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¿Cuáles son las ONG inútiles en Bolivia?

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Es necesario decir que el Presidente y el Vicepresidente de Bolivia, como si hubieran establecido turno, han dicho criterios coincidentes, respecto de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a pesar de que el uno y el otro han recibido beneficios junto a instituciones a las que pertenecieron o pertenecen.

Varias de esas asociaciones operaron y operan en el Chapare (ahora menos), cuyos recursos humanos y económicos se han destinado a la defensa de la coca y, por tanto, de los dueños de ese producto natural. Actuales funcionarios del gobierno de Juan Evo Morales Ayma dirigieron ONG que trabajaron en la región cocalera y desde entonces vienen las relaciones del Presidente con los funcionarios públicos aludidos en esta nota.

La organización de los cocaleros del Chapare, incluidas las cinco federaciones del trópico cochabambino, recibió aportes de financiadoras europeas y/o fundaciones, incluidas iglesias.

Las marchas de los cocaleros, y entre éstas la de mujeres chapareñas, fueron apoyadas por ONG no sólo con ideas, políticas e ideológicas, sino con dinero y publicaciones, como el libro referido a la caminata de las cocaleros del Chapare —dirigida por Evo Morales— especialmente del CEDIB, una de las instituciones amenazadas incluso con el cierre de sus puertas (Ver la nota de Rafael Puente Calvo en esta edición de Aquí). El libro titulado: La marcha histórica, cuyo autor es Alex Contreras Baspineiro, fue editada con apoyo de la financiadora danesa IBIS.

Nosotros tenemos claro que la mayoría de las ONG, en la práctica, no buscan transformaciones revolucionarias en Bolivia, aunque es cierto que al menos se proponen ayudarnos a superar la pobreza crítica y la pobreza.

Sin embargo, otras ONG, las menos, sobre todo por sus ejecutivos y/o por sus miembros de asambleas y/o directorios tienen una orientación y una praxis que hace décadas apoyan —para decirlo de una vez— la segunda independencia de nuestro país. De manera concreta, acompañan la lucha de los pueblos con los que trabajan y, además, en cuyo nombre consiguieron y consiguen financiamiento.

Tampoco debemos olvidar que varias de esas organizaciones no gubernamentales han servido y acaso sirvan para financiar actividades de partidos socialdemócratas y de la derecha en nuestro país. Incluso de los recursos administrados por esas instituciones casi la mitad no llegaba a sus destinatarios, pero fueron utilizados para pagar sueldos altos a sus ejecutivos, los que no reciben otros profesionales nativos. Hay un estudio que demuestra esta afirmación que la citamos. Como un ejemplo de pésima administración del dinero que llega para los menos favorecidos, recordamos lo que nos dijo una cooperante: cuando vi el segundo auto que compró, para el mayor de sus hijos, un ex director de ONG, con asiento en el agro chuquisaqueño, sentí náuseas, renuncié y decidí retornar a mi país (Canadá), en son de protesta.

Durante los dos primeros mandatos del actual gobierno, ONG y gobiernos donaron no menos de seis millones de dólares para propaganda, cuyos gastos estuvieron a cargo del que entonces y ahora ejercía y ejerce el Ministerio de la Presidencia (Juan Ramón Quintana). Con certeza de que esas ONG, que consiguen ese tipo de ayuda, a los actuales gobernantes, siguen siendo necesarias para los que ejercen el poder político en nuestro país.

Las ONG desafectas son las que investigan, descubren o establecen que, esas que llaman políticas del actual gobierno, son contrarias a los intereses de indígenas, movimientos sociales, regiones, etc.

Concretamente: CEDIB, el único y el más completo centro de documentación que funciona en Bolivia, publicó que reservas naturales y territorios indígenas a la vez serán afectados, en un área mucho mayor al admitido por los gobernantes, con la búsqueda de hidrocarburos, depredación que se agravaría con la explotación probable. Los gobernantes han dicho, incluso con anticipación a un estudio creíble, que la afectación de los bosques será mínima, como consecuencia de aquella búsqueda y explotación posible de gas y petróleo; aquella ONG, en cambio, cree que el daño alcanzará a la mitad de las reservas.

"Tenemos todo el derecho de hacer exploraciones en las llamadas áreas protegidas y lo vamos a hacer con mucha fuerza. Para información del pueblo boliviano y el mundo entero, Bolivia tiene 22 áreas protegidas, vamos a explorar en siete y sólo se va usar el terreno del 0,04% ¿Qué afectación (hay) en tema del medioambiente?”, afirmó el presidente Morales en una reunión de la que participaron delegados internacionales, además de los bolivianos. Ese mensaje, por tanto y en primer lugar, es para los capitalistas extranjeros.

Sobre la búsqueda de hidrocarburos en las áreas protegidas del país vale tomar en cuenta otro antecedente: un proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública, que fue aprobado en grande por los diputados de la anterior legislatura, establece que no se debe informar respecto de la exploración de riquezas naturales, como la consulta a los indígenas, mientras dure esa operación. Esas son las noticias “en proceso”, de acuerdo a ese proyecto, sobre la que los medios de difusión deben guardar silencio. Hace sólo días, la Ministra de Transparencia, cuando posesionó a uno de sus viceministros, le instruyó que se ocupe, preferentemente, de que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe el proyecto de ley señalado.[1]

Lo dicho por el vicepresidente García Linera sobre las ONG —reproducido en más de una nota de esta edición— es intolerancia contraria a la democracia de la que hablan los gobernantes, por ello ese grupo de intelectuales de varios países le dicen a ese funcionario público que las discrepancias —en democracia— se resuelven o se transforman con más debate y en ningún caso sacando del medio a los discrepantes, apoyados en el poder político que ejercen.

Los inquilinos del Palacio Quemado pretenden censurar y que se autocensuren los que critican o al menos disienten con el discurso oficialista: por esa vía aspiran a que en Bolivia sólo se lance y se difunda “la palabra del poder” político y económico, que el discurso de los gobernantes sea el único vigente, como información, comunicación, opinión e interpretación. Las dictaduras militares y fascistas también siguieron por esa ruta, pero no consiguieron que la gente del pueblo piense y actúe según el libreto dictatorial.

Esa actitud es, además, autoritaria porque busca que todos los que no piensan ni obran como los gobernantes, son sus enemigos: son derechistas dicen, al parecer sin estar convencidos de eso. La derecha —los de la CAO tienen esa filiación político-ideológica— cuando menos parte de ella está aliada a los gobernantes. Esos empresarios son los que dicen, en Santa Cruz, que ahora están “haciendo más plata que nunca”.

En realidad una parte de las ONG se diferencian del régimen llamado proceso de cambio. Las otras seguirán aquí porque se prevé que sean fieles a Juan Evo Morales Ayma, por sobre todas las cosas.

Entre las ONG que seguirán con apoyo del oficialismo está la “Fundación Juan Evo Morales Ayma” que declara entre su patrimonio el canal de televisión Abya Yala, donado por un gobernante iraní.

Nosotros respaldamos y respaldaremos a las ONG que apoyen a nuestros pueblos (indígenas, campesinos, trabajadores y otros) en su lucha por la redención social y la segunda independencia política de esta tierra.


[1] A propósito de ese proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública el semanario Aquí, en una carta y en una audiencia pública, organizada por la Cámara de Diputados, sugirió que los secretos que estipule esa probable ley (de transparencia…) sean los que ya existen en varias leyes bolivianas y, específicamente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que es Ley de Bolivia desde 1993, sobre el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión (segunda parte del artículo 13), dispone:

“2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”

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