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Masistas quieren ley de impunidad para Evo Morales y sus cómplices

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Editorial de Aquí 290

Masistas gestionan, en voz baja y donde pueden, una ley que asegure la impunidad, para Evo Morales, Álvaro García, sus exministros, dirigentes de movimientos sociales, entre otros. Pretenden que esa ley libere, a esas personas, de apresamientos, procesos y castigos, por los delitos que habrían cometido.

La presidenta interina, Jeanine Añez Chávez, informó que no iba a promulgar una ley como ésa y, se supone, que la vetaría, para lo cual tiene facultades constitucionales

Un exmiembro de la Asamblea Constituyente, que funcionó durante el primer mandato presidencial de Morales, recordó una norma de la Constitución Política del Estado (CPE), de vieja data porque fue parte de la antigua Ley Fundamental de nuestro país: La amnistía e indulto se aprueban mediante decreto supremo —el que firmaría la Presidenta y sus ministros—, y enviaría a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que este órgano estatal apruebe o no la amnistía e indulto.

Esa institución constitucional y ese procesamiento deben seguirse, en caso contrario se sancionaría una ley anticonstitucional, como erróneamente quieren los masistas.

Los cocaleros del Chapare han reiterado su exigencia de renuncia de la Presidenta constitucional interina y su pedido de ley de impunidad, especialmente, para Morales. Esa resolución ha hecho conocer ese grupo socioeconómico el momento de aprobar un cuarto intermedio del bloqueo de la carretera nueva Santa Cruz-Cochabamba.

Evo Morales, desde México, pidió garantías para volver a Bolivia a votar en las elecciones, sin él como candidato, a las que pronto se convocará.

Una fácil respuesta a Morales es que en México votaría, previa campaña por los candidatos del MAS. Sin embargo, el exPresidente pretende hacernos creer que aquí se comportaría como un jubilado de la política con pasatiempos propios de la tercera edad.

Un vocero de la Unión Europea (UE), en La Paz, declaró que una ley que establezca la impunidad no debe existir en un estado de derecho.

La mayoría de los ciudadanos consultados por la red de radios Erbol, en la sede de gobierno, rechazaron una probable ley como la que comentamos. Esos radioescuchas añadieron que, una norma como la indicada, no ayudaría a la pacificación del país, porque sería ilegal e injusta, y porque así se dejaría pasar la comisión de los delitos que, hasta este momento han sido denunciados, y de los que tendría que responder Morales: por sedición y por terrorismo; denuncia que formalmente ha sido presentada ante el Ministerio Público. Además, hay quienes creen que el exPresidente cometió genocidio (matanza colectiva de un pueblo) al convocar a sus huestes masistas para que cerquen a las ciudades de Bolivia, antes y después de su renuncia; cerco que habría provocado hambre y muerte por inanición. Y al menos en una ocasión, acerca del convocado cerco, Morales añadió: a ver si aguantan (el cerco), el que siguió, en varios lugares del país, hasta el domingo 24 de este mes. Sin embargo, en el Chapare el bloqueo se extendió hasta el martes 26.

Respecto del genocidio es imprescindible establecer si se consumó el crimen o fue una intención —que sería de lesa humanidad—, pero los intentos no configuran un delito como ése o es un propósito delictivo no consumado. Y en cuanto al intento de genocidio también hace falta leer bien la realidad para constatar si hubo tal delito, e investigar si se cuenta con jurisprudencia.

El actual ministro de la Presidencia ha dicho que el fraude electoral de las elecciones del pasado 20 de octubre fue cometido por vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por vocales de tribunales departamentales electorales y, al parecer, también por funcionarios de menor rango de esos organismos. Aquel Ministro anotó, además, que el beneficiario de ese fraude electoral fue el expresidente Morales, por lo que éste tendría responsabilidad penal ineludible; comportamiento punible que debe ser juzgado.

Denuncias de vocales de tribunales departamentales y/o funcionarios o exfuncionarios de esos organismos han denunciado que los exministros de Minería y de Justicia, César Navarro y Héctor Arce Zaconeta, presionaron a los subalternos suyos para que cometan faltas y/o delitos con lo que ayudaron al fraude electoral gigantesco que facilitó la anulación de los comicios del 20 de octubre. Se trataría, pues, de violaciones recientes de normas.

Otros delitos presuntamente cometidos por miembros de los tres gobiernos de Morales, al parecer, por el tiempo que pasó, desde la acción y/o la omisión punibles, habrían prescrito, lo que liberaría de pena y culpa a esos sujetos que habrían incurrido en acciones penales.

La moderna doctrina del derecho penal y su procedimiento, de acuerdo a entendidos, no definen diferencias sustanciales entre los autores intelectuales y los autores materiales de los delitos, de modo que sólo una investigación que realicen autoridades competentes, como los fiscales y jueces en materia penal, determinaría el grado de participación de esos actores o de los cómplices que existirían en esas comisiones u omisiones delictivas.

Un nuevo dirigente de una reciente junta de vecinos, de El Alto, que señaló no tener “tinte político” afirmó que no es ni del llamado proceso de cambios ni de ninguna otra organización política, en una entrevista dijo que los que trataron de tomar las instalaciones de YPFB en Senkata fueron infiltrados. Quizá un grupo de masistas, de aquellos que llamaron a la guerra civil, para recuperar el poder perdido, se podría entender.

Se espera que una averiguación dé luces sobre los hechos luctuosos ocurridos en Senkata, que costaron 10 vidas. Se debe tener claro, además, que ese lamentable acontecimiento fue consecuencia del cerco a La Paz, vale decir, dejar sin combustible a la sede de gobierno, a El Alto y a provincias paceñas.

Las muertes en Sacaba (Cochabamba), en un enfrentamiento entre productores de coca del Chapare, con policías y militares, cuando los chapareños intentaron ingresar a la capital departamental, como uno de los escalones de aquel cerco a las ciudades, tiene que averiguarse a fondo porque hay dudas en cuanto a los que realmente dispararon contra los muertos y los heridos.

Es raro que esos manifestantes hayan impedido que se efectúe la autopsia de ley, por lo que los difuntos fueron llevaros al Chapare para sepultarlos sin que se conozcan datos que la impedida autopsia pudo entregar.

Un indicio lleva a la sospecha de que entre los muertos —no se sabe a cuántos de ellos— les habrían disparado con armas que no utilizan ni policías ni militares.

Otro ejemplo destinado a cubrir con sombras a los crímenes ocurridos los días del alzamiento popular contra Evo Morales y su régimen, fue protagonizado por el exvicepresidente García Linera, quien aseguró que uno de los caídos en el bloqueo de la carretera Cochabamba-Quillacollo, manipuló mal un arma, accidente que le habría quitado la vida.

Las leyendas o noticias falsas referidas a esos crímenes y otros están destinadas a desinformar o decir medias verdades, por lo que antes de ley alguna que conceda impunidad a sus presuntos autores y encubridores, se deben iniciar procesos para que se lleven a cabo investigaciones y los trámites consiguientes.

Quizá en esa dirección, la Ministra de Culturas del gobierno provisional se ha querellado contra la exministra en esa cartera, Vilma Alanoca, porque ésta presuntamente tenía a su cargo elaborar bombas molotov (incendiarias), en alguna dependencia de su oficina.

El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sería autor de sedición y terrorismo, según denuncia del ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Los autores de los incendios de oficinas electorales en Potosí y Sucre; de las casas de exautoridades del anterior gobierno; de domicilios de particulares: Rector de la UMSA, una periodista en La Paz y de la residencia de la Alcaldesa de El Alto, de buses PumaKatari de la Alcaldía de La Paz, de puestos policiales y otros destrozos no deben quedar en el olvido y sin castigo.

Un poeta escribió sobre crímenes de lesa humanidad y otros: Ni olvido ni perdón, justicia.

Ese verso ha sido retomado por gente de nuestros pueblos y, entre nosotros, por los defensores de los derechos humanos.

Sobre un probable juicio de responsabilidades contra los exprimeros mandatarios de nuestro país, no cabe precipitar nada porque, ahora, un proceso de esas características no debe ser improvisado y debe contar con pruebas suficientes. Además, tiene que ser tarea del próximo gobierno.

Evo Morales hace tiempo recordó que el entonces presidente Carlos D. Mesa Gisbert, aprobó un decreto supremo de amnistía que favoreció sobre todo a dirigentes de organizaciones sindicales y sociales, los que con innumerables acciones consiguieron la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada y, por tanto, su abandono y su renuncia del cargo presidencial.

Estos últimos días, ante la posibilidad de que se tramite la ley de amnistía, la que debe entenderse mejor como ley que garantice la impunidad de los exgobernantes, empieza el fundado rechazo de las organizaciones de la rebelión que acabó con el gobierno que encabezaba Morales, entre esas instancias, el CONADE.

Voceros, oficiales y oficiosos, de los movimientos sociales, reclutados por Evo Morales, afirman que ya hay acuerdos firmados por delegados suyos y ministros de Añez, por lo que tienen la certeza de que se aprobará, en la ALP; aquella ley de la impunidad, para ser precisos.

Sucedió en Bolivia que, como resultado de la resistencia, incluso los dictadores firmaban decretos supremos de amnistía o perdón político en favor de presos políticos y exiliados, medida que llegaba para la Navidad.

Pero esa amnistía no era, a la vez o separadamente, un indulto o perdón por delitos comunes. Los delitos comunes no deben ser perdonados, como si fueran delitos políticos, subrayamos, en aras de la claridad de este texto.

Ninguna asamblea legislativa o parlamento se debe arrogar la facultad de perdonar delitos comunes para servir a militantes o amigos del MAS, como si fueran jueces, pese a que son parte directa o indirecta de los acontecimientos que dieron lugar a la comisión u omisión de presuntos o reales delitos.

En Uruguay, los militares que ejercieron allí la última dictadura, mediante un referéndum, fueron liberados de procesos por los delitos presuntamente cometidos, lo que supone un precedente funesto, sin ser una jurisprudencia, para latinoamericanos y caribeños.

Entre nosotros tendría que resolverse, en todo diálogo, que los delitos no quedarán impunes.

La rebelión popular, que depuso al Presidente autoritario, sería burlada si los delitos comunes de los que gobernaron Bolivia hasta hace días salen con la suya y consiguen la impunidad, establecida en acuerdos o en una ley.

Desde las notas de este periódico virtual sostenemos que la pacificación debe transcurrir con soluciones y una ley que libere de investigación, proceso y sanción a culpables (actualmente presuntamente responsables de una conducta delictiva), sería como premiar a quienes, por los antecedentes conocidos, merecen castigo, precedido de procesos debidos, según normas bolivianas y tratados internacionales.

Ni los gobernantes transitorios ni los movimientos sociales deben negociar el perdón de los delitos supuestamente cometidos por los denunciados o que deben serlo.

Adelantamos, sin embargo, que con el pueblo como protagonista, probado contra toda forma de autoritarismo, una eventual ley de amnistía, mejor dicho de impunidad, no se la debe cumplir porque no nos sentiremos obligados por una norma que sería tramposa a todas luces.

Un apunte adicional. Una investigación sobre los crimines de los últimos días, como los acaecidos en Sacaba y Senkata, no debe excluir a los miembros del gobierno provisional ni a policías ni a militares, entre otras cosas, para demostrar ante la gente que ninguno de los poderosos en razón del cargo que ocupa, tiene licencia para matar.

Los miembros de los movimientos sociales, asimismo, tienen que pagar por lo mal que hicieron en el cerco que, aunque parcialmente, tendieron en contra de los citadinos.

Los tipos penales y el procedimiento para juzgarlos no deben establecerse mediante ley, a requerimiento de un exPresidente autoritario que, mientras ejerció el cargo violó la Constitución o desconoció la voluntad popular expresada en el 21F, en el que el 51 por ciento de los votantes le dijo que NO postule, por cuarta vez, en las elecciones fraudulentas que ya se anularon mediante ley tramitada de acuerdo a la Constitución.

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