caranaveños nada se dice de la libertad de los dirigentes que en ese momento estaban detenidos, pero se promete una investigación a fondo, nacional e internacional, para esclarecer los hechos.

A los días de la firma de aquel acuerdo, el Presidente del Estado Plurinacional informó a dirigentes de los colonizadores que él, antes de viajar a Estados Unidos, dio la orden para desbloquear el camino La Paz-Caranavi.

Ante la denuncia de aquel abogado sobre el ofrecimiento de dinero para acabar con el juicio criminal por la muerte de los dos estudiantes, el Ministro de Gobierno, dijo que él es el más interesado en la investigación para que se establezca quiénes dispararon contra aquellos jóvenes, autores que, añadió, podrían ser policías o civiles. Antes aseguraba que infiltrados (se supone civiles) habían matado a esos jóvenes estudiantes, los que participaron de la campaña electoral en favor del Presidente del Estado Plurinacional.

Mario Hernani, papá de Mario Fidel, declaró para la red de radios Erbol que no habló con autoridades del Ministerio de Gobierno, pero que si llegara el caso conversaría también sobre el ofrecimiento de resarcimiento económico por la vida de su hijo, pero que esa compensación en ningún caso interrumpiría el juicio criminal en curso por aquel horrendo crimen, entre otras cosas, porque ocurrió cuando el bloqueo de aquel camino ya había sido superado y los policías entraron a Caranavi, ciudad intermedia en la que nada tenían que hacer.

El papá del subteniente Grover Poma Guanto, además de que hizo conocer la oferta de un quintal de harina para que elabore pan, con ayuda de la ex funcionaria del Ministerio de Defensa (a la vez ofertante), dijo para Erbol, que la vida de su hijo no tiene precio, que jamás recibirá compensación económica alguna y que lo que él exige es un debido proceso (juicio justo), distinto al que se tramita en la Justicia Militar en el que se asegura que Grover Poma murió por causa fortuita (casual) y no provocada.

En el proceso en la Justicia Militar, el abogado de los uniformados afirmó que G. Poma, después del boxeo en el que no se defendió, recibió golpes que le provocaron lesiones cerebrales, pero que caminó solo hasta su cuarto, lo que demostraría que en aquella pelea, para una presunta formación de los oficiales en la Escuela de Cóndores, el fallecido no fue herido de muerte.

Respecto de la muerte del oficial de la Escuela de Cóndores, Grover Poma Guanto, luego de ser herido en el cerebro, recibió la primera asistencia médica en Yacuiba y después en Santa Cruz, pero en ninguno de los dos centros hospitalarios se le pudo salvar la vida al subteniente, del que se informó que fue un destacado estudiante en el Colegio Militar del Ejército “Gualberto Villarroel”.

El crimen cometido en la Escuela de Cóndores, que terminó con la vida de aquel subteniente, es un ejemplo demostrativo de que en las instituciones armadas si hay cambios son insuficientes o simplemente aquéllos son de forma y, en consecuencia, nada esenciales. Allí, entre otros, el derecho a la vida se viola como en aquella Escuela la que, según activistas de los derechos humanos, debe cerrarse; así como en Estados Unidos sigue en curso una campaña destinada a conseguir que se clausure la Escuela de las Américas (escuela-madre de otras), o escuela de asesinos, como la denominan, especialmente, los que exigen que se cierren esas puertas.

Los datos y dichos de funcionarios del gobierno, resumidos en esta nota editorial, nos convencen de que los que tienen, presuntamente, la principal responsabilidad en aquellos crímenes, tratan de comprar o de imponer su impunidad.

Sin embargo, organismos de los derechos humanos han adelantado que a pesar de aquellos trajines en pos de la impunidad (que rechazan), realizarán lo que esté a su alcance para conseguir que se investigue, procese y sancione a los posibles autores de esos crímenes.

Desde estas páginas apoyaremos aquella difícil labor para que los violadores del derecho a la vida ni compren ni impongan su impunidad.