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Masistas deben pagar en las urnas por los muertos y por las pérdidas económicas

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Editorial de Aquí 321

Los bloqueos de caminos y de calles en El Alto, ejecutados por masistas para que las elecciones se realicen el 6 de septiembre (y no el 18 de octubre), ocasionaron la muerte de 40 personas enfermas con coronavirus porque se acabó el oxígeno medicinal, elemento vital retenido por los bloqueadores, quienes además dificultaron el libre tránsito de remedios, ropa de bioseguridad, y también impidieron o dificultaron el traslado de médicos, trabajadores en salud y ambulancias. Esas medidas de fuerza evitaron la circulación de alimentos, carburantes, gas licuado y otros; además, según varias fuentes, determinaron pérdidas por cien millones de dólares durante los 12 días de interferencia de las comunicaciones por los caminos del país.

Aquellos bloqueos de caminos y de calles en El Alto sustituyeron a la huelga e impidieron que funcione la economía (incluidos los servicios citados).

Los bloqueos que comentamos, en medio de la campaña anticoronavirus, no obstante el anuncio de libre circulación hecho por los dirigentes de la medida de fuerza, cerraron el traslado de los implementos médicos, que demoraron o no llegaron en los plazos normales cuando los caminos del país están transitables.

Los bloqueos de caminos y de calles materializados por masistas fueron acciones políticas para paralizar la economía del país, de modo que serán anotados como uno de los resultados buscados por los actores materiales y por los autores intelectuales.

Además, es probable que los que impulsaron esa medida imaginaron que iban a agravar más la crisis determinada por la pandemia.

Ahora los bloqueadores rechazan toda responsabilidad respecto del deceso de enfermos con coronavirus, 40 según informes de médicos y de fiscales.

Asimismo, varias denuncias de familiares de los fallecidos apuntan a dirigentes de movimientos sociales como supuestos culpables de esos decesos.

Homicidios culposos, atentados contra la salud y la vida de personas, crímenes de lesa humanidad, entre otros, son los delitos que posiblemente cometieron durante los bloqueos referidos.

Un sindicato de médicos de La Paz ha presentado una querella por la muerte de 27 pacientes debido a la falta de oxígeno medicinal en hospitales de la sede de gobierno.

La investigación a cargo de las autoridades competentes apenas empieza, pero la respuesta de un diputado masista fue una denuncia contra el Alcalde de La Paz y de médicos del Hospital de La Portada por negligencia, porque asegura que no consiguieron a tiempo implementos médicos, carencias que determinaron el deceso de pacientes infectados con coronavirus.

Otra diputada del MAS denunció al Presidente del Comité Pro-Santa Cruz por conducta racista, que habría afectado a bloqueadores de caminos de Samaipata, San Julián, Cuatro Cañadas y Yapacaní (Santa Cruz), demanda que se espera que siga su curso legal, así como las otras.

Voceros de movimientos sociales, campesinos del MAS, entre otros, reivindican el derecho a la protesta y la libertad de expresión de los bloqueadores, y alegan que no se deben seguir procesos penales contra los promotores de los bloqueos porque éstos tienen las garantías constitucionales, que reconocen el derecho a exigir, por ejemplo, la realización de elecciones en la fecha establecida por una ley, a pesar de la pandemia.

Los bloqueadores y quienes los respaldan creen que no se justifican procesos penales, que se espera que se tramiten con prontitud, como señalan las normas.

Los masistas, asimismo, pretenden aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional una ley que disponga que se libere de procesos a los que decretaron los bloqueos y también a los que ejecutaron las medidas de fuerza, que en varios casos destruyeron tramos de la faja asfáltica de carreteras. Además, aparentemente en ciertos bloqueos hubo gente armada.

Las consecuencias de los bloqueos han sido y son drásticas y/o crueles, tanto que analistas afirman que deben proscribirse para preservar la salud y la vida de los bolivianos, su seguridad, y que en confrontaciones como la que comentamos se debe privilegiar el diálogo y los acuerdos. Se debe imponer “la fuerza del diálogo”, sugirió un exministro de Estado poco antes de la suspensión de los bloqueos.

Los gobernantes, entre éstos el Ministro de Gobierno, además de denunciar que los bloqueadores tramaban un golpe de Estado para deponer a la Presidenta transitoria, aseguró que no utilizaron la fuerza contra los bloqueadores para evitar enfrentamientos y probablemente muertos.

Especialmente desde Santa Cruz, voceros del movimiento cívico plantearon que los gobernantes interinos toleraron los bloqueos en vez de usar la fuerza de policías y militares para desbloquear.

Candidatos en las próximas elecciones también reclamaron acciones de los gobernantes contra los bloqueadores, sobre todo porque éstos impidieron el tránsito de insumos médicos y por el daño a la economía.

El desenlace de los bloqueos lleva a suponer que los gobernantes no los reprimieron para evitar un revés electoral a la Presidenta y candidata.

Para una evaluación de los bloqueos y sus consecuencias anotamos nuestros puntos de vista:

—Los masistas, con los bloqueos, impulsaron una acción política y electoral que demandó la realización de elecciones el 6 de septiembre o el 11 de octubre, como parte de una demanda que incorporó pedidos de renuncia de la Presidenta interina.

—Esa acción política y electoral cobró ribetes propagandísticos que no se advierten con frecuencia.

Nosotros creemos y reiteramos que los masistas pusieron en movimiento a sus electores para afirmarlos y para “entrenarlos”, acepten el término, por favor. Entrenarlos para confrontaciones posibles más allá de las elecciones.

—Los electores del MAS son una masa más o menos estable y hasta cautiva. Por ello, quizá no sumen más votos como consecuencia del revés que han recogido durante los bloqueos, pero parece optimismo extremo asegurar que Arce-Choquehuanca perderán las elecciones en la primera vuelta.

A los electores les tocará decidir, y se advierte que la mayoría de ellos convienen en definir mayoritariamente sus preferencias en contra de los candidatos masistas.

—Los masistas buscan convencerse de que ellos ganarán las elecciones en la primera vuelta, pero ese es un deseo que se apoya en que recibirán el llamado voto duro masista, la tercera parte de los electores (actualmente mermada), y el que muchos bolivianos confían en que no se convertirá en mayoría en las próximas elecciones.

—Los masistas sobreestiman sus posibilidades electorales (otro elemento propagandístico). Además, siguen confiando en que fraudes electorales, difíciles de descubrir, les sumarán votos. Entre éstos, la compra de votos; el registro de votos de los adversarios en favor de los candidatos masistas, allí donde les sea posible; el voto comunitario: a todos los miembros de una comunidad les obligan a votar por los candidatos de Morales, y además sufragarían por los candidatos de éste los portadores de más de un carnet de identidad que recibieron regalados y con los que se habrían inscrito más de una vez en los registros electorales, que no han sido depurados íntegramente y por eso se sigue reclamando.

—Si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cancela la personería jurídica del MAS, ante las demandas en trámite, los posibles afectados defenderían su personalidad jurídica, aunque, como anotició el exPresidente, el Gobernador de La Paz les facilitaría su personería para que Arce y Choquehuanca sigan en carrera. Además, si el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falla para que se aplique la Constitución y no la norma electoral, el comentario de Arce sobre una encuesta favorable a su candidatura no sería una falta electoral y en consecuencia el TSE no podría cancelar la personería del MAS.

—Los candidatos del MAS están en campaña: esperan que les rinda frutos el bono “contra el hambre” de Bs.1.000. Ese bono, aprobado por la mayoría masista, tendría una falla: carecería de financiamiento.

—Los masistas pretenden retomar el poder mediante las elecciones, y sin éstas, por la acción de los cocaleros aliados a narcotraficantes, de los colonizadores que esperan agrandar sus predios o que se les dote de nuevos, de los cooperativistas empresarios mineros (deudores al Estado), de los campesinos que han recibido dinero y/o tierras, entre otros agrupamientos sociales que durante el proceso de cambio han sido beneficiados a cambio de respaldo al caudillo autoritario.

—Los masistas no se conformarán con poco: Sin embargo, para ellos sería políticamente un avance que elijan cierta cantidad de parlamentarios para la oposición y/o para la resistencia, y en función de sus posibles planes que parece que contemplan una guerra civil incluso.

—El comportamiento político y electoral de los masistas debe llevarnos a pensar y a esperar que desconozcan un resultado electoral que les sea adverso, ante el que tendrían el descaro de alegar que sería un fraude electoral en su contra.

Tenemos que convencernos de que los masistas utilizan y utilizarán todos los recursos a su alcance para retomar el poder, con elecciones o con acciones de los movimientos sociales que tienen a su servicio. Movimientos sociales que se movilizan para rescatar los privilegios concedidos por el otrora presidente Morales; privilegios que no llegaron al pueblo, es decir, a los verdaderos explotados y oprimidos del país.

En este momento, debido a los bloqueos y sus consecuencias, son cada vez más los bolivianos que no votarán por los masistas, y son cada vez más los bolivianos que cerrarán el camino de retorno al poder de los que gobernaron 14 años.

Los bloqueos de caminos y de calles en El Alto, impuestos por los masistas, convirtieron en víctimas a la mayoría de los bolivianos que sufrieron y/o lloraron por la muerte de 40 compatriotas y que enfrentan las pérdidas económicas con más hambre.

Vidas y pérdidas por las que deben pagar los masistas con un resultado desfavorables a ellos en las elecciones y más allá de las elecciones, con la merma real del masismo en el campo político, ideológico, económico, social y cultural.

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