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El gobierno: ni consigue la complementariedad ni reconoce la lucha de clases

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Editorial

Entre los gobernantes hay quienes predican la complementariedad entre pueblos indígenas y clases sociales. Y los que admiten (o lo hacían en otro tiempo) que la lucha de clases es el motor de los cambios, en vez de que los fuegos del pueblo sean dirigidos contra el imperialismo y la derecha —que hieren intereses regionales, populares y nacionales— y promueven la división entre los explotados y oprimidos de Bolivia y, más grave, azuzan el enfrentamiento entre ellos.

 

Si los gobernantes de veras postularan y materializaran la complementariedad entre pueblos indígenas y clases sociales, respetaran la organización, la unidad, la acción, la plataforma o programa, la lucha de los indígenas de las tierras bajas y de las altas en el país. Pero sucede lo contrario: a los pobladores de Mallku Khota los separaron en dos bloques, los que firmaron con ellos un acuerdo para permitir la exploración por la empresa South American Silver (canadiense), esto es, la búsqueda de oro, plata e indio en esa región y para que sólo después se consulte a los comunarios sobre la explotación de esos metales y minerales. Con los lugareños de Mallku Khota que llegaron a La Paz, luego de una marcha a pie y en vehículos, a pesar de su accionar, no consiguieron acuerdo con el gobierno por lo que, al tiempo de retornar a su pago, dijeron que tomarán los predios mineros en defensa del derecho a explotar esas riquezas y, se supone, con el compromiso de evitar la contaminación de la laguna del mismo nombre (Mallku Khota) y, tan importante como eso, impedir que desaparezca ese reservorio de agua que sirve para la alimentación de la gente y de los animales.

Los gobernantes que creen todavía que representan en el Palacio Quemado a los movimientos sociales debieran emplearse a fondo para conseguir que la discordia no lleve al enfrentamiento entre empobrecidos. Más aún, gobernantes que verdaderamente sirven al pueblo, tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para evitar la desunión, la desorganización, el enfrentamiento, la desorientación, la parálisis social y política de la gente sencilla, que algo tendría que ganar, colectiva y personalmente, con todo movimiento que emprenda.

Otra expresión del enfrentamiento entre cooperativistas mineros (saqueadores individuales de las riquezas mineralógicas), con los asalariados de las minas, es la demanda desmedida de los primeros que buscan más parajes en Colquiri para la extracción privada de esas riquezas del subsuelo, a costa de los yacimientos que explota la empresa Sinchi Wayra (posiblemente de Gonzalo Sánchez de Lozada) y en la que trabajan mineros asalariados que son explotados y oprimidos por capitalistas extranjeros, como sucede en Bolivia hace siglos.

Los proletarios de Sinchi Wayra, quizá guiados por la línea política aprobada por los trabajadores mineros en su último congreso, plantean la nacionalización de las pertenencias mineras de Colquiri, como salida al actual conflicto. En cambio, los cooperativistas mineros, han dicho que lucharán para impedir esa medida.

Los gobernantes cabalgan en esa contradicción de primera importancia, pero al parecer calculan con cuál resolución sumarían más votos para la tercera elección del Presidente lo que, en este período, es la tarea principal de los inquilinos del Palacio Quemado.

Ahora son más los cooperativistas mineros, contingente que crece con préstamos, maquinaria, parajes mineralizados, liberación de impuestos, apoyo político... con lo que les favorecen los gobernantes. Los asalariados mineros son menos y, además, a pesar de la despolitización y desideologización que muestran en su accionar cotidiano, asumen actitudes independientes respecto del poder político, lo que para los gobernantes es un factor al menos incómodo y, por tanto, difícil de administrar en favor de la reelección del Presidente.

Hasta este momento, los gobernantes se juegan por los cooperativistas mineros, con cuyo comportamiento evidencian, antes que con su discurso, que expresan y defienden los intereses de los propietarios medianos.

Es que, especialmente, ante la contradicciones que afloran entre cooperativistas mineros y asalariados de los centros productivos mineros, en este momento y en Colquiri como lo más patente, la complementariedad se muestra como un discurso que puede parecer sonoro como propósito, pero imposible en la realidad.

Respecto de la IX marcha indígena, recibida con fraternidad por la mayoría de los pobladores de Caranavi (como ya sucedió hace meses con los protagonistas de la VIII), los gobernantes y el principal mandatario, se presentan tal como son, en cuerpo y alma. Más aún, los colonizadores no pudieron impedir esa cálida recepción de los caranaveños a los marchistas.

Los últimos días, salvo que la práctica nos desmienta (lo que en verdad deseamos), el Presidente aparece con su genio y con su figura que prevalecen (lo que aparentemente no va a cambiar) porque lo que quiere es derrotar a los indígenas de las tierras bajas y de las altas, en lo que viene a ser la segunda vuelta, al fin de cuentas y en este caso, quizá consideran que no hay primera sin segunda, como en la cueca bien bailada.

Los gobernantes —se espera—, algo más ejecutarán contra los marchistas, que aguardan en Caranavi para conversar con el primer mandatario; espera que sería en vano.

La reciente actitud inamistosa de los gobernantes, respecto de los indígenas, es el desconocimiento del máximo dirigente de la CIDOB, elegido hasta el 2015, para lo que utilizaron a líderes de originarios que firmaron acuerdos con los gobernantes, varios de los que fueron desconocidos por sus bases.

Por su parte, la Presidenta de la Cámara de Diputados, como si pagara favores políticos y como si procediera con algún sentido común, aseguró que la IX marcha indígena perdió el liderazgo y que ahora estaría más claro que los marchistas ya no tendrían la legitimidad con la que, se supone, empezaron la caminata. Todo porque, supuestamente, la mayoría de las organizaciones afiliadas a la CIDOB han firmado acuerdos de colaboración con los gobernantes.

El Ministro de Gobierno, otrora experto en temas indígenas, asesor de éstos desde el CEJIS y de los pueblos originarios del oriente, chaco y amazonia, como los dos caras del tiempo de la lucha contra la colonia española, sin vergüenza, declaró que si los marchistas, que ya están en tierras paceñas, se ponen de acuerdo en una plataforma y si demuestran buena fe en su propuesta de diálogo con los gobernantes, será posible una negociación.

Pero, lo que la gente sencilla entiende cada vez mejor (y nosotros con ella) es que para los gobernantes mejor que la marcha firme algún acuerdo con ellos en cualquier tramo del camino y se acabe esa protesta, la más importante medida de protesta de ese tipo y de esos pueblos que ya marcharon ocho veces desde 1990, esencialmente, por lo mismo: defensa de su territorio, que contiene riquezas que mientras existan asegurarán la vida de esos pueblos en comunidad, con autodeterminación, con sus costumbres como derecho, pero sin separación territorial, lo que los originarios asumen con una madurez que debemos tener como un ejemplo a seguir.

Los gobernantes, si son de los movimientos sociales, frente a las contradicciones "en el seno del pueblo" (para decirlo con Mao Tse Tung), deben tener la sabiduría de apoyar la solución de esas contradicciones sin rupturas dañinas, si comprenden que aquí hay clases sociales y lucha entre éstas, verdaderamente "creativa". Y, si prefieren la teoría y la práctica del conflicto, pues, deben admitir que éste se "transforma" y que es una posibilidad para avanzar.

Así, los gobernantes dejarían los cuentos sobre la complementariedad y tendrían que admitir la fuerza creadora de la lucha de clases que transcurre y transforma, a pesar de ellos, en Bolivia y Nuestra América o en la Patria Grande, para no ir más lejos.

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