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El Presidente busca apoyo popular con recursos de dudosa efectividad

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Editorial

El Presidente, así sea a ocultas, tiene que admitir que pierde apoyo y que para recuperarlo propone juicio a Chile con el que Bolivia reivindique una salida soberana al mar; con similar miras anunció el cierre de la Embajada de Estados Unidos en La Paz si delegados suyos continúan con una labor desestabilizadora en contra de los cambios y en contra del gobierno boliviano; con parecido ánimo decretó, a "pedido" de movimientos sociales, que los médicos y trabajadores de hospitales públicos trabajen 8 horas por día en vez de 6; con objetivos semejantes legisladores, por instrucción presidencial, aprobaron una ley supuestamente de consulta previa para la construcción del camino de la discordia que atraviese el TIPNIS.

 

Transcurrió más de un año desde que, sin advertencia alguna, el gobierno "descuidó" el diálogo con su similar chileno sobre una agenda de 13 puntos; conversación de la que se habló a raudales y siempre se informó de avances.

En esa dirección hubo reunión del Presidente con ex presidentes bolivianos porque algunos de éstos dijeron que cuando se trata de reclamar el mar para Bolivia hay consenso en el país. Esa reunión la necesitaba el presidente Morales para mostrar, ante el gobierno chileno y ante los bolivianos, que a esa materia, tan sensible, la apoyamos todos los que habitamos en esta patria. También se reunieron ex ministros de relaciones exteriores con el Canciller, con similares objetivos. Aparentemente, luego de que se anunció el proceso en contra del Estado chileno, nuestros gobernantes se dieron algún tiempo para el examen de lo que hicieron, es decir, como en tantas otras materias, obraron con una espontaneidad y/o improvisación, como no tienen que manejarse las cuestiones estatales. De la gente del pueblo, sobre todo y de los más sencillos y menos informados (lamentablemente) los gobernantes esperaban ovación y marchas inflamadas de patriotismo boliviano y de antichilenismo tonante. Empero, lo último no hubo ni hay.

Después de un año del aviso sobre el juicio boliviano por el mar, contra el Estado chileno, se sabe que se cuenta con más de seis mil pruebas, pero que no hay prisa para presentar la demanda y cuyo trámite, se admite, abarcará años. Estudiantes, especialmente, han concurrido a desfiles el pasado 23 de marzo en los que, sin embargo, no hubo más fervor patrio ni una visible aprobación al juicio que se sustanciaría, luego de que se presente la demanda, en La Haya, oficina del organismo de justicia internacional. Los empleados públicos, sobre todo en La Paz, fueron obligados a concurrir a esas marchas "patrióticas", pero lo hicieron sin ganas.

La unidad de los bolivianos que persigue el gobierno actual, para respaldar la demanda marítima (como lo hicieron otros regímenes y las dictaduras), agita "ideas" chovinistas y antichilenas, pero casi siempre no señala a capitalistas y a oligarcas transnacionalizados, y a sus expresiones político-partidarias y militares, de Chile, como responsables del despojo del mar boliviano y como a los que ahora se oponen a que se conceda el puerto para nuestro país.

Entre las omisiones o lo que no se hace es reiniciar el diálogo Bolivia-Chile sobre la base de la agenda de los 13 puntos. En medio de aquellos festejos, más patrioteros que otra cosa, el ministro de la Defensa de nuestro país un día dijo que esa agenda había sido abandonada, ante lo que el Presidente se encargó de asegurar que la misma sigue en pie.

Esa llamada política marítima del actual gobierno boliviano interpela a pocos compatriotas que la respaldan, aunque sin entusiasmo. Sin duda de que el Presidente de Bolivia esperaba y espera que, al revés de lo que sucede, la mayoría del pueblo apoye la demanda boliviana, ante el tribunal internacional de La Haya, contra el Estado chileno y, al mismo tiempo, que manifieste su respaldo a la negociación Bolivia-Chile en base de los 13 puntos, sobre un diferendo que, para los moradores del Palacio Quemado, es bilateral y no multilateral, como se alegó durante largo tiempo entre nosotros.

Los gobiernos de Estados Unidos y, en particular el de Obama, sólo aceptan cambios en Latinoamérica y el Caribe (para hablar de lo que conocemos) cuando en nada importante amenazan la dependencia de la región respecto de la potencia del norte.

Los yanquis, no debemos olvidar, mantienen su labor ideológica y cultural, destinada cuando menos a impedir que nuestros pueblos acrecienten sus convicciones antiimperialistas. Su labor política, casi siempre encubierta y auque a veces también desembozada, tiene como principal propósito, impedir la segunda y definitiva independencia de nuestros pueblos y países. Conocemos que la "ayuda" yanqui a nuestros pueblos es un instrumento destinado a preservar la dominación de Estados Unidos en la región y en Bolivia. (Ayuda que consiste en regalarnos trigo en vez de ayudarnos a producirlo, afirmación sencilla pero elocuente que evidencia de cuerpo entero esa cooperación que cada vez se la asume como uno de los mecanismo para mantener la dependencia).

La conspiración del gobierno de Estados Unidos en Bolivia será sólo una labor rutinaria, mientras el gobierno boliviano, con su política real, facilite que los empresarios establecidos en Bolivia ganen doble y triple, como informó el Vicepresidente; entretanto, además, funcione la alianza entre gobernantes y empresarios (materialización del pedido: "queremos socios y no patrones", del Presidente) y, por extensión, siempre que las empresas transnacionales que operan en Brasil, trasladen sus mercancías al océano Pacífico por el camino que parta en dos el TIPNIS lo que, asimismo, explica la insistencia presidencial para la construcción del camino por medio de la reserva natural y territorio indígena. Adicionalmente, ese camino servirá a empresarios ganaderos, madereros, comerciantes, transportistas para que al tiempo de transportar sus productos, depreden la riqueza que aunque se la define como renovable, la práctica se encarga de convencernos de que no es renovable con facilidad cuando se la saquea.

Si en Bolivia tuviera lugar una verdadera revolución democrática y cultural, como se asegura desde el gobierno, los yanquis conspirarían sin tregua. Ahora, lo que hacen es asumir una actitud vigilante para tenerlo a raya a un gobierno que pierde a ojos vista una militancia antiimperialista consecuente. Más aún hay que decir que el gobierno en el discurso parece antiimperialista, pero hace o deja de hacer con tal de quedar bien con el gobierno de Estados Unidos.

Los gobernantes quieren aplastar la huelga de médicos y salubristas con apoyo del pueblo, con el alzamiento de los pacientes que están impedidos de recurrir a los servicios públicos. Un periodista, que en nada es desafecto al gobierno recordó una vez que los gobiernos socialdemócratas europeos al menos se interesaban, otrora, en mejorar los ingresos de los asalariados y asegurarles sus fuentes de labor. El gobierno boliviano actual, con el aviso de que tiene que mejorarse el servicio de salud, ante un pedido de movimientos sociales (léase sugerencia presidencial, otra vez), determinó que los médicos y trabajadores del sector atiendan enfermos 8 horas en vez de 6 y con los mismos sueldos. Unos y otros responden que laborarán 8 horas a condición de que se los incorpore al régimen de la Ley General del Trabajo, con todas las obligaciones y derechos acordados para los otros asalariados.

Virtudes y deficiencias de ambos grupos laborales no se tienen que ignorar, pero es mentira que sólo con dos horas más en la jornada de los médicos y salubristas se promoverá una reforma de la salud. Si se aumentara considerablemente el presupuesto para la salud, se contrataría más médicos, más personal paramédico; se comprarían más equipos para el diagnóstico de enfermedades, más remedios, más ambulancias; si con esos recursos se ampliarían hospitales y se construirían otros, constataríamos la ejecución de una política que mejoraría sustancialmente el servicio y se avanzaría hacia una reforma y/o una revolución en el sector. Para decirlo con una figura: en este momento, sólo con aspirinetas que busca curar una enfermedad letal.

La consulta posterior (que no es ni previa ni de buena fe) en el TIPNIS persigue la construcción del camino de la discordia y aplastar a los indígenas que ejecutaron la VIII marcha, a más de aparentar que en la reserva natural y territorio indígena sus pobladores ejercen la democracia: el derecho a la consulta.

Con las acciones señaladas el Presidente, especialmente, pretende conseguir apoyo de la mayoría del pueblo pero, creemos, que en esa materia está equivocado sin atenuantes.

 

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